Dudas razonables

La inminente excarcelación de Casey Anthony, acusada del asesinato en primer grado de Caylee, su hijita de dos años, cayó como balde de agua fría sobre gran parte de la opinión pública estadounidense, que esperaba un fallo contundente y castigo ejemplar.

Hay rabia e indignación y no es para menos. Tras seis semanas de testimonios y sólo unas horas de deliberaciones, un jurado de 12 personas en Orlando no encontró las pruebas suficientes para condenarla y la absolvió otorgándole el beneficio de la duda.

Un veredicto muy duro de comprender para el público, que ya había prejuzgado a Anthony como asesina y que parecía no vacilar sobre su culpabilidad. Es que en tres años a través de los medios, el público fue bombardeado con las mentiras y contradicciones con las que esta madre de 25 años y de vida disipada intentó tapar la desaparición de su hija, cuyo cadáver fue encontrado en un bosque meses después de su muerte en 2008.

La impunidad que dejó el dictamen del martes enfureció a la gente, que reflejó su ira en pancartas, medios y redes sociales como Twitter y Facebook. Muchos condenaron al sistema judicial y reclamaron justicia, aunque como sinónimo de castigo o venganza; sin entender la misión del juez, como bien expresa el axioma que cuelga en paredes de los tribunales: “Quienes trabajamos aquí, solo buscamos la verdad”.

Si se entendiera ese paralelismo entre justicia y verdad, sería más comprensible la labor del jurado y su veredicto. En realidad sucedió que la fiscalía no logró aportar las pruebas suficientes y el abogado defensor plantó dudas razonables sobre las escasas evidencias existentes, como que la niña murió al caer en la piscina familiar y que luego su abuelo, por temor a ser incriminado por el accidente, desapareció el cadáver simulando un asesinato. Nada pudo probarse.

La verdad - en beneficio de las dudas y de la presunción de inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad - fue escurridiza en este caso. De ahí que la justicia o lo que aparenta ser una falta de ella, se sintió dolorosa, como bien lo retrató Jennifer Ford, integrante del jurado que lloró por no haber podido condenar a Anthony como creyó que lo merecía. Pero de creer a probar, esa es la distancia y diferencia entre la justicia y la iniquidad. “No dije que fuera inocente, sólo dije que no había pruebas suficientes para determinar el crimen”, confesó Ford a los medios.

Esa diferencia se diluye aún más por labor de algunos medios, cuyo sensacionalismo ayuda a bloquear emociones y encender pasiones, incentivando a que se condene antes de tiempo o que se haga justicia por manos propias. No es casual que muchos pretendieran pena de muerte ante aberrante crimen, que la familia Anthony haya recibido amenazas o que se prevea protección extrema para Casey cuando sea liberada el próximo miércoles.

Esa confusión entre verdad-justicia y castigo, también ocurrió en estos días con el ex director del FMI, Dominque Strauss-Kahn, después de que una camarera de hotel en Nueva York lo acusó de agresión sexual. Tras mostrarse como botín de caza con manos esposadas, detenido y sin que se presuma su inocencia, los fiscales retiraron los cargos al comprobar que la acusadora había mentido.

La decisión fue tardía, porque el financista hasta perdió su trabajo en el proceso, aunque la justica actuó bien pese a aparentar que falló. Rectificó ante las dudas y la desconfianza en la acusadora. Algo similar enfrentará Strauss-Kahn en Francia,  donde una novelista lo denunció por intentar violarla hace ocho años. Caso difícil, considerando que no debe haber evidencias y que la ley penal favorece al acusado cuando existen dudas razonables.

La duda no quiere decir que los delitos no ocurrieron o que no hay responsables, pero sirve para contrarrestar los posibles abusos que se cometerían si se pudiera condenar sin certeza. El sistema sería peligroso e injusto.

Volviendo a Caylee, pese a que el caso quedó impune, se debe reconocer que se hizo justicia en el sentido de que se persiguió la verdad, antes que el castigo. La mayor evidencia en este juicio fueron las dudas; y aunque para muchos no fueron suficientes para cambiar su veredicto personal, lo cierto es que son razonables.

Cabral: Justicia sin equidad

Con su tono irónico y su sentido de la equidad, desde el cielo, Facundo Cabral debe haber cambiado sus poéticos versos de “no soy de aquí ni soy de allá” por los de “solo hay justicia para los famosos”, tratando de registrar la rapidez con la que el gobierno de Guatemala capturó a dos de sus presuntos asesinos.

 

No es que el poeta no esté contento, pero seguro que estará asombrado de cómo una justicia que no puede resolver nada y que deja a más del 90% de todos los crímenes irresueltos cada año, tuvo la pericia y la rapidez necesaria para capturar a sus asesinos.

Me recuerda también a la justicia de México, que poco puede hacer contra el crimen organizado pero que cuando se trató de resolver los crímenes de un par de empleados consulares estadounidenses, lo hizo con rapidez o como por arte de magia.

Esta rapidez en el caso de Cabral, por la presión que significa la personalidad de un famoso o influyente, desnuda que la justicia en nuestros países está muchas veces atada a la voluntad política del gobierno. Es decir justicia parece que sí hay, pero lo que no existe es la equidad necesaria para que todos los ciudadanos seamos y nos sintamos iguales ante la ley.

Al conocer la obra y vida de Cabral, uno sabe que esta situación de justicia sin equidad, si bien no es mala, al menos lo incomoda.

Una cloaca se acaba: News of the World

Como lo anunció su presidente James Murdoch, hijo del magnate mediático Rupert, hoy es el último día de un periodismo de porquería ejercido por el dominical News of the World, que cierra sus puertas después de 168 años de publicaciones ininterrumpidas.

Muy contentos estarán la familia real británica, ricos, famosos, padres que perdieron a sus hijos en la guerra y los de Milly Dowler, una niña de 13 años secuestrada y asesinada en marzo de 2002, a quienes una red de detectives contratados por el diario, además de varios ejecutivos, pinchaban sus teléfonos en busca de exclusivas.

El escándalo está arrasando a muchos, entre ellos a James Cameron, el premier británico que permitió a los Murcoh construir un emporio mediático y quien tuvo entre sus filas como asesor al periodista Andy Coulson quien fue director del periódico durante la época en que se registraron las escuchas ilegales.

Posiblemente varios periodistas y ejecutivos terminen en la cárcel y el cierre del periódico, aunque busca ser una medida para evitar la caída o mala imagen de los otros medios del emporio, no podrá detener la crisis de credibilidad de la prensa.

Como consecuencia, más allá de las cuestiones legales y las responsabilidades ante la ley británica, este caso pone en entredicho la ética, un tema que la prensa británica administraba autoregulándose a través de un Consejo de Prensa, lo que Cameron ha dicho que tratará de destruir a través de investigaciones para demostrar que ese Consejo fue muy laxo con News of the World, por lo que no se justiciaría su existencia.

Además, seguro que se instalarán otro tipo de regulaciones que afectarán la libertad de prensa, lo que ya no podrá defenderse porque los políticos serán apoyados por una opinión pública que también está asqueada de los abusos de la prensa, sin entender la diferencia entre ética profesional y los delitos que se comenten, como fue este caso.

En los aspectos legales, también EEUU entrará en acción, que es el país de origen de la compañía subsidiaria en Inglaterra. Seguro que se tratará de penalizar a quienes sobornan funcionarios extranjeros, como es el caso de los periodistas y ejecutivos que pagaban a policías británicos por información.

Este escándalo de escuchas telefónicas y espionaje de correos electrónicos, que parecía un tema más ligado a los servicios de inteligencia de gobiernos inescrupulosos, afectará a toda la prensa al crear dudas sobre su credibilidad. Se trata de un golpe bajo a sí misma. Ojalá que más allá de este cierre conveniente del periódico, los periodistas involucrados no tengan ningún privilegio y sean castigados ejemplarmente.

Sin castigo y con impunidad, el escándalo podría afectar la ética de la prensa. Con castigo legal y prisión, se disiparían las dudas sobre el papel del buen periodismo en una democracia y no permitiría que los políticos hagan de este escándalo algo apropiado para crear regulaciones adicionales y así penalizar a todos los medios afectando la libertad de prensa y el derecho del público a la información.

La inocencia de Casy Anthonhy

http://www.elnuevoherald.com/2011/07/10/978009/ricardo-trotti-dudas-razonables.html

Zelaya ¿aceptará la verdad?

El ex presidente Manuel Zelaya debería aprender de las experiencias pasadas y absorber como enseñanza las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)  (a la que negó dar su testimonio), informadas este jueves.

Más allá de que la CVR repartió, en forma objetiva, responsabilidad para todos lados y sectores sobre el golpe de Estado en 2009, se indicó fehacientemente que el detonante de lo que sucedió fueron las acciones de Zelaya, las mismas sobre las que reinició su carga desde que llegó de República Dominicana y de nuevo puso como frente de batalla para poder cambiar la Constitución, imponiendo sus propios y tozudos parámetros y criterios para fabricar una (su) nueva Honduras.

La CVR fue explícita al demostrar que los hechos que provocaron el descalabro fueron los producidos el 25 de junio de 2009, cuando Zelaya y miles de seguidores irrumpieron en una base aérea en Tegucigalpa para obtener 20 mil urnas de cartón y más de un millón de votos que Hugo Chávez le había enviado para una consulta que ya habían prohibido los poderes Judicial y Legislativo, además del ministerio público y el Tribunal Electoral.

Zelaya seguramente hará caso omiso a este informe – que también pega fuerte contra los militares y la clase política que golpeó las puertas de los cuarteles para resolver el conflicto o negarse a entregar el país a sumisión de Chávez – y preferirá escuchar sus propias conclusiones que emanarán en diciembre de la Comisión de la Verdad que integró a través de su Frente de resistencia.

Escuchar su propia voz denota el mismo carácter autoritario y arrogante, el que debería deponerse en función del bien común y de la reconciliación nacional que necesita el país para salir adelante. Ojalá que Zelaya, como todos aquellos que se señala como responsables, acepten la verdad.

Lo lamentable y único punto oscuro de la CVR que lideró el ex vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, es que tratándose de una Comisión y de un Informe por la Verdad, se haya considerado que un 10 por ciento del sea clasificado como secreto y que para su inviolabilidad se lo haya depositado en Canadá por la friolera de 10 años.

Aunque habrá habido razones de peso para semejante decisión, no creo que pueda haber verdadera Reconciliación conociéndose solo el 90 por ciento de los hechos. Todos los hondureños tienen derecho a asumir el 100 por ciento de la verdad, duela a quien le duela.

Chávez y el pedido de los obispos católicos

Los obispos católicos de Venezuela vienen pidiendo muchas cosas al presidente Hugo Chávez, desde que pare de agredir verbalmente a los opositores, a los medios, que deje de seguir creando polarización en el país, que deje de despilfarrar en armamentos, que deje a la Justicia ser independiente o que devuelva a la Asamblea Nacional los poderes que la Constitución le da para legislar, ser contrapeso y ejercer su equilibrio de poderes en el gobierno.

Ahora, los obispos, indignados también por el clima de incertidumbre, el hermetismo y la falta de verdad, han exigido al gobierno que ofrezca un “parte oficial médico” sobre la salud del mandatario. Se trata de un pedido razonable en cualquier país democrático en el que la salud de un presidente es una cuestión importante y de Estado, además de estar concebido en la Constitución.

La falta de información no es más que una especulación que hace el gobierno como parte de su estrategia de propaganda, además de ser un patrón de conducta normal de un sistema autoritario que cree que su poder está por arriba del que delega el ciudadano. Puede que esa estrategia le resulte cómoda o bien como hasta ahora; pero no todo es seguro en esta vida, como ha quedado demostrado con un cáncer que le jugó una pasada inesperada a un hombre ensoberbecido de poder que creía que lo tenía todo y que hacía planes para gobernar hasta pasada la década próxima.