Pese a la campaña electoral con miras a su reelección en noviembre, Barack Obama debería comportarse como Presidente de todos los estadounidenses y no solo de sus partidarios Demócratas.
Pese a que las leyes y la Constitución legítimamente lo autorizan a dedicar parte de su estadía en la Casa Blanca, tiene mayores responsabilidades éticas que su posible contrincante, el republicano Mitt Romney, para poder despacharse a su antojo sobre cualquier tema.
En esta ocasión, su estrategas de campaña eligieron el logro del gobierno de Estados Unidos de matar al terrorista Osama Bin Laden, como si fuera un logro propio, desconociendo que el país estuvo por 10 años gastando dineros públicos y estrategias militares para encontrar al responsable del 9/11. Y menos mal que Bin Laden fue asesinado hace un año atrás y no ahora en plena campaña, porque seguramente hubiera sido un tema exhibido como el “mejor trofeo” de caza posible.
Desastrosas fueron las declaraciones del vicepresidente Joe Biden, quien exhibiendo poca prudencia y mucha propaganda, hizo comentarios para endulzar las orejas de los Demócratas pero ofender a todos los estadounidenses complementando logros militares con económicos: “Si está buscando un autoadhesivo para sintetizar la forma en que el presidente Obama manejó lo que heredamos, es muy simple: Osama Bin Laden está muerto y General Motors vive”.
Si Obama logró un buen objetivo común para unir a todos los estadounidenses de uno y otro bando político con la muerte de Bin Laden, lo arruinó con lemas de campaña y propaganda que ensalzan su estatura como Comandante en Jefe, cuya responsabilidad debería estar destinada a servir a todos, no solo a los demócratas.
En materia de seguridad nacional y relaciones exteriores, temas con los que los Republicanos le apuntarán, Obama tiene otros logros de los que podrá disponer en su campaña, sin tener que dar golpes bajos ni meterse en temas escabrosos y tan íntimos para muchos estadounidenses.
mayo 01, 2012
abril 30, 2012
Chávez anuncia lo esperado
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, retomó su liderazgo de ser el crítico más acérrimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de haber relegado su postura al presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Chávez convocó a un Consejo de Estado para que lo asesore sobre si debería Venezuela renunciar a la CIDH, lo que implícitamente en su pregunta está la respuesta.
La amenaza de Chávez se da después de dos semanas, cuando el informe de la CIDH incluyó a Venezuela junto a Cuba y Honduras en una lista negra de países donde más se violan los derechos humanos con total impunidad.
La reacción de Chávez es totalmente contradictoria con lo que viene pidiendo y predicando a favor de Cuba, a la que quiere ver reintegrada a las cumbres presidenciales que forman parte de la Organización de Estados Americanos, aunque al mismo tiempo no quiere que ni Cuba ni su propio país sean supervisados por la CIDH.
Años atrás, Chávez hizo expulsar de Venezuela al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, así como al director de Americas Watch, Miguel Vivanco. También rechazó las decisiones de la CIDH que condenaban a su país por violaciones a los derechos humanos de periodistas y opositores a su régimen.
En realidad, este nuevo paso para renunciar a la CIDH no es más que una política coherente con la posición anti derechos humanos que viene asumiendo desde hace años.
Chávez convocó a un Consejo de Estado para que lo asesore sobre si debería Venezuela renunciar a la CIDH, lo que implícitamente en su pregunta está la respuesta.
La amenaza de Chávez se da después de dos semanas, cuando el informe de la CIDH incluyó a Venezuela junto a Cuba y Honduras en una lista negra de países donde más se violan los derechos humanos con total impunidad.
La reacción de Chávez es totalmente contradictoria con lo que viene pidiendo y predicando a favor de Cuba, a la que quiere ver reintegrada a las cumbres presidenciales que forman parte de la Organización de Estados Americanos, aunque al mismo tiempo no quiere que ni Cuba ni su propio país sean supervisados por la CIDH.
Años atrás, Chávez hizo expulsar de Venezuela al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, así como al director de Americas Watch, Miguel Vivanco. También rechazó las decisiones de la CIDH que condenaban a su país por violaciones a los derechos humanos de periodistas y opositores a su régimen.
En realidad, este nuevo paso para renunciar a la CIDH no es más que una política coherente con la posición anti derechos humanos que viene asumiendo desde hace años.
abril 24, 2012
abril 23, 2012
Conclusiones de libertad de prensa, Cádiz, España
Los principales problemas que vive hoy la prensa americana se concentran en los crímenes contra periodistas por el solo hecho de ejercer su profesión y en gobiernos de origen democrático, pero autoritario, que utilizan los medios del Estado para perseguir y difamar a la prensa independiente.
En Brasil, tres periodistas fueron asesinados en casos en los que hay evidencias de que fueron producidos por desempeñar su trabajo, y la morosidad de la justicia estimula la impunidad, en tanto que en Haití un periodista radial murió por el mismo motivo.
Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas.
Los problemas de regulaciones y acceso a la información son recurrentes:
En Argentina, el gobierno se niega sancionar dos leyes que darían transparencia: una sobre acceso a la información pública y otra para regular la publicidad oficial, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que establece su disposición razonable.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza permanentemente con regular la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación mientras las agresiones se repiten sin ser esclarecidas.
En Ecuador, Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y, por lo tanto, debe ser administrada por el Estado, con lo que busca justificar la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales. Tras el perdón de Correa a la condena a directivos de El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza. Establece discriminación contra medios privados y forma, en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, un Consejo de Comunicación para aplicar la norma.
En Venezuela, además de los agravios permanentes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz para censurar a los medios, ya sea con inmensas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario como restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas. El gobierno, como el ecuatoriano y el argentino, mantiene una inmensa red de medios gubernamentales financiada con fondos públicos.
En Guatemala, una reforma de la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando los alcances de lo que puede amenazar la seguridad nacional.
En Nicaragua y Argentina, el gobierno mantiene un férreo control sobre gran cantidad de medios gubernamentales mientras castiga a los medios críticos con la pauta oficial.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo amenaza con enviar una ley de prensa al Congreso en represalia porque considera que muchos medios defienden intereses particulares en vez de dedicarse al “apostolado” de la información.
En Colombia, se intentan imponer restricciones legales a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, como diversas publicidades y propaganda electoral.
A su vez, la SIP solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y exhortó a los gobiernos miembros de esta organización a que no accedan a la solicitud de Ecuador de restringir la actividad de monitoreo y defensa de la libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al impedirle que busque fondos por fuera de la OEA, comparta su presupuesto con otras relatorías y no le permita hacer su informe país por país.
Siguen verificándose agresiones y situaciones de impunidad hacia medios y hombres de prensa. A los crímenes de Brasil y Haití se le suman los escasos esfuerzos del gobierno de Honduras por resolver los 20 asesinatos contra periodistas de los últimos dos años, sin haberles dedicado recursos para esclarecerlos.
En Cuba, antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI aumentaron las agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como las restricciones a la telefonía móvil e internet. En 2012 hubo un promedio de 600 detenciones por mes, y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo un férreo control sobre internet.
En México, las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos, es el peor obstáculo para la prensa.
A su vez, las demandas judiciales contra aquellos que difunden información contraria a los intereses del gobierno mantienen vigencia en Panamá y Paraguay.
En Brasil, tres periodistas fueron asesinados en casos en los que hay evidencias de que fueron producidos por desempeñar su trabajo, y la morosidad de la justicia estimula la impunidad, en tanto que en Haití un periodista radial murió por el mismo motivo.
Pero sin dudas Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua enfrentan un patrón de adversidades comunes a manos de presidentes arbitrarios e intolerantes que buscan acallar a la prensa crítica: numerosos medios del Estado realizan una campaña sistemática contra el periodismo independiente, la publicidad oficial es utilizada para premiar amigos y castigar medios no afines, la prensa es acusada de desestabilizadora y golpista por los máximos responsables de la administración nacional y los mandatarios están ensañados en sus discursos públicos con aquellos que levantan voces críticas identificando y descalificando por su nombre a los propios periodistas.
Los problemas de regulaciones y acceso a la información son recurrentes:
En Argentina, el gobierno se niega sancionar dos leyes que darían transparencia: una sobre acceso a la información pública y otra para regular la publicidad oficial, incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que establece su disposición razonable.
En Bolivia, el presidente Evo Morales amenaza permanentemente con regular la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación mientras las agresiones se repiten sin ser esclarecidas.
En Ecuador, Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y, por lo tanto, debe ser administrada por el Estado, con lo que busca justificar la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales. Tras el perdón de Correa a la condena a directivos de El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza. Establece discriminación contra medios privados y forma, en su mayoría por miembros del Poder Ejecutivo, un Consejo de Comunicación para aplicar la norma.
En Venezuela, además de los agravios permanentes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz para censurar a los medios, ya sea con inmensas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario como restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas. El gobierno, como el ecuatoriano y el argentino, mantiene una inmensa red de medios gubernamentales financiada con fondos públicos.
En Guatemala, una reforma de la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando los alcances de lo que puede amenazar la seguridad nacional.
En Nicaragua y Argentina, el gobierno mantiene un férreo control sobre gran cantidad de medios gubernamentales mientras castiga a los medios críticos con la pauta oficial.
El presidente de Honduras, Porfirio Lobo amenaza con enviar una ley de prensa al Congreso en represalia porque considera que muchos medios defienden intereses particulares en vez de dedicarse al “apostolado” de la información.
En Colombia, se intentan imponer restricciones legales a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, como diversas publicidades y propaganda electoral.
A su vez, la SIP solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y exhortó a los gobiernos miembros de esta organización a que no accedan a la solicitud de Ecuador de restringir la actividad de monitoreo y defensa de la libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al impedirle que busque fondos por fuera de la OEA, comparta su presupuesto con otras relatorías y no le permita hacer su informe país por país.
Siguen verificándose agresiones y situaciones de impunidad hacia medios y hombres de prensa. A los crímenes de Brasil y Haití se le suman los escasos esfuerzos del gobierno de Honduras por resolver los 20 asesinatos contra periodistas de los últimos dos años, sin haberles dedicado recursos para esclarecerlos.
En Cuba, antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI aumentaron las agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como las restricciones a la telefonía móvil e internet. En 2012 hubo un promedio de 600 detenciones por mes, y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo un férreo control sobre internet.
En México, las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por el crimen organizado y por funcionarios corruptos, es el peor obstáculo para la prensa.
A su vez, las demandas judiciales contra aquellos que difunden información contraria a los intereses del gobierno mantienen vigencia en Panamá y Paraguay.
Libertad de prensa en las Américas
Este es un resumen de los principales problemas de libertad de prensa en el continente que estamos discutiendo en Cádiz, España, durante la reunión de medio año de la SIP
Argentina
El ataque del gobierno nacional tiene varios frentes: Una ley que nacionalizó la producción de papel para periódicos, otra sobre antiterrorismo que condiciona los contenidos editoriales, y una política de descalificación continua de periodistas independientes y una campaña permanente y costosa de propaganda política.
El gobierno se niega a sancionar dos leyes que aportarían a la transparencia y el buen gobierno: una sobre acceso a la información pública y otra sobre distribución de publicidad oficial como ordenó, en este caso, la Corte Suprema de Justicia.
Bolivia
La constante animadversión del presidente Evo Morales contra la prensa a la que acusa de desestabilizadora; no condice con su promesa de que no reformará la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación, asunto con el que amaga periódicamente.
En los últimos meses se produjeron 46 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas ninguna de las cuales fue investigado ni esclarecido.
Brasil
En noviembre la presidenta Dilma Rousseff promulgó la Ley de Acceso a Información Pública, que se aplica a los poderes públicos del Estado, tanto a nivel nacional, estatal y municipal.
Tres periodistas fueron asesinados en casos con evidencias que fueron producidos por razón de su profesión. También se registraron 30 casos de violencia y atentados contra periodistas y medios.
Canadá
Proyectos de ley para combatir las violaciones al derecho de autor y combatir la pornografía infantil en el internet, corren el riesgo de transformarse en herramientas de censura digital.
Un proyecto de ley en Quebec busca crear el título de “periodista profesional”.
Caribbean
Violentos allanamientos contra dos medios importantes de Trinidad & Tobago son parte de actitudes oficiales del gobierno ante denuncias sobre irregularidades en la administración pública.
En Surinam una ley de amnistía aprobada en abril, dejará en la impunidad la masacre de cinco periodistas ocurrida en 1982.
Chile
Dos atentados contra medios de comunicación y agresiones contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones públicas, generaron pedidos de protección especial a las autoridades.
Un proyecto que tipifica penal y civilmente el delito de odio racial y religioso pudiera aplicarse coercitivamente a los medios de comunicación y periodistas.
Colombia
Varias reformas legales intentan imponer restricciones a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, propaganda electoral, publicidad de edictos y judiciales, y publicidad sobre bebidas alcohólicas y espectáculos públicos.
Se ha incrementado el número de acciones judiciales por responsabilidad civil y penal contra medios y periodistas, y aunque en su mayoría no hay condenas, los procesos son usados para generar autocensura.
Costa Rica
Continúan encarpetadas en el Congreso dos proyectos de ley que afectarían la libertad de prensa; uno sobre Libertad de Expresión y de Prensa, redactado en 2008 y otro que busca expandir el derecho de réplica a las opiniones vertidas en los medios.
Cuba
Antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI, se incrementó el número de agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como restricciones a telefonía móvil e internet.
En 2012 se han registrado un promedio de 600 detenciones por mes; y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo férreo control del internet.
El Salvador
En diciembre entró en vigencia la despenalización de los delitos de difamación, estableciéndose sanciones civiles en días multa y criterios sobre cómo los jueces deben administrar esas sanciones.
Ecuador
Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y por lo tanto su administración debe estar en manos públicas no privadas. De ahí su justificación para la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales.
Pese a que la atención estuvo centrada en el perdón de Correa a la condena contra El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza a futuro. Establece discriminación contra medios privados y un Consejo de Comunicación para aplicar la norma, integrado en su mayoría por el Poder Ejecutivo.
Estados Unidos
El gobierno ha clasificado más documentos que otros gobiernos anteriores, un total de 77 millones en 2011, 40 por ciento más que en el año previo. Mientras el Departamento de Justicia está requiriendo de Twitter que el suministre contenido de varias cuentas por las que los usuarios han filtrado información confidencial.
Varios medios están pidiendo al Poder Judicial acceso a los procesos judiciales a detenidos en Guantánamo involucrados en tareas de terrorismo contra fuerzas estadounidenses, por considerar que se trata de casos de conocimiento público.
Guatemala
Una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando las características sobre lo que puede amenazar la seguridad nacional.
La violencia contra periodistas y medios de comunicación mantuvo su tendencia de registrarse cada vez más en el interior del país, debido al crimen organizado y funcionarios corruptos.
Haití
Las relaciones entre el presidente Michel Martelly y la prensa son cada vez más tensas y complicadas; además de los agravios en actos públicos contra periodistas que denuncian hechos de corrupción, se denunció que en casa presidencial se están orquestando planes para controlar a los medios de comunicación.
Honduras
Pese a sus promesas para resolver unos 20 asesinatos contra periodistas en los últimos dos años, el Gobierno nacional ha hecho muy pocos esfuerzos para dedicar los recursos técnicos, científicos, económicos y legales para el esclarecimiento de esos casos.
El presidente Porfirio Lobo amenazó varias veces en que enviará una propuesta de ley de prensa al Congreso, en represalia por considerar que muchos medios defienden intereses particulares y en lugar de dedicarse al “apostolado” de la información.
México
Las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por funcionarios corruptos y por el crimen organizado, es el peor escollo para la prensa.
No obstante una reforma constitucional para federalizar los crímenes contra periodistas, busca mitigar la violencia y la impunidad.
En noviembre se aprobó la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias.
Nicaragua
El gobierno mantiene férreo control de la información a través de un gran conglomerado de medios gubernamentales; mientras tanto castiga a los medios independientes, en especial medios pequeños, discriminándolos con el otorgamiento de pauta publicitaria oficial.
Panamá
Funcionarios de gobierno presentaron varias demandas contra periodistas y medios por publicar información sobre actos de corrupción, mientras continúa la hostilidad del presidente Ricardo Martinelli, quien acusa a gran parte de la prensa de solo dar malas noticias y prestarse para chantajear a presidentes y ministros.
Paraguay.
Las querellas por difamación, que conllevan multas y castigos penales contra medios y periodistas, siguen siendo un método eficaz para tratar de censurar a la prensa.
Varios periodistas que trabajan en zona de frontera con Brasil reciben protección especial ante amenazas de muerte que provienen de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando.
Puerto Rico
Desde el Senado se ha desatado una campaña contra periodistas y directivos del diario El Nuevo Día, a raíz de denuncias sobre contratos irregulares de carácter privado entre senadores y el gobierno.
República Dominicana
Se atribuye a la campaña electoral presidencial de mayo próximo, un incremento de ataques contra periodistas, así como mayor agresividad del gobierno para restringir discursos sobre corrupción de medios.
El gobierno está lanzando una campaña de educación para que los ciudadanos usen mejor la ley de acceso a la información.
Uruguay
El presidente José Mujica insiste en que los medios siguen empeñados en dar malas noticias, lo que en períodos anteriores derivó en que funcionarios de gobierno pidieran la imposición de controles y leyes para la prensa.
Venezuela
Además de los agravios constantes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz como excusa para seguir censurando a los medios ya sea con cuantiosas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario, o restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas sobre agua contaminada o de fotografías sobre hechos de violencia.
El gobierno mantiene una red de medios gubernamentales – no públicos – con 500 estaciones de radios, seis canales de televisión, tres diarios financiados con fundos públicos y agencias de noticias. Esta red obtiene la publicidad oficial que se le niega o retacea a medios independientes.
Argentina
El ataque del gobierno nacional tiene varios frentes: Una ley que nacionalizó la producción de papel para periódicos, otra sobre antiterrorismo que condiciona los contenidos editoriales, y una política de descalificación continua de periodistas independientes y una campaña permanente y costosa de propaganda política.
El gobierno se niega a sancionar dos leyes que aportarían a la transparencia y el buen gobierno: una sobre acceso a la información pública y otra sobre distribución de publicidad oficial como ordenó, en este caso, la Corte Suprema de Justicia.
Bolivia
La constante animadversión del presidente Evo Morales contra la prensa a la que acusa de desestabilizadora; no condice con su promesa de que no reformará la Ley de Imprenta para regular en forma estricta a los medios de comunicación, asunto con el que amaga periódicamente.
En los últimos meses se produjeron 46 casos de agresiones verbales y físicas contra periodistas ninguna de las cuales fue investigado ni esclarecido.
Brasil
En noviembre la presidenta Dilma Rousseff promulgó la Ley de Acceso a Información Pública, que se aplica a los poderes públicos del Estado, tanto a nivel nacional, estatal y municipal.
Tres periodistas fueron asesinados en casos con evidencias que fueron producidos por razón de su profesión. También se registraron 30 casos de violencia y atentados contra periodistas y medios.
Canadá
Proyectos de ley para combatir las violaciones al derecho de autor y combatir la pornografía infantil en el internet, corren el riesgo de transformarse en herramientas de censura digital.
Un proyecto de ley en Quebec busca crear el título de “periodista profesional”.
Caribbean
Violentos allanamientos contra dos medios importantes de Trinidad & Tobago son parte de actitudes oficiales del gobierno ante denuncias sobre irregularidades en la administración pública.
En Surinam una ley de amnistía aprobada en abril, dejará en la impunidad la masacre de cinco periodistas ocurrida en 1982.
Chile
Dos atentados contra medios de comunicación y agresiones contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones públicas, generaron pedidos de protección especial a las autoridades.
Un proyecto que tipifica penal y civilmente el delito de odio racial y religioso pudiera aplicarse coercitivamente a los medios de comunicación y periodistas.
Colombia
Varias reformas legales intentan imponer restricciones a los contenidos de los medios tanto a nivel de divulgación de encuestas electorales, propaganda electoral, publicidad de edictos y judiciales, y publicidad sobre bebidas alcohólicas y espectáculos públicos.
Se ha incrementado el número de acciones judiciales por responsabilidad civil y penal contra medios y periodistas, y aunque en su mayoría no hay condenas, los procesos son usados para generar autocensura.
Costa Rica
Continúan encarpetadas en el Congreso dos proyectos de ley que afectarían la libertad de prensa; uno sobre Libertad de Expresión y de Prensa, redactado en 2008 y otro que busca expandir el derecho de réplica a las opiniones vertidas en los medios.
Cuba
Antes, durante y después de la visita del papa Benedicto XVI, se incrementó el número de agresiones, golpizas y detenciones de disidentes, así como restricciones a telefonía móvil e internet.
En 2012 se han registrado un promedio de 600 detenciones por mes; y aunque se consolida la comunidad de periodistas y blogueros independientes, el gobierno sigue manteniendo férreo control del internet.
El Salvador
En diciembre entró en vigencia la despenalización de los delitos de difamación, estableciéndose sanciones civiles en días multa y criterios sobre cómo los jueces deben administrar esas sanciones.
Ecuador
Rafael Correa insiste en que la información es un servicio público y por lo tanto su administración debe estar en manos públicas no privadas. De ahí su justificación para la Ley de Comunicación y la reforma electoral que incluyen restricciones severas para los contenidos editoriales.
Pese a que la atención estuvo centrada en el perdón de Correa a la condena contra El Universo, la futura Ley de Comunicación es la mayor amenaza a futuro. Establece discriminación contra medios privados y un Consejo de Comunicación para aplicar la norma, integrado en su mayoría por el Poder Ejecutivo.
Estados Unidos
El gobierno ha clasificado más documentos que otros gobiernos anteriores, un total de 77 millones en 2011, 40 por ciento más que en el año previo. Mientras el Departamento de Justicia está requiriendo de Twitter que el suministre contenido de varias cuentas por las que los usuarios han filtrado información confidencial.
Varios medios están pidiendo al Poder Judicial acceso a los procesos judiciales a detenidos en Guantánamo involucrados en tareas de terrorismo contra fuerzas estadounidenses, por considerar que se trata de casos de conocimiento público.
Guatemala
Una propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información busca restringir y clasificar información militar y diplomática ampliando las características sobre lo que puede amenazar la seguridad nacional.
La violencia contra periodistas y medios de comunicación mantuvo su tendencia de registrarse cada vez más en el interior del país, debido al crimen organizado y funcionarios corruptos.
Haití
Las relaciones entre el presidente Michel Martelly y la prensa son cada vez más tensas y complicadas; además de los agravios en actos públicos contra periodistas que denuncian hechos de corrupción, se denunció que en casa presidencial se están orquestando planes para controlar a los medios de comunicación.
Honduras
Pese a sus promesas para resolver unos 20 asesinatos contra periodistas en los últimos dos años, el Gobierno nacional ha hecho muy pocos esfuerzos para dedicar los recursos técnicos, científicos, económicos y legales para el esclarecimiento de esos casos.
El presidente Porfirio Lobo amenazó varias veces en que enviará una propuesta de ley de prensa al Congreso, en represalia por considerar que muchos medios defienden intereses particulares y en lugar de dedicarse al “apostolado” de la información.
México
Las 29 agresiones contra periodistas y los dos atentados contra medios, provocados por funcionarios corruptos y por el crimen organizado, es el peor escollo para la prensa.
No obstante una reforma constitucional para federalizar los crímenes contra periodistas, busca mitigar la violencia y la impunidad.
En noviembre se aprobó la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias.
Nicaragua
El gobierno mantiene férreo control de la información a través de un gran conglomerado de medios gubernamentales; mientras tanto castiga a los medios independientes, en especial medios pequeños, discriminándolos con el otorgamiento de pauta publicitaria oficial.
Panamá
Funcionarios de gobierno presentaron varias demandas contra periodistas y medios por publicar información sobre actos de corrupción, mientras continúa la hostilidad del presidente Ricardo Martinelli, quien acusa a gran parte de la prensa de solo dar malas noticias y prestarse para chantajear a presidentes y ministros.
Paraguay.
Las querellas por difamación, que conllevan multas y castigos penales contra medios y periodistas, siguen siendo un método eficaz para tratar de censurar a la prensa.
Varios periodistas que trabajan en zona de frontera con Brasil reciben protección especial ante amenazas de muerte que provienen de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y contrabando.
Puerto Rico
Desde el Senado se ha desatado una campaña contra periodistas y directivos del diario El Nuevo Día, a raíz de denuncias sobre contratos irregulares de carácter privado entre senadores y el gobierno.
República Dominicana
Se atribuye a la campaña electoral presidencial de mayo próximo, un incremento de ataques contra periodistas, así como mayor agresividad del gobierno para restringir discursos sobre corrupción de medios.
El gobierno está lanzando una campaña de educación para que los ciudadanos usen mejor la ley de acceso a la información.
Uruguay
El presidente José Mujica insiste en que los medios siguen empeñados en dar malas noticias, lo que en períodos anteriores derivó en que funcionarios de gobierno pidieran la imposición de controles y leyes para la prensa.
Venezuela
Además de los agravios constantes a los periodistas independientes, el gobierno sigue usando la cláusula constitucional de información veraz como excusa para seguir censurando a los medios ya sea con cuantiosas multas contra Globovisión por informar sobre un amotinamiento carcelario, o restringiendo la publicación de investigaciones periodísticas sobre agua contaminada o de fotografías sobre hechos de violencia.
El gobierno mantiene una red de medios gubernamentales – no públicos – con 500 estaciones de radios, seis canales de televisión, tres diarios financiados con fundos públicos y agencias de noticias. Esta red obtiene la publicidad oficial que se le niega o retacea a medios independientes.
abril 21, 2012
Un servicio secreto poco profesional
Si la Cumbre de las Américas pasará a la historia no es por sus resultados, que fueron exiguos, ni tampoco por los temas políticos como la reinserción de Cuba a la OEA, la soberanía de las Islas Malvinas o la legalización de las drogas, y muchos menos por los temas de agenda que nunca tuvieron el consenso para insertarse en una declaración final que fracasó.
La Cumbre pasó a la historia por la tragicomedia escenificada por unos 11 miembros del servicio secreto y 10 de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que días antes de que llegara Barack Obama, se involucraron con prostitutas y dejaron mal parado al gobierno estadounidense.
Las bromas por estos días fueron como un servicio secreto tan preparado puede no haber sido diligente para guardar sus secretos; pero en realidad lo que resaltó es la poca profesionalidad de esa entidad, lo que incluso puede subir de tono si la Fiscalía General de Colombia comprueba que algunas de las 21 prostitutas que participaron de la festichola en el Hotel Caribe era menor de edad.
La vergüenza del gobierno estadounidense se compara a muchas otras en que los militares se han visto en las guerras de Irak y Afganistán tomándose fotos con cadáveres, con gestos obscenos hacia símbolos religiosos, tirando el Corán o fotografías en que los soldados y oficiales estadounidenses posaban con víctimas torturadas como si fueran trofeos de caza.
Es cierto que no se puede generalizar, pero es obvio también que esta conducta irresponsable merece fuertes sanciones de las autoridades y que se revean los códigos de conducta de todas las entidades públicas de Estados Unidos. Estos escándalos minimizan los esfuerzos de un gobierno que siempre trata de imponerse con sermones anti corrupción, éticos y democráticos. Estos valores, más que con sermones, se imponen con hechos y acciones, algo en lo que las fuerzas armadas estadounidenses dejan mucho que desear.
abril 19, 2012
De Guillén a Maradona y Fidel
El manager del equipo de béisbol Miami Marlins, el venezolano Oswaldo “Ozzie” Guillén, no es el primer deportista famoso en confesar su amor por el dictador cubano. Su frase “I love Fidel Castro” en la revista Time, es similar a la del legendario entrenador argentino Diego Maradona, “Díganle a Fidel que lo amo”, aunque la gravedad de la ofensa de Guillén radica en el contexto en que la cometió.
El derecho a expresar lo que pensamos es un ejercicio complicado. Aunque las leyes amparen ese derecho a decir y hacer lo que sentimos, la libertad de expresión está condicionada por normas éticas de pundonor y sensibilidad, con el fin de que evitemos ofensas y agravios gratuitos.
En EE.UU. donde la libertad de expresión tiene una amplia protección constitucional y la Corte Suprema de Justicia ampara hasta quien quiera quemar una bandera o romper un crucifijo, esos actos están más condicionados legal y moralmente, si se cometieran en un desfile militar de veteranos o en una procesión de Semana Santa, por incitar a la violencia.
Aunque Guillén tiene todo el derecho a decir lo que piensa, como se argumentó en otras ciudades y en el exterior; también se justifica el enojo de muchos en Miami que preferirían verlo expulsado del equipo a que solo le hayan disciplinado con cinco juegos de suspensión sin goce de sueldo. Para muchos, se trata de una leve sanción que no repara la burla ni la ofensa de alguien que trabaja y vive a costilla de decenas de miles de fanáticos beisboleros que fueron perseguidos, torturados, expulsados o que escaparon de la férrea dictadura de los Castro.
Si bien en una conferencia de prensa esta semana Guillén admitió su error e imploró perdón, no muchos quedaron convencidos de darle una segunda oportunidad por temor a las reiteraciones. Es que Guillén como Maradona, tiene un temperamento verborrágico y desafiante, sin diferenciar el hablar con honestidad del ofender con arrogancia. Por eso cuando ganó el campeonato nacional con los Medias Blancas de Chicago en 2005, en vez de celebrar, Guillén gritó “Viva Chávez”, ensañándose contra quienes lo critican por su ideología; una actitud similar a la que adoptó Maradona cuando clasificó al Mundial de Sudáfrica de 2010, quien en vez de exudar alegría, insultó a los periodistas pidiéndoles entretenerse con sus genitales.
En casos como estos, en que las sanciones legales son impopulares y de difícil aplicación, los mejores correctivos son las fuertes medidas disciplinarias. Así el futbolista uruguayo Luis Suárez debió pagar 60 mil dólares de multa y se perdió ocho juegos por hacerle comentarios racistas al francés Patrice Evra en un partido entre el Liverpool y el Manchester United. Al basquetbolista de los Lakers, Kobe Bryant no le fue mejor, tuvo que pagar 100 mil dólares por comentarios anti gay contra un árbitro; mientras que la cadena ESPN echó y suspendió a un redactor y un comentarista por hacer acotaciones despectivas contra los asiáticos cuando se refirieron a la sensación de los Knicks de Nueva York, Jeremy Lin, el basquetbolista estadounidense de origen taiwanés.
Está visto que el derecho a la expresión siempre conlleva limitaciones, máxime cuando se trata de figuras públicas o personas con exposición mediática como los deportistas estrellas, cuyos dichos y acciones tienen mayor repercusión entre los más jóvenes. Pero no hay que preocuparse cuando prefieren la verborragia a abrazar causas como las de la UNICEF del Barcelona, promover la lectura como la NBA o combatir la drogadicción, ya que sus polémicas son útiles para generar discusión y aprendizaje. Después de todo, el caso de Guillén sirvió para recordar una vez más las atrocidades del régimen cubano.
La expresión sin sensibilidad de los deportistas célebres no es tan preocupante como cuando los gobernantes no se auto limitan, insultando desde sus tarimas a disidentes y críticos. En todo caso, los primeros crean polémica e imponen temas en la agenda social, mientras los segundos solo consiguen polarizar y dividir.
Aunque Guillén como Maradona tiene la virtud de enojar a la gente, es bueno que su caso se contextualice y no se generalice. De lo contrario, corremos el riesgo de que en otros casos, no diferenciemos la delgada línea existente entre exigir auto limitaciones e imponer censura.
El derecho a expresar lo que pensamos es un ejercicio complicado. Aunque las leyes amparen ese derecho a decir y hacer lo que sentimos, la libertad de expresión está condicionada por normas éticas de pundonor y sensibilidad, con el fin de que evitemos ofensas y agravios gratuitos.
En EE.UU. donde la libertad de expresión tiene una amplia protección constitucional y la Corte Suprema de Justicia ampara hasta quien quiera quemar una bandera o romper un crucifijo, esos actos están más condicionados legal y moralmente, si se cometieran en un desfile militar de veteranos o en una procesión de Semana Santa, por incitar a la violencia.
Aunque Guillén tiene todo el derecho a decir lo que piensa, como se argumentó en otras ciudades y en el exterior; también se justifica el enojo de muchos en Miami que preferirían verlo expulsado del equipo a que solo le hayan disciplinado con cinco juegos de suspensión sin goce de sueldo. Para muchos, se trata de una leve sanción que no repara la burla ni la ofensa de alguien que trabaja y vive a costilla de decenas de miles de fanáticos beisboleros que fueron perseguidos, torturados, expulsados o que escaparon de la férrea dictadura de los Castro.
Si bien en una conferencia de prensa esta semana Guillén admitió su error e imploró perdón, no muchos quedaron convencidos de darle una segunda oportunidad por temor a las reiteraciones. Es que Guillén como Maradona, tiene un temperamento verborrágico y desafiante, sin diferenciar el hablar con honestidad del ofender con arrogancia. Por eso cuando ganó el campeonato nacional con los Medias Blancas de Chicago en 2005, en vez de celebrar, Guillén gritó “Viva Chávez”, ensañándose contra quienes lo critican por su ideología; una actitud similar a la que adoptó Maradona cuando clasificó al Mundial de Sudáfrica de 2010, quien en vez de exudar alegría, insultó a los periodistas pidiéndoles entretenerse con sus genitales.
En casos como estos, en que las sanciones legales son impopulares y de difícil aplicación, los mejores correctivos son las fuertes medidas disciplinarias. Así el futbolista uruguayo Luis Suárez debió pagar 60 mil dólares de multa y se perdió ocho juegos por hacerle comentarios racistas al francés Patrice Evra en un partido entre el Liverpool y el Manchester United. Al basquetbolista de los Lakers, Kobe Bryant no le fue mejor, tuvo que pagar 100 mil dólares por comentarios anti gay contra un árbitro; mientras que la cadena ESPN echó y suspendió a un redactor y un comentarista por hacer acotaciones despectivas contra los asiáticos cuando se refirieron a la sensación de los Knicks de Nueva York, Jeremy Lin, el basquetbolista estadounidense de origen taiwanés.
Está visto que el derecho a la expresión siempre conlleva limitaciones, máxime cuando se trata de figuras públicas o personas con exposición mediática como los deportistas estrellas, cuyos dichos y acciones tienen mayor repercusión entre los más jóvenes. Pero no hay que preocuparse cuando prefieren la verborragia a abrazar causas como las de la UNICEF del Barcelona, promover la lectura como la NBA o combatir la drogadicción, ya que sus polémicas son útiles para generar discusión y aprendizaje. Después de todo, el caso de Guillén sirvió para recordar una vez más las atrocidades del régimen cubano.
La expresión sin sensibilidad de los deportistas célebres no es tan preocupante como cuando los gobernantes no se auto limitan, insultando desde sus tarimas a disidentes y críticos. En todo caso, los primeros crean polémica e imponen temas en la agenda social, mientras los segundos solo consiguen polarizar y dividir.
Aunque Guillén como Maradona tiene la virtud de enojar a la gente, es bueno que su caso se contextualice y no se generalice. De lo contrario, corremos el riesgo de que en otros casos, no diferenciemos la delgada línea existente entre exigir auto limitaciones e imponer censura.
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