Conslusiones de la SIP en Denver

“Los 14 periodistas asesinados en Latinoamérica durante el último semestre – una de las cifras más altas de los últimos 20 años –, la confiscación secreta de archivos de llamadas a reporteros de The Associated Press por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el acaparamiento de medios de comunicación por parte de gobiernos autócratas, la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y la persistente carencia de acceso a la información pública en varios países fueron, entre otros, los mayores escollos para la libertad de prensa en el hemisferio occidental durante el último semestre.”
”La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada del 18 al 22 de octubre en Denver, Colorado, condenó  el asesinato de 14 periodistas; tres en México, dos en Brasil, dos en Colombia, dos en Guatemala, dos en Haití y uno respectivamente en Ecuador, Honduras y Paraguay. Expresó también su total rechazo a la prescripción de 17 casos de asesinatos de periodistas (cinco en Colombia y 12 en México) por considerar que la impunidad y la acción de poderes judiciales débiles o sometidos son los motores generadores de la violencia.
”También durante este período tres periodistas debieron de abandonar Colombia y Honduras por amenazas y dos periodistas extranjeros fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua.
”La SIP compartió la preocupación de organizaciones estadounidenses afines sobre el rumbo de la libertad de prensa en este país, sacudido por las revelaciones de espionaje contra periodistas e individuos. Así lo transmitió el presidente de The Associated Press (AP), Gary Pruitt, al manifestar ante la asamblea cómo el temor a la vigilancia gubernamental ha generado autocensura entre algunas de sus fuentes.
”La organización de la prensa hemisférica insistió que el Congreso de EE.UU. sigue mostrando resistencia a tramitar una ley de protección a la reserva de la fuente que evite el encarcelamiento de periodistas e instó al Departamento de Justicia a cumplir a cabalidad con las recomendaciones presentadas por delegaciones de la SIP que visitaron Washington, D.C. en los últimos años.
”Se observa con preocupación el acceso limitado a la información pública, un escollo para el trabajo periodístico en países como Ecuador, Honduras, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela, entre otros, mientras tanto en algunos países se carece de leyes de acceso a la información e impera una cultura gubernamental de secreto en la que, como ejemplo, los presidentes y funcionarios públicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela, se niegan a ofrecer entrevistas o conferencias de prensa.
”La libertad de prensa también se vio afectada por la coacción económica en diversas formas, como la adquisición masiva de medios de comunicación por parte de los gobiernos, ya sea directamente o a través de personas afines a los mismos en Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Argentina, para convertirlos no en medios de función pública sino que en herramientas de propaganda partidista e ideológica. Esta coacción se manifiesta también con actitudes de discriminación en la pauta de publicidad oficial contra medios independientes.
”En Venezuela, la discriminación oficial llega a la no autorización de divisas para la importación de insumos que no se fabrican en el país, como el papel. En el caso de Argentina, se registró una presión oficial a los avisadores para ocasionar perjuicio económico a esos medios. Otra herramienta restrictiva en Argentina, la ley de medios, está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que puede receptar los principios internacionales en la materia.
”Asimismo, en países como Colombia, Panamá y Brasil, entre otros, se aprecia una creciente industria de juicios y demandas judiciales como forma de acoso a los medios de comunicación.
”En Ecuador se constituyó la forma más severa de censura con la vigencia, a partir del 25 de junio, de la Ley Orgánica de Comunicación que crea dos instituciones del Estado, un consejo y una superintendencia, que sirven para controlar y censurar los contenidos de los medios, además de obligar a estos a autorregularse.
”En Cuba, como lo especificó Yoani Sánchez, las reformas económicas en esa nación no han ido acompañadas de un mejoramiento de la libertad de prensa que, por el contrario, se ha visto agravada por una represión constante y detenciones arbitrarias de periodistas.
”Finalmente, la Asamblea General reiteró varias veces la necesidad de enfrentar los embates de los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), en su empeño por debilitar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es blanco de ataques permanentes.
”La Asamblea General destacó que durante este período la SIP ha apoyado el fortalecimiento del sistema interamericano mediante gestiones directas con jefes de Estado y representantes diplomáticos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).”

América opaca según informes SIP

Las amenazas a la libertad de prensa en las Américas son cada vez más intensas y sofisticadas, pero tan grotescas como siempre. Así lo estoy comprobando en esta reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que se celebra este fin de semana en Denver, Colorado.

Un dato sobresale y contrae el corazón. Catorce periodistas han sido asesinados en este último semestre en Brasil, Guatemala, Haití y Paraguay, entre otros países, por denunciar los abusos del poder político y económico o tocar los intereses de los narcotraficantes, abusos e intereses que muchas veces van de la mano. La violencia se incentiva por el alto grado de impunidad, producto de poderes judiciales débiles, ineficientes o subyugados al poder, lo que permitió que 17 casos de asesinatos de periodistas prescribieran en Colombia y México después de 20 años sin justicia.

No poder resolver la corrupción, la inseguridad y la miseria es un problema que aqueja a gobiernos de todas las ideologías. Pero varios de ellos, en especial en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, prefieren culpar a los medios privados, a los que acusan de ejercer oposición política y estar enquistados en las oligarquías que golpean las puertas de los cuarteles.

El discurso anti medios y sobre que la democracia sería mejor sin ellos, como repite Rafael Correa, es bueno y convincente, pero solo una treta para acallar y restarle credibilidad a la prensa. Si estos gobiernos no creerían en los medios, no estarían comprándolos a través de testaferros o allegados como sucede con Nicolás Maduro, Correa, Evo Morales y Cristina Kirchner o con familiares como hace Daniel Ortega en Nicaragua. El grave problema de que posean medios, es que los convierten en vehículos de propaganda, para apoyar actos políticos, cambios constitucionales y procesos electorales que les permitan eternizarse en el poder.

Además de la compra directa, los gobiernos también siguen acosando a la prensa con otros mecanismos económicos de vieja data con la intención de que los medios mueran por sí solos, como producto de sus equívocos financieros, y así los presidentes pueden salvar sus apariencias democráticas. En muchos países los medios menos críticos son favorecidos con publicidad oficial, no así los díscolos, creando problemas de competencia desleal.

En Argentina el gobierno incentiva a los supermercados a crear un boicot publicitario y en Venezuela se retacea divisas a los periódicos para que no puedan comprar papel y otros insumos que no se fabrican en el país, por lo que varios ya debieron dejar de publicarse. Mientras tanto, en Brasil, Colombia, Panamá y Perú, los funcionarios públicos acusados de corrupción han encontrado más fácil hacer que los medios se autocensuren luego de demandarlos judicialmente con indemnizaciones millonarias, que responder a la justicia por sus fechorías.

Pero de todas, la peor amenaza contra la libertad de prensa y la democracia, es la cultura del secreto que todavía persiste en todos los países de las Américas. La excusa de la seguridad nacional sigue siendo las más usada como lo demostró el gobierno de EE.UU.  El presidente Barack Obama, quien había prometido transparencia al principio de su mandato, es el que más abusó en clasificar información y en procesar a delatores del gobierno, pese a una ley que protege a quienes denuncian irregularidades en la administración pública. La inseguridad pública fue la excusa para la vigilancia indiscriminada, en una versión similar a la que se utilizó durante la Guerra Fría.

En El Salvador y Paraguay, pese a leyes y órdenes judiciales que obligan a la transparencia, los mismos legisladores niegan dar información sobre sus patrimonios, salarios y asesores, como si trabajaran en el sector privado. No todos los países tienen leyes de acceso y transparencia; pero donde existen, como en Canadá, cada vez con mayor facilidad se impone el sello de “información clasificada” a documentos gubernamentales, para negar su difusión.

Esta opacidad, de negar información a los ciudadanos tras solicitudes legales o no ofrecerla a los periodistas, ni siquiera en conferencias de prensa, es sin dudas el mayor irrespeto a la ciudadanía, una forma eficiente de gobernar de espaldas que, lamentablemente, suele pasar inadvertida.

Fuerte debate empieza en la SIP

Este es un resumen de los temas más importantes del debate sobre libertad de prensa que dirigirá Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, durante la asamblea general que estamos celebrando en Denver, EE.UU.  

Argentina

El gobierno sigue con política discriminatoria contra medios independientes, entre ellas el uso de la publicidad oficial y un cepo publicitario a supermercados ordenado desde la Secretaría de Comercio Interior.

A cuatro años de sancionada la ley de medios, el gobierno la aplica en forma selectiva en contra de medios independientes. Se observa una pronunciada “colonización” de medios afines al gobierno y multiplicación de nuevas licencias para actores estatales.

El gobierno retacea información oficial. No existe Ley de Acceso.

Bolivia

El gobierno mantiene estrategia de asfixia con ataques a medios y periodistas, “visitas” de inspectores del Servicio de Impuestos, discriminación de publicidad oficial, impuestos especiales y con la compra de medios independientes a través de allegados.

Se aplicó un reordenamiento de frecuencias, que insertó en el dial a emisoras afines al gobierno y se silenció a más de 300 emisoras privadas de frecuencia modulada.

No existe Ley de Acceso.

Brasil

Dos periodistas fueron asesinados en este período: Walgley Assis Carvalho y Rodrigo Neto. Muchos periodistas resultaron agredidos durante las protestas sociales que se concentraron en ciudades principales del país.

Continúa la presión de autoridades judiciales imponiendo medidas de censura ante informaciones sensibles que afectan a funcionarios públicos. Continúa “industria” de juicios contra medios.

Canadá

Grupos defensores de libertad de prensa y DD.HH. claman por reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública. El gobierno no entrega información a tiempo y utiliza en forma indiscriminada recurso de “información clasificada”.

Grupos de consumidores y defensores de libertad de prensa frenan ley del gobierno para regular el internet, en materia de filtraciones de información oficial, temiendo que se imponga censura.

Caribe

En general, leyes de difamación criminal, amenazas de juicio a los medios por sus denuncias sobre corrupción y falta de acceso a la información oficial, conspiran contra la libertad de prensa.

En Trinidad y Tobago el gobierno sigue discriminando con publicidad oficial. En Barbados el gobierno retacea información oficial y la promesa de una ley al respecto, queda solo en eso. En San Vicente y las Granadinas existe una ley de acceso desde 2003, pero el primer ministro no la promulga. En Jamaica, se espera que se descriminalicen delitos de difamación.

Chile

Una nueva ley obliga a los canales de tv abierta a difundir propaganda política gratuita durante 30 días previos a cada elección por dos minutos para cada candidato. Otra ley prohíbe a los medios hacer publicidad de productos alimenticios “poco saludables”; per se espera se defina ese término.

Un proyecto de ley sobre tv digital amplía funciones del Consejo Nacional de Televisión. Este se podrá inmiscuir en contenidos, exigiendo que fortalezcan la identidad nacional y reflejen diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa y orientación sexual.

Colombia

Dos empleados de medios, un periodista, Edilson Alberto Molina, y un voceador, José Darío Arenas, que también oficiaba como reportero, fueron asesinados. Otros dos periodistas debieron marcharse al exilio por amenazas. Cinco casos de asesinatos prescribieron tras 20 años impunes.

Como estrategia para acallar a medios críticos, se intensificaron demandas civiles  con reclamos económicos cuantiosos, generando obstáculos (tiempo y costos) para esos medios.

La ley aprobada de Acceso a la Información Pública todavía no fue sancionada.

Costa Rica

En la nueva Ley de Delitos Informáticos fue eliminado el término de “informaciones políticas secretas” y el castigo de prisión a quien difunda información y documentos de interés público como versaba en el proyecto original.

El gobierno expresó intenciones de sancionar sobre una ley de acceso a la información pública.

Cuba

Cinco periodistas independientes fueron detenidos por varios días, pero fueron liberados esta semana.

Se ha intensificado el hostil sistema gubernamental contra la libertad de expresión, manifestándose a través de agresiones provocadas por turbas, detenciones momentáneas, amenazas y actos de vandalismo.

No hay acceso a la información; esta, así como los medios, siguen siendo parte del monopolio estatal; y el acceso a internet y la telefonía móvil es restringido y restrictivo. 

Ecuador

Un periodista fue asesinado: Fausto Valdiviezo.

La Ley Orgánica de Comunicación rige desde el 25 de junio. Establece que la comunicación es un “servicio público”, y, por tanto, debe ser regulada. Creó el  Consejo y la Superintendencia de Inf. A los medios se obliga publicar su Código de Ética, y contratar un Defensor de Audiencia. Se impuso la colegiación obligatoria.

El presidente Rafael Correa obliga a los medios a rectificarse mediante presión judicial. El gobierno abrió 48 procesos administrativos y laborales contra el diario La Hora.

La ley de Acceso a la Información Pública es inoperante. El gobierno discrimina con publicidad oficial.

El Salvador

El Congreso se negó a informar sobre la cantidad de asesores, pese a que fue multado por el Instituto de Acceso a la Información pública, recientemente instalado desde que en mayo entró en vigencia la Ley de Acceso. El Instituto estudia otros 55 casos de solicitud de información a fuentes del Estado.

Tres pandilleros fueron condenados por el asesinato del periodista franco-español, Christian Poveda, ocurrido en setiembre de 2010.

Estados Unidos

La incautación de registros telefónicos a periodistas de Associated Press, por parte del Departamento de Justicia, fue considerada una violación al derecho a la reserva de las fuentes confidenciales. El hecho despertó iniciativas legales para que haya una ley federal de protección de fuentes.

El programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), revelado por el ex contratista Edward Snowden, generó desconfianza por el abuso de los aparatos estatales de seguridad y vigilancia. El gobierno de Barack Obama procesó a más delatores gubernamentales, que todos sus antecesores juntos.

Guatemala

Fueron asesinados dos periodistas: Carlos Alberto Orellana y Luis de Jesús Lima.

El gobierno discrimina a medios mediante el otorgamiento de publicidad oficial. Uno de los diarios víctima, elPeriódico, denunció que también existe un boicot comercial de empresas privadas instigado por el gobierno.

Haití

Dos periodistas fueron asesinados: Pierre-Richard Alexandre y Georges Honorat.

La necesidad de una ley de acceso a la información pública, es parte de la discusión entre el gobierno y agrupaciones de periodistas.

Honduras

Un periodista fue asesinado: Aníbal Barrow. Otro periodista se fue al exilio por amenazas. El gobierno no cumplió con medidas de protección, seguridad de periodistas e impunidad, prometidas a la SIP.

El gobierno mantiene restricciones al acceso a la información pública; mientras que detuvo su intento por sancionar una Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que afectaría también a medios escritos y la libertad de expresión.

México

Tres periodistas fueron asesinados. Mario Ricardo Chávez Jorge, Alberto López Bello, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa.

Ocho casos de asesinatos de periodistas asesinados prescribieron este año.

Nicaragua

Secretismo, falta de trasparencia y de información pública sigue siendo la tónica del gobierno de Daniel Ortega. Solo los medios oficiales, denominados del “Poder Ciudadano” pueden informar asuntos de Estado.

El gobierno agudizó su sistema de compra de medios y otorgamiento de licencias a familiares y allegados de Ortega. Pocos canales quedan en manos privadas. Varias radioemisoras independientes, a las que se les castigó discriminándolas con la publicidad oficial, debieron cerrar.

Dos periodistas extranjeros fueron expulsados del país.

Panamá

La tensión entre el gobierno nacional y los medios ha derivado en una política oficial de descrédito hacia los periodistas, retaceo de la información pública y negativas de funcionarios públicos a mantener entrevistas.

El gobierno discrimina a los medios con el otorgamiento de publicidad oficial.

Se incrementó el uso de demandas civiles con reclamos elevados contra los medios, como forma para acallar a los medios. 

Paraguay

Un periodista fue asesinado: Carlos Artaza. Otros periodistas de zonas fronterizas con Brasil son víctimas de amenazas, perpetradas por el narcotráfico y políticos coludidos con esa actividad.

La Corte Suprema sentó precedente sobre información pública al obligar al Congreso a proporcionar información que este negaba sobre patrimonio, viáticos y nombramientos hechos por los legisladores. Incluso la Cámara de Diputados aprobó una resolución para castigar penalmente a quienes informaran sobre asuntos internos.

Perú

Se registró un aumento de denuncias y demandas civiles y penales contra periodistas y medios, como herramienta de intimidación y presión contra la prensa.

La Ley de Delitos Informáticos, que resta ser promulgada por el presidente Ollanta Humala, prevé de ocho a diez años de cárcel por divulgación de información que se considere clasificada o confidencial y/o comprometa la seguridad nacional.

Puerto Rico

Una enmienda a una regulación del Tribunal Supremo de Justicia, permitirá que por el término de un año, como proyecto piloto, los periodistas puedan ingresar con cámaras fotográficas y de video a cubrir juicios civiles. Asociaciones de prensa piden que se extienda esa medida a salas en lo criminal. 

República Dominicana

El Tribunal Constitucional fallaría este mes sobre la despenalización de los delitos de difamación e injurias, ante un recurso de inconstitucionalidad que presentaron tres directores de diarios. La criminalización de esos delitos está justificada en varios artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Uruguay

El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atañe a medios audiovisuales, aunque afectará a medios escritos también. Expresa que un consejo político para fiscalizar la ley, deberá velar por contenidos diversos e inclusivos y que no afecten la identidad nacional, así como obligará a los medios a que adopten códigos de ética.

El P. Ejecutivo intenta modificar la ley de Acceso a la Información Pública (vigente desde 2008). A través de la Ley de Rendición de Cuentas, ampliará motivos para que los funcionarios puedan negar y excusarse de brindar información.

Venezuela

La restricción de divisas para comprar insumos importados, entre ellos papel y tinta, ha forzado el cierre de cinco medios y más de una veintena han reducido páginas y dejado de publicarse en forma diaria.

Se incrementó el número de juicios y demandas penales y civiles contra periodistas y medios.

El gobierno retacea información oficial. Discrimina con el otorgamiento de publicidad oficial.

Inicia asamblea de la SIP en Denver

Prontos a iniciar mañana la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa en Denver, Colorado, se percibe que estamos ante uno de los semestres más perniciosos para la libertad de prensa de los últimos años.

Iré publicando en estos días algunos conceptos sobresalientes de la reunión, pero a modo de ejemplo, van algunos de los datos que revelan el estado crítico del ejercicio periodístico en el continente americano.

En los últimos seis meses:

Fueron asesinados 14 periodistas: 3 en México; 2 en Brasil; 2 en Colombia; 2 en Guatemala; 1 en Ecuador; 2 en Haití;  1 en Honduras y 1 en Paraguay.

17 casos de periodistas prescribieron o prescribirán este año: 5 en Colombia; 12 en México.

3 periodistas se fueron al exilio por temor ante las amenazas: 2 de Colombia, 1 de Honduras.

2 periodistas extranjeros fueron expulsados: Ambos de Nicaragua.

Retaceo y restricciones de acceso a la información oficial se produce en: Argentina, Bolivia, Canadá, Barbados, San Vicente y Granadinas, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Espionaje y vigilancia: EE.UU.

Censura general: Cuba.

Demandas y juicios con indemnizaciones millonarias que buscan que la prensa se autocensure: Bolivia, Brasil, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú.

Discriminación de los gobiernos con publicidad oficial para crear competencia desleal y perjudicar a los medios críticos: Argentina, Bolivia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela.

Compra de medios por parte de testaferros, allegados o familiares de presidentes: Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Venezuela.

Discriminación en otorgamiento de licencias para medios electrónicos: Argentina, Bolivia, Ecuador.

Intenciones de gobierno para crear nuevas leyes de prensa: Honduras, Paraguay, Uruguay.

Nueva ley de prensa: Ecuador, comúnmente denominada “ley mordaza”.

Maduro: Presidente, juez y legislador

Seguramente el presidente Nicolás Maduro conseguirá los poderes extraordinarios que hoy insistirán en entregarle sus legisladores chavistas tras lograr el voto de algún diputado disidente de la oposición para sumar los 99 necesarios.

De esta forma, con un poder judicial totalmente subyugado y adicto, y una asamblea que responde leal a sus designios y que ignora su mandato constitucional de ser contrapeso, Maduro conseguirá lo que era usual para Hugo Chávez y alcanzó en cuatro oportunidades. De golpe y porrazo, Maduro se convertirá en presidente, juez y legislador al mismo tiempo.

No hay mayor autoritarismo que el concentrar todos los poderes públicos; concentración que a la democracia la transforma en dictadura. En especial, cuando la cuarta pata sostén de la democracia, el poder electoral, está trastocado por el poder político y manchado por una justicia que tolera  y ni siquiera revisa los procesos de supuesto fraude.

Maduro invoca que su máximo objetivo para tener poderes de legislador es para dictar normas anti corrupción y acelerar la economía, dos temas para los que no necesita leyes nuevas, sino aplicar la sapiencia ejecutiva y la habilidad política, sabiendo que la corrupción está enquistada en la cultura chavista y es por donde debiera empezar para dar el ejemplo.

La corrupción, sin embargo, es ya y será para Maduro la estrategia para desarrollar una caza de brujas y encontrar los chivos para expiar los pecados del autoritarismo chavista. Creó el CESPPA, y ha empezado a condenar a aquellos, como los medios, que informan (ni siquiera denuncian) el desabastecimiento de productos básicos y gasolina.

La Asamblea Nacional venezolana está a punto de traspasar los pocos poderes democráticos que le quedan al país. Si lo hace, por el tiempo que lo hiciera, estará hipotecando el futuro de generaciones venideras, ya que las nuevas leyes ejecutivas no solo afectarán acciones, sino que se corre el riesgo de que apuntalen una cultura política que será difícil cambiar en el futuro.

Sensibilidad, autocensura y Cristina

Aunque parece razonable, no creo que sea apropiada la decisión de varios diarios que en sus sitios de internet, privan a los lectores de escribir comentarios debajo de las notas referidas a la salud de la presidente Cristina Kirchner.

La política de autorregulación del diario La Nación - implícita en la frase, “Debido a la sensibilidad del tema, la nota está cerrada a comentarios”, de su versión on-line - también implementada por Página 12, Infobae y Ámbito Financiero, pretende evitar convertirse en vehículo de insultos que usualmente se prodigan entre lectores o contra la Presidente.

La medida tiene justificativo. Los comentarios se han vuelto un dolor de cabeza para los medios, ya que en sociedades polarizadas como la argentina, los usuarios de internet tienden a burlarse y hacer comentarios irónicos, inhibiendo y degradando la discusión. Un síntoma que incentivan presidentes como Cristina, Nicolás Maduro y Rafael Correa, con discursos cargados de insolencias y sarcasmos en contra de opositores y críticos de su gestión.

No permitir comentarios de ningún tipo, y menos sobre un Presidente, puede ser un privilegio no reservado a otros mortales. Privilegios que en Argentina se eliminaron cuando se derogó el delito de desacato, aquella figura medieval que protegía al Presidente de las críticas, y que se contrapone a la jurisprudencia interamericana, que indica que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad.

Ante la prohibición, uno podría preguntarse ¿cuál es la vara justa para medir otros casos y el nivel de sensibilidad que debe guardarse? ¿Acaso se deberían prohibir comentarios en notas sobre Francisco porque podrían derivar en críticas a curas pederastas; o sobre Amado Boudou, porque se señalaría que nadie con seis procesos judiciales abiertos debiera tener las riendas del país?

En épocas de redes sociales y de constante búsqueda por mayores espacios de participación ciudadana, discriminar qué notas pueden o no ser comentadas, puede inducir a los medios a aplicar censura previa, algo que detestan y combaten. En todo caso, sería preferible que no permitieran comentarios en ninguna nota, a que tengan una política selectiva que puede llevar a errores.

La esencia del periodismo es fiscalizar, criticar y señalar caminos, pero no es su función discriminar. Por ejemplo, se puede ser más prudente o reducir el sensacionalismo en hechos de sangre, pero no se los puede ocultar. Su oficio es mostrarlos, y será la sociedad, los expertos y legisladores, quienes tendrán que interpretarlos y buscar correctivos.

Tampoco se trata de otorgar una patente de corso a los usuarios, ya que los medios también pueden ser responsables (ética y legalmente) ante cualquier apología a la violencia u otros delitos como los de injurias y calumnias. Pero en lugar de censurar, los medios pueden optar por editar, filtrar, ordenar y administrar esos comentarios, siendo bien explícitos con sus usuarios sobre las reglas y los límites de la discusión. 

Es una tarea cara, claro, pero fundamental para seguir liderando la discusión ciudadana y la agenda pública.

Esa labor evitaría que se censuren críticas de gente bien intencionada que termina pagando los platos rotos por aquellos que insultan sin ton ni son. Gente que pudiera estar comparando conductas entre el gobierno argentino y el venezolano sobre el grado de desinformación respecto a la salud de Cristina y de Hugo Chávez. O que podrían comparar con las políticas más transparentes que se utilizaron en otros países para informar sobre el cáncer que padecían Fernando Lugo, Juan Manuel Santos, Dilma Rousseff o Lula da Silva.

Cerrando la puerta a los comentarios, se evita ese torrente de opiniones que servirían para presionar al gobierno de Cristina a que no informe a regañadientes sobre sus desmayos o manipule índices de pobreza e inflación. Torrente que clamaría por una esperada ley de transparencia y acceso a la información pública que obligue al gobierno a decir la verdad.

Los comentarios de la gente en los medios pueden ser dolorosos, pero prohibirlos desnaturaliza su función. La autorregulación clama más bien para que sean editados y ordenados, ya que administrar discusiones constructivas será siempre mejor opción. 

La gasolina la echan con gotero

Este fue el titular del diario venezolano 2001 por el que Nicolás Maduro se enfureció al punto que le pidió a la Fiscal General del país poner preso y multar al director del matutino por decir mentiras, cochinadas y crear zozobra en la población, una medida que días atrás su gobierno adoptó contra Globovisión, por un programa en la que se criticaba el desabastecimiento.

Maduro no es tonto. Bien asesorado por los de la isla, sabe muy bien que aunque se hable muy mal de él, pero que se hable, sigue siendo un instrumento formidable de propaganda y de enmascarar problemas mayores. Por eso Maduro en estas últimas semanas está apareciendo en todo lugar y con todo, casi de la misma forma omnipresente en que lo hacía Hugo Chávez.

Y como su antecesor, Maduro lo hace sin vergüenza con tal de que su nueva noticia tape a la otra. Por eso mientras todos los medios y en el Congreso nacional los diputados opositores se desbocaban en contra de los poderes extraordinarios que pidió para convertirse en legislador, los sorprendió con la creación del nuevo juguete, que al estilo de la dictadura cubana, servirá para controlar, espiar y pedir información a todo el mundo sin discriminar, ya sean entes públicos como privados, porque todos, según su cosmovisión, deben velar por la patria.

Así anunció el nuevo juguete, militarizado,  que en directa y exclusiva comunicación con él, le permitirá combatir “al enemigo interno”: Se trata del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), cuya justificación remontó al día en que expulsó a tres diplomáticos estadounidenses acusándolos de conspiración, por el solo hecho de reunirse con representantes de ONGs y legisladores de la oposición del interior del país.

El CESPPA, así como todos los demás elementos de control importados de Cuba, tiene el simple propósito de intimidar, con la intención de que se practique la autocensura y autorregulación ante las críticas y opiniones.

Se puede decir que Maduro ni es estadista ni lúcido gobernante, la economía y la política venezolanas son prueba de ello. Pero sí es un aplicado alumno de la propaganda más burda, aquella que dio sus frutos durante la Guerra Fría y que, aunque esté descompasada con los tiempos modernos del internet, puede ayudarle a creerse amo y señor, sintiéndose que tiene la sartén por el mango.

Cuando escribo estos post y repito sobre Maduro porque es un generador importante de groserías y noticias a granel, pienso en la difícil tarea que tienen los medios de comunicación y periodistas que están obligados a informar sobre todos los asuntos. Todos entendemos que Maduro, así como Chávez, entiende sobre estas debilidades (informativas)  y las aprovecha al máximo.