Publico las conclusiones sobre el panel que participé ayer en Austin, Texas, el Décimo Foro de Austin de Periodismo en las Américas sobre Seguridad y Protección para Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos.
En el quinto panel, moderado por Mónica González, directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER) en Chile, se discutió sobre la "Violencia Endémica contra los Periodistas y Medios en América Latina" y la necesidad de que los periodistas realicen alianzas con ONGs, trabajando en compromisos a largo plazo. También se enfatizo en la necesidad de una mayor solidaridad entre los periodistas.
González inició haciendo un llamado a los periodista a que sean auto-críticos, honestos y a entenderse mutuamente, con el fin de salir de "la situación de emergencia que estamos viviendo en América Latina". De igual manera, manifestó que "los periodistas que son asesinados hoy en día están siendo silenciados de la manera más absoluta y solitaria de todas".
El director de la oficina para las Américas de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu, presentó cinco recomendaciones para superar la violencia contra los periodistas y la impunidad. La primera consiste en "prestar especial atención a los periodistas en zonas de conflicto", y "sobre todo a los periodistas más vulnerables que no cuentan con el apoyo medios formalmente establecidos". La segunda recomendación es crear un documento de referencia para enfatizar el mandato de que los periodistas están trabajando con el fin de aumentar la libertad de información. También dijo que, con el fin de evitar la infiltración perjudicial en los medios - incluyendo la infiltración gubernamental - los periodistas deben desarrollar un enfoque pluralístico para informar. La tercera recomendación es tener en cuenta las críticas contra los medios, incluido el apoyo y la financiación de los mismos, de modo que haya un "equilibrio real de un entorno más plural". La cuarta recomendación es ofrecer entrenamiento específico para la cobertura del conflicto armado o del tráfico de drogas. La última recomendación es promover un régimen jurídico para el derecho a informar, a través de una iniciativa de cooperación interamericana. "Necesitamos un mayor pacto de solidaridad en nuestra profesión", dijo Hervieu.
Zuliana Lainez, representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), también defendió la necesidad de cooperación entre los periodistas. Según estudios, dijo, los lugares donde la violencia contra los periodistas es más notoria también son lugares donde las organizaciones periodísticas son más débiles". "En el FIP, entendemos que nadie puede tener la libertad de un periodista si el periodista está trabajando en un ambiente de temor y corrupción". Laínez señaló que la concentración de la propiedad de los medios y de la opinión pública representan grandes amenazas para la libertad de expresión, tal como el exterminio del movimiento sindical.
Para Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la creación del índice de impunidad global, ha ayudado a disminuir los crímenes contra los periodistas en algunos casos, pero no en otros. Por ejemplo, en Rusia, la iniciativa ha ayudado a crear presión internacional de países amigos de Rusia y que tienen relaciones comerciales con ese ellos, lo que ha llevado a Rusia a disminuir su propia índice de impunidad. Por otro lado, mientras que en Brasil la impunidad ha disminuido y los crímenes están siendo resueltos y los culpables llevados ante la justicia, el asesinato de periodistas no ha disminuido. "Hemos tenido éxito en aumentar la conciencia internacional y llamar la atención de los gobiernos, pero no hemos logrado que los gobiernos en realidad trabajen para combatir la impunidad", dijo Simon.
Ricardo Trotti se enfocó en el papel de los medios en esta situación endémica. De acuerdo con el director de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las organizaciones no gubernamentales deberían ayudar a los medios a generar una opinión general en la sociedad, en lugar de tener el papel principal. "Cuando algo le sucede a un periodista, tenemos que hablar de ello tal como hablamos de Whitney Houston, por ejemplo", porque entonces "empezaremos a romper la impunidad y a llamar a la justicia, en lugar de reformar instituciones formales dentro de los países".
El Foro de este año denominado, "Seguridad y Protección para los Periodistas, Blogueros y Periodistas Ciudadanos", es organizado por el Centro Knight y los programas para América Latina y de medios de las Open Society Foundations. Más que una conferencia anual, el Foro de Austin es una red de organizaciones enfocadas en el desarrollo y formación de los medios en América Latina y el Caribe. Los Foros anteriores se han enfocado en temas como el Cubertura de la Migración en las Américas y el Cobertura del Tráfico de Drogas y Organizaciones Criminales en América Latina y el Caribe.
mayo 22, 2012
mayo 21, 2012
mayo 20, 2012
Correa siempre defensivo
El presidente Rafael Correa considera que nadie puede criticar al gobierno, incluso cuando lo hacen con las pruebas en la mano, como lo hizo recientemente en Quito la Universidad Andina Simón Bolívar, a través de su "Informe Sobre Derechos Humanos 2011".
En su programa sabatino “Diálogo con el presidente”, que tiene poco de diálogo ya que se trata de Correa hablando y hablando como propalador de propaganda, el Presidente ecuatoriano criticó a la universidad y dijo que la denunciará ante la Comunidad Andina de Naciones. Correa consideró que el informe no tiene nada de académico ni de investigación, sino que se trata simplemente de una “compilación de pasquines”, de “fraude académico” y de “politiquería”.
El informe señala que el Estado ha demandado a particulares en 204 juicios por sabotaje y terrorismo, que existen 10 contra 48 sindicales y al menos 20 juicios contra periodistas. Correa niega estas cifras mientras que la universidad, creada en 1985 por el Parlamento Andino y con sedes en Quito, La Paz y Bogotá, las confirmó.
La realidad demuestra que sí existen numerosos juicios contra periodistas y particulares como en ningún otro país en América Latina promovidos por el gobierno y, en particular, por el presidente Correa. También es verdad que solo basta criticar a Correa para que toda una cultura gubernamental defensiva se movilice para amedrentar a los críticos.
Las amenazas de Correa contra la universidad son parte habitual de esa cultura.
En su programa sabatino “Diálogo con el presidente”, que tiene poco de diálogo ya que se trata de Correa hablando y hablando como propalador de propaganda, el Presidente ecuatoriano criticó a la universidad y dijo que la denunciará ante la Comunidad Andina de Naciones. Correa consideró que el informe no tiene nada de académico ni de investigación, sino que se trata simplemente de una “compilación de pasquines”, de “fraude académico” y de “politiquería”.
El informe señala que el Estado ha demandado a particulares en 204 juicios por sabotaje y terrorismo, que existen 10 contra 48 sindicales y al menos 20 juicios contra periodistas. Correa niega estas cifras mientras que la universidad, creada en 1985 por el Parlamento Andino y con sedes en Quito, La Paz y Bogotá, las confirmó.
La realidad demuestra que sí existen numerosos juicios contra periodistas y particulares como en ningún otro país en América Latina promovidos por el gobierno y, en particular, por el presidente Correa. También es verdad que solo basta criticar a Correa para que toda una cultura gubernamental defensiva se movilice para amedrentar a los críticos.
Las amenazas de Correa contra la universidad son parte habitual de esa cultura.
mayo 19, 2012
Facebook: más que buenas acciones
Lo que más me impresiona en estos días no es que Facebook haya concitado la atención mundial con el exitoso comienzo en la Bolsa con más de 38 dólares por acción, sino que sigue siendo una herramienta inigualable e inagotable de acciones ciudadanas dispuestas a la expresión, creatividad e innovación.
Ya no podemos imaginar un mundo sin esta herramienta que ha posibilitado la expansión de una explosión maravillosa de participación espontánea de la gente para expresarse, crear y tomar acción.
Los ejemplos y causas abrazadas por los ciudadanos son millones. Pero en estos días la que me más me impresionó fue la de un grupo anónimo brasileño que inició en Facebook la campaña “Aquí late un corazón” con el objetivo de contagiar el amor de una forma muy creativa. Incita a los usuarios a pegar corazones de polietileno y pintados de rojo brillante en las estatuas y monumentos de paseos públicos de todo Brasil.
Bajo la consigna “del amor”, la campaña ya ha tenido gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales han pegado corazones en muchas estatuas en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Tal vez el corazón más elocuente y con mayor mensaje por lo contradictorio de su carácter, ha sido el que le pegaron a la estatua del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Belo Horizonte, mientras que el más obvio está pegado al pecho de la estatua de Gandhi en Río.
No hace falta recordar grandes campañas, como las que proliferaron con la Primavera Árabe, para entender la fortaleza de Facebook, Twitter y otras redes sociales, estos simples corazones rojos de polietileno nacen de ideas sencillas y grandes a la vez.
Ya no podemos imaginar un mundo sin esta herramienta que ha posibilitado la expansión de una explosión maravillosa de participación espontánea de la gente para expresarse, crear y tomar acción.
Los ejemplos y causas abrazadas por los ciudadanos son millones. Pero en estos días la que me más me impresionó fue la de un grupo anónimo brasileño que inició en Facebook la campaña “Aquí late un corazón” con el objetivo de contagiar el amor de una forma muy creativa. Incita a los usuarios a pegar corazones de polietileno y pintados de rojo brillante en las estatuas y monumentos de paseos públicos de todo Brasil.
Bajo la consigna “del amor”, la campaña ya ha tenido gran cantidad de seguidores, muchos de los cuales han pegado corazones en muchas estatuas en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. Tal vez el corazón más elocuente y con mayor mensaje por lo contradictorio de su carácter, ha sido el que le pegaron a la estatua del soldado desconocido de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Belo Horizonte, mientras que el más obvio está pegado al pecho de la estatua de Gandhi en Río.
No hace falta recordar grandes campañas, como las que proliferaron con la Primavera Árabe, para entender la fortaleza de Facebook, Twitter y otras redes sociales, estos simples corazones rojos de polietileno nacen de ideas sencillas y grandes a la vez.
mayo 18, 2012
Cristina y el tan ansiado G-20
Para muchos gobiernos estar codeándose con los de mayor poder en el mundo, forma parte de su estrategia geopolítica, pero también de su arrogancia interna.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
Cuando este año visité la Argentina como parte de una delegación internacional de la SIP para verificar la situación de la libertad de prensa, encontré que muchos críticos de la presidenta Cristina de Kirchner, pensaban que la única forma de neutralizar sus ataques contra la prensa, sería tratando de influenciar al G-20 para que no permita la participación del Estado argentino.
Explicaban que a la única cosa que ella le teme es que la desactiven de ese grupo, por su miedo a perder prestigio personal e institucional y a no tener una importante caja de resonancia para seguir con su legítimo reclamo para que se instale una mesa de negociaciones con el gobierno inglés para discutir la soberanía de las Islas Malvinas.
Pareciera que los lobistas argentinos llegaron al Senado estadounidense. En estos días, el senador republicano Richard Lugar, decidió imponer una resolución (a la que todavía le falta consenso y aprobación dentro del Congreso) para que Argentina sea expulsada del G-20, debido principalmente a la nacionalización y expropiación de YPF-Repsol.
Más allá de que el senador no tenga la fuerza de otrora, porque acaba de perder su banca en elecciones recientes, la sola existencia de su resolución debe haber causado malestares considerables en las filas del cristinismo.
mayo 17, 2012
Barack Obama, restricciones y secretos
Si la evaluadora Standard & Poor’s midiera los índices de reserva informativa que impone un gobierno, seguramente castigaría al de Barack Obama como lo hizo el año pasado rebajándole su calificación crediticia de AAA a AA+.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.
Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.
Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.
De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.
Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.
Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.
Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.
mayo 15, 2012
Mucha violencia, poca voluntad
Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.
Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.
Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.
El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.
Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.
Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.
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