Asesinan periodistas

El gobierno mexicano desatiende su responsabilidad en investigar y buscar justicia en casos de periodistas asesinados, una actitud que incentiva a los violentos a continuar su ola delictiva contra la prensa; lo que convierte a México en el país más violento para ejercer el periodismo en las Américas.

Este fin de semana se conoció sobre José Luis Romero, de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, el segundo periodista asesinado en 2010. En el 2009, al menos 11 periodistas fueron ultimados, en casi todos los casos actuales y el año pasado, como víctimas del narcotráfico. Algunos de ellos, no fueron asesinados por represalias sobre lo que dijeron u omitieron, sino por no haber cumplido con lo convenido previamente con los narcotraficantes. Lamentablemente, el narcotráfico ha infiltrado también estructuras de información. El periodismo no es ajeno a las tentaciones y la corrupción que avanza sobre muchísimas disciplinas, en busca de cómplices y mayores territorios.

La SIP ha estado batallando a brazo partido en este terreno desde hace 15 años. Los escasos resultados que aportaron los diferentes gobiernos en este período – Salinas, Zedillo, Fox y Calderón – muchas veces desalientan. Las autoridades no han tomado el tema de la libertad de prensa con la seriedad que se necesita, tal vez porque los medios nacionales no han sabido crear un frente común que ejerza una presión más consistente sobre los líderes políticos. La fiebre por buscar atenuantes a esta desesperante violencia contra los medios y periodistas ha sido esporádica e intermitente.

La SIP promovió conferencias nacionales, regionales y hemisféricas en México y viene luchando por la federalización de los crímenes contra periodistas, los agravantes a este tipo de delitos, la no prescripción de los mismos, así como la creación de fiscalías especiales y sistemas de protección. Todo ello, no en la búsqueda de privilegios para los informadores por sobre otras disciplinas que sufren aún más la violencia del crimen organizado – policía y militares, por ejemplo - sino que creando conciencia de que cuando se asesina a un periodista, se comete el peor crimen contra el derecho del público a recibir información, debilitándose extraordinariamente la democracia.

Muchos otros grupos han apoyado estas iniciativas y propuesto otras. La pasada semana, tres senadores del mayor grupo de oposición, PRI, Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, suscribieron un proyecto de ley de Periodismo de Alto Riesgo.

En su artículo 3, el proyecto federaliza los crímenes al establecer que: “Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal”.

En el artículo 5, pide la creación de una Comisión que existió el año pasado pero que el nuevo Congreso que asumió en diciembre de 2009 la dejó de lado: “El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados”.

El artículo 6, aunque se refiere a la Fiscalía Especial, se queda un poco corto, ya que la SIP viene solicitando desde hace años que ese organismo sea reestructurado por cuanto no tiene funciones de fiscalía, sino que opera como oficina de derechos humanos, sin ninguna atribución de acusación e investigación formal. El artículo establece que: “La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral”.

También por el lado positivo, el viernes pasado se conoció la noticia sobre que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, dijo que “buscará que en México se adopte el modelo colombiano de protección a activistas y comunicadores, dos de los sectores más golpeados por la violencia en el país”, tal como lo relató la agencia EFE.

``Venimos a presentar un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, hemos analizado varios modelos y en particular creemos que el modelo colombiano sería el indicado'', aseguró Brunori en entrevista concedida en Ciudad Juárez.

Brunori – según EFE - adelantó que el 11 y 12 de febrero se llevará a cabo en México un seminario con expertos del Gobierno colombiano y la sociedad civil y periodística para instruir a las autoridades mexicanas para adaptar el modelo colombiano a la realidad mexicana en la protección de comunicadores y activistas.

Mayores penas contra asesinos de periodistas

Desde hace años venimos trabajando para que los crímenes contra periodistas estén en la agenda pública y se entienda que, más allá de no buscar ningún privilegio para los periodistas, cuando uno de ellos es asesinado se comente un agravante contra la sociedad, por cuanto se cercena el derecho del público a la información.
En una reunión que realizamos entre la SIP, la Asociación Nacional de Diarios de Colombia y la Fiscalía General de la Nación de ese país, se coincidió en la necesidad de establecer ese agravante, además que el vice fiscal Guillermo Mendoza pidió a los jueces colombianos mayor "severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.
Realizamos una jornada con 126 fiscales, jueces e investigadores de varias ciudades colombianas, en cuya inauguración, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón explicó que nos abocamos a generar un estudio sobre el periodista Orlando Sierra - el asesino material recibió una condena de casi 20 años pero fue liberado en menos de cinco – lo que determinó que hiciéramos recomendaciones a los poderes Legislativo y Judicial sobre “beneficios penales e inconsistencias en el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales”.
El jurista Asdrúbal Aguiar explicó muy bien por qué se debe defender el papel del periodistas en la sociedad: “la agravación en las penas por homicidio o por violación del derecho a la integridad personal de los periodistas, no solo es razonable y necesaria, tanto que no compromete el principio de la igualdad ciudadana ante la ley, ya que lo que se busca no es la protección especial de estos profesionales como tales, sino que, intenta proteger la función constitucional que cumple la prensa y la libertad de expresión en una sociedad democrática. De modo que, cuando media un crimen para acallar la voz de la prensa, se atenta contra la columna vertebral de la experiencia democrática, sin la cual ceden todos los derechos humanos y sus garantías”.
El presidente de la SIP, Santos Calderón aprovechó el foro para resaltar que en Colombia se han logrado imponer 20 condenas contra criminales de periodistas y que se han esclarecido varios asesinatos mediante las declaraciones de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, gracias a una solicitud expresa de la SIP hizo hace dos años al fiscal general, Mario Iguarán.
Santos Calderón, llamó la atención sobre un gran número de procesos que se encuentran en la impunidad en unos 57 homicidios cometidos contra periodistas por razones de oficio en los últimos 15 años, y en la “impunidad relativa” existente en la mayoría de los casos, al considerar que son escasas las sentencias contra los autores intelectuales.
En lo que generó un rico debate entre los asistentes, el estudio sobre el caso de Orlando Sierra fue expuesto por los abogados Rodrigo Uprinmy y Guillermo Puyana, quienes hicieron recomendaciones sobre reformas de política pública, entre las se cuentan: Que los beneficios penales no se otorguen en forma mecánica; que se superen inconsistencias sobre el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales, excluyéndose la práctica de conceder reducciones generales de pena; que se prevean penas mínimas que deben ser cumplidas cualquiera que sea la cantidad de beneficios concedidos; que se regulen en forma más apropiada las condiciones para el otorgamiento de la libertad provisional y de la redención de pena por trabajo o estudio; que se condicionen los beneficios penales a la colaboración efectiva de parte de los criminales para que se esclarezca el hecho en forma total, incluyendo la identificación de los autores intelectuales y que se amplíe la posibilidad de la representación de las víctimas a las organizaciones de libertad de prensa y de derechos humanos.

Presidentes periodistas

Alérgicos a las críticas, temerosos a dar conferencias de prensa y esquivos a las entrevistas, en los últimos años se viene consolidando un grupo de líderes políticos cuya estrategia es comunicar sin la intermediación de los reporteros. Son los “presi-riodistas”, presidentes devenidos en periodistas.
Suelen repeler y atacar a la prensa, pero al mismo tiempo se desviven por escribir columnas de opinión; hablar hasta por los codos en cadenas nacionales de radio y TV; comunicar sus ideas sólo en actos políticos; y, con dineros públicos, comprar o crear periódicos, radios, televisoras y agencias de noticias para usufructo personal y político, sin que además les tiemble la mano para cerrar o confiscar aquellos medios que les incomodan.
Uno de ellos es el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Esta semana acusó a los medios de ser mediocres, corruptos, estar politizados y ganar dinero, como si la rentabilidad fuera un pecado para la empresa privada. En realidad, Correa pintó a su propio gobierno, que desde sus inicios viene conformando una estructura mediática estatal, gracias a la confiscación de diarios y televisoras privados a los que tarda en ofrecer en licitación pública, utilizándolos a su conveniencia política.
Otro enérgico “presi-riodista” es Evo Morales, quien para contrarrestar los efectos “de las mentiras de los medios” e “informar la verdad”, en enero lanzó Cambio, uno de los tres diarios que prometió publicar. Además de crear cientos de radios y televisoras con el aporte de los gobiernos venezolano e iraní, Morales lanzó Cambio con dineros de los contribuyentes, pero lejos de promoverlo como medio público de información, lo transformó en un instrumento de propaganda gubernamental.
El matrimonio Kirchner, a quien se le celebró hace unos meses, como un acto de desmesurada generosidad, el haber otorgado la primera conferencia de prensa después de años frente al gobierno argentino, es sospechado de utilizar testaferros para comprar medios privados y deshacerse de periodistas críticos, como Nelson Castro, o echar a otros del sistema de medios estatales.
Una estrategia similar que ha seguido el “presi-riodista” Daniel Ortega en Nicaragua, quien utilizó su influencia para correr reporteros de canales privados, ganar la propiedad de Canal 4 para su familia y editar El 19, un diario fundado para escrachar a sus adversarios al mejor estilo de aquella prensa chicha manipulada por el régimen Fujimori-Montesinos.
Otros presidentes inician proyectos inocentes, como el paraguayo Fernando Lugo, quien impulsa un Programa de Comunicación para el Desarrollo con la creación de 700 radioemisoras comunitarias, un sistema que tarde o temprano, cuando el gobierno entre en años y decaiga su popularidad, tendrá el potencial de usarse como agente propagandístico. Así también, Ignacio Lula da Silva, promueve en Brasil una conferencia nacional de comunicación, cuyos resultados eventualmente apuntarán a controlar los contenidos de los medios. Y en este rubro entran otros presidentes, como el guatemalteco Alvaro Colom y el uruguayo Tabaré Vázquez, que sostienen y otorgan licencias de radio y televisión a cambio de monopólicas lealtades políticas.
Pero quienes ostentan mejor el título de “presi-riodistas” son los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, expertos en el arte de la propaganda. Lejos de aminorar su diatriba en contra de todo lo que no sea rojo, el presidente venezolano imita las “Reflexiones” de Castro con sus columnas “Las líneas de Chávez”, sin privarse de otros desbarajustes, como el cierre de RCTV, el acoso constante a Globovisión, la fundación de cientos de radios, periódicos y agencias de noticias que repiten sus ideas hasta el cansancio.
A pesar de las imitaciones, el “maestro presi-riodista” es Fidel, dueño idolatrado de los medios de su país en los últimos 50 años. Su mayor audacia es haber gozado de libertad cuando criticaba la dictadura de Fulgencio Batista en la revista Bohemia, un cambio radical de actitud si se considera que todo aquel que critica su dictadura fue expulsado o terminó en los calabozos, como lo atestiguan todavía hoy los 26 periodistas que se pudren en las cárceles de su isla.
Queda ver, desde ahora, cómo se comportará el presidente electo salvadoreño, Mauricio Funes. Aunque ya tuvo algunos tropiezos con los medios, seguramente su trayectoria como corresponsal le servirá para diferenciar las políticas informativas de las de la propaganda; y así no actuar jamás como “presi-riodista”.

Riesgos periodísticos

La profesión de periodista es una de las más riesgosas en el mundo. En América Latina muchos han sido asesinados en los últimos años, 344 en las dos décadas pasadas, muchos más son a diario maltratados físicamente, se exilian o son amenazados.

Tratando de lidiar sobre esta situación, con la SIP venimos dando seminarios y entrenando a periodistas – más de 2.000 (dos mil) en los últimos años – a través de talleres y seminarios que ofrecemos en diferentes países enseñando herramientas para “minimizar” riesgos y hacer coberturas más seguras. El más prestigioso de todos, es el que ofrecemos en Buenos Aires esta semana a más de 30 reporteros, reporteros gráficos y editores provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela

El seminario lo estamos realizando en el centro de Caecopaz, centro de entrenamiento militar de “cascos azules”, en Campo de Mayo, Buenos Aires. Este pasado domingo, tuve la oportunidad de discutir con los periodistas sobre los peligros y riesgos profesionales.

En esa discusión, hubo testimonios muy importantes:
Daniel Salinas Basave, periodista del diario Frontera de Tijuana, México, dijo que “recordaremos el 2008 como el año en que el chaleco antibalas se transformó en un instrumento de trabajo para los reporteros de Frontera. Cierto, el periodismo en Tijuana jamás ha sido un oficio seguro, pero no es exagerado afirmar que nunca como ahora se había vuelto tan riesgoso”.
Salinas prosiguió sobre que existe la amenaza latente de ser víctima de alguna agresión de parte del crimen organizado o mandos policíacos corrompidos como represalia a alguna publicación, “es algo con lo que de una u otra forma hemos convivido siempre”.
“Lo que por desgracia se ha vuelto cotidiano, sobre todo para fotógrafos y reporteros policíacos, es encontrarse en medio de fuegos cruzados y cubrir de cerca cruentos combates propios de una guerra. Desde un tiempo para acá, las calles de Tijuana se han transformado en campo de batalla”.
Para Brigitte Colmán del diario Última Hora, de Asunción, Paraguay, los riesgos mayores los sufren los periodistas alejados de la capital del país. “Lejos de Asunción, donde se concentran los medios, estos periodistas deben sobrevivir en ciudades y pueblos dominados por las distintas mafias: política, de la droga, de las grandes entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá), los narco ganaderos, los grupos económicos, etc. En estos lugares son conocidos y por ello, están expuestos a las reacciones que provocan sus publicaciones”.

Por su parte, el periodista Eduardo Valdez Verde del diario Noroeste, de Culiacán, estado de Sinaloa, en México, donde hace una semana el diario El Debate sufrió un atentado con granadas, dijo que “encajuelado", "levantado", "acribillado" y ahora, "descabezado", se han convertido aquí en palabras de uso corriente incluso para los niños. A los enfrentamientos a tiros entre narcotraficantes, se han sumado las amenazas y extorsiones telefónicas contra la población civil y los ataques contra funcionarios públicos que, se supone, deberían estar más seguros que cualquier otro ciudadano. Así se trabaja en Sinaloa. Así se reportea en estas tierras donde no sólo los periodistas, sino toda la comunidad sale a la calle rogando a Dios no cruzarse en el camino de una bala perdida”.

Entre otros periodistas, Norka Peralta Liñán, de El Comercio, Lima, Perú, expresó que el “boom” de las explotaciones mineras y petroleras en su país ha dado origen en los últimos años a diversos conflictos entre las empresas extractivas y las poblaciones que habitan los lugares a ser explotados. Ello ha supuesto en la mayoría de los casos batallas campales, la destrucción de infraestructura pública y privada, el bloqueo de vías, muertos y heridos. Así como ciertas dependencias del Gobierno, como la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo, intentan crear mecanismos para prevenir y solucionar esos conflictos.

“Los periodistas – dijo Peralta - nos enfrentamos al reto de informar con responsabilidad antes, durante y después de cada conflicto. No hacerlo correctamente supone el serio riesgo de azuzar las pasiones y los intereses que siempre existen detrás”.