La ratificación de la sentencia de hoy contra los directivos de El Universo de Guayaquil y del ex director de sus páginas de Opinión, Emilio Palacio, por tres años de cárcel y 40 millones de dólares en indemnización a favor del demandante, el presidente Rafael Correa, habla muy a las claras de que la justicia ecuatoriana está subyugada al poder político.
Este no es el único proceso judicial de Correa contra periodistas y medios; pero es el más significativo. Desenmascara la fórmula de censura que aplica para silenciar a quienes disienten u opinan diferente.
Esta burda forma de gobernar por apriete, no tiene otra intención que generar miedo, es decir es la mejor manera de crear autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. El mensaje es claro, “si opinas en contra de mí, te destruiré legalmente con una sarta de juicios de los que jamás te podrás resarcir”.
Aunque el entrecomillado es mío (pensando en voz alta sobre cuáles serían los argumentos de Correa) no está lejos de la realidad, por cuanto Correa despotrica con este estilo en sus espacios sabatinos, cuando secuestra los micrófonos y abusando de su poder, arremete contra medios independientes, políticos, opositores o toda aquella persona que piense diferente.
Hoy la SIP dijo algo muy cierto: “Las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
De ésto, sobre libertad de Prensa y democracia, Correa no entiende una pepa.
septiembre 20, 2011
Chávez con buena nota por las Canaimas
Una de las mejores cosas que ha hecho el presidente Hugo Chávez por los venezolanos es tratar de que su país se asemeje a Uruguay, el único país latinoamericano con un programa educativo excelente en el que cada estudiante de escuela primaria ha recibido una computadora personal.
El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.
Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.
Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.
Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.
El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.
Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.
Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.
Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.
septiembre 19, 2011
Correa no entiende sobre libertad de prensa
El gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa entiende poco o casi nada sobre libertad de prensa y de expresión. Presume que lo hace, cuando con sobrada arrogancia quiere sentar a los periodistas, medios de comunicación y agencias internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, a una mesa para dialogar sobre libertad de prensa, en su entendimiento de que es un derecho que se puede negociar.
Correa poco entiende sobre libertad de prensa a juzgar por las severas críticas que tira contra los medios en sus programas sabatinos y por las demandas y juicios que ha entablado contra numerosos periodistas y medios de comunicación, toda vez que argumenta que la crítica y las opiniones en su contra son la misma moneda que utilizan otros políticos u opositores.
Ahora que la organización de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, le envió una dura carta por su demanda en contra de Emilio Palacio y tres dueños del diario El Universo – con una primera sentencia que obliga a los afectados a indemnizarlo con 42 millones de dólares y los condena a tres años de prisión - el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, invitó a todos los actores, nacionales e internacionales, a un debate para que puedan “tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios”.
Tanto a Alvarado como a Correa no les interesa discutir sobre el papel que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Acudir a este tipo de encuentros propuesto por el gobierno, es no reconocer que la libertad de expresión y de opinión es un derecho humano fundamental.
Correa poco entiende sobre libertad de prensa a juzgar por las severas críticas que tira contra los medios en sus programas sabatinos y por las demandas y juicios que ha entablado contra numerosos periodistas y medios de comunicación, toda vez que argumenta que la crítica y las opiniones en su contra son la misma moneda que utilizan otros políticos u opositores.
Ahora que la organización de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, le envió una dura carta por su demanda en contra de Emilio Palacio y tres dueños del diario El Universo – con una primera sentencia que obliga a los afectados a indemnizarlo con 42 millones de dólares y los condena a tres años de prisión - el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, invitó a todos los actores, nacionales e internacionales, a un debate para que puedan “tener una visión más amplia de la realidad que se vive en el país y que no solamente se reduce a la visión de cuatro familias propietarias de medios”.
Tanto a Alvarado como a Correa no les interesa discutir sobre el papel que tienen los medios de comunicación en una sociedad democrática.
Acudir a este tipo de encuentros propuesto por el gobierno, es no reconocer que la libertad de expresión y de opinión es un derecho humano fundamental.
septiembre 18, 2011
Chávez vs. la Corte IDH
El presidente Hugo Chávez no puede con su genio, siempre trata de desairar a todo el mundo especialmente cuando se trata de instituciones internacionales que no comulgan con su forma de gobernar.
Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.
Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.
Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.
Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.
Esta vez el turno – y ya en forma repetida – le tocó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esta semana falló a favor del político Leopoldo López quien había sido inhabilitado para ejercer la política o aspirar a cargos electivos, debido a una resolución del Contralor General de Venezuela, que bajo las órdenes de Chávez, lo inhabilitó por un término de 6 años bajo sospechas de corrupción. Exactamente lo que le sucedió a decenas de políticos de oposición que justamente antes de las elecciones fueron empujados fuera de la política sin juicio ni proceso judicial de ninguna naturaleza, solo con la idea de sacarlos de la contienda.
Como era obvio, Chávez arremetió este sábado en contra de la CIDH con el argumento de siempre de que esa institución interamericana se presta a la voluntad del imperialismo; claro que distinto hubiera sido su parecer si la Corte hubiera dictaminado a favor del Estado venezolano.
Chávez insiste que la UNASUR o los países del Alba tengan su propia Corte de Derechos Humanos. Todos pudieran imaginarse para qué lado se inclinarían siempre sus fallos.
Venezuela ya ha desconocido varios fallos de la Corte y numerosas decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y por esas violaciones a tratados internacionales y compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, debería aplicársele al país lo que establece la Carta Democrática Interamericana, suspendiendo a Venezuela por violar el Pacto de San José de Costa Rica.
septiembre 17, 2011
Estamos perdiendo la batalla
Los periodistas en América Latina estamos perdiendo la batalla en materia de seguridad y protección. Los asesinatos se multiplican y la impunidad se profundiza. Esta semana fueron acribillados otros dos periodistas, uno en Perú y otro en Brasil, mientras en Colombia otro caso de asesinato de periodista asesinado hace 20 años prescribió y ocho más están por correr la misma suerte antes de que termine el 2011.
Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.
En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.
En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.
En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.
Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.
En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.
En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.
A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.
Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.
Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.
Los organismos intergubernamentales como la ONU, la UNESCO y la OEA, así como los gobiernos declaman mucho pero hacen poco. Saben del problema, lo diagnostican, proyectan soluciones, pero no tienen la determinación ni la voluntad política para hacer reformas de políticas públicas, administrar justicia o crear programas de protección.
En la última década 177 periodistas han sido víctimas en las Américas debido a su trabajo. En estos días ocurrieron dos nuevos casos, el de Pedro Flores Silva, en Perú y el de Medardo Flores en Honduras, el segundo y quinto periodistas asesinados en cada país este año, con una escalofriante estadística de 25 caídos en toda Latinoamérica.
En un foro celebrado esta semana en la sede de la UNESCO en París, la Sociedad Interamericana de Prensa despotricó contra los sistemas gubernamentales, Estableció que el clima de desprotección generalizada en muchos de nuestros países - demostrado por los índices elevados de inseguridad ciudadana, la inestabilidad política que ha creado situaciones de polarización y el discurso político anti prensa - es caldo de cultivo para la violencia contra los periodistas.
En muchos casos, los periodistas son rechazados o se les niega información; son agredidos por las turbas o por otros periodistas al servicio de medios gubernamentales; perseguidos o detenidos por lo que dicen u opinan; sus equipos de trabajo son decomisados; enjuiciados torpemente como en el caso de Ecuador por un Presidente que exige hasta 80 millones de dólares en indemnización; callados a través de jueces obedientes al poder político de turno o los medios son cerrados, como sucede en Venezuela, con casos por todos conocidos. Y la lista podría ser mayor si no habláramos solo de periodistas y sí del público en general que busca expresarse sin censura a través del internet y las redes sociales.
Para las organizaciones intergubernamentales el desafío es grande y deben hacer algo en forma urgente. Deben lograr que cada gobierno se responsabilice y que haga las reformas de políticas públicas necesarias, ya sea mediante reformas a la Constitución, al Código Penal o cree nuevas leyes que sirvan para crear programas de seguridad, de protección de testigos, de creación de fiscalías y de jurisdicciones especiales para atender casos de violencia contra la prensa y la libertad de expresión en general.
En México, justamente ayer, un grupo de diputados federales renovó sus intenciones para que los crímenes contra periodistas se federalicen, promesas que el propio presidente felipe Calderón y sus antecesores, Vicente Fox y Ernesto Zedillo, prometieron, aunque infructuosamente, a la SIP.
En las Américas, el contrasentido es que las únicas leyes que están apareciendo rápidamente y con fuerza, son las que regulan a la prensa, las que en muchos casos tienen la intención de controlar a los medios y coartar su capacidad de fiscalización.
A esta iniciativa, la SIP viene sumando otras que forman parte de una larga que se estableció hace casi dos décadas y que contempla lo siguiente: Que los delitos cometidos contra periodistas, en especial los asesinatos, no prescriban; que tengan agravantes; que haya jurisdicciones especiales para su procesamiento; que los organismos multilaterales de ayuda, condicionen el apoyo económico y financiero a aquellos países donde no se respete la vida de los periodistas u otras manifestaciones graves de ataques a medios y periodistas; y que se reformen y adecúen los planes de estudio universitarios para capacitar a los futuros comunicadores en temas de protección, seguridad y responsabilidades.
Lamentablemente, hubo pocos avances en todos estos temas. Y la SIP volvió a recordarlos en su Declaración de Puebla, redactada y firmada por 22 universidades de 13 países a los que se convocó a la “ciudad de la cultura” y ahora en la UNESCO, indicando que ya es hora de que los gobiernos dejen de lado los diagnósticos y pasen a los hechos.
Ahora se necesitan los instrumentos adecuados para que cada gobierno se comprometa y responsabilice; y que se empiece con cambios específicos, ya que cuando se prometen reformas generales, terminan por diluirse.
septiembre 16, 2011
Twitter asediado por la violencia extrema
Las redes sociales como Twitter y Facebook han servido para causas buenas como comenzar revueltas y revoluciones en el medio oriente; pero también para cosas malas, como para distribuir información criminal o simplemente para delinquir.
Las represalias más fuertes hasta ahora por las expresiones vertidas en las redes sociales tenían que ver, hasta ahora, por el bloqueo y censura, así como el envío de muchos internautas a las cárceles, como en China, Irán y otros países que todavía le esquivan a la democracia. En países más democráticos, como EE.UU., Inglaterra o en América Latina, muchos usuarios de redes sociales confrontan detenciones y multas porque en las redes sociales instigan a la violencia o convocan a marchas populares y de protesta que no son autorizadas previamente según establece la ley a cualquier hijo de vecino.
Pero en México esta semana pasó algo distinto y brutal. Dos jóvenes que usaron Twitter para comentar sobre los delitos que cometían los narcotraficantes, fueron torturados y sus cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo. Dos carteles a su costado, firmados con la letra Z en referencia al cartel de Los Zetas, amenazaban que eso mismo les pasaría a otros tuiteros que se atrevieran a denunciar las mismas cosas.
Los Zetas y otros carteles hace años que se han dedicado a volcar sus hazañas en las redes sociales y varios blogs, pero ahora han mostrado toda su saña contra quienes las usan con el derecho a expresarse. Si las autoridades mexicanas permiten que esto suceda sin castigo, se corre el riesgo de la autocensura, un fenómeno lamentable que ya se ha apoderado de los medios tradicionales; única opción que periodistas y editores han abrazado por miedo a sufrir las represalias de los violentos y ante la inacción del gobierno.
Las represalias más fuertes hasta ahora por las expresiones vertidas en las redes sociales tenían que ver, hasta ahora, por el bloqueo y censura, así como el envío de muchos internautas a las cárceles, como en China, Irán y otros países que todavía le esquivan a la democracia. En países más democráticos, como EE.UU., Inglaterra o en América Latina, muchos usuarios de redes sociales confrontan detenciones y multas porque en las redes sociales instigan a la violencia o convocan a marchas populares y de protesta que no son autorizadas previamente según establece la ley a cualquier hijo de vecino.
Pero en México esta semana pasó algo distinto y brutal. Dos jóvenes que usaron Twitter para comentar sobre los delitos que cometían los narcotraficantes, fueron torturados y sus cadáveres colgados de un puente en la ciudad de Nuevo Laredo. Dos carteles a su costado, firmados con la letra Z en referencia al cartel de Los Zetas, amenazaban que eso mismo les pasaría a otros tuiteros que se atrevieran a denunciar las mismas cosas.
Los Zetas y otros carteles hace años que se han dedicado a volcar sus hazañas en las redes sociales y varios blogs, pero ahora han mostrado toda su saña contra quienes las usan con el derecho a expresarse. Si las autoridades mexicanas permiten que esto suceda sin castigo, se corre el riesgo de la autocensura, un fenómeno lamentable que ya se ha apoderado de los medios tradicionales; única opción que periodistas y editores han abrazado por miedo a sufrir las represalias de los violentos y ante la inacción del gobierno.
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