Chávez promete escasez

Fiel a su enloquecido estilo autoritario, Hugo Chávez dijo que no tiene porque formalizar acuerdo con nadie de la oposición, a la que considera burguesa, pro yanqui y golpista; pero lo que es peor de todo, dijo que dará una nueva vuelta de tuerca a su revolución socialista a partir del 26 de setiembre cuando pronosticó que arrasará con las elecciones legislativas.

Siempre desafiante e intolerante, Chávez dijo hoy en un acto proselitista (que en realidad no se diferencia en nada de los actos que no son en épocas electorales) que “vamos a la victoria del 26 para profundizar, para radicalizar, la revolución bolivariana rumbo al socialismo''.

Entre otros de sus anuncios de campaña, llamó la atención que quiere implementar una “cédula del buen vivir”, la que consiste en una especie de libreta de racionamiento a la cubana, presumiblemente una idea que le habrá pasado Fidel Castro en la reunión de la semana pasada, donde fue a La Habana a buscar consejos y “sabiduría” de su maestro; tal vez considerando que el estilo de vida en Cuba es envidiable en el mundo entero.

La cédula le servirá a los venezolanos para conseguir las mercaderías “necesarias” en los mercados públicos. Chávez dijo que su idea es no incentivar el consumismo sino que se consuma lo justo; y si alguien consume mucho y su cuenta de cédula se acaba antes de lo previsto, seguramente el imperio yanqui tendrá la culpa.

En otras palabras, el cuento chavista es el mismo que el cuento fidelista. Los venezolanos se tendrán que ir acostumbrando a la escasez de todo lo que sufren los cubanos. La cédula será, como todo lo que hace, una nueva forma de controlar y seguir quitando libertades.

Kirchner: ¿Proyecto alternativo?

La presidenta Cristina Kirchner sigue empecinada con el proyecto de ley de Papel Prensa para declarar de interés público la producción y comercialización del papel para periódicos, propuesta a la que ha tomado como tema de conversación y sobre lo que sigue cuestionando a dos empresas – Clarín y La Nación – por supuestamente haber cometido delitos de lesa humanidad.
No contenta con expresar públicamente – al estilo Hugo Chávez – su bronca contra los empresarios de los dos diarios que junto con el Estado son dueños de la fábrica de papel para periódicos, hoy envió a la justicia su demanda, basada en el informe que leyó hace una semana (Papel Prensa: La Verdad) para encausar a militares y civiles, a los que acusa de haberse confabulado para mal comprar la empresa a la familia Gravier.
Pero lo que más llamó la atención hoy, es que la Presidenta siguió repitiendo como lora, con el mismo libreto que su marido, que la oposición no hace otra cosa que oponerse a sus proyectos, por lo que valdría preguntarse entonces ¿para qué sirve entonces una oposición si no es opositora?
Reclamó que "tenemos que terminar con la oposición feroz a todo lo que se opone a todo por el solo hecho de oponerse", pidiendo que “lo más importante de la política, es privilegiar el debate de proyectos”, para lo cual preguntó a la oposición: “¿Cuál es el proyecto alternativo?".
Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué tiene que haber un proyecto alternativo a algo que es aberrante e inaudito? La política tampoco significa que se deba debatir cualquier disparate, por el solo hecho de buscar consensos o disensos, hacer esa forma de política es simplemente la mejor forma de polarizar.
Cabe preguntarse, acaso si a alguien se le ocurriera un proyecto de ley aberrante, como que se prohibiera a la gente visitar a sus familiares los sábados por la noche, ¿habría obligación de buscar un proyecto alternativo que cambie el día, el horario o lo que fuere? No. Simplemente habría que rechazarlo, esa es la alternativa.
Declarar el papel para periódicos de interés público no tiene sentido. Hacer una ley, menos. Es anticonstitucional, tal como lo expresa el Art. 32 de la Carta Magna, que prohíbe al Congreso legislar sobre la libertad de prensa.

Degradación presidencial

Como a muchos nos pasó de chicos, ante la pregunta esperada de la tía sobre nuestra suerte en el futuro, siempre contestaba lo mismo: “seré presidente”.

Muy ingenuo e inocente, claro. Hoy sería la profesión que menos me gustaría ser; de solo observar lo que está sucediendo en varios de nuestros países latinoamericanos.

Muchos presidentes se pelean con medio mundo, polarizan, amenazan, imponen y quieren imponer leyes restrictivas, ganan plata debajo de la mesa, corrompen, se dejan corromper, ganan dinero ilícito, hacen menos por el bien común que por el bienestar personal, subyugan a la justicia. Simplemente no están a la altura de ese sueño de niños que todos tenemos, ser líderes, ser el personaje más importante de una comunidad y ayudar y servir al resto.

Hoy muchos presidentes han degradado la investidura presidencial. La han hecho harapos. Y a pesar de que votemos por otros para cambiarlos a éstos, terminan a la postre siendo más de lo mismo.

Qué lástima que los corruptos nos quiten los sueños!

Congreso argentino y equilibrio

Por suerte en la Argentina actual, donde el Poder Judicial está absorbido por el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene fuerza, es contrapeso y equilibrio ante los potenciales abusos que busque cometer la Presidencia.

Por eso tengo la esperanza de que la Cámara de Diputados bloquee el proyecto de ley que trata de declarar de “interés público” la fabricación, distribución y comercialización de papel para diarios, en una nueva embestida del Poder Ejecutivo para controlar a los medios de comunicación, como sucedía en la década del 50 con el férreo autoritarismo del gobierno de Juan Domingo Perón.

El avance de los gobiernos contra el papel no es nuevo. Desde Perón a Hugo Chávez, que imposibilita la compra tras el control sobre la importación, o el control que ejercía el PRI mexicano a través de Pipsa, con lo que se discriminaba a los medios mexicanos. Siempre los gobiernos utilizaron al papel periódico como forma de premio y castigo.

El proyecto del gobierno no puede pasar en el Congreso. De lo contrario sería legitimar una medida anticonstitucional, descabellada, ya que se estaría violando el Art. 32 de la Constitución que establece, de la misma forma que la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que no se puede dictar ninguna ley que viole la libertad de imprenta.

También, de aprobarse un proyecto así, se violarían tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos firmada por el país, la que establece que no puede haber arbitrariedades en contra del papel en su Art. 13.3 especifica: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Pareciera que la mayoría opositora en la Cámara de Diputados considera que estos dos artículos son suficientes para no avalar el proyecto de ley.

Aprobar esta ley haría legal la posibilidad de la censura, algo que el propio matrimonio Kirchner hubiera querido que nunca existiera en la Argentina de la dictadura militar. La libertad de prensa y de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales, de ahí que no se entiende por qué tanto ahínco en tratar de violarla.

Piñera y su ejemplo

El presidente chileno Sebatián Piñera llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Time Warner, para vender Chilevisión, uno de los canales líderes en audiencia y ratings, por unos 140 millones de dólares; una promesa que el primer mandatario había hecho durante su campaña electoral para evitar conflictos de interés.

La promesa fue por la presión que recibió de parte de la oposición chilena, la que entendía que de tener una televisora sería beneficiado con propaganda para su gestión, se correría el riesgo de manipular información y beneficiarse políticamente. Al mismo tiempo, el canal también sufriría un conflicto de interés, ya que no le resultaría fácil se equilibrado y equitativo con un presidente que también es patrón.

Esta lección es la que deberían aprender muchos presidentes latinoamericanos que están haciendo todo lo contrario, ya sea comprando medios privados a través de testaferros o familiares o utilizando los medios públicos, pertencientes al Estado, como si fueran propios, gubernamentales, para hacer propaganda de su gestión.

La lista es larga, los medios gubernamentales han crecido desmedidamente con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega; gobiernos que también se han armado de medios privados.

¿Será que el ejemplo de Chile, de la oposición chilena y del presidente Piñera podrá contagiar al resto de los gobiernos latinoamericanos?

El regreso al Siglo Catorce

Una de las primeras planas más recordadas del periodismo latinoamericano es la del matutino guatemalteco Siglo Veintiuno, que el 25 de mayo de 1993 se publicó bajo la marca de Siglo Catorce, sin noticias y en negro, en protesta y desafiando la censura tras el autogolpe de Jorge Serrano Elías.

Esta semana el membrete de Siglo Catorce, que evoca las postrimerías del oscurantismo medieval, lo podrían haber adoptado El Nacional y el resto de los periódicos venezolanos a los que se les prohibió publicar fotografías e informaciones sobre violencia que pudieran “vulnerar la integridad psíquica y moral de los niños”, o las radios y televisiones brasileñas, las que tienen vedado por ley hacer bromas o parodias sobre los candidatos presidenciales.

La censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque reviste ahora mayor gravedad por disfrazarse de legalidad al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante.

La prohibición de publicar imágenes, informaciones y publicidad después de que El Nacional publicó una fotografía de archivo en portada de cadáveres apilados en la morgue de Caracas para ilustrar una nota sobre inseguridad pública, fue más una medida política que judicial. Obedeció a criterios de funcionarios y del presidente Hugo Chávez que sostienen que la divulgación de la violencia evidencia la conspiración de la oposición para degradar el proceso electoral vigente.

Si bien el juez se retrotrajo a fines de esta semana de la medida original sobre El Nacional de inhibir cualquier tipo de noticias sobre violencia - así sean fotos o escritos – y solo mantuvo la prohibición sobre las imágenes, tanto para ese diario como para el resto de los medios impresos, la decisión no deja de ser grosera, incongruente, desproporcional e irracional.

Incongruente porque un juez no puede proteger a los menores solo por 30 días si el peligro es verdadero, continuo y latente. ¿Significaría que después de las elecciones del 27 de setiembre las imágenes violentas y macabras ya no dañarían a los menores?
Desproporcional, porque deja a los periódicos, amarillistas o no, al borde de cometer infracciones en forma constante, mediante el manejo de criterios que no deben estar ligados al carácter violento o no de las noticias, sino a la relevancia e interés público de los hechos.
Irracional porque al no estar definidos los estándares de violencia, queda a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad interpretar qué es o no correcto y publicable, obligando a los medios a ejercer la autocensura, comprometiendo el derecho del público a saber.
Pero por sobre todo, la medida es grosera, porque desconoce el papel de los medios en una sociedad, que muchas veces deben estar obligados a desafiar leyes y criterios éticos, con la intención de generar debate público y provocar a la sociedad a encontrar correctivos a los problemas. Una torpeza a la que todavía se enfrenta Tal Cual, un diario muy crítico del gobierno, que no podrá divulgar nada violento, ni fotos ni informaciones, por haber expresado su solidaridad con El Nacional al publicar la misma imagen de la morgue censurada.
Mientras tanto en Brasil, donde es usual que los políticos gocen del halo protector de los jueces, a partir de esta semana y hasta las elecciones del 3 de octubre, la radio y la televisión deben abstenerse de bromear sobre los candidatos a presidente, so pena de fuertes multas y suspensiones.
Esta prohibición – que será protestada con una marcha en Río de Janeiro este domingo - tiene origen en leyes de la última dictadura militar, época en que los diarios, como O Estado de S. Paulo, burlaban a los censores oficiales publicando recetas de cocina en los espacios noticiosos censurados. Como hizo este 18 de agosto El Nacional colocando espacios en blanco y el rótulo de “censurado”, donde debían estar sus fotografías.
La gravedad de lo que sucede en Venezuela y Brasil no es la censura directa, sino la previa, la presunción de la autoridad de que un delito pudiera cometerse. Justamente lo que el ser humano viene batallando desde el Siglo Catorce, y que logró incorporar en las Constituciones modernas que expresamente la prohíben por atentar contra la libertad de pensamiento. ¿Lo sabrán los jueces?

Coherencias incongruentes

En un país donde la verdad y el equilibrio se pierden, donde la equidad es difícil de alcanzar y las mentiras se utilizan para alcanzar intereses personales por encima del bien común…; cuando aparece alguien con razonamientos coherentes, da la apariencia de estar hablando incongruencias y/o trivialidades.
Se trata del caso del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, quien - ante la furia y embestida del matrimonio presidencial contra Papel Prensa, para lo que pidieron una ley para controlar la fabricación, distribución y comercialización de papel para periódicos - dijo que “el Estado debe ser el garante de la libertad de prensa".
Las palabras de Cobos, cargadas de constitucionalidad y apegadas a derecho, sonaron superficiales. Es que hablar de sensateces en un país que el gobierno ya logró polarizar, parece superfluo. “La libertad de prensa y las políticas en torno a ella deben estar por encima de los intereses particulares con el objeto de fortalecerla, evitando en cualquier caso lesionarla o coartarla."
El comunicado de prensa en el que Cobos analizó estos puntos parece salido de una película de ciencia ficción en la Argentina de hoy, donde los Kirchner y sus funcionarios, desde mayo del 2003, vienen atacando y desairando a periodistas, medios y todo aquel que trate de comunicar en una onda diferente a la oficial.
Dijo Cobos en su comunicado: "Es de público conocimiento que existe un conflicto entre el Gobierno Nacional y el grupo Clarín. En este contexto y con más razón, toda acción o decisión que el Gobierno tome no debe estar motivada por ese conflicto. Por el contrario y como parte del Estado, debe ponerse por encima de él, con un ejercicio responsable del poder, respetando la libertad de prensa y preservando la seguridad jurídica. Es el Estado el garante de la libertad de prensa y en ese marco los medios de comunicación, deben mantener su independencia y objetividad".
Sobre una ley para regular el insumo básico, Cobos reflexionó: "Hay que asegurar la libre concurrencia en el mercado y permitir la provisión de papel a todo aquél que lo requiera, en función de las necesidades de los distintos medios periodísticos". Y en otros puntos recalcó que el Estado tiene varios recursos para garantizar los derechos vinculados a la libertad de prensa, sobre los que citó: El régimen de importaciones, que deberá mantenerse sin ningún tipo de barreras arancelarias para sumar otras ofertas de materia prima; la distribución equitativa de la pauta oficial en todos los medios, lo que permite una competencia leal y evita desigualdades y asimetrías; el rol responsable y adecuado de los medios públicos que pertenecen a toda la sociedad y no a un gobierno en particular.
Muchos sienten que Cobos está despistado, incoherente, incongruente. ¿O será el país?