Siguen los asesinatos contra periodistas

Este es evidentemente el año más trágico para los periodistas de la última década. Ya fueron asesinados 28 periodistas. El crimen reportado este fin de semana en Nuevo Laredo fue macabro. El cartel de los Zetas, con total saña e impunidad, secuestró, mató y desmembró a la periodista María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, jefa de Redacción del diario Primera Hora de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por la nota encontrada donde yacía su cuerpo cerca de un monumento a Cristóbal Colón en una plaza de Nuevo Laredo, junto a un teclado, un mouse y un mensaje de los Zetas, habría sido asesinada por reportar en Twitter sobre las actividades de los narcotraficantes bajo el seudónimo La Nena de Laredo.

La Sociedad Interamericana de Prensa de inmediato reaccionó contra el presidente Felipe Calderón que hace un año, en setiembre de 2010, prometió a la institución crear un sistema eficiente para defender a los periodistas, basado sobre la agenda pública de la SIP que incluye una reforma de política públicas tendiente a federalizar los crímenes contra periodistas, aumentar las penas para los responsables, que esos delitos no prescriban y a crear un sistema de protección para los comunicadores.

Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP expresó su frustración al recordar “el incumplimiento de las promesas del presidente Felipe Calderón, quien justo hace un año nos aseguró en una reunión que tuvimos con él que redoblaría esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsaría una reforma para que los crímenes contra periodistas fueran tratados como delito federal”.
“Es totalmente inaceptable”, remarcó Marroquín, presidente del diario Siglo 21 de Guatemala, que “el gobierno no tenga la voluntad política necesaria para implementar las reformas”, y agregó que “la falta de acción y garantías ha generado una evidente cultura de autocensura que está carcomiendo a la actividad periodística y el derecho del público a ser informado”.
Además de Marroquín, en el comunicado oficial de la SIP, el presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, repudió “este nuevo asesinato de un periodista”, añadiendo que “aunque no tengamos certeza de los móviles en cada uno de los crímenes, no podemos dejar de denunciar y exigir acciones inmediatas de las autoridades para esclarecerlos, sobre todo cuando este año ya han sido asesinados nueve comunicadores y otro está desaparecido”.
Ealy Ortiz, presidente del diario El Universal de México, también reprochó al Congreso mexicano por su “lentitud y desidia” para aprobar un proyecto de ley para que se federalicen los crímenes contra la libertad de expresión, en referencia a la discusión entre legisladores para aprobar la iniciativa que se dio hace pocas semanas. “La violencia y los crímenes contra periodistas – dijo- no es tema que haya surgido en el 2011, venimos hace años observando cómo los delincuentes siguen ganando terreno y aplican la violencia para ajustar sus cuentas, mientras tanto, se sigue en México sin tomar decisiones ejemplares.”

En noviembre de 2010, en el marco de la asamblea general de la SIP en Mérida, legisladores mexicanos de la Comisión Especial para el Seguimiento de Agresiones a Periodistas de la Cámara de Diputados prometieron trabajar en materia de federalización, agravamiento de penas y no prescripción. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances en ese sentido.
La SIP también hizo observaciones sobre estos temas a la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas, durante su Conferencia Hemisférica Universitaria realizada a fines de agosto en Puebla, México, criticando la falta de acciones concretas para esclarecer una centena de crímenes ocurridos en las dos últimas décadas.
Además de Macías, también han sido asesinados en el 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, de Ciudad de México; Humberto Millán Salazar, de Sinaloa; Yolanda Ordaz de la Cruz, Miguel Angel López Velasco y Noel López Olguín, de Veracruz; Luis Emmanuel Ruiz Carrillo y Rodolfo Ochoa Moreno, de Coahuila; y sigue desaparecido Marco Antonio López, de Guerrero.

Benedicto XVI y la renovación de la Iglesia

El Papa habló en Alemania de la necesidad de cambio en la Iglesia Católica, que se renueve, de despojarse de su riqueza terrenal y de su poder político, y concentrarse en su liderazgo espiritual, tratando de detener el descenso de la práctica religiosa.

La tarea es inmensa y necesaria, en especial por la ola de delitos que cometieron los propios pastores, tanto en materia de crímenes sexuales contra niños y jóvenes, y por encubrimiento de esos delitos.

Aunque haya estudios que demuestren lo contrario, estoy más convencido que nunca que el celibato es uno de los males de la Iglesia, así como que no se permita a las mujeres abrazar el sacramento del sacerdocio. Se trata de una doble discriminación que necesita ser modificada. La Iglesia Católica pierde al no tener en un seno a quienes desean abrazar el sentido humano de una familia y dedicarse a Dios. Pierde también porque muchos eligen otras denominaciones religiosas donde esas dos vocaciones complementarias son permitidas.

Correa mal parado en Nueva York

La visita esta tarde del presidente Rafael Correa a Columbia University fue un fiasco si se la observa desde el punto de vista de la libertad de prensa y de expresión y un éxito rotundo si se la mira desde el punto de vista de la propaganda. En todo caso, como bien denunció ayer la SIP, en una carta enviada a la Universidad, su charla sirve para visualizar el carácter contradictorio de Correa sobre lo que sostiene en materia de libertad de prensa y las acciones que adopta en su contra.

Correa, a quien pocas horas antes el alcalde de Union City de New Jersey lo declaró persona non-grata, participó de la conferencia sobre medios de comunicación y democracia, con la misma arrogancia de siempre, la que el telepromter, para leer en un pálido inglés, no disimuló. Especialmente cuando en la sesión de preguntas se ofuscó y llamó mentiroso a Carlos Lauría, el coordinador de la región de Las Américas del Comité de Protección de Periodistas, quien acaba de llegar de Ecuador con un lapidario informe en contra del gobierno por su persecución judicial y administrativa contra periodistas y medios de comunicación.

Correa durante la conferencia estuvo a sus anchas y con la misma cantaleta aburrida de siempre. Habló de la falta de ética histórica de la prensa especialmente ante gobiernos progresistas como el de Salvador Allende en Chile o el de Evo Morales en Bolivia; sobre la necesidad de terminar con la prensa privada y oportunista; sobre sus influencias como actora política de todos los procesos históricos de la región y en su país; y, básicamente, le echó la culpa a la prensa de todos los males. Para ello puso mucho énfasis en la necesidad de sancionar la Ley de Comunicación, resaltando que con los nuevos porcentajes de propiedad (un tercio para cada parte, privada, pública y comunitaria) los males de la prensa corrupta se acabarán en el Ecuador.

Respecto al juicio contra los hermanos Pérez, dueños de El Universo y contra Emilio Palacio, repasó hasta tratados internacionales de los que leyó párrafos en que se explica que “toda persona” (y puso mucho énfasis en ello) tiene el derecho a que se respete su honra. Obviamente olvidó que él es una figura pública y que como Presidente no tiene los mismos derechos que “toda persona”, sino más bien obligaciones.

Lo que más me disgustó es que no hubo realmente contrapesos de la audiencia, solo el incidente con Lauría y una pregunta sabia de un estudiante graduado en que le hizo ver que no podía separarse la libertad de informar de la de opinar como él remarcó. Por lo demás, recibió muchos aplausos de estudiantes y académicos que estimo se generaron por varias razones: por respeto a su investidura, por desconocer la realidad del Ecuador o por la pobre formación académica que hace que se justifiquen los dichos y atropellos de Correa contra una prensa que considera deshonesta e indigna.

Justamente esto último es lo que más me perturba, ya que a los estudiantes se les inculca sobre los valores teóricos de la Primera Enmienda, pero no saben distinguir cuando en la práctica esos principios son arrollados.

En fin, lo de Correa, como siempre, fue pura propaganda.

Democracia como la gente

Una lucha decidida contra la inseguridad ciudadana y la corrupción debe ser el norte de los políticos latinoamericanos si de verdad quieren una democracia fuerte, como la que merecen y quieren vivir sus pueblos.

Varios líderes y ex presidentes, sin embargo, como lo plantearon esta semana en Lima en el décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana, prefieren seguir con su vieja cantaleta de crear mecanismos de monitoreo para observar fallas o interrupciones institucionales, cuando las prioridades de los ciudadanos simplemente pasan por poder caminar y despertarse tranquilos, sin miedo a los atracos y los robos, y que los corruptos terminen en la cárcel.

La Carta, creada en 2001, ya demostró que no es muy útil en los momentos más difíciles. No solo por no servir para sortear golpes como el de Honduras o el autogolpe de diciembre pasado en Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez fue habilitado para gobernar por decreto por 18 meses de espaldas al Congreso, sino porque tampoco exige a los gobiernos resolver la inseguridad y la corrupción – dos palabras que no se mencionan en el texto – y que están en franco aumento en la región.

Así lo confirman los índices de percepción de calidad de vida que se manejan en las Américas. Según datos de la Organización de Estados Americanos, en 2010 se cometieron dos tercios de los secuestros del planeta, y más de 130 mil asesinatos, una de las tasas de homicidios más elevada del mundo. En El Salvador fue de 61 por cada cien mil habitantes y en Venezuela 48. Además, mediciones del Banco Interamericano de Desarrollo señalan a los argentinos, bolivianos y peruanos como los que se sienten más expuestos a ser asaltados.

También la región es una de las más corruptas del mundo, como lo indica el último informe de Amnistía Internacional, que sitúa a Venezuela en el puesto 164 de 178 países, índice en el que también se destacan Paraguay y Haití en el lugar 146; Honduras, 134; Nicaragua y El Salvador, 127 y Argentina, en el 105.

Por el contrario, en aquellos países con niveles menores de inseguridad ciudadana y corrupción, como EE.UU., Canadá, Chile, Costa Rica y Uruguay, es donde hay una mejor percepción y asociación entre el desarrollo democrático y una mejor calidad de vida.

Varias cosas sucedieron esta semana que prueban que una nueva Carta Democrática, como propuso el presidente de Perú, Ollanta Humala, no puede desatender el pedido de los ciudadanos. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo acaba de destituir a seis funcionarios, entre ellos al ministro de Seguridad y al Canciller, porque “no hemos logrado los resultados esperados” en el combate a la delincuencia. Mientras que en Guatemala, en las elecciones del domingo pasado, ganaron los candidatos que prometieron “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, Otto Pérez y Manuel Baldizón, quienes tendrán que verse de nuevo las caras en segunda vuelta.

Hace unos días, el informe 2011 sobre Competitividad Global del Foro Económico Mundial, otorgó la peor nota a Guatemala, ubicándola en el último puesto de 142 naciones, por los costos asociados para la democracia que tienen el crimen y la corrupción, aspectos que han aumentado la desconfianza de la gente en los políticos y la policía.

Queda claro en América Latina que los países más corruptos e inseguros tienen las peores democracias. La falta de seguridad no solo afecta la integridad física, la tranquilidad y el patrimonio de las personas, sino también es una amenaza a la estabilidad, al fortalecimiento democrático y al estado de derecho, como dijo Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA.

En cambio, si la seguridad pública conlleva la obligación del Estado de proveer los mecanismos de fuerza para prevenir y reprimir delitos, para que los ciudadanos sin distinciones, puedan vivir en armonía; y si el castigo a la corrupción abre las puertas a un gobierno transparente y a una sociedad más justa y equitativa, es fácil advertir que son estos los dos aspectos que deben primar en la redacción de un nuevo documento como intentará pronto la OEA, para que la democracia sea “como la gente”.

Desenmascarando a Rafael Correa

La ratificación ayer de una condena contra los dueños del diario El Universo de Guayaquil, Carlos, César y Nicolás Pérez, y del ex editor de las páginas de Opinión, a tres años de cárcel y a pagar 40 millones de dólares por una demanda sobre injurias, desenmascara de una vez por todas a Rafael Correa como el presidente más intolerante de América Latina en materia de libertad de expresión.

Digo que desenmascara porque Correa cada vez que sale al exterior siempre trata de dar una imagen de demócrata y de tolerante de las libertades individuales, como tratará de hacerlo este próximo viernes en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde fue invitado a dar una conferencia de dos horas sobre democracia y medios de comunicación. Y aunque ni siquiera tendrá vergüenza para tocar el tema, todos los presentes seguramente estarán enterados de todos los desmanes contra la libertad de expresión que ha cometido durante su gobierno.

Esta vez no creo que pase imperceptible la condena contra los periodistas y su falta de respeto a la libertad de prensa, ya que con claridad, viene tergiversando sus dichos y manipulando a la justicia. Anoche, en un mensaje público a los periodistas de El Universo, Correa dijo que él dejaría la demanda de lado o perdonaría a los demandados bajo tres condiciones que suenan realmente estrafalarias: que los periodistas reconozcan que son mentirosos; que no fueron éticos y que los titulares de mañana (por hoy) no cuestionen los argumentos de los jueces en la ratificación de la condena. Obviamente sus peticiones no fueron escuchadas.

Si hay algo de positivo en esta desprolijidad en contra de la libertad de prensa y de la libertad a criticar, es que ya todo el mundo puede estar dándose cuenta del carácter y personalidad intolerantes de Correa. Ya quedó totalmente desenmascarado.

Habrá que esperar ahora qué harán los directivos de El Universo. Además de una medida de casación ante el Supremo Tribunal de Justicia, y antes de llegar oficialmente a los organismos internacionales, seguramente pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Justicia ecuatoriana subyugada a Correa

La ratificación de la sentencia de hoy contra los directivos de El Universo de Guayaquil y del ex director de sus páginas de Opinión, Emilio Palacio, por tres años de cárcel y 40 millones de dólares en indemnización a favor del demandante, el presidente Rafael Correa, habla muy a las claras de que la justicia ecuatoriana está subyugada al poder político.
Este no es el único proceso judicial de Correa contra periodistas y medios; pero es el más significativo. Desenmascara la fórmula de censura que aplica para silenciar a quienes disienten u opinan diferente.
Esta burda forma de gobernar por apriete, no tiene otra intención que generar miedo, es decir es la mejor manera de crear autocensura entre los periodistas y medios de comunicación. El mensaje es claro, “si opinas en contra de mí, te destruiré legalmente con una sarta de juicios de los que jamás te podrás resarcir”.
Aunque el entrecomillado es mío (pensando en voz alta sobre cuáles serían los argumentos de Correa) no está lejos de la realidad, por cuanto Correa despotrica con este estilo en sus espacios sabatinos, cuando secuestra los micrófonos y abusando de su poder, arremete contra medios independientes, políticos, opositores o toda aquella persona que piense diferente.
Hoy la SIP dijo algo muy cierto: “Las figuras públicas deben estar más expuestas a las críticas y quienes ejercen ese derecho a criticar deben tener las garantías de blindaje constitucional y legal para hacerlo. La imposición de la pena de cárcel y la indemnización millonaria, demuestran a las claras que estamos ante un fallo burlón, desproporcionado que busca censurar o, al menos, imponer la autocensura a todos los periodistas y medios independientes”.
De ésto, sobre libertad de Prensa y democracia, Correa no entiende una pepa.

Chávez con buena nota por las Canaimas

Una de las mejores cosas que ha hecho el presidente Hugo Chávez por los venezolanos es tratar de que su país se asemeje a Uruguay, el único país latinoamericano con un programa educativo excelente en el que cada estudiante de escuela primaria ha recibido una computadora personal.

El programa de repartir a cada alumno venezolano con una máquina llamada Canaimas – por ahora importada desde Portugal pero pronto de fabricación nacional - ayudará sobremanera al sistema educativo y a los niños sin distinción de clases con un acceso igualitario a la educación.

Hasta ahora el gobierno, que empezó con este programa en 2009, lleva repartidos casi un millón de computadoras. Lo que se espera es que pronto pueda contribuir a que haya más acceso a internet de banda ancha en todos los municipios del país, y no se beneficie solo a aquellas escuelas que dependen de la nación y municipios y estados que están gobernados por alcaldes y gobernadores chavistas o alineados al oficialismo nacional.

Más allá de la discriminación que sí existe, sería importante que Chávez también deje de lado los decretos que dictó en diciembre pasado que gobiernan el internet, que más allá de administrarlos a través de los proveedores, los puede utilizar como herramienta para censurarlos.

Una computadora por chico es una excelente iniciativa que debe ser emulada, pero con banda ancha, sin discriminación ni cortapisas podría ser un ejemplo para otros países del mundo.