Nadie puede tener dudas ya de que en Ecuador la justicia está a favor del presidente Rafael Correa y contra la libertad de prensa. Ayer en un nuevo fallo, de varios que vienen favoreciendo al Presidente, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, coautores del libro “El Gran Hermano”, fueron sentenciados por una jueza a pagar un millón de dólares en compensación por daño moral al Presidente.
“El Gran Hermano” es un libro en el que se describe los contratos privilegiados que el Estado ecuatoriano le había otorgado al hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa, beneficiándolo con unos 80 millones de dólares y con pleno conocimiento de Rafael Correa. El Presidente negó saber algo de los contratos sobre lo que Fabricio lo desmintió, diciendo que él sí sabía. La investigación de los periodistas se corporizó en ese libro, pero antes fue denunciada por los periodistas mientras trabajaban en el diario Expreso, como una denuncia del propio hermano del Presidente.
Como siempre y haciendo buen uso de sus dotes manipulativas, el Presidente esquivó el bulto diciendo que él no sabía nada y que por eso demandaba a los periodistas en un juicio que solicitó 10 millones de dólares en compensación; aunque en una actitud magnánima y endiosada dijo que si los periodistas se retractaban él dejaría sin efecto la demanda.
Obviamente, los periodistas no se pueden retractar de algo que no dijeron como opinión sino que recabaron como denuncia de Fabricio Correa.
La Sociedad Interamericana de Prensa reaccionó rápidamente. Dijo que se trata de un nuevo caso judicial desproporcional en materia de indemnización por el que se trata de infundir autocensura en todos los periodistas. Agregó que implica un golpe al periodismo investigativo y al deber que le asiste al gobierno de que debe rendir cuentas y ser transparente.
La SIP también argumentó, a través de su presidente Milton Coleman, respeto a principios de la jurisprudencia interamericana sobre que los funcionarios públicos deben estar más expuestos a las críticas y a que el fallo desconoció el criterio de la real malicia o la comprobación de que el demandado tuvo intención expresa de causar un daño. También se argumentó que las medidas civiles de responsabilidad ulterior pueden también configurar censura indirecta con un carácter de mayor inhibición que las responsabilidades penales (Corte Interamericana de Derechos Humanos del 29 de noviembre de 2011, “Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina).
La SIP recordó la declaración conjunta de 2000 entre el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre Libertad de los Medios y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión, respecto a las indemnizaciones: “Las sanciones civiles por difamación no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, y deben ser diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada, y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado; en especial, las sanciones pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de reparaciones no pecuniarias”.
