Santos: recuperar la memoria y + conexión

Días antes de que el Ejército colombiano matara esta semana al jefe guerrillero de las FARC, Alfonso Cano, el presidente Juan Manuel Santos firmó la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa y en un gesto que lo ennoblece como periodista, dedicó el acto a los comunicadores que “han entregado sus vidas en honor a la verdad y en defensa de nuestra libertad”.

Su actitud fue conmovedora tratándose de que en su memoria persisten más de 100 periodistas asesinados en las últimas décadas, quienes cayeron, en su mayoría, por represalias de los narcotraficantes y guerrilleros, muchas veces en connivencia con los funcionarios y políticos de turno. Ojalá que esta firma, que el Presidente centró en el artículo 4 de la Declaración en el que se recalca la violencia y la necesidad de que los estados deben “investigar con prontitud y castigar con severidad” a los crímenes y los criminales, sirva para que el sistema judicial envigorice su trabajo para atrapar a los violentos y no dejar que más de 30 casos de asesinatos contra periodistas prescriban.

“Muchos de nuestros periodistas – dijo Santos- han muerto por la verdad, pero su sacrificio ha hecho que el corazón de nuestra sociedad sea hoy más libre que nunca. A esos mártires debemos rendirles honores por la solidez de sus convicciones y por su valor para enfrentarse a los violentos… debemos darles gracias por su olfato para ladrar —como heroicos perros guardianes de la sociedad— y alertarnos cuando los criminales han querido hacer de las suyas”.

Otro aspecto que hace a la libertad de prensa y de expresión en Colombia fue altamente considerado por Santos en su discurso. Al dirigirse a sus ex colegas, dirigentes de periódicos que representaban a Andiarios, la asociación nacional de diarios colombianos, Santos mencionó que sabía de sus preocupaciones y desafíos profesionales, ante la caída de la publicidad en sus negocios y porque las audiencias están cada vez más yéndose del papel hacia la lectura digital.

Para darles ánimo de mantener los mismos valores del periodismo pero adaptarlos a las nuevas tecnologías, Santos desglosó un ambicioso plan. Se trata del Plan Vive Digital, sobre el que dijo permitirá cuadriplicar las conexiones a banda ancha a 8,8 millones de un total de 4,1 millones actuales y de los 2,2 millones al principio de su Presidencia en 2010. También anunció que hace un mes, su gobierno cerró la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica con el que se espera conectar a 900 municipios del país.

Lo de Santos se trató de dos obras importantes para la democracia. Recuperar la memoria de quienes fueron asesinados por defender su derecho a la libertad de expresión y de prensa, y lograr mayor rapidez y conexión en la comunicación entre ciudadanos.

Correa: por la boca muere el pez

Lo del gobierno del presidente Rafael Correa no tiene nombre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de pedirle oficialmente a su gobierno explicaciones por las represalias tomadas públicamente contra periodistas y activistas de los derechos humanos ecuatorianos que el 25 de octubre acudieron a las sesiones ordinarias de esa institución, convocados a declarar durante una audiencia dedicada a la libertad de prensa.

Luego de esa audiencia, quienes participaron fueron escrachados e insultados en las cadenas de radio y televisión del gobierno, en una muestra más de intolerancia contra quienes opinan y piensan diferente al discurso oficial. Es evidente que estos ataques no son más que formas directas de intimidación en busca de autocensura.

Correa está cada vez más expuesto a la opinión internacional y es el mejor servicio que esos periodistas, los activistas de derechos humanos y la CIDH pueden hacer a favor de la libertad de expresión. Nadie debiera tener miedo a expresarse libremente y el gobierno tiene prohibido, por la Constitución, tomar represalias en contra de quienes opinan diferente.

Correa viene dando muestras de arrogancia e intolerancia, desde los juicios millonarios que interpuso contra periodistas y medios, hasta cuando se abrió la camisa para que le peguen un tiro en el pecho durante la rebelión militar. Debe tener en cuenta que en algún momento sus propios dichos le estarán jugando una mala pasada; hay quienes ya deben estar acumulando mucha evidencia sobre sus insultos y difamación, para pagarle con la misma moneda a sabiendas de las razones valederas del refrán de que por la boca muere el pez.

Cuba: comprar casas, autos, pero…

El gobierno de los Castro dio un nuevo paso para solventar una economía comunista que se cae a pedazos. Mientras Fidel escribe en contra del capitalismo del G20 y acusa a las potencias y a los países emergentes de todos los males de la raza humana, su hermano Raúl autorizó a los cubanos a comprar, vender y permutar sus viviendas.

La nueva medida se suma a otras en esa misma dirección como la autorización para compra – venta de automotores y a un significativo número de profesiones que los cubanos pueden hacer por su propia cuenta, todo habilitado en este 2011.

No hay que engañarse, la esencia del comunismo cubano no cambia en nada. Estas son simplemente oportunidades económicas para respaldar un sistema económico siniestro que estuvo siempre subsidiado por países amigos, así fueran primero los rusos – no solo por cuestiones geopolíticas estratégicas sino también por exportación de revolucionarios - los chinos y en la última década por Venezuela.

Para que uno crea que el gobierno de Cuba está adoptando cambios y alejándose del comunismo, la revolución debiera permitir que los cubanos fueran libres de trasladarse dentro o fuera de su país, que puedan expresar lo que sienten sin temor a sufrir represalias y que puedan formar asociaciones bajo intereses comunes e individuales; y que el Estado deje que el libre albedrío sea el valor por excelencia, como en cualquier sistema político que se precie de ser democrático.

Los Castro son embusteros. Solo quieren prolongar el comunismo, así como la inmunidad de la que gozan sin tener que enfrentar opiniones, oposición ni a la justicia.

Cómo ganarle a la corrupción

La batalla contra la corrupción jamás será ganada si los ciudadanos se mantienen indiferentes ante el secretismo y la cultura del silencio que estimulan e impulsan algunos gobiernos y no pocas entidades privadas.

Esta pelea por exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública no es suficiente si solo la dan las organizaciones no gubernamentales, como esta semana pidió la Alianza Regional por la Libre Expresión durante las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia, los protagonistas de la “Primavera Árabe” y los del movimiento Ocupemos Wall Street en Estados Unidos, están demostrando que cuando los ciudadanos se expresan y organizan en torno a objetivos comunes, los gobiernos escuchan; y se producen cambios.

La mayor exigencia debe ser para los gobiernos ya que pocos son transparentes y muchos no cuentan con leyes de acceso a la información que los obliguen a rendir cuentas o permitir que se les audite, como Venezuela. En ese país, el grupo Espacio Público denunció que de 65 peticiones de información hechas al gobierno en el último trimestre, un 84% quedó sin respuestas.

Pero aún con esas leyes de acceso, tampoco existen garantías de gobierno abierto y transparencia. En Guatemala, Jamaica y República Dominicana hasta los partidos políticos las incumplen, mientras que en Canadá, una auditoría hecha por periódicos, reveló que solo un 61% de agencias gubernamentales entregó información dentro de los 30 días estipulados por una legislación vigente desde hace dos décadas.

En materia de corrupción, los gobiernos tienen doble responsabilidad, porque primero deben probar su honestidad para después exigirla. Un estudio del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, demostró cómo los funcionarios corruptos aprovechan vacíos legales y subterfugios jurídicos para malversar fondos estatales y aceptar sobornos. En cuanto a la reducción de delitos que se cometen a través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, el estudio exigió información pública más accesible y legislación para mejorar auditorías.

Esta semana el Congreso de Brasil pareciera haber escuchado. Aprobó la Ley de Acceso y Transparencia después de ocho años de trabas, en especial de los senadores y ex presidentes José Sarney y Fernando Collor de Melo, que no se destacaron por ser gobiernos de manos limpias. La nueva ley, que obligará al gobierno federal, a 26 estados y más de cinco mil municipios a contestar peticiones, revelar datos en internet y promover la participación ciudadana en audiencias públicas, será una herramienta que bien aprovechada, permitirá a la presidenta Dilma Rousseff profundizar su ataque contra la corrupción.

Lo destacable, es que Rousseff no tendría la determinación para luchar contra la corrupción – acaba de deshacerse de su quinto ministro esta semana – de no ser por las muestras públicas de indignación en Brasilia contra los escándalos impunes. No es para menos, en Brasil la corrupción es cultural. La Federación de Industrias calculó que en la última década, el desfalco a las arcas del Estado – es decir al bolsillo de todos - alcanzó a la vergonzante cifra de 406 mil millones de dólares, similar a la deuda externa conjunta de varios países latinoamericanos. 

Existen todavía gobiernos muy renuentes a tener leyes de acceso a la información. Ojalá que la actitud de Brasil contagie a otros, como al de Cristina de Kirchner, para que no crea que el 54% de votos en su reelección, es un cheque en blanco para mantener el silencio y no investigar la corrupción propia y ajena. Ojalá también sacuda al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien de ser reelecto el 16 de noviembre, querrá mantener el hermetismo de su función, criticada hasta por los periodistas de medios oficiales.

La experiencia indica que si bien estas leyes no son la panacea, son el primer paso ideal para cambiar la cultura del silencio por una mentalidad más abierta y responsable, en la que los gobiernos tomen conciencia que los ciudadanos son los verdaderos propietarios del Estado y a quienes deben sus servicios.

Pero exigir esa cambio de mentalidad, no es tarea de las organizaciones, sino responsabilidad directa de los ciudadanos.

Arrogancia de Correa, justicia y CIDH

El diario El País de Madrid se dedicó esta semana a reportar sobre la falta de independencia de la justicia en Ecuador y el atropello constante del presidente Rafael Correa a todo aquel que piense y se exprese diferente a la voluntad de su gobierno. Muchos videos que durante años tuvimos oportunidad de ver durante las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, son testimonio de la arrogancia y el desparpajo con el que Correa se dirige a quienes considera sus súbditos. Todos los demás ciudadanos de su país sin distinción de los cargos, puestos y labores que desarrollen.

En uno de esos inquietantes video-shows, se lo ve a Correa decir que como presidente del país, lo es del Estado, por lo que reclama que es el jefe no solo del Poder Ejecutivo, sino también de todas sus dependencias. Peligrosamente  se refiere a que su poder también abarca a los poderes Judicial, Legislativo y Electoral. ¡Vaya forma de definir una democracia!

Esta semana la Asociación Mundial de Periódicos, comprobó en una vista a Ecuador lo que ya dos misiones internacionales de la SIP y del Comité de Protección de Periodistas, establecieron: La justicia está secuestrada por el Poder Ejecutivo, usándola como brazo armado para callar a opositores, medios y periodistas.

La arrogancia de Correa es perversa. Dijo en estos días que le da la bienvenida a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su país, pero que no la invitará. Para los desprevenidos esto suena a que Correa tiene todo el derecho a no invitar a una delegación por temor a que en su propia casa le podría condenar por sus faltas graves a la libertad de prensa y de expresión. Pero en este juego verbal, Correa esconde que una misión de la CIDH solo puede apersonarse en un país si existe una invitación formal para hacerlo. Pero aún peor, Correa dijo que él no aceptará ninguna recomendación de la CIDH si habla mal de sus políticas. Lo que es lo mismo a desobedecer los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano firmó y ratificó.

Pero bueno, como Correa se autodefine como dueño del Estado, es decir patrón de estancia, puede hacer lo que le da la gana.