Barack Obama, restricciones y secretos

Si la evaluadora Standard & Poor’s midiera los índices de reserva informativa que impone un gobierno, seguramente castigaría al de Barack Obama como lo hizo el año pasado rebajándole su calificación crediticia de AAA a AA+.

Es que la administración del presidente Obama ha intensificado la persecución contra quienes filtran información gubernamental y se excede en su tarea de clasificar información pública, calculándose en 77 millones los documentos convertidos en secreto en los últimos años, pese a todas sus promesas de mayor transparencia y apertura.

Esta semana, el gobierno federal lanzó una investigación para detectar al responsable de haber filtrado información a la prensa, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de un doble agente de la CIA que desarticuló un plan terrorista de Al Qaeda, para derribar un avión comercial estadounidense con un explosivo sofisticado. La investigación podría desembocar en la séptima acción judicial emprendida recientemente por Washington contra un delator en las filas oficiales.

Aunque existen argumentos válidos y legales sobre seguridad nacional, se le critica al gobierno el estiramiento excesivo de las leyes con el pretexto de disciplinar a fuentes oficiales anónimas, las que han resultado indispensables para que el periodismo pueda divulgar información de marcado interés público que las autoridades se ensañan en mantener en secreto.

De los seis casos judiciales contra delatores, el más conocido es el del soldado Bradley Manning, que enfrenta hasta pena de muerte bajo la Ley de Espionaje en un tribunal militar, por haber filtrado miles de cables diplomáticos al sitio WikiLeaks. Otras duras condenas pesan contra delatores de la Agencia de Seguridad Nacional, del FBI, de la CIA y del Departamento de Estado, que filtraron información a periodistas, blogueros y medios, que muchas veces la prensa ya había obtenido por otras fuentes oficiales anónimas.

Pero así como el gobierno tiene la obligación de cuidar los secretos y sancionar a sus delatores, para el experto en ética periodística, Edward Wasserman, es responsabilidad de los periodistas protestar y proteger esas fuentes, no porque les hagan el trabajo más fácil, sino para garantizar que la información pública significativa salga a la luz. En una columna en The Miami Herald, Wasserman calificó de “abdicación profesional” el silencio que la Sociedad Americana de Editores de Noticias guardó ante Obama sobre el tema, cuando hace dos semanas el Presidente participó de la conferencia anual de esa institución.

Las organizaciones que resguardan la libertad de prensa suelen pedir más equilibrio al gobierno, entre cumplir con las leyes de seguridad y mantener una apertura informativa. En sus recientes informes, la Sociedad Interamericana de Prensa cuestionó al gobierno estadounidense por la persecución de fuentes; la vigilancia electrónica invasiva que permite la intercepción de mensajes de los ciudadanos ante mínimas sospechas de actividades terroristas; las pesquisas que puede hacer de registros personales, incluso en bibliotecas; y por mantener encajonado en el Congreso, un proyecto de ley federal que permitiría a los periodistas proteger sus fuentes ante los jueces, evitando terminar en la cárcel, aún cuando sus denuncias eran relevantes.
Por esa actitud oficial celosa de mantener en secreto lo que debiera ser público o resulta embarazoso, es que varias organizaciones noticiosas de EE.UU. presentaron una demanda en abril, para que los tribunales de crímenes de guerra en Guantánamo, les dieran acceso irrestricto a los juicios contra el terrorismo. El objetivo es también acceder a varios testimonios de acusados, como el del saudita Al Rahim al Nashiri, para conocer detalles sobre actos de torturas que, aunque ya son públicos, el Pentágono insiste en clasificar como secretos nacionales.

Es evidente que la época post 9/11 trajo un mayor control de la seguridad nacional y ciudadana por parte del gobierno. Pero el problema es que a veces ese control desemboca en paranoia, que permite al gobierno perseguir fugas informativas, vigilar a los ciudadanos, clasificar o censurar información, aunque se pongan en riesgo otros valores sociales y democráticos como el derecho a la privacidad, la libertad de información y la rendición de cuentas.

Mucha violencia, poca voluntad

Hoy, un bombazo en Bogotá que mató a cinco personas e hirió a 25 estaba dirigido el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, ex ministro, y actual director del programa radial La Hora de la Verdad por la cadena nacional Súper, además de columnista de El Tiempo de Bogotá, La Opinión de Cúcuta y La Patria de Manizales.

El viernes pasado el diario mexicano El Mañana, de Nuevo Laredo, fue atacado con metralleta y explosivos y desde este domingo anunció en su editorial que dejará de publicar información sobre los conflictos violentos entre carteles. También en México fueron asesinados en estos últimos diez días, cuatro periodistas por razones profesionales, varios otros, así como otro caso en Bolivia parecieran no estar vinculados a la profesión.

Los secuestros también están al orden del día. Dos periodistas mexicanos permanecen plagiados desde la última semana, así como uno en Honduras; mientras en Colombia, las FARC mantienen retenido al francés Romeo Langlois, a quien para liberarlo, exigen que el nuevo gobierno francés envíe un emisario.

Mientras tanto expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigieron al gobierno mexicano “avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.

El proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso busca garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas. El objetivo busca alcanzarse mediante la creación de un mecanismo que posea la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenirlos.

Pero más allá de esta petición es el presidente de México, Felipe Calderón, quien debe ser responsable para que esta ley finalmente se promulgue y aplique. Esa falta de voluntad política es la misma que criticaba días atrás en este blog al presidente de Honduras, Porfirio Lobo.

Sin voluntad política para adoptar medidas que fortalezcan el ministerio público y al sistema judicial, la espiral de violencia difícilmente mermará.

“Queremos preguntar”

El reclamo parece obvio si se tiene en cuenta que lo hizo un grupo de periodistas. “Queremos preguntar” gritó un grupo de más de 100 periodistas argentinos que este domingo participó del programa de Jorge Lanata, con el ánimo de criticar al gobierno de Cristina de Kirchner, que desde que asumió su primera presidencia en 2007, solo otorgó dos conferencias de prensa.

El programa de Lanata en Canal 13 de Buenos Aires se llama “Periodismo para Todos”. Es un nombre de origen sarcástico que está motivado por los varios programas de origen social de la presidenta Cristina de Kirchner, entre los que se cuentan Fútbol para Todos, Carburando para todos, TV Digital para Todos, entre otros, con los que el fútbol, el automovilismo y decodificadores de televisión digital son ofrecidos en forma gratuita a los pobladores, lo que es criticado por muchos como subvenciones estatales al servicio de la propaganda gubernamental.

Si bien las preguntas son el arma de los periodistas, son las respuestas que éstos buscan lo que hace que el periodismo cobre relevancia.  En la confrontación entre la pregunta y la respuesta sobre asuntos complejos,  existe ese campo donde se encuentra la esencia del periodismo, su capacidad para descubrir hechos que de otra manera podrían quedar ocultos, y que dada su naturaleza son fundamentales para el mejor entendimiento y decisiones del público.

La esencia del saber no se halla tanto en las respuestas que se obtienen, sino en la calidad y exquisitez con la que se formula una pregunta.

Si a un gobierno se le permite responder sin que se le pregunte, como ocurre como el de Argentina, pero también con el de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, la información que se ofrece casi siempre terminará siendo propaganda, es decir información interesada.

Las conferencias de prensa son la expresión máxima de respeto que una persona en un cargo público y/o  importante está obligada a demostrar, así sea un ministro, un funcionario de una empresa privada que tiene que explicar un asunto polémico o un director técnico que tiene que explicar el por qué una estrategia dio o no dio resultado.

Los periodistas, más dedicado a esos temas que el público en general, tienen la misión de incluir en su consulta lo que los ciudadanos quisieran preguntar. Esa delegación social que asume el periodista, es parte de un pacto implícito de la democracia, en el que el poder, a su vez, está obligado a rendir cuentas y a ser transparente.

Debido a esto, es justamente la máxima autoridad de un país, quien tiene la mayor obligación de rendir cuentas, ser transparente y sentarse frente a los periodistas, para que en un acto libre, se puedan buscar las respuestas que el público requiere.  Cristina de Kirchner, sin embargo, así como Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega, prefiere la tribuna y púlpito público, aquel desde el que se habla didascálicamente, desde el que se informa interesadamente, se hace propaganda. 

Los periodistas, de los más destacados de Argentina, se presentaron en el programa de Lanata reclamando que el gobierno haga conferencias de prensa, pero también con pancartas en las que se leían "Libre acceso a la información", "Control parlamentario de la pauta oficial" y "No al paraperiodismo", otros temas que forman parte del gran abanico de problemas quie tiene la libertad de prensa en el país.

La primera conferencia de prensa que dio la presidenta Kirchner fue el 2 de agosto de 2008 y la segunda, en la que solo permitió cinco preguntas, la ofreció en agosto de 2011.

Matrimonios gay y la campaña Obama

La campaña del presidente Barack Obama ha dado un paso inteligente. En el momento que los críticos avanzaban sobre el tema de la economía, el estancamiento del empleo, de las ventas al por menor y el aumento del déficit comercial, Obama hizo que la conversación nacional girara sobre temas sociales, ofreciendo repentinamente su apoyo a los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que tomó por sorpresa a la campaña de Mitt Romney, su seguro contendiente para noviembre.

No creo que Obama haya sido sorprendido por el vicepresidente Joe Biden quien el domingo pasado había dado su respaldo a las uniones matrimoniales, como para tener que salir este miércoles sobre el tema, primera vez que un Presidente lo hace en Estados Unidos.

Creo que se trató de una estrategia bien pensada. Los demócratas se aseguraron no solo que Romney no hable mucho de economía y critique a Obama con su seguro rechazo a  este tipo de uniones matrimoniales, sino que además lo pusieron a la defensiva. De golpe y porrazo, además del anuncio de Obama, un grupo de compañeros de clase secundaria de Romney salieron a la palestra, después de 40 años, para criticarlo porque de joven se burlaba de unos amigos de escuela que eran homosexuales.

Romney desmintió y nadie hizo mucha alharaca, sin embargo tuvo que gastar su tiempo para defenderse, en lugar de seguir atacando el flanco más débil de Obama: la economía.

Fue un buen golpe de Obama, de los que veremos muchos más mientras se vaya calentando la campaña electoral.

Lobo debe ser responsable

El presidente Porfirio Lobo de asumir las responsabilidades en materia de libertad de prensa para la protección de los periodistas de su país, especialmente después que esta semana fue secuestrado el reconocido locutor Alfredo Villatoro y asesinado el periodista, Erick Martínez Ávila.

En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.

Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa,  se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.

Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.

Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.

Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.

A propósito del posible atentado

Últimamente el gobierno de Estados Unidos ha tenido mayores éxitos desbaratando complejas conspiraciones y planes terroristas, que controlando los escándalos por el comportamiento indecente de sus fuerzas de seguridad, fuera de los campos de batalla.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.

La asombrosa exigencia de las FARC

La libertad de prensa sufrió por estos días embates terribles. En la ciudad mexicana de Veracruz cuatro periodistas fueron asesinados por el crimen organizado, de cuyos cadáveres, tres fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura a la vera de un río.

En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.

Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.

Las FARC se equivocan con esta estrategia.

Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.

Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.

Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.

Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.

Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.

Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.