lunes, 18 de enero de 2010

Asesinan periodistas

El gobierno mexicano desatiende su responsabilidad en investigar y buscar justicia en casos de periodistas asesinados, una actitud que incentiva a los violentos a continuar su ola delictiva contra la prensa; lo que convierte a México en el país más violento para ejercer el periodismo en las Américas.

Este fin de semana se conoció sobre José Luis Romero, de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, el segundo periodista asesinado en 2010. En el 2009, al menos 11 periodistas fueron ultimados, en casi todos los casos actuales y el año pasado, como víctimas del narcotráfico. Algunos de ellos, no fueron asesinados por represalias sobre lo que dijeron u omitieron, sino por no haber cumplido con lo convenido previamente con los narcotraficantes. Lamentablemente, el narcotráfico ha infiltrado también estructuras de información. El periodismo no es ajeno a las tentaciones y la corrupción que avanza sobre muchísimas disciplinas, en busca de cómplices y mayores territorios.

La SIP ha estado batallando a brazo partido en este terreno desde hace 15 años. Los escasos resultados que aportaron los diferentes gobiernos en este período – Salinas, Zedillo, Fox y Calderón – muchas veces desalientan. Las autoridades no han tomado el tema de la libertad de prensa con la seriedad que se necesita, tal vez porque los medios nacionales no han sabido crear un frente común que ejerza una presión más consistente sobre los líderes políticos. La fiebre por buscar atenuantes a esta desesperante violencia contra los medios y periodistas ha sido esporádica e intermitente.

La SIP promovió conferencias nacionales, regionales y hemisféricas en México y viene luchando por la federalización de los crímenes contra periodistas, los agravantes a este tipo de delitos, la no prescripción de los mismos, así como la creación de fiscalías especiales y sistemas de protección. Todo ello, no en la búsqueda de privilegios para los informadores por sobre otras disciplinas que sufren aún más la violencia del crimen organizado – policía y militares, por ejemplo - sino que creando conciencia de que cuando se asesina a un periodista, se comete el peor crimen contra el derecho del público a recibir información, debilitándose extraordinariamente la democracia.

Muchos otros grupos han apoyado estas iniciativas y propuesto otras. La pasada semana, tres senadores del mayor grupo de oposición, PRI, Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, suscribieron un proyecto de ley de Periodismo de Alto Riesgo.

En su artículo 3, el proyecto federaliza los crímenes al establecer que: “Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal”.

En el artículo 5, pide la creación de una Comisión que existió el año pasado pero que el nuevo Congreso que asumió en diciembre de 2009 la dejó de lado: “El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados”.

El artículo 6, aunque se refiere a la Fiscalía Especial, se queda un poco corto, ya que la SIP viene solicitando desde hace años que ese organismo sea reestructurado por cuanto no tiene funciones de fiscalía, sino que opera como oficina de derechos humanos, sin ninguna atribución de acusación e investigación formal. El artículo establece que: “La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral”.

También por el lado positivo, el viernes pasado se conoció la noticia sobre que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, dijo que “buscará que en México se adopte el modelo colombiano de protección a activistas y comunicadores, dos de los sectores más golpeados por la violencia en el país”, tal como lo relató la agencia EFE.

``Venimos a presentar un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, hemos analizado varios modelos y en particular creemos que el modelo colombiano sería el indicado'', aseguró Brunori en entrevista concedida en Ciudad Juárez.

Brunori – según EFE - adelantó que el 11 y 12 de febrero se llevará a cabo en México un seminario con expertos del Gobierno colombiano y la sociedad civil y periodística para instruir a las autoridades mexicanas para adaptar el modelo colombiano a la realidad mexicana en la protección de comunicadores y activistas.

3 comentarios:

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