Chicago, Río, Tokio o Madrid

Este viernes se develará quien tiene más fuerza, si Obama, Lula, el Rey Juan Carlos o el primer ministro japonés para que sus ciudades sean escogidas como sede de las Olimpíadas del 2016.
Tuve la oportunidad de visitar las cuatro ciudades – y con mi mujer las caminamos en todos los detalles de sus puntos cardinales - y cada una presenta sus atractivos magníficos, ventajas y debilidades, más allá de las condiciones políticas que jugarán muy fuerte en el comité de elección. Será difícil arrebatarle a Estados Unidos la sede, teniendo en cuenta que el propio presidente Obama y su esposa estarán en Copenague, aunque claro, ahí también se dará cita el Rey para cinchar por su Madrid.
Madrid, tal vez la más linda ciudad de todas, por lo que además representa estar situada a solo un par de horas de otras capitales europeas, debería ser la que más rápidamente se descarte teniendo en cuenta que en el 2012 los juegos se harán en Londres. Tokio, la más moderna y espectacular de todas las ciudades en competencia, está en el continente de los últimos juegos de China, y Río, más allá de su espectacularidad, presenta un cuadro de seguridad espeluznante, con una favelas en donde la mafia del crimen organizado lo domina todo, aunque tiene la ventaja de representar a una Sudamérica que jamás fue anfitriona de los olímpicos. Queda la ciudad de los vientos, en el estado del que fue senador Obama, majestuosa y sofisticada como ninguna otra de los Estados Unidos, aunque con cierto problemas de fondos públicos para sostener unos juegos que son carísimos por el solo hecho de tener la obligación de estar a la altura de los chinos.
Más allá de que cualquiera de las cuatro serían anfitrionas de gran valía, mi pálpito es que Chicago se llevará la sede por un contexto político favorable con el carisma de Obama a nivel internacional. Diferente hubiera sido si todavía George Bush comandaría el país.

Acuerdo Arias: el más sensato

Cuanto más escucho y leo sobre propuestas e ideas para que la crisis hondureña se solucione, confío que la más sensata termina siendo el Acuerdo de San José ideado en julio por el presidente costarricense, Oscar Arias, la cual, en aquella época, parecía demasiado inclinada a favorecer al depuesto presidente Manuel Zelaya.

Semanas interminables después, y con un Zelaya dentro del país y una comunidad internacional que no baja la guardia en su exigencia de que sea restituido, el Acuerdo Arias parece ser el camino a una salida razonable, si se la compara con las propuestas que desde los diarios, algunos políticos y empresarios se están haciendo, ya sea para que Roberto Micheletti siga, para que Zelaya regrese y todo lo que hay entremedio.

Lo más importante es que se puedan efectuar las elecciones de noviembre, que la comunidad internacional las registre como tal, que se gane en transparencia y que se siga prohibiendo cualquier método o actitud de que se modifique la Constitución. Eso en realidad es lo que quiere Micheletti y gran parte del pueblo hondureño, y lo que ofrece la propuesta de Arias, claro está, con un regreso “temporal” de Zelaya al sillón presidencial.

Claro está, que esta solución que parecía distante semanas atrás, volvió a cobrar fuerza tras el convivio de Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa, y ese es un hecho político en sí mismo que, correcto o no, ha precipitado un arreglo.
El problema de las crisis es que siempre genera polarización por lo que cualquier arreglo siempre traerá sinsabores a un sector de la población, muy especialmente a aquellos que están muy arraigados con la posición de uno u otro líder de los bandos en pugna. Es decir, quienes son partidarios de Micheletti se sentirán traicionados si el gobierno concede el regreso de Zelaya al poder. Lo mismo sucedería si los partidarios de Zelaya, después de tantas manifestaciones a su favor, tendrían que conformarse si hubiera un arreglo que no contemplara su regreso a la Presidencia, aunque sea por unas horas para poder celebrar y cantar victoria.

Estos tiro y afloje entre los políticos, son parte de un juego de fuerza que permiten que todos se vayan acomodando a la idea de que pudieran no ser favorecidos. Y esto es lo bueno que puede acarrear una negociación lenta y segura, ya que si no se atiende con responsabilidad la potencial reacción de los desahuciados, esta puede generar conflictos sociales muy difíciles de controlar.

Infantilismo de Micheletti

Más allá de los hechos políticos de estos días, el decreto del gobierno hondureño de prohibir las garantías constitucionales muestra cierto infantilismo político de parte del presidente Roberto Micheletti.

Si bien la medida es una reacción al llamado a la insurrección de parte del irresponsable presidente depuesto Manuel Zelaya y del gobierno de Brasil que le permite usar suelo brasileño con ese fin, Micheletti ha exagerado quitando las libertades públicas a todos los ciudadanos y, mucho más, permitiendo que las autoridades puedan cerrar los medios de comunicación que consideren perturbadores para la tranquilidad nacional.

Mejor sería que restablezca todas las garantías constitucionales y que movilice a la Justicia y a las fuerzas de seguridad para que actúen en contra de las turbas si es que se convierten en un factor de inseguridad pública. Pero quitarle a todos los ciudadanos el derecho a movilizarse, a reunirse, a asociarse, a estar informados por los medios de su elección, es francamente un castigo para todos los hondureños y, en todo caso, un signo inmaduro, infantil y de debilidad política.

El gobierno ya ha cerrado dos medios de comunicación que se han mostrado y comportado como activistas, más que desarrollando una actividad periodística en sí, pero ello es igualmente indicativo de que se está violando la libertad de expresión. Si se justifica el criterio de cerrar Canal 36 y Radio Globo, en algún momento, el mismo atropello podría ser utilizado contra otros medios que pudieran tener otra tendencia o criterio editorial, porque solo bastaría que una autoridad competente dijera que la información – por más verdadera que fuera – pudiera estar acarreando intranquilidad para la nación.

A pesar de que uno comparta o no el criterio editorial de Canal 36 y Radio Globo, estos medios tienen todo el derecho de buscar la verdad de la forma que lo desean, claro está, que si cometen algún delito, tienen responsabilidades ulteriores de acuerdo a lo que establecen las leyes por lo que deben ser demandados ante la Justicia. Lo que no debe hacerse, es crear leyes – como pudiera interpretarse lo que significa la aplicación de un decreto o un estado de sitio o de excepción – para generar censura previa, es decir prohibir que puedan informar.

Lo mejor que le pudiera pasar al régimen de Micheletti es que recapacite, que vuelva hacia atrás, desactive este decreto que conculca las libertades y trate de buscar una salida pacífica a este entuerto. Como dije en otros posts, creo que lo más sensato hasta ahora y que resulta en una salida elegante para ambas partes – al menos la más elegante – es aceptar el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias. De esa forma, Zelaya al poder pero con un gobierno de unidad nacional y camino hacia unas elecciones en la que no podrá tener ningún tipo de opción una “cuarta urna” y una salida del poder en enero, termina siendo, al fin y al cabo, el anhelo que tuvieron Micheletti, el Congreso y la Corte Suprema, cuando decidieron voltear a Zelaya el 28 de junio para que no busque perpetuarse en el poder y violar la Constitución.

La verdad y el periodismo

Esta es parte de una charla que di en el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami el jueves pasado, en la que me referí, entre otras cosas, al peligro de que se incluya la información veraz como cláusula constitucional.

En materia de libertad de prensa, los cambios constitucionales son tan demagógicos como peligrosos; y muy sutiles. Desde hace años, se insinúa que los periodistas deben decir la verdad, transformando un principio ético en un absolutismo legal. Así, con la posibilidad de definir legalmente lo que es verdad o no, estas constituciones han servido de excusa para hacer y reglamentar leyes que pueden ser utilizadas para castigar a los medios y amordazar periodistas.

No es exageración, que la cláusula de información veraz de la Constitución venezolana fue la base para que Chávez dictara la Ley de Responsabilidad Social o de contenido, que luego derivó en el cierre de RCTV en el 2007, el de unas 50 emisoras recientemente y en el posible cierre de Globovisión, que ya ha sufrido seis apercibimientos administrativos y cuyo cierre depende de Chávez; o que ha sido la inspiración del proyecto de ley de “delitos mediáticos” que propone la fiscal de la Nación.

En ecuador, tres proyectos de ley, uno peor que el otro, son parte de una ley de comunicación que manda dictar la Constitución, que obliga a los medios ser éticos, contratar ombudsman, manual de ética y que pide que la información sea veraz, pero además responsable, y contrastada.

En República Dominicana por suerte ayer, previendo los peligros de que se dicten disposiciones para regular la verdad, se dejó de lado esa cláusula en la nueva reforma constitucional que lidera Leonel Fernández.

En Bolivia la nueva Constitución habla de información veraz y responsable y todavía no tiene efectos negativos, aunque se espera que Morales la ponga en práctica con leyes anti medios, después de que gane las elecciones de diciembre próximo como se prevé. Pero es obvio, que la obligación de que los medios den un espacio a su personal para que expresen su opinión, por más que sea contraria al propio criterio editorial, ya es una nota pesimista.

En Nicaragua hace una semana un grupo de periodistas declarados sandinistas progubernamentales, juraron defender al gobierno ante los embates mentirosos y oligarcas de La prensa, Nuevo Diario o Canal 2.

En Argentina si bien la nueva ley de Servicios Audiovisuales no está orientada por esta premisa, sino por un necesario reordenamiento, se observa que el apresuramiento de los Kirchner es para dictar una ley y minimizar así el poder del Grupo Clarín, conglomerado al que acusó de apoyar a los campesinos en el conflicto agropecuario, y que derrumbó el kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio pasado.

En casi todos los países estos gobiernos tuvieron la intención de crear observatorios de medios, siendo el único poder que no pueden controlar totalmente, y creando leyes con organismos poderosos de control político manejados por los poderes ejecutivos, como el caso argentino, el ecuatoriano y ni hablar del de Chávez.

El Estado así monopoliza la definición de la verdad. Si a esto se le suma la dependencia de los poderes judiciales, podremos imaginar qué fácil resulta de ahí censurar a los medios. Así ocurre en Venezuela y también en Brasil, donde jueces adictos al poder, como al del senador y ex presidente Sarney, no le permiten a los medios divulgar una investigación sobre su corrupción y la de su hijo. Esta medida de censura previa en Brasil alcanzó, por otros casos similares, a 31 medios en los últimos meses que no pudieron denunciar hechos de corrupción.

Tanto las leyes ya dictadas en Venezuela, como las que se dictarán en Ecuador y Argentina, tratan de desarmar los monopolios oligárquicos y golpistas por un ordenamiento de medios, pero que en realidad se trata de disfraces para transformar al Estado en dueño y señor de los medios. En la mayoría de los casos, dejan al sector privado dos tercios de las licencias y se reparten la mitad entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Por ende la propaganda estatal y la mala calidad invadirán el éter resultando en una pésima opción para los ciudadanos de a pie.

Pero las leyes no son necesarias realmente. En la práctica ya se está dando. El modelo chavista de cerrar medios y crear los propios, incluso con los equipos que roba al sector privado, como los de RCTV que utilizó para crear otra televisora, o crear una agencia de noticias como la Bolivariana o la televisora internacional Telesur para competir con CNN, o cientos de periódicos o cientos de radios comunitarias, está invadiendo otros países como Bolivia, Ecuador, donde Correa se apoderó de radios y televisoras y jamás puso esas licencias a licitación como prometió, o de los Kirchner, que han creado y comprado medios a través de testaferros.

¿Olga Tañón o Madre Teresa de Calcuta?

Increíble todo el circo en torno al concierto de Juanes en La Habana, Paz sin Fronteras, del que ya habría que olvidarse porque no marcó ni un antes ni un después. Los únicos que tratan de mantenerlo en el candelero público son los propios artistas para beneficiarse del marketing que les proporciona. En honor a la verdad y causa que dijeron pregonar, paz y unión entre los cubanos de allá y los del exilio – no opresión y libertad, los problemas mayores de la dictadura cubana – deberían ya de bajar los decibeles y dejar que el concierto haya sido lo que fue y nada más que eso: diversión gratuita para los cubanos residentes en La Habana.
Pero la boricua Olga Tañón, ahora convertida en una especie de Madre teresa de Calcuta a quien no se le cae de la boca la palabra paz y el formidable mensaje que llevaron a la isla que ahora sí se nota que cambiará, está destinada a visitar todos los programas radiales, televisivos y el diario local, para referirse a un video en el que se observa un par de horas antes del concierto cómo Juanes, Migeul Bosé, ella y otros cantantes, pensaban desistir a cantar por las presiones del gobierno cubano para instaurar detalles de logística y organización.
En realidad, se trata de un video en el que parece un tumulto de gente, entre ellos los artistas mencionados, diciendo que no harían el concierto, sollozando de a ratos, subiendo de tono la voz en contra del concierto y consolándose en abrazos interminables frente a las cámaras de teléfonos celulares y otras de televisión digitales que llevó un grupo de periodistas miamenses que los acompañó.
Es obvio que hubo circo y que Tañón ahora está tratando de mejorar una imagen irascible que dejó en Miami antes de ir a Cuba con el exilio cubano al que tildó de retrógrado por oponerse – solo una minoría – al concierto en la isla. Es obvio además que pronto habrá un concierto de ella en Miami y necesita que el público no esté enojado y compre las entradas y para que no se le ocurra a nadie a boicotear la compra de sus discos ni la puesta radial de su música en las radios.
Lo más lamentable de todo esto, es que Juanes, Bosé y ella, quienes sabían o deberían haber sabido las reglas de juego que tiene un régimen de 50 años dictatoriales en el poder, que ahora se muestren como los corderitos que fueron presionados y manipulados por unas autoridades que hacen de eso un arte. Es lamentable que estos tres cantantes hagan de las pocas y estúpidas diferencias entre ellos y la seguridad del Estado, que el video parece mostrar, algo público y manipulado a su favor, cuando esas diferencias, que ocurren en cualquier grupo humano que trata de organizar un evento, aparecen por todos lados y a cualquier momento. Hubieran tenido que manejar y aplacar esas diferencias en la intimidad de las conversaciones, manejándolas de la misma forma como manejaron el arreglo anterior cuando Juanes se reunió privadamente con las autoridades cubanas para hacer el concierto.
Más allá de todas estas disquisiciones, lo que más me molesta ahora es tener que escuchar a Olga Tañón casi como una embajadora de la paz dando clases de civismo, sobre un problema tan abstracto como la unión de los cubanos (¿?) cuando realmente el problema es la falta de libertad y opresión de aquellos que viven en Cuba.

Armas y seguridad

Varios gobiernos latinoamericanos no están apuntando muy bien al blanco al armarse hasta los dientes para defenderse o disuadir a posibles invasores externos, cuando en realidad el verdadero enemigo es interno: la inseguridad pública.
Mientras en América Latina se ha duplicado el gasto en compras de armas en los últimos cinco años, alcanzado la friolera de 50 mil millones de dólares en el 2008 – tema que sin éxito fue tratado en la reunión de ministros de Defensa del UNASUR esta semana en Quito – poco se ha invertido para restablecer la seguridad pública. A juzgar por las estadísticas, los delitos violentos están creciendo y afectando a todas las clases sociales sin distinción; mientras que los sondeos de percepción indican que los latinoamericanos se sienten desprotegidos, considerando que la seguridad es una prioridad a resolver, hasta mayor que el desempleo y la pobreza.
Muchos países justifican el gasto porque llegó la hora de modernizar y profesionalizar a sus Fuerzas Armadas después de haber sido relegadas tras el desprestigio de épocas cargadas de golpes y dictaduras. Quienes más gastan argumentan distintas estrategias: Venezuela, para proteger sus reservas petroleras; Brasil y Chile, para defender sus anchas y largas fronteras; Ecuador, para prevenir nuevas incursiones en su territorio; mientras México y Colombia, con el apoyo millonario de Estados Unidos, para combatir el narcotráfico.
Justificados o no, estos gastos plantean que existe una línea divisoria muy fina entre la modernización y la carrera armamentista. Más allá de que la política y la ideología no permitieron una discusión honesta y transparente en Quito, como reclamó el presidente peruano Alan García, lo cierto es que 50 mil millones de dólares representan un gasto exagerado para una región que tiene otras necesidades urgentes que resolver.
Parece un contrasentido, por ejemplo, que sean Venezuela, con la compra de tanques y misiles rusos, y Brasil, con aviones franceses y hasta un submarino nuclear, quienes destacan en esta guerra armamentista, cuando ambos países tienen los mayores problemas de violencia puertas adentro, siendo Río de Janeiro y Caracas, unas de las ciudades más peligrosas del mundo. En Caracas se registran 130 homicidios por cada 100 mil habitantes y un aumento del 50% de los secuestros comparado al 2008; mientras que en Río, se calcula que las milicias, conformadas por policías corruptos y narcotraficantes, generan 180 millones de dólares anuales que son reinvertidos en el círculo vicioso del crimen organizado.
Si los gobiernos escucharan mejor, se darían cuenta que los ciudadanos de a pie no están preocupados por el temor a las invasiones extranjeras o una escalada militar provocada por una agresión limítrofe, sino más bien por el crecimiento vertiginoso de los robos a mano armada, hurtos, secuestros “express” y asesinatos, lo que genera un sentimiento cada vez mayor de desconfianza hacia un Estado que se percibe fallido.
Esa desconfianza en Argentina lo reflejó una encuesta reciente de la Universidad Torcuato Di Tella, estableciendo que el 80 por ciento de la población en las principales ciudades instalaron alarmas, rejas o cerraduras especiales como medidas de seguridad ante la inacción de las autoridades. Un resultado que podría generalizarse como latinoamericano, con una simple visita y observación por los centros de Lima, San Salvador, Managua o cualquier otra capital de la región.
Si bien la modernización de las Fuerzas Armadas es ineludible, también es necesario que el gasto sea moderado o proporcionado, de lo contrario solo serviría para fomentar actitudes nacionalistas o simples desfiles patrios para pasear el armamento. Latinoamérica, en cambio, precisa replantear estrategias y apuntar mejor. En vez de derrochar en armas importadas, y que generan más gastos para su manutención y operación, debería invertir en las fuerzas policiales, que claman por mayores recursos humanos y técnicos, así como por profesionalización y la depuración de sus filas.
Pero tampoco se trata de utilizar recursos solo en represión y disuasión, sino también en prevención. En ese sentido, la mejor inversión siempre será fortalecer los débiles sistemas judiciales, el mayor desequilibrio y promotor de desconfianza en Latinoamérica. Una justicia independiente y fuerte, con castigos e incentivos sin distinciones, es la única arma que ayudará a generar una cultura de la legalidad y a restablecer la confianza perdida.

Indicios de humo blanco en Honduras

Quiérase o no, la llegada de Manuel Zelaya a Honduras, por más refugiado que esté en la embajada brasileña de Tegucigalpa, ha precipitado unos cambios que parecen con viento favorable.
Roberto Micheletti, ante la presión internacional y el escarnio en las Naciones Unidas, parece estar más dispuesto que nunca a negociar. Tras una llamada de Jimmy Carter y aceptando de nuevo revisar la propuesta del presidente costarricense Oscar Arias, pareciera que se encontrará una salida airosa y razonable.
Probablemente Zelaya regresará al poder, condicionado por un acuerdo que prevé un gobierno de coalición y unas elecciones sin reelección, lo que en definitiva fue la cláusula violada que derivó en el golpe de estado. Así que todo volvería al inicio, es decir a una presidencia de Zelaya con fin anunciado y con una inmunidad que podría ser levantada para procesarlo por delitos que van más allá de las decisiones políticas.
Obviamente, un acuerdo de estas características parece a primera instancia más favorable a los intereses de Zelaya. Sin embargo, si uno analiza con perspectiva podrá avizorar todo lo contrario. Zelaya se irá y con él las ansias del chavismo de expandirse por todo el país. La crisis se irá desinflando y de a poco la comunidad internacional volverá a confiar en un país, restituyendo la ayuda financiera y humanitaria, además de las inversiones, que tanto se necesitan.