lunes, 27 de abril de 2009

Mayores penas contra asesinos de periodistas

Desde hace años venimos trabajando para que los crímenes contra periodistas estén en la agenda pública y se entienda que, más allá de no buscar ningún privilegio para los periodistas, cuando uno de ellos es asesinado se comente un agravante contra la sociedad, por cuanto se cercena el derecho del público a la información.
En una reunión que realizamos entre la SIP, la Asociación Nacional de Diarios de Colombia y la Fiscalía General de la Nación de ese país, se coincidió en la necesidad de establecer ese agravante, además que el vice fiscal Guillermo Mendoza pidió a los jueces colombianos mayor "severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.
Realizamos una jornada con 126 fiscales, jueces e investigadores de varias ciudades colombianas, en cuya inauguración, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón explicó que nos abocamos a generar un estudio sobre el periodista Orlando Sierra - el asesino material recibió una condena de casi 20 años pero fue liberado en menos de cinco – lo que determinó que hiciéramos recomendaciones a los poderes Legislativo y Judicial sobre “beneficios penales e inconsistencias en el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales”.
El jurista Asdrúbal Aguiar explicó muy bien por qué se debe defender el papel del periodistas en la sociedad: “la agravación en las penas por homicidio o por violación del derecho a la integridad personal de los periodistas, no solo es razonable y necesaria, tanto que no compromete el principio de la igualdad ciudadana ante la ley, ya que lo que se busca no es la protección especial de estos profesionales como tales, sino que, intenta proteger la función constitucional que cumple la prensa y la libertad de expresión en una sociedad democrática. De modo que, cuando media un crimen para acallar la voz de la prensa, se atenta contra la columna vertebral de la experiencia democrática, sin la cual ceden todos los derechos humanos y sus garantías”.
El presidente de la SIP, Santos Calderón aprovechó el foro para resaltar que en Colombia se han logrado imponer 20 condenas contra criminales de periodistas y que se han esclarecido varios asesinatos mediante las declaraciones de los paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, gracias a una solicitud expresa de la SIP hizo hace dos años al fiscal general, Mario Iguarán.
Santos Calderón, llamó la atención sobre un gran número de procesos que se encuentran en la impunidad en unos 57 homicidios cometidos contra periodistas por razones de oficio en los últimos 15 años, y en la “impunidad relativa” existente en la mayoría de los casos, al considerar que son escasas las sentencias contra los autores intelectuales.
En lo que generó un rico debate entre los asistentes, el estudio sobre el caso de Orlando Sierra fue expuesto por los abogados Rodrigo Uprinmy y Guillermo Puyana, quienes hicieron recomendaciones sobre reformas de política pública, entre las se cuentan: Que los beneficios penales no se otorguen en forma mecánica; que se superen inconsistencias sobre el principio de favorabilidad que beneficia a muchos criminales, excluyéndose la práctica de conceder reducciones generales de pena; que se prevean penas mínimas que deben ser cumplidas cualquiera que sea la cantidad de beneficios concedidos; que se regulen en forma más apropiada las condiciones para el otorgamiento de la libertad provisional y de la redención de pena por trabajo o estudio; que se condicionen los beneficios penales a la colaboración efectiva de parte de los criminales para que se esclarezca el hecho en forma total, incluyendo la identificación de los autores intelectuales y que se amplíe la posibilidad de la representación de las víctimas a las organizaciones de libertad de prensa y de derechos humanos.