La Batalla del silencio, Centro Digital, SIP

Día Mundial contra la Impunidad

Hoy 2 de noviembre se conmemora uno de los días peores para el Periodismo, la falta de justicia que rodea a los crímenes contra los periodistas. 561 periodistas han sido asesinados en las últimas dos décadas en nuestras Américas y 30 en 2018. Detrás de esas estadísticas escalofriantes, se esconden nombres de mujeres, hombres, jóvenes, viejos, reporteros, fotógrafos, editores, directores, columnistas, caricaturistas... todos asesinados por buscar la verdad y hacer valer el derecho del público a estar informado. Reclamar justicia en cada uno de esos casos es una forma de honrar su memoria y su legado.

Delirio de impunidad

La Justicia lenta, ineficiente, politizada o secuestrada por el poder es la mayor debilidad de América Latina. Esta anemia judicial ha estimulado en muchos poderosos un delirio de impunidad; el creer convencidos que sus actos corruptos jamás serán castigados.

A veces, la Justicia echa por tierra ese trastorno mental. Ocurrió esta semana con el ex vicepresidente argentino Amado Boudou. Fue condenado a casi seis años de cárcel por corrupción, siguiendo el camino de otros funcionarios kirchneristas que también sufrieron de ese delirio, magnificado por el poder que en su momento creyeron absoluto.

América Latina tiene una larga lista de ex mandatarios, funcionarios, empresarios y dirigentes que terminaron en la cárcel por creer que su poder, estatus y la inmunidad de sus cargos los blindaba de por vida. Ahí están los ex presidentes recientes Lula da Silva, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Elías Saca, el guatemalteco Otto Pérez Molina, entre tantos otros, sumados a los peruanos Alberto Fujimori y Ollanta Humala, al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, a Carlos Menem, a los dictadores Videla, Galtieri, Pinochet…

Marcelo Odebrecht es el arquetipo del empresario corrupto. Sobornó a funcionarios latinoamericanos con más de 800 millones de dólares para conseguir obra pública en forma directa. Lo mismo sucedió con una docena de sus colegas argentinos que fueron detenidos esta semana tras revelarse el contenido de los ocho cuadernos del chofer Oscar Centeno. Minuciosamente escritos, Centeno detalló como los ex gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recaudaban millones en efectivo entre empresarios, en un intercambio de coimas por obras públicas.

Los cuadernos ya son parte del anecdotario de la corrupción rampante de América Latina. Son clara evidencia como los videos que registraba Vladimiros Montesinos, mano derecha de Fujimori, los recientes audios por las “ventas” de sentencias judiciales en Perú, los relatos de los 77 ejecutivos arrepentidos del Lava Jato brasileño, los sobornos a través de cuentas bancarias en EE.UU. del FIFAgate y las revelaciones periodísticas sobre los Panama Papers y los Paradise Papers.

Muchas evidencias fueron fortuitas para la Justicia, entre ellas los cuadernos en lo que Centeno escribió por 10 años dónde, cuánto y de quién se recaudaba y los “vladivideos” con los que Montesinos filmó cuánto, a cambio de qué y a quién entregaba el dinero, para luego extorsionar a sus víctimas.

Ante tanta podredumbre contabilizada, uno se pregunta cuál será la magnitud de toda la corrupción que no se registra o descubre y por qué es tan desigual la lucha entre buenos y malos. Indigna que la Justicia tenga mucho menos herramientas, recursos y profesionales que la maquinaria de la corrupción, así como las fuerzas de seguridad tienen menos poder de fuego que las bandas del narcotráfico y el crimen organizado.

El agravante es que la corrupción y el delirio de impunidad tienen muchos cómplices. Dos tipos se destacan. Uno de origen político-cultural que surge de la polarización política. Muchos defienden a los corruptos porque comparten su ideología o para no dar el brazo a torcer ante el otro bando. Se sintió así con los seguidores de Boudou. Pese a todas las evidencias, insisten en que la condena es una caza de brujas o un tiro por elevación para coartar las aspiraciones electorales de su ex jefa, Cristina Kirchner.

El otro cómplice del delirio de impunidad es la ley de fueros que blinda al corrupto con un manto de inmunidad. En países con tanta corrupción que investigar, los procesos electorales no deberían permitir que un Presidente pueda optar por un escaño en el Congreso en forma inmediata. Al menos deberían tener que esperar por un período para que puedan ser investigados por cualquier sospecha. La rendición de cuentas y la transparencia se deben imponer siempre y no ser solo promesas de campaña o adornos en discursos inaugurales. trottiart@gmail.com

Posdata: Al cumplir ahora en agosto 10 años de escribir cada semana en forma ininterrumpida esta columna Mensajes y Sociedad, he decidido despedirme temporalmente para dedicarme a otros proyectos que tengo postergados. Seguiré escribiendo, pero en otro formato más simple, ya que no podré dejar el vicio, la disciplina, las ganas y la estructura.  

Intoxicados de desconfianza

Facebook los descubrió y el gobierno de EEUU los acusó. Los hackers del gobierno ruso están tratando de influenciar las elecciones legislativas de noviembre, así como lo hicieron en las presidenciales de 2016 y en otras votaciones en el mundo entero.

El nuevo escándalo es mayúsculo, pero los políticos en EE.UU. y de otras naciones no deberían rasgarse tanto las vestiduras. Todos los gobiernos y partidos políticos en esta era digital tienen “cibertropas” que a fuerza de mentiras, difamación y propaganda engañosa buscan captar votos a como dé lugar.

Esas reglas de juego, justificadas en elecciones y que las leyes castigan en cualquiera otra actividad, son una de las principales fuentes de desconfianza pública que afecta a la sociedad y a las instituciones, entre ellas, los propios gobiernos y partidos políticos que las generan.

Lejos de desaparecer, las prácticas propagandísticas son cada vez más comunes y sofisticadas debido a los consultores y, también, a los hackers que intentan dinamitar los procesos. Antes, la propaganda y la información engañosa se esparcían desde los actos de campaña y, de alguna forma, eran filtradas por los medios de comunicación. Hoy, gracias a que las redes sociales nos han convertido en medios, todos estamos expuestos a la manipulación directa y a potenciar el engaño compartiendo noticias falsas por doquier.

Esta semana el Congreso de EE.UU. levantó su voz contra la industria del internet y su permisividad ante las noticias falsas. Temen que en las próximas elecciones legislativas de noviembre ocurra la misma invasión de trolls rusos que en 2016. La reprimenda no fue casual. Facebook anunció que desbarató una “acción coordinada” de propaganda rusa. Desactivó 32 cuentas y perfiles falsos que eran usados para influenciar a miles de usuarios, hasta para empoderarlos a marchar en contra de las policías en varias ciudades. La campaña información tóxica tendría el mismo patrón que la de las elecciones pasadas cuando se bombardeó con engaños a 126 millones de usuarios.

El Congreso también le reclamó mayor determinación al presidente Donald Trump para que admita y ataque el fenómeno ruso. Pero resulta una ironía la de buscar culpables en otro lado o de hacer responsables a Facebook y Google, cuando las culpas también son propias. Los legisladores deberían implementar reglas más estrictas de conducta electoral, tener mejores filtros para admitir candidatos y exigir mayor transparencia financiera a los partidos políticos.

Ningún gobierno puede esquivar el bulto. Un nuevo estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford demuestra que existe cada vez mayor inclinación a la “manipulación del debate público”. Destaca que la mayoría de estas campañas son creadas por “cibertropas” al mando de  gobiernos y partidos del propio país, y no de hackers foráneos como se denunció en el caso de Facebook, Instagram y redes de mensajería.

El Instituto de Oxford determina que si bien los casos más notorios sobre influencia negativa de procesos electorales fueron la votación en EE.UU y el referéndum del Brexit en Inglaterra, ambos en 2016, la práctica de manipulación electoral digital, a través de bots, cuentas falsas y creciente gasto de publicidad digital, es común desde 2010 y afecta a 48 países, incluido Brasil, que celebrará presidenciales en octubre en un clima tóxico de falsedades.

El lado positivo de estas negativas tramas rusas es que ha permitido visualizar y calibrar el daño concreto que pueden causar la propaganda y las noticias falsas, habiendo motivado procesos para remediar esos perjuicios, como lo intentan Facebook, Twitter y Google.

Recobrar la confianza requerirá mayores esfuerzos. Las redes sociales tienen mucho más por hacer para combatir la toxicidad, al tiempo que deben mantener el equilibrio entre la censura y la libertad de expresión. Los medios deberán insistir en la calidad de contenidos y restablecerse como relevantes en sociedades digitales que ya los daban por muertos a corto plazo.

A los ciudadanos nos queda tomar conciencia de la alta responsabilidad que implica el uso de redes sociales y el consumo-difusión de información. Sin embargo, la mayor responsabilidad les cabe a los gobiernos y los partidos. Deberían cambiar la cultura de hacer política y su conducta en procesos electorales. trottiart@gmail.com

Sin Periodismo, hay consecuencias

Sin contenido de buena calidad, los medios de comunicación y el Periodismo van camino al suicidio. Y sin Periodismo las consecuencias son letales para la sociedad y la democracia.

Arribé a esta conclusión en la conferencia SIPConnect que celebramos esta semana en Miami. Unos 180 representantes de medios de 25 países debatimos durante tres días sobre la transformación de los medios en la complicada era digital. El modelo de negocios tradicional del Periodismo, basado en la publicidad y penetración en el mercado con productos masivos a un público general, está en vías de extinción.

La publicidad ahora es escasa y la penetración insignificante. Ya no importa el rating, tampoco los likes, sino cuán comprometida queda una audiencia, segmentada por género, edad, gustos, etc…, como para compartir información, consumir publicidad personalizada y estar dispuesta a pagar por ese contenido a través de suscripciones digitales.

Google, Facebook y otras plataformas digitales evolucionan mes a mes con nuevos criterios, formas e incentivos para distribuir contenidos. A los medios les resulta casi imposible mantener ese ritmo vertiginoso de cambio. Pero tienen que intentarlo porque la tendencia es irreversible. El público consume cada vez menos información en los soportes tradicionales, papel, televisión y radio. Prefiere contenidos audiovisuales y consumirlos en teléfonos y otros dispositivos móviles. Quiere, además, que esos contenidos les resulten útiles y poder compartirlos.

En este nuevo contexto no hay otra opción para los medios que enfocarse en crear contenidos de calidad. Sin estos no será fácil intentar nuevos modelos de negocios por más alucinantes que sean. Sin calidad ya no habrá Periodismo sustentable. Alex Villoch, la presidenta del Miami Herald Media Company lo dijo sin tapujos. La transformación (digital) de su compañía se basó en una premisa periodística de la que ahora están imbuidos todos los periodistas. La calidad de los contenidos prevalece sobre la cantidad. Se cambió el mantra de la primera época digital cuando se creía que la gente necesitaba mucha información y a toda hora. En esta época hiper informativa, el público es más selectivo, quiere contenidos diferenciados, únicos y con valor agregado.

También coincidió Carla Zanoni del Wall Street Journal, diario en cuya redacción hay ingenieros de datos además de periodistas. Ayudan a medir los distintos públicos, sus preferencias informativas, a qué hora del día y por qué medios prefieren consumir, lo que contribuye a crear información personalizada y relevante. Luis de Uriarte de Facebook dijo que el reto del Periodismo en las redes sociales no es dar información sino historias que generen conversación y que la gente quiera compartirlas. Facebook cambió su algoritmo para privilegiar la calidad de los contenidos en demérito de la cantidad.

El movimiento por la calidad viene a colación de una encuesta sobre Confianza, Medios y Democracia de Gallup y la Fundación Knight. Estableció que el público considera que la proliferación de la mayoría de fuentes de noticias en línea no adhiere a los estándares básicos de precisión y rigurosidad periodística, lo que dificulta determinar qué es verdadero e importante. El público quiere calidad.

El problema es que sin calidad no hay fortaleza económica para el Periodismo y las consecuencias pueden ser graves, en especial cuando no se generan contenidos incisivos e incómodos ni se crea conversación relevante.

Un estudio reciente de las universidades estadounidenses de Illinois y de Notre Dame midió los efectos negativos que tiene el cierre de un periódico en una comunidad. Encontró datos importantes. Sin medios o periodistas la investigación comparativa entre varias ciudades demostró que empeoraron las finanzas municipales, aumentó la corrupción, los funcionarios incrementaron sus sueldos y subieron los impuestos.

Basta mirar a Venezuela, Cuba y Nicaragua o a cualquiera de las dictaduras que le precedieron en el mundo para llegar a la misma conclusión. Lo primero que hicieron esos regímenes para gobernar a sus anchas fue perseguir y encarcelar periodistas, silenciar y cerrar medios de comunicación. Sin Periodismo, la sociedad democrática está a la deriva. trottiart@gmail.com

Nicaragua y Venezuela: la democracia como escudo

La democracia es el mejor sistema de gobierno. Es tan bueno, que hasta los corruptos y tiranos se escudan en ella para continuar siendo tramposos y totalitarios.

Nicaragua y Venezuela resaltan este concepto. 

Los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro se mantienen en el poder sin consecuencias, pese a sus abusos y excesos. Con total impunidad persiguen y encarcelan a opositores, reprimen manifestaciones públicas, censuran la libertad de prensa, deshacen procesos de diálogo a su antojo, disuaden con violencia extrema, dosifican alimentos e incentivan el éxodo.

Ortega asumió su segunda presidencia en 2007 y Maduro en 2013 como continuador de la dictadura de Hugo Chávez que arrancó en 1999. Se vienen aferrando al poder mediante elecciones fraudulentas a las que no permiten supervisión. Más que asumirse gobierno para administrar los bienes de todos, siempre se arrogaron ser Estado, de ahí que les resbala el sistema republicano que obliga a respetar el equilibrio de poderes y a las minorías.

Si esta crisis política, social y económica hubiera ocurrido en los 70, Ortega y Maduro ya serían pasado. En aquellas épocas, también oscuras, los golpes de Estado primaban por sobre los procesos electorales. Ahora, los resortes democráticos para desembarazarse de regímenes corruptos y autoritarios son más respetuosos y complejos. La democracia reclama métodos prolijos y transparentes, aunque no coinciden con la preferencia de quienes sufren en carne propia a los dictadores.

Sin probabilidades de golpes de Estado, invasiones o revoluciones internas, Ortega y Maduro acusan que cualquier propuesta de elecciones anticipadas o de diálogo con la oposición son injerencias a su soberanía, actos de sabotaje o terrorismo internacional. 

Mientras tanto, ganan tiempo prometiendo negociaciones y diálogos que nunca cumplen. Estos dictadores siguen desviando la atención pese a saber que la comunidad internacional puede vigilar situaciones internas cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos, tal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948.

Por suerte, la comunidad internacional está ahora más proactiva que en las primeras épocas del chavismo, cuando Chávez compraba silencios con una abultada “petrobilletera” y apalancaba regímenes autoritarios como el de Ortega.

A las sanciones económicas e inmigratorias que impusieron EE.UU., Canadá y la Unión Europea a funcionarios de alto rango de ambos países, en la OEA hubo acuerdos esta semana para exigir a Nicaragua elecciones anticipadas y el cese de la violencia que contabiliza más de 350 asesinatos a manos de paramilitares y francotiradores progubernamentales. Veintiún países respaldan a la oposición y a la Iglesia Católica de Nicaragua que pidieron que Ortega se someta a elecciones el 31 de marzo de 2019, dos años antes de lo previsto.

Ante la propuesta que Ortega difícilmente aceptará, su canciller Denis Moncada salió a la palestra acusando que los gobiernos firmantes buscan provocar un “golpe de Estado” y la “ruptura del orden constitucional”. La vieja fórmula de vestirse de demócrata para denunciar que el autoritarismo es de los demás.

Sin dudas un posible acuerdo de elecciones anticipadas descomprimiría la presión actual, aunque no ofrece garantías de que Ortega salga de la película. Mientras mantenga las usuales prácticas de fraude electoral y la estrategia propagandística de pan y circo que le permitieron reelegirse con fraude masivo en 2011 y 2016, Ortega tiene todo para seguir apoltronado en el poder.

Tanto Ortega como Maduro, fieles discípulos del calculador Fidel Castro, saben que en plena crisis aguantar los tiempos juega a su favor. Las carestías hacen mella en la población y el éxodo masivo termina siendo la válvula que descomprime la presión interna. Esta purga forzada – menos gente, menos disidentes y menos bocas - trae alivio, al tiempo que recarga de problemas a los demás países.

Los resortes democráticos son insuficientes ante situaciones extremas como la que viven los nicaragüenses. El aislamiento total puede ser una solución, pero debe ser de rápida y eficiente ejecución, de lo contrario puede terminar siendo un desgaste de largo aliento que profundice la crisis que se quiere resolver. El embargo a Cuba sirve de espejo. trottiart@gmail.com