Los cubanos quieren libertad

El gobierno cubano sigue haciendo cambios para mejorar su economía maltrecha. La novedad de esta semana fue que el gobierno permite a los productores agropecuarios que empiecen a lidiar directamente en el campo de la oferta y la demanda, vendiendo sus productos en forma directa, sin necesidad de pasar por organismos del Estado.

El cambio es importante, como también lo fue el que se haya permitido que los cubanos puedan comprar o permutar casas y automóviles y dedicarse a proyectos de trabajo por cuenta propia.

Pero más allá de estos cambios que a muchos no les interesa, calculados en un 70% de la población, de acuerdo a una encuesta realizada recientemente por el Instituto Republicano Internacional (IRI), lo que muchos están reclamando es que más que cambios económicos, lo que se necesita en la isla es una profunda reforma política.

Los cubanos, según la encuesta, quieren elecciones y democracia, libertad de expresión, de prensa y acceso a la información, y medios de comunicación más independientes, menos propagandísticos. La encuesta se realizó en julio entre 572 adultos. Según lo que recogió el diario El Nuevo Herald, estos son algunos de los datos más relevantes:

• Casi 90 por ciento de los entrevistados dijo estar a favor de una economía de mercado, con el derecho de poseer propiedades y a operar negocios privados.

• Tres de cada cuatro favorecen las elecciones multipartidistas, la libertad de expresión y otros elementos de la democracia.

• Tres de cada cinco creen que los cambios económicos son imposibles sin reformas políticas.

• Menos de 7 por ciento de los encuestados dijo tener acceso a internet, y sólo 22 por ciento dijo tener acceso a teléfonos celulares.

El mundo de Chávez, al revés

La nueva y “tremenda” ley abrazada por Hugo Chávez para controlar los precios en Venezuela de productos de la canasta familiar, de primera y segunda necesidad, con el fin de sortear la inflación, es una medida política que no condice en nada con los movimientos de la economía. Generará, en todo caso, mayor desabastecimiento y escasez a mediano plazo.

La medida es populista y demagógica, simplemente dedicada a que los venezolanos perciban que el control de precios los beneficiará, lo que puede suceder en el corto plazo, es decir un par de semanas. Echarle la culpa a los monopolios y las transnacionales como Coca Cola y Colgate por los desorbitados precios que se pagan por esa bebida o la pasta dentífrica en comparación a otros países, es exorcizarse de las culpas propias de una política monetaria mal manejada.

Chávez, con estos anuncios, lo único que hace es profundizar lo que ha prometido siempre, tener un sistema socialista, con intervención del Estado en todos los procesos productivos, intelectuales o culturales del país. Es una medida que se compara en su audacia y estupidez a la nacionalización y expropiación de empresas, como si lo que ha sucedido en los últimos años, con esas medidas, estuvieran entregándole al país más estabilidad, menos inflación, más empleos y mayor productividad como siempre promete en las albricias de sus anuncios. Nada de eso sucedió ni sucederá con el control de precios, una medida que en ningún país resultó y que hoy por hoy es justamente la que el gobierno de Cuba está destrabando, en el entendimiento (muy tarde) de que sus + de 50 años de dictadura no sirvieron en materia económica ni para el bienestar socialista de sus ciudadanos.

Chávez sigue aumentando la carestía de todos los venezolanos, pero los más perjudicados son los pobres a los que dice defender. Chávez sigue administrando la pobreza y con tantos recursos que posee – el precio del petróleo todavía por las nubes – el país está desperdiciando y desaprovechando su momento histórico.    

Hoy, Día Mundial contra la Impunidad

Hoy se conmemora por primera vez el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta. El objetivo es crear conciencia por la impunidad rampante que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y exigir soluciones a los gobiernos.

La fecha se instauró en recordación de la masacre de Maguindanao de 2009,  una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que protestaban por irregularidades en un proceso electoral.

En América Latina tenemos nuestras propias masacres. Durante lo que va de este año, ya han sido asesinados 22 periodistas. Y el problema parece no tener solución. La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.

Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año, a los cinco reporteros asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.

Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las investigaciones de esos casos generan mayor violencia. El crimen del periodista colombiano, Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueves personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros estados, luego de recibir amenazas.

Por supuesto que la violencia y la impunidad no son propias a la prensa. Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya mataron a 73 este año.

En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y las Naciones Unidas en setiembre pasado, varias organizaciones, entre las que se destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la inacción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y periodistas. Pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que se haga más.

México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, y después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas, sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para su trabajo o porque están  coludidas con el crimen organizado.

La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares abriguen la esperanza de justicia y reparación.

Por sí solas, estas medidas no parece que podrán detener los altos índices de impunidad. Se necesitan estrategias más concertadas y globales.

Si las nuevas reformas promovidas por organismos políticos no funcionan o son insuficientes, éste podría ser el momento adecuado para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco Mundial, condicionen la asistencia económica, hasta que los países beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados concretos para reducir la impunidad. Muchas veces, la billetera vacía es lo único que nos moviliza.

El Gran Hermano

Fui invitado anoche a la librería Books & Books de Miami por Guillermo Lousteau del Instituto Interamericano para la Democracia para presentar al periodista Juan Carlos Calderón, escritor, junto a Christian Zurita, del libro El Gran Hermano, que retrata los negocios corruptos del hermano mayor del presidente Rafael Correa, Fabricio, con el estado ecuatoriano.

El caso de Calderón y Zurita, demandados por el presidente Correa por 10 millones de dólares y por una ministra del Gobierno, demuestran como los periodistas de investigación son perseguidos judicialmente en Ecuador. La libertad de prensa no existe para aquellos que quieran disentir u opinar diferente a los que piensa el gobierno.

Por suerte, el libro, ya convertido en un clásico del periodismo, por la rigurosidad y valentía de los autores para denunciar la corrupción, sirve como manual de periodismo de investigación.

Fui precedido en la palabra por Lousteau quien dijo que el mayor engaño para la democracia ecuatoriana es la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial. El autor del libro dentro de sus conclusiones, después de exponer detalles de la investigación, dijo que como nunca antes se necesita del deber de los periodistas investigativos en América Latina, de su valentía, para exponer la corrupción.

Por mi parte, al corresponderme hablar del contexto de la libertad de prensa en el Ecuador, dije que es importante que los periodistas y la gente no quede con la apreciación de que la libertad de prensa les pertenece a los medios y periodistas. Dije que si la gente no comprende que es un derecho inalienable el derecho a saber, y cuando se permite que los periodistas sean acosados como en Ecuador, se está permitiendo que se deteriore la democracia.

Lamentablemente Correa está haciendo del Ecuador donde la libertad de prensa, y por ende la democracia, no se respeta ni valora.

Siempre hubo ataques a la prensa

(Parte 1) Comparto con ustedes en estos cuatro posts a continuación, mi presentación en la Universidad de Harvard sobre Libertad de Prensa en América Latina, la que fue organizada por el Carr Center for Human Rights Policy de la Harvard Kennedy School, Nieman Foundation for Journalism at Harvard y David Rockfeller Center for Latin American Studies.

Siempre hubo y habrá abusos a la libertad de prensa y de expresión, no importa la ideología de los gobiernos. Sin embargo, la medida del autoritarismo sólo la revela la cantidad y frecuencia con que se cometen esos atropellos.

Hoy, sin dudas, los gobiernos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega, son los que con mayor frecuencia y decisión atacan a la prensa y la democracia.

Modifican las constituciones a su gusto. Someten al Poder Judicial y al Poder Electoral, como ocurrió en Nicaragua la semana pasada. Cierran medios como el caso de RCTV, cinco canales de cable y más de 30 radios en Venezuela. Persiguen a periodistas como Emilio Palacio y los hermanos Pérez en Ecuador. Abusan de la propaganda con cadenas nacionales, actos populares y se niegan a ofrecer conferencias de prensa. Desobedecen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expulsan activistas de los derechos humanos y libertad de prensa.

También ocurrían esos abusos en los gobiernos de Carlos Menem, Alberto Fujimori y Carlos Salinas de Gortari.

Ni que hablar de espionaje a periodistas. Hubo casos serios en los gobiernos de Alvaro Uribe, Alan García y de Néstor Kirchner. También han organizado campañas de desprestigio contra la prensa, como en los gobiernos de Evo Morales, Ricardo Martinelli y Alvaro Colom.

Pero ahora esos ataques son más preocupantes. Se trata de acciones más concertadas, con todos los recursos del estado.

Fabrican leyes para atacar

(Parte 2)

Estos gobiernos no son tontos, sus ataques se fabrican dentro de las leyes. Comenzaron por incluir la responsabilidad de los medios en las constituciones. Así nació en Venezuela la cláusula constitucional de la “información veraz”, que luego se expandió a varios países. Por eso preocupa mucho que el flamante presidente peruano, Ollanta Humala, durante la asamblea de la SIP en Lima hace un par de semanas, haya comparado a periodistas con militares y sacerdotes, diciendo que tienen la obligación de decir la verdad.

Lo peligroso es que por verdad, los gobiernos solo creen en la verdad oficial. Es en nombre de esa verdad oficial que emprenden cruzadas para democratizar a los medios y crean leyes de prensa que les sirven para tapar la corrupción.

Así nació el proyecto de Ley de Comunicación que esta semana discute el Congreso de Ecuador. Surgió de la necesidad de Correa, luego del escándalo por los contratos de su hermano Fabricio con el Estado.

La mayoría de las leyes de prensa surgieron de represalias del poder público contra el poder de los medios. Néstor Kirchner justificó así la Ley de Medios en Argentina. Antes, Chávez sancionó la Ley de Responsabilidad Social. Primero dijo que se trataba de una ley para proteger a los menores frente a la televisión, pero luego le sirvió para cerrar a RCTV, apretar a Globovisión. En diciembre modificó la ley para crear delitos sobre la crítica contra el gobierno en internet y las redes sociales.

La ley de Ecuador es peor. No solo legisla a la prensa escrita y los medios electrónicos; también crea un órgano de control de los contenidos, bajo la dirección de mayoría miembros del Poder Ejecutivo. Igual que en otros países, permite crear medios comunitarios en igualdad de condiciones que los privados y los públicos.

En teoría esta democratización de la comunicación suena muy bien, pero en la práctica es muy mala. Primero porque los Estados no usan a sus medios como públicos, sino como órganos de propaganda y segundo, porque a los medios comunitarios también los pueden manipular los gobiernos.

En este sentido, preocupa la propuesta del Partido de los Trabajadores en Brasil para hacer una ley de prensa con los mismos ingredientes. También en Uruguay, el presidente José Mujica amenazó con promulgar una ley de prensa si los medios no dejan de publicar noticias sobre violencia.

Pero no solo las leyes de medios limitan a la prensa. Evo Morales ha sancionado muchas, como la Electoral y anti Racismo, en las que incluye prohibiciones para los medios. Además en varios países existen leyes de desacato y los gobiernos, como el de Correa, se niegan a eliminarlas. Sin ellas, se les haría más difícil perseguir judicialmente a los periodistas.

Así lo demuestran más de una decena de juicios en Ecuador contra diarios como El Universo o contra periodistas como Juan Carlos Calderón y Christina Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, en referencia al escándalo del hermano mayor del Presidente.

Está demostrado que en estas revoluciones populistas la crítica a la autoridad y el disenso son delitos de opinión. Se castigan con cárcel, multas millonarias o exilio forzado, como el de Emilio Palacio en Ecuador o de Guillermo Zuloaga en Venezuela.

Este sistema persecutorio no estaría completo sin las campañas de desprestigio. Por ejemplo, Correa dedicó siete cadenas nacionales de radio y televisión en contra de los autores del libro “El Gran Hermano”. Y la semana pasada, otras tantas, en contra de periodistas y activistas que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos contra la libertad de prensa.

El objetivo es confrontar a los periodistas públicamente o en los tribunales y así generar autocensura. Correa lo está logrando. Según Fundamedios, un 70% de los periodistas practican la autocensura.

Nunca antes se había visto un avance tan grande por el control de los medios de parte de los gobiernos. Correa creó un emporio 19 medios de comunicación oficiales. En Nicaragua el gobierno o la familia de Ortega posee más de una docena de radios y televisoras. Lo mismo sucede en Venezuela, así sea con grandes cadenas para competir contra CNN o pequeños periódicos; mientras en Argentina, los testaferros del gobierno han comprado decenas de radios y televisoras.

Estas nuevas cadenas de medios oficialistas permiten campañas de desprestigio contra periodistas. “La Hojilla” en Venezuela y “6, 7 y 8” en Argentina, son solo ejemplos. También se usa un “ejército” de cibermilitantes que atacan a opositores y a periodistas, en redes sociales, en blogs, y páginas de internet de medios tradicionales. Se les inunda de insultos.

La presión no es solo política, sino también económica. Es práctica extendida el uso de publicidad estatal para castigar a los medios críticos. Y en ningún país todavía se ha sancionado una ley para regular este tema, pese a que la Corte Suprema de Justicia en Argentina lo obliga al gobierno con ese fin. También en países como Nicaragua y Venezuela se bloquea la importación de productos para el funcionamiento de los medios.

Todo lo anterior se puede resumir así: El control de contenidos, el bloqueo de informes sobre corrupción y la promoción de la autocensura, son la norma en muchos gobiernos de la región.

Como si esto fuera poco, a todo este embate del gobierno - cuya responsabilidad constitucional debe ser proteger la libertad de prensa – debemos sumarle un factor en crecimiento: el narcotráfico y el crimen organizado.

Vivimos un clima de inseguridad pública sin precedentes. Es la mayor preocupación de la gente en todos los países.

Ese clima ha propiciado altos niveles de violencia contra el periodismo y, de nuevo, más autocensura ante la impunidad y la inacción de los gobiernos para proteger a los periodistas.

La violencia ya no está focalizada solo en México y en la zona de frontera con Estados Unidos. Así como el narcotráfico, se ha expandido a otros países. Este año han sido asesinados cinco periodistas en México, pero también cinco en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, como en El Salvador, Guatemala, Colombia y República Dominicana.

La violencia y la autocensura no solo afectan a los medios tradicionales. En México, cuatro personas fueron asesinadas en los últimos dos meses en represalia por denunciar las actividades de los narcotraficantes en blogs como “Nuevo Laredo en la Mira” y en Twitter y Facebook.