Los ataques de los gobiernos contra los periodistas y medios de comunicación son cada vez más ingeniosos y sutiles, pretendiéndose que no se perciban como embestidas contra la libertad de prensa, sino como ajustes de cuenta contra su poder e intereses económicos desmedidos.
Esto quedó desenmascarado en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que acaba de terminar en San Diego, California. Los informes de libertad de prensa, dan cuenta de gobiernos personalistas, entre ellos los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua, que comparten estrategias comunes destinadas a minimizar la credibilidad de la prensa y neutralizar las denuncias sobre corrupción.
Una táctica consiste en llevar a los medios al terreno fangoso de la política, como si fueran contrincantes electorales. Ahí, la retórica insolente les sirve a las autoridades para victimizarse y distraer la atención sobre sus obligaciones constitucionales: rendir cuentas, ser transparentes, permitir acceso a la información pública, respetar la disidencia y garantizar la libertad de prensa.
Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina de Kirchner y Daniel Ortega, utilizan la misma fórmula del agravio en mítines y tribunas políticas, rehusándose al cara a cara de las conferencias de prensa o entrevistas. Usan espacios de propaganda que se auto asignan por ley en radios y televisoras independientes, que confiscan con la excusa del “interés nacional”, o en medios que compran con fondos del Estado o de los que se apropian mediante testaferros.
Sus ofensas no aportan pruebas. Pero las exigen a los medios con juicios millonarios o con consecuencias carcelarias. En su táctica no es tan importante acusar a los periodistas de sus pasados golpistas o de sus presentes burgueses, como de repetir una y otra vez que traicionan al pueblo, a los intereses del gobierno o de la nación. En esa repetición propagandística, Correa, Chávez y Morales tienen éxito. A pesar de que los medios son perseguidos, maniatados y clausurados, y de que denuncian la corrupción del poder, están enfrentando una merma de su credibilidad en ciertos países, debido a estas campañas de desprestigio.
No solo la retórica es parte de la astucia gubernamental. También se crean legislaciones que permiten censurar contenidos periodísticos de una forma sutil. Ya no se trata de las burdas leyes de prensa de las dictaduras, sino de carácter general que al perseguir fines loables, con amplio respaldo popular, resulta difícil criticarlas o explicar que ocultan viles mecanismos de censura.
En Bolivia, por ejemplo, la aparente nobleza de una ley antirracista originada por Morales, conlleva fuertes restricciones, multas y penas de cárcel en contra de medios y periodistas por el solo hecho de reproducir declaraciones. En Ecuador, la consulta popular que promueve Correa, busca que el público avale un consejo gubernamental de vigilancia de la prensa, el que permitirá censurar contenidos y castigar penalmente a los infractores. En Nicaragua, una ley de Ortega castigaba con mayores sanciones a quienes divulgaran información sobre las víctimas de violencia contra las mujeres, que a los propios agresores. En Colombia, las penas son mayores sobre la divulgación de actos de discriminación por sexo o consumo de alcohol que sobre quienes violan la ley.
Otras formas de censura o que generan autocensura incluyen la discriminación mediante publicidad oficial, inspecciones impositivas recurrentes, restricciones al acceso de materiales importados de producción; y el peor, el uso de dádivas y pagos a periodistas, cibermilitantes y turbas para insultar y desprestigiar a disidentes y opositores.
Lo más alarmante es que los gobiernos se copian estas estrategias desde hace años, y para ello usan fondos millonarios del Estado o los cheques en blanco que extiende Chávez. De ahí también el temor, que se sigan financiando y reproduciendo sus planes, como las flamantes leyes que Chávez creó a semejanza de los hermanos Castro, para limitar y bloquear los contenidos por internet, Facebook y Twitter.
Para contrarrestar estas sutilezas del poder, como se discutió en la SIP, es necesario seguir haciendo periodismo incisivo e investigativo. Pero más aún, educar al público, de que las embestidas contra la prensa, tienen la intención de reducir la habilidad de los ciudadanos a acceder y recibir información relevante y reveladora. Son ataques a la libertad de expresión, ataques contra todos.
