Deterioro de los derechos humanos

Los positivos resultados conseguidos por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares, pudieran estar encubriendo la desatención que los estados prestan a la defensa de los derechos humanos.
En la actualidad no solo se registra un alto índice de violaciones a los derechos humanos, sino también un incremento estrepitoso de casos de persecución, maltrato y crímenes contra activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, niños, homosexuales, indígenas y otros grupos vulnerables en América Latina.

Un informe de 300 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía a principios de marzo de graves ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos contra activistas, sindicalistas y líderes comunitarios de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.

En su segundo reporte en seis años, titulado Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH estableció que Colombia es el país donde se registran mayores agresiones, mientras que en Honduras, México y Guatemala se cometieron 75, 61 y 59 asesinatos de activistas, respectivamente, en los últimos años.

No es tan problemático el hecho de la violencia generalizada en el continente, como que en muchos casos es consumada por la fuerza pública y grupos paraestatales, como ocurre en México, Venezuela, Brasil y Honduras.

A esa falta de garantías y desprotección de parte del Estado, lo más alarmante es que muchos gobiernos no solo toleran esa violencia e impunidad, sino que además desacreditan a los defensores y sus organismos, con el objetivo de blindarse ante las críticas y evitar que supervisen las violaciones a los derechos humanos en sus territorios.

En un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón expuso que además de la violencia, existe una “creciente sofisticación” de los mecanismos estatales para impedir, obstaculizar o desmotivar la protección de los derechos humanos, entre ellos, demandas judiciales contra los defensores y restricciones a sus fuentes de financiación.

La denuncia de Cantón tenía destinatario concreto: Rafael Correa. El Presidente ecuatoriano, junto con Hugo Chávez, viene solicitando en foros públicos la eliminación del actual sistema interamericano de derechos humanos, en represalia por las exigencias que le planteó a su gobierno por violaciones a la libertad de expresión de sus ciudadanos y persecución judicial contra periodistas.

A fines de enero, Correa logró incorporar tres recomendaciones en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que lejos de fortalecer el sistema como argumentó, tienden a limitar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de ese organismo. Correa consiguió que los miembros de la OEA, a excepción de Costa Rica, Uruguay y Panamá, avalen su propuesta para que la Relatoría no pueda recibir financiamiento de países europeos, no pueda hacer denuncias sobre violaciones ni publicar su informe anual país por país.

Correa logró así un doble propósito, neutralizó el trabajo de monitoreo y de alertas de la Relatoría, y evitó que se consideren otras recomendaciones sobre mayores recursos económicos y humanos con los que debería contar el sistema interamericano para administrar más justicia y operar con más eficiencia y menos burocracia.

Como ocurre en Venezuela y Ecuador, y se deja entrever en el gobierno de Cristina de Kirchner, con fronteras comerciales y financieras cada vez más cerradas, estos países tienden a acusar a los activistas locales y extranjeros de entrometerse en asuntos internos. Así, mediante eslóganes populistas, justifican la defensa de la soberanía promulgando leyes que bloquean la posibilidad de que reciban asistencia financiera para sus operaciones.

Más allá de los crímenes contra los activistas y de las infracciones en general, queda claro que el deterioro de los derechos humanos es de índole política. Es por eso que a los gobiernos actuales les resulta más fácil hurgar y condenar el pasado, que asumir su responsabilidad por las violaciones del presente.

Messi de todos los colores

No se puede pedir más a Lionel Messi que va de hat trick en hat trick y hoy volvió con un triplete de todos los colores, de volea, emboquillada y entre defensores. Lo único que detiene a la Pulga parece ser la red, porque ni los récords lo asustan. Con los tres de hoy llegó a 234 goles en partidos oficiales del Barcelona, dos más que César Rodríguez otra de las leyendas del club catalán.

Messi se llevó de trofeo el balón que le alcanzó el arquero contrario, lo que evidencia la admiración que le tienen al “asesino” de la cancha como ayer lo definió el francés Michelle Paltini. Con este triplete Messi se puso por dos tantos más que Ronaldo y dejó atrás a quienes creían que la hazaña de la Pulga por empatar a Rodríguez no se daría en esta temporada, marcando hasta ahora otro récord con un total de 54 goles.

Ver al Barcelona y exigir goles de Messi ya se ha tornado para los hinchas de cualquier equipo del planeta una sabrosa costumbre. Pese a los colores de su camiseta, creo que con Messi hace que veamos reflejados los colores de todas nuestras camisetas. Su fútbol es universal.

ALBA y una vara diferente

Los países progresistas del ALBA todavía piensan en boicotear la Cumbre Iberoamericana que se realizará en abril en Cartagena, Colombia, por la falta de consenso en invitar al régimen anti democrático de Cuba.

Se observa de esta forma la vara distinta que usan estos gobiernos, como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, entre otros, para medir a las dictaduras y gobiernos con ideologías distintas a las suyas.

Quieren que Cuba, un régimen que por 53 años reprimió las libertades sociales e individuales, no sea excluida del concierto de naciones americanas; pero se olvidan que hasta hace poco bloquearon al gobierno de Honduras en la OEA y de todas las reuniones intergubernamentales, en represalia porque un gobierno de derecha dio un golpe en contra del izquierdista converso de Manuel Zelaya.

El ALBA debería medir a todos por igual.

Damas de Blanco bloqueadas

Las cubanas Damas de Blanco no podrán marchar más por las calles de La Habana. La represión del régimen castrista es desvergonzada y ni siquiera le interesa la visita del Papa Benedicto XVI.

En estas semanas muchas de ellas, al menos 17, estuvieron detenidas e incomunicadas por haber osado caminar usando máscaras de papel con la imagen de una de sus fundadoras, Laura Pollán, quien falleció el año pasado.

De esta forma, el régimen comunista demuestra que está lejos de tratar de que haya cambios no solamente a favor de una democracia, sino de respetar los derechos humanos básicos que toda persona requiere para que su vida sea digna.

Legalización de las drogas, renovado debate

Lo más positivo de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden esta semana a México y Centroamérica es que Estados Unidos admitió su co-responsabilidad en materia de narcotráfico. Prometió no solo más apoyo económico en la región para tareas de erradicación, prevención y salud pública, sino también mayor compromiso en su territorio para reducir el consumo de estupefacientes, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia el sur.

Esta nueva actitud vino acompañada de otras sorpresas. Por primera vez, Estados Unidos de declaró dispuesto a escuchar las propuestas que surjan de un debate sobre la legalización de las drogas y la despenalización de su consumo para combatir el narcotráfico, aunque adelantó que su administración no cree que así se degradará la fuerza de los carteles, ya tan diversificados en todas las áreas del crimen organizado.

Hasta ahora la sola idea de ese debate había creado divisiones y resistencias, desde que lo propusieron en 2009 varios ex presidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, Herinque Cardoso y César Gaviria. Otro elemento importante es que bajo la iniciativa del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, la discusión sobre la legalización o no de las drogas se corporizará el 24 de marzo en su país, en una cumbre a la que asistirán los mandatarios centroamericanos Porfirio Lobo, Mauricio Funes, Daniel Ortega, Laura Chinchilla y Ricardo Martinelli.

Es bueno que haya debate público, que los gobiernos expongan pero que también se escuche a los expertos y a la sociedad civil, tratándose de una lucha contra las drogas que todos coinciden tiene muchos fracasos y pocos éxitos, si se mide por el promedio de 70 homicidios cada 100 mil habitantes en Centroamérica, comparado a 8.8 con el promedio mundial, según la Organización Mundial de la Salud.

El narcotráfico es un tema complejo que requerirá propuestas integrales e internacionales para atacar deficiencias en seguridad y salud pública, corrupción, economía y moralidad. Ojalá se eviten echar la culpa unos a otros, entre países consumidores, de tránsito y productores, porque si bien el consumo es mayor en países desarrollados, en los subdesarrollados la producción no se debe a que existen mejores tierras para el cultivo, sino a que los delincuentes prefieren convivir entre gobiernos con sistemas judiciales e instituciones más débiles y corruptibles.

No creo en la teoría simplista del ex presidente mexicano Vicente Fox que dijo que con la legalización se blanqueará el negocio sucio de las drogas, que éstas bajarán de precio por la competencia y que los narcotraficantes deberán inscribirse como empresarios para pagar impuestos. Es una hipótesis tan ingenua como si para combatir los robos se pretendiera sindicalizar a los ladrones y que paguen impuestos a las ganancias o si para reducir los homicidios y secuestros, se tuvieran que despenalizar los asesinatos.

También son ingenuas las teorías de que el narcotráfico debe ser combatido en forma prioritaria como un problema de salud pública, cuando la región no es ni siquiera eficiente para combatir epidemias y catástrofes naturales o que resurgen por negligencia y magros presupuestos. Sería difícil combatir de esa forma una epidemia provocada y alimentada por criminales sanguinarios cada vez más creativos y en expansiva competencia por sus territorios, a quienes les da lo mismo corromper a presidentes, fiscales y jueces, o extorsionar, secuestrar y matar, que traficar personas u órganos. 

 

Creo, en cambio, que Estados Unidos podría hacer mucho más si su ayuda financiera es dedicada a fortalecer los sistemas judiciales. Más recursos económicos para proteger, especializar y entrenar a fiscales, jueces, funcionarios y depurar policías corruptas, podrían tener mayor impacto que solo militarizar la guerra contra las drogas.

Lo importante de este debate que estaba trunco, es que más allá de sus resultados, la discusión abierta y descarnada servirá para que los ciudadanos aprendamos y nos sintamos partícipes. Será bueno, además, que la discusión prosiga en la Cumbre Iberoamericana de Cartagena el próximo mes. Me parece un tema más importante, que perder el tiempo y gastar recursos públicos para discutir si la dictadura opresora de Cuba debe ser o no parte de cumbres las presidenciales.

Un logro muy esperado

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió y consideró como un significativo avance para combatir la impunidad en México que rodea los crímenes contra periodistas, la aprobación en el Senado de la enmienda para federalizar los delitos contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al tiempo que exhortó a las autoridades pertinentes a agilizar los trámites para la inmediata entrada en vigor de la reforma constitucional. El Senado aprobó hoy por unanimidad de los 95 congresistas presentes, la reforma al Art. 73 de la Constitución que establece que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta”. Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, quien estuvo presente en la sesión de aprobación en el Senado, expresó que "se trata de un avance fundamental, una muestra de sensibilidad del Congreso, que recoge un largo reclamo del gremio periodístico mexicano y de la SIP”. Ealy, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal de México, agregó que “se requieren nuevos pasos en esta línea de trabajo para combatir con eficacia la impunidad y evitar nuevos ataques contra los periodistas". Previo al inicio de la discusión, los congresistas guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo  Mohme, director de La República de Perú, añadió que “en momentos en que en varios países se agudizan los problemas de libertad de prensa, esta decisión del Congreso mexicano es una noticia muy alentadora para el periodismo de ese país”. Desde hace 15 años la SIP viene reclamando y enfatizando a diferentes niveles la importancia de impulsar legislación sobre la federalización de estos delitos para minimizar el impacto de los crímenes contra periodistas y la impunidad que los rodea. La SIP, a través de su Proyecto Contra la Impunidad, ha llevado adelante las iniciativas en materia de federalización con el auspicio desde 1993 de la Fundación John S. y James L. Knight. Las gestiones a favor de la federalización se remontan a 1997, fecha que dio inicio a la visita a México de más de 20 delegaciones internacionales de la institución que se reunieron en ocho ocasiones con los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ante los que se reiteró la urgencia de atender en la jurisdicción federal los asesinatos contra periodistas, la no prescripción de estos delitos y el aumento de las penas por los crímenes. La organización hemisférica envío desde entonces al Congreso mexicano y a otras autoridades sendas resoluciones, aprobadas en sus reuniones semestrales, en las que exhortó a la aprobación de reformas necesarias para evitar que los delitos contra libertad de expresión quedaran impunes.  La SIP también celebró en este país conferencias nacionales e internacionales, entre éstas el Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana en junio de 2008, del que emanó un anteproyecto de reformas legales presentada al Congreso por directivos de diarios, para promover la federalización y la penalización rigurosa de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y de prensa. Atenta además a los riesgos de los periodistas durante la cobertura periodística en México, donde desde 1987 según estadísticas de la SIP han sido asesinados 83 periodistas y otros 19 están desaparecidos, la organización ha organizado en diversos estados del país seminarios, talleres y cursos sobre violencia, sobrevivencia, crimen organizado, justicia y prensa en los que han participado unos 600 periodistas mexicanos.

Legalización de las drogas de nuevo a debate

RICARDO TROTTI: Debate trunco: legalizar o no las drogas - Opinión - ElNuevoHerald.com