Cómo ganarle a la corrupción

La batalla contra la corrupción jamás será ganada si los ciudadanos se mantienen indiferentes ante el secretismo y la cultura del silencio que estimulan e impulsan algunos gobiernos y no pocas entidades privadas.

Esta pelea por exigir mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública no es suficiente si solo la dan las organizaciones no gubernamentales, como esta semana pidió la Alianza Regional por la Libre Expresión durante las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los estudiantes en Chile, los indígenas en Bolivia, los protagonistas de la “Primavera Árabe” y los del movimiento Ocupemos Wall Street en Estados Unidos, están demostrando que cuando los ciudadanos se expresan y organizan en torno a objetivos comunes, los gobiernos escuchan; y se producen cambios.

La mayor exigencia debe ser para los gobiernos ya que pocos son transparentes y muchos no cuentan con leyes de acceso a la información que los obliguen a rendir cuentas o permitir que se les audite, como Venezuela. En ese país, el grupo Espacio Público denunció que de 65 peticiones de información hechas al gobierno en el último trimestre, un 84% quedó sin respuestas.

Pero aún con esas leyes de acceso, tampoco existen garantías de gobierno abierto y transparencia. En Guatemala, Jamaica y República Dominicana hasta los partidos políticos las incumplen, mientras que en Canadá, una auditoría hecha por periódicos, reveló que solo un 61% de agencias gubernamentales entregó información dentro de los 30 días estipulados por una legislación vigente desde hace dos décadas.

En materia de corrupción, los gobiernos tienen doble responsabilidad, porque primero deben probar su honestidad para después exigirla. Un estudio del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, demostró cómo los funcionarios corruptos aprovechan vacíos legales y subterfugios jurídicos para malversar fondos estatales y aceptar sobornos. En cuanto a la reducción de delitos que se cometen a través de empresas fantasmas, fundaciones y fideicomisos, el estudio exigió información pública más accesible y legislación para mejorar auditorías.

Esta semana el Congreso de Brasil pareciera haber escuchado. Aprobó la Ley de Acceso y Transparencia después de ocho años de trabas, en especial de los senadores y ex presidentes José Sarney y Fernando Collor de Melo, que no se destacaron por ser gobiernos de manos limpias. La nueva ley, que obligará al gobierno federal, a 26 estados y más de cinco mil municipios a contestar peticiones, revelar datos en internet y promover la participación ciudadana en audiencias públicas, será una herramienta que bien aprovechada, permitirá a la presidenta Dilma Rousseff profundizar su ataque contra la corrupción.

Lo destacable, es que Rousseff no tendría la determinación para luchar contra la corrupción – acaba de deshacerse de su quinto ministro esta semana – de no ser por las muestras públicas de indignación en Brasilia contra los escándalos impunes. No es para menos, en Brasil la corrupción es cultural. La Federación de Industrias calculó que en la última década, el desfalco a las arcas del Estado – es decir al bolsillo de todos - alcanzó a la vergonzante cifra de 406 mil millones de dólares, similar a la deuda externa conjunta de varios países latinoamericanos. 

Existen todavía gobiernos muy renuentes a tener leyes de acceso a la información. Ojalá que la actitud de Brasil contagie a otros, como al de Cristina de Kirchner, para que no crea que el 54% de votos en su reelección, es un cheque en blanco para mantener el silencio y no investigar la corrupción propia y ajena. Ojalá también sacuda al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien de ser reelecto el 16 de noviembre, querrá mantener el hermetismo de su función, criticada hasta por los periodistas de medios oficiales.

La experiencia indica que si bien estas leyes no son la panacea, son el primer paso ideal para cambiar la cultura del silencio por una mentalidad más abierta y responsable, en la que los gobiernos tomen conciencia que los ciudadanos son los verdaderos propietarios del Estado y a quienes deben sus servicios.

Pero exigir esa cambio de mentalidad, no es tarea de las organizaciones, sino responsabilidad directa de los ciudadanos.

Arrogancia de Correa, justicia y CIDH

El diario El País de Madrid se dedicó esta semana a reportar sobre la falta de independencia de la justicia en Ecuador y el atropello constante del presidente Rafael Correa a todo aquel que piense y se exprese diferente a la voluntad de su gobierno. Muchos videos que durante años tuvimos oportunidad de ver durante las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, son testimonio de la arrogancia y el desparpajo con el que Correa se dirige a quienes considera sus súbditos. Todos los demás ciudadanos de su país sin distinción de los cargos, puestos y labores que desarrollen.

En uno de esos inquietantes video-shows, se lo ve a Correa decir que como presidente del país, lo es del Estado, por lo que reclama que es el jefe no solo del Poder Ejecutivo, sino también de todas sus dependencias. Peligrosamente  se refiere a que su poder también abarca a los poderes Judicial, Legislativo y Electoral. ¡Vaya forma de definir una democracia!

Esta semana la Asociación Mundial de Periódicos, comprobó en una vista a Ecuador lo que ya dos misiones internacionales de la SIP y del Comité de Protección de Periodistas, establecieron: La justicia está secuestrada por el Poder Ejecutivo, usándola como brazo armado para callar a opositores, medios y periodistas.

La arrogancia de Correa es perversa. Dijo en estos días que le da la bienvenida a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su país, pero que no la invitará. Para los desprevenidos esto suena a que Correa tiene todo el derecho a no invitar a una delegación por temor a que en su propia casa le podría condenar por sus faltas graves a la libertad de prensa y de expresión. Pero en este juego verbal, Correa esconde que una misión de la CIDH solo puede apersonarse en un país si existe una invitación formal para hacerlo. Pero aún peor, Correa dijo que él no aceptará ninguna recomendación de la CIDH si habla mal de sus políticas. Lo que es lo mismo a desobedecer los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano firmó y ratificó.

Pero bueno, como Correa se autodefine como dueño del Estado, es decir patrón de estancia, puede hacer lo que le da la gana.   

Lobo debe hacer como Santos

Si los truenos no siguen a la Operación Relámpago, la Policía y el Ejército hondureños solo lograrán cambios cosméticos en materia de seguridad, en un país que la inseguridad ciudadana ha alcanzado los peores índices del mundo. Anunciada por el presidente Porfirio Lobo como una operación para restablecer el orden y la credibilidad en las fuerzas de seguridad para combatir el crimen, a pocas horas de implementarse pareciera que se trata de una operación de muchas nueces y poco ruido.

Como en cualquier borrasca de verano, si a los relámpagos no le sigue la lluvia, solo pasará como una tormenta pasajera y molesta. El Presidente Lobo ya hizo unos cambios en la cúpula de la Policía, empujado por el detonante del asesinatos de dos universitarios a manos de policías corruptos, algunos de ellos todavía prófugos, pero pareciera que se trata más de una medida política que una depuración necesaria y efectiva, reclamada por la historia de una fuerza del orden que no solo Lobo, sino muchas administraciones anteriores, fueron dejando que de a poco se pudra.

En instancias tan dramáticas como las que viven todos los hondureños de cara al narcotráfico, crimen organizado y pandillas juveniles en expansión, y a la infiltración criminal de la policía y otras entidades públicas, a veces lo mejor es borrón y cuenta nueva. La depuración ante situaciones graves, debería también implicar eliminar y barajar de nuevo; al tiempo de traspasar el mandato momentáneo y transitorio de la seguridad a otras fuerzas que puedan suplir esas garantías constitucionales, como el caso de los soldados y militares. La depuración – en analogía con la tormenta – no solo deben implicar apariencias de luces y centellas, sino también el rompimiento de la lluvia para que lave y limpie, separando y castigando a los corruptos y aquellos que se hayan dejado tentar por los atajos para tener una vida mejor habiendo expuesto a los ciudadanos a mayor inseguridad.

De ejemplo valga lo que ayer hizo el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Eliminó al DAS, el servicio de inteligencia del país, para reemplazarlo el año que viene con una fuerza de inteligencia distinta y profesional al servicio del Estado y sus ciudadanos. El DAS no necesitó de relámpagos para ganar credibilidad, ya estaba saturado de mucha corrupción y criminalidad sin posibilidades de reganar la confianza de la gente. Santos lo eliminó porque era imposible hacerle creer a los colombianos que se acabaría la corrupción, las escuchas ilegales, los crímenes y todos los abusos de un organismo que en los papeles estaba destinado a la protección de los intereses de la nación y la seguridad de los ciudadanos., pero que en la práctica se volcó contra su propio pueblo.

Santos hizo lo que Lobo debiera hacer. Eliminar a un organismo corrupto y reorganizar a una fuerza del orden, así se llame Policía Única, Nacional o el nombre que quiera darle, con nuevos integrantes, mayores recursos y salarios, sentido de la ética, cuerpos élites de investigación y prevención, y que no solo le devuelvan a los hondureños la credibilidad en el sistema sino la dignidad de vivir tranquilos.

La Policía Nacional de Colombia - cuyo jefe, el general Naranjo ha sido reconocido varias veces como el mejor policía del mundo - y los Carabineros de Chile, otra de las policías latinoamericanas reconocidas por su eficiencia y disuasión de la corrupción, son los mejores cuerpos de seguridad de nuestro continente, de las que el gobierno de Honduras debería aprender y emular sus políticas.  

Impunidad policial; y depuración necesaria

En forma cíclica las policías del continente se ven involucradas en actos criminales que no solo desacreditan a sus mismas fuerzas, sino que también hacen añicos nuestra confianza y derrumban la esperanza de que los índices de inseguridad serán alguna vez reducidos.

En muchos países o regiones, hace rato que las policías generan tanta desconfianza como los grupos criminales, con el agravante de que uno espera que estos últimos grupos se comporten de esa forma, pero no quienes deben velar por el orden.

El asesinato de dos universitarios hondureños, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, a manos de varios policías, algunos de los cuales están prófugos tras ser liberados por la propia Policía, habla a las claras de la desprotección en la que vivimos y de la poca confianza que puede existir en un país donde los abusos policiales son parte de la cultura del Estado. Si a esto le sumamos, las declaraciones del ex ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, sobre la infiltración del narcotráfico en las filas altas de la policía, no se puede esperar nada más de que el presidente Profirio Lobo, como prometió desde el inicio de su gobierno, inicie una depuración profunda y rápida de las fuerzas del orden.

Como bien dijo ayer el presidente mexicano Felipe Calderón, más vale una policía chica y eficiente que una grande y criminal. Sus palabras tampoco son nuevas, casi ya llegando al final de su Presidencia, Calderón siempre habló de la necesidad de depurar los cuerpos policiales que están, en muchos estados, íntimamente ligados al narcotráfico, permitiendo la expansión grosera del crimen organizado. Calderón ahora pidió mayor rapidez en la depuración de las policías, sabiendo que los militares no pueden ganar por sí solos la guerra contra los narcos, ya que la policía es el único cuerpo que puede devolverle la confianza perdida a los mexicanos.

Tampoco en Estados Unidos la corrupción es ajena a la policía. Todas las semanas se conocen arrestos y castigos contra policías. En Nueva York, 12 agentes fueron detenidos y separados de sus fuerzas, involucrados en tráfico de influencias y en todos los distritos son separados e investigados por abuso de poder. La única diferencia es que en Estados Unidos los departamentos de Investigaciones Internas y auditorías de las policías son estrictos, y el público tiene confianza que la depuración de los cuadros policiales es constante y que rinde frutos en materia de confianza.

La batalla en contra de la criminalidad y la inseguridad ciudadana es una prioridad que exigen los ciudadanos latinoamericanos. Nada es tan importante como la tranquilidad y la confianza en el sistema.

El triunfo de la justicia

Esta semana que pasó trajo excelentes noticias en materia de justicia. Tanto en Argentina, Uruguay como en Brasil, se adoptaron medidas judiciales y legislativas para acabar con la impunidad y la inmunidad de muchos criminales de la época del Plan Cóndor – entongue entre las dictaduras militares que asolaron el Cono Sur del continente - quienes habían sido beneficiados por el olvido, los perdones y amnistías y hasta leyes de Punto Final.

Dos cosas muy interesantes se desprenden de lo que se acordó en los tres países. Primero, la esperanza de que aunque la justicia sea lenta, terminará por imponerse al final para que todo el sistema y todos los ciudadanos nos sintamos iguales y sin privilegios. Segundo - tanto ayer como hoy - por más que algunos gobiernos traten de perpetuarse en la impunidad con la promulgación de leyes para su propio beneficio (así sea las de amnistía) o traten de tapar su corrupción o retuerzan las leyes para reformar constituciones y seguir en el poder o limitar a los congresos y a las cortes, existirá siempre la esperanza de que la justicia prevalecerá. Un buen mensaje también para los gobiernos actuales, especialmente aquellos que se sienten arrogantes.

Esta semana en Argentina una corte sentenció a 12 ex militares y policiales a cadena perpetua y otras penas menores, por los crímenes que se cometieron durante la dictadura de las juntas militares entre 1976 y 1983. Gracias a la derogación en 2005 de una ley de amnistía, fueron sentenciadas desde entonces 262 personas, además de otros 802 casos desde que Raúl Alfonsín y la democracia irrumpieron en 1983.

Otra medida relevante de esta semana fue la derogación de la ley de amnistía por parte del gobierno de Uruguay, que también ayudará a rever parte de la historia de ese país, de la que el propio presidente José Mujica estuvo involucrado como guerrillero y preso político. Lo mismo sucedió con el caso de Brasil, aunque con una situación un poco más tímida, al ser el Congreso el que le miércoles pasado creó una Comisión de la Verdad, que tendrá como objetivo primordial  revisar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares entre 1964 y 1985, y se podrá así escudriñar mejor las peripecias de la presidenta Dilma Rousseff, quien también fue activista de la guerrilla, detenida en celdas clandestinas y torturada.

Ojalá que en su capacidad, la justicia para que sea entera y verdadera, también mire con la misma óptica aquellos crímenes de lesa humanidad que perpetraron los grupos clandestinos y guerrilleros que pensaron que la lucha de las ideas debía ser por las armas. Esa lucha también fue fratricida y tiene sus responsabilidades ante los derechos humanos que violaron constantemente.