Buena decisión de gobierno argentino

El gobierno argentino insiste en una lucha de muchas décadas que lamentablemente se precipitó por una tonta guerra en 1982: recuperar las Islas Malvinas.

El gobierno de Cristina de Kirchner ha puesto todo su empeño, a casi 30 años de aquella guerra que comenzó un 2 de abril, para que Gran Bretaña se siente a la mesa de negociaciones para discutir la soberanía de las Malvinas como ha solicitado la ONU y muchos países en forma individual, incluso EE.UU.

La arrogancia de Gran Bretaña se coronó hace un par de semanas cuando el primer ministro James Cameron tildó a la Argentina de colonialista, un aspecto que no sólo fue grosero sino que además sirvió para las chanzas internacionales a sabiendas de la actitud histórica de los ingleses en ese rubro.

Los ingleses consideran que los malvinenses no pueden estar fuera de la ecuación y tienen derecho a la autodeterminación, en realidad un juego político de palabras si se piensa que ese no fue el tema que se tuvo en cuenta con los pobladores de Hong Kong que se resistieron siempre a ser abrazados por China y por lo tanto se les permitió un status híbrido, y que las islas fueron argentinas hasta 1833 cuando los ingleses las invadieron.

Lo importante que Argentina escale los sistemas de presión hasta que Inglaterra se siente a dialogar y para ello es muy válido que la solidaridad de varios países sudamericanos que no permiten atracar en sus puertos a buques de bandera de Las Malvinas, así como la decisión de este lunes del gobierno de la provincia argentina de Tierra del Fuego.

La gobernadora de esa provincia, Fabiana Ríos, no permitió que los buques cruceros de turismo Star Princess y Adonia, ambos de Carnival Corporation con bandera británica, pudieran atracar en Usuahía.

Pese a que la decisión es un duro golpe a la economía de la ciudad y provincia por cuanto dejó de percibir ingresos de unos cinco mil turistas por un par de días, lo importante es que la decisión política mantiene la presión contra el gobierno inglés, una medida que tan lejos de su territorio les pesará neutralizar cada vez más.

Cuando el tumor es propaganda

Ahora que Hugo Chávez ha salido de su operación en La Habana, no parece que el tema de la desinformación sobre su estado de salud ha cambiado. Comparto con ustedes, la columna que publiqué este fin de semana; a continuación:

La información anodina y sin precisiones de Hugo Chávez sobre el nuevo tumor cancerígeno que le extirparán en La Habana, calmó en algo los rumores, pero no las críticas sobre la irresponsabilidad de un gobierno que insiste en ocultar la verdad y desinformar sobre un asunto de elevado interés público como la salud del primer mandatario.

Una fuente fundamental de la propaganda es la desinformación intencionada, lo cual Chávez aprendió como táctica militar y perfeccionó en su acercamiento a Cuba. Los regímenes autoritarios basan su estabilidad en la lealtad y el culto a la personalidad, de ahí que la salud de Chávez o Fidel Castro, como antes la de Lenin, Mao, Hitler o de Kim Jong II, sean consideradas secreto de Estado; y sus cuerpos terminan embalsamados para la historia.

Chávez adquirió esos vicios por eternizarse en el poder y haber aprendido técnicas de propaganda que el gobierno cubano ensaya a diario para crear rumores, manipular información, controlar medios de comunicación y calcular los efectos del silencio. Por eso Chávez prefirió internarse en el sigilo de La Habana que exponerse a la transparencia que manejan las clínicas oncológicas de Brasil, como Lula da Silva y Fernando Lugo experimentaron.

Hay que hacer una diferencia entre Cuba y Venezuela. El caso de Chávez es más grave, por dos razones. Primero, porque tratándose de que no es un régimen impuesto por la fuerza sino ungido por los votos, incumple con las condiciones de rendición de cuentas y transparencia que exige la democracia. Y segundo, porque usa dineros de todos los venezolanos para crear en otros países sistemas de propaganda a su imagen y semejanza, como ocurre entre miembros de la Alianza Bolivariana para las Américas.

No es casual que en esos países, los responsables de la propaganda sean los que más han sobrevivido a los constantes cambios de gabinete, como Fernán Alvarado y Rosario Murillo, secretarios de Comunicación de Ecuador y Nicaragua; e Iván Canelas y Andrés Izarra, ministros de Comunicación de Bolivia y Venezuela.

Desinformar a nivel gubernamental se ha vuelto un vicio tan grande como hacer propaganda. Un caso patético es el de Argentina, donde las mediciones oficiales sobre pobreza e inflación son manipuladas y rara vez coinciden con las de consultoras privadas, a las que se prohíbe divulgar sus resultados. Otros gobiernos son aún más frontales, tomando represalias contra quienes denuncian actos de corrupción en la función pública, como le ocurrió en Ecuador a los autores del libro El Gran Hermano, sentenciados a pagar dos millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa, por revelar la existencia de contratos fraudulentos y comprobados, entre el gobierno y su hermano.

En América Latina los gobiernos no solo son alérgicos a poner en manos de los ciudadanos la información que generan, sino que además tratan de entorpecer que los medios de comunicación lo hagan. Por eso existen más países con leyes de prensa para trabar la labor de los medios, que estados con legislaciones sobre transparencia y acceso a información pública que obliguen a oficinas y funcionarios a difundir los datos que se les solicitan. En muchos, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela, los gobiernos se resisten a promulgar este tipo de leyes, como si los actos de administración de gobierno que los ciudadanos les han delegado, fueran asuntos privados.

Además de esta resistencia a la transparencia, en Latinoamérica no se escatiman esfuerzos para crear órganos de propaganda o para “decir la verdad que los medios callan”, como se excusó esta semana Evo Morales al inaugurar su programa de radio. También en Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, esa misma excusa promovida hace tiempo por Hugo Chávez, ha servido a los gobiernos para expropiar o comprar medios o crear agencias de noticias que solo se utilizan como órganos de difusión partidaria y no como medios públicos al servicio de todos los sectores de la sociedad.

La desinformación y la propaganda gubernamental son tumores que carcomen a la democracia. Aunque combatir ese cáncer debería ser una tarea de todos, lamentablemente es un ejercicio que poco se practica a la hora de elegir o reelegir a los gobernantes.

Correa y un gesto no muy auténtico

Al gesto de Rafael Correa de esta mañana hay que agradecerlo. El hecho de que cuatro periodistas no irán a la cárcel y no tendrán que pagar 40 millones de dólares es algo muy importante, así como los dos periodistas autores del libro El Gran Hermano que también fueron perdonados a pagar dos millones de dólares.

El perdón fue un gesto importante, pero esto no evita que se pueda seguir sosteniendo que en Ecuador el gobierno y el poder político siguen coartando la libertad de prensa y de expresión.

Primero porque el perdón no equivale a la disolución de la sentencia, la que ha quedado en firme según la decisión de la Corte Nacional y ojalá las familias Pérez, Emilio Palacio, y los autores del libro prosigan el proceso judicial hasta las últimas instancias. Segundo, porque el Presidente utilizó la tribuna una vez más para insultar a la prensa, al seguir calificándola de desestabilizadora de la democracia, dictatorial, oligárquica y acusar a los propietarios de medios de ser herederos de imprentas. Tercero porque además de estos juicios hay otros graves problemas que enfrenta la prensa, a saber el Código de la Democracia que impuso restricciones a la cobertura periodística durante la campaña electoral que desembocará en los comicios del 17 de febrero de 2013, así como la Ley de Comunicación que pronto será aprobada en el Congreso.

Del discurso de Correa se desprendió también el odio en contra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su falta de respeto por los comisionados y por la relatora especial de Libertad de Expresión, Catalina Botero.

Los cuestionamientos contra la CIDH no fueron más que otra manera de ponerle presión, como lo viene haciendo desde octubre pasado cuando Fundamedios y los autores de El Gran Hermano participaron de una sesión y denunciaron ser víctimas de persecución política y judicial. Desde entonces, Correa no cesó de atacar a la CIDH, cuestionando su presupuesto, su funcionamiento, el lugar de su sede y acusándola de injerencia a la soberanía del Ecuador.

El perdón de Correa vale mucho, pero no fue muy auténtico. Ya había adelantado en estos posts y mi columna que finalmente Correa perdonaría, una actitud que él nunca descontó de su repertorio y que quería hacer cuando la justicia le diera la razón y condenara a los periodistas.

Una de las notas importantes de este proceso ha sido observar la solidaridad mediática internacional que despertó, lo que se transformó en un elemento de fuerte presión para el gobierno.

Chávez y la orfandad de su revolución

Hugo Chávez es el único responsable si su partido queda huérfano para las elecciones de octubre. Su forma personalista, autoritaria y mesiánica de mandar lo ha convertido en la única figura de su movimiento revolucionario capaz de ofrecer una posible victoria. Quienes le siguen en el mando, así sea el vicepresidente, el líder el Congreso, Diosdado Cabello, su hermano gobernador o el ministro de Comunicación, Andrés Izarra, están a años luz de poder equipararse con su liderazgo.

Una vez más en La Habana y con un cáncer que todos los rumores indicaban que era agresivo, muchos en Venezuela ya se preguntan qué pasaría si Chávez no sale victorioso de su peor batalla. El viernes cuando se fue de Caracas, mientras miles de simpatizantes y presidentes colegas lo saludaban, siguió con su perorata arrogante y endiosaba diciendo que su vida ya no le pertenecía sino que vivía con los revolucionarios y la revolución, obviamente de la que excluye a una gran cantidad de venezolanos.

Chávez nunca fue presidente ni gobernó para Venezuela. Lo hizo para su propio proyecto, para sus sueños de grandeza, para inmortalizarse en la historia, ni siquiera para los ideales de la revolución que pregona. Chávez es Chávez, solo eso, y es tan minúsculo como otros dictadores lo fueron para sus países. Su arrogancia y egoísmo le hicieron creer que superaría a los tiempos y a las enfermedades que los demás mortales sufrimos, por eso se olvidó de un detalle que cualquier buen estadista tendría a la hora de organizar su revolución: prepararía y dejaría espacio a sus segundos de mando.

Chávez es él y sin él, no le interesa nada, ni su propia revolución.

Tumores y propaganda

RICARDO TROTTI: Tumores y propaganda - Opinión - ElNuevoHerald.com

Lobo y el tiro por la culata

Al presidente Porfirio Lobo le salió el tiro por la culata. Desde que hizo su presentación en la inauguración de la tercera legislatura, había dicho que desde un seminario que organizaría sobre libertad de expresión, emergerían los lineamientos para preparar un proyecto de ley de prensa que enviaría en marzo al Congreso.

Esperaba, según se pudo percibir de sus declaraciones posteriores, que surjan lineamientos concretos para disciplinar a los medios de comunicación o, al menos, que los obligue a que sean más responsables. Su idea, en especial por diferencias que mantiene con los medios, propietarios y periodistas, tiene que ver mucho por su alergia a las críticas y al disenso.

Lo de Lobo es peligroso, como ya comenté en post anteriores en este blog, considerando la experiencia de otros presidentes de la región cuya prédica intencionada contra los medios fue escalando hasta convertirse en leyes restrictivas. De ahí que Lobo haya empezado a tratar de dividir al periodismo, criticando a dueños y editores y alabando a periodistas, como en su momento hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa y Cristina de Kirchner para justificar luego sus acciones en contra de toda la prensa.

Bueno, finalmente la reunión se hizo el miércoles pasado y, desde el punto de vista de la libertad de prensa, se esperaba lo peor. Pero no fue así. El evento se llamó "Libertad de Expresión: El Derecho a saber, Honduras, 2012", y fue auspiciado por el Programa Libertad de Expresión del Centro de Estudios para la Democracia Popular (Cedepu), de Chile, en coordinación con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), así como por la oficialista Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Sedinafroh), Naciones Unidas y el Gobierno hondureño en general.

En definitiva digo que a Lobo le salió el tiro por la culata, porque creo que las recomendaciones del grupo están muy distantes de lo que el pretendía, especialmente porque están más destinadas a marcar la responsabilidad que le cabe al Estado y al gobierno para proteger y respetar la libertad de prensa, que para facilitar la censura que el gobierno quisiera hacer de los contenidos de los medios.

Entre esas recomendaciones, se destacan las siguientes: continuar las investigaciones inconclusas de casi una veintena de casos de periodistas asesinados; que se estipulen normas legales para regular los gastos del gobierno en materia de publicidad oficial; reformar la ley de telecomunicaciones; prohibir las cadenas radiales y de televisión que solo tengan como fin la propaganda gubernamental; incentivar la adopción y el uso de códigos de ética en los medios; así como propender una mayor profesionalidad periodística mediante entrenamiento continuo y multidisciplinario.

Lobo dijo luego de este foro que la próxima semana otro grupo de organizaciones no gubernamentales podrían estar redactando un proyecto de ley, y que cualquiera que se adopte tendría que ser primero discutida y consensuada.

Creo que Lobo está confundiendo las cosas y ante el desconocimiento piensa que la mejor opción es regular. Está equivocado.

Lobo debe distinguir que los medios (lo que le disgusta) y la libertad de prensa no son la misma cosa. Que los medios entre sí, tampoco tienen la misma naturaleza, una cosa es administrar el éter, que es finito, para lo cual debe otorgar licencias a la televisión y de radio (no olvidar que sobre sus espaldas tiene el conflicto de Canal 8 que el gobierno se guardó para sí, cuando la Corte Nacional ya le había entregado la concesión a Elías Asfura) y otra cosa es imponer una ley con los mismos criterios para los medios escritos y el internet, ambos de naturaleza infinita.

En Honduras, como en muchos países, los gobiernos siempre están tentados a echarle la culpa a los medios o a su sensacionalismo. Pero en verdad, si bien también existen abusos mediáticos, la corrupción y la inseguridad pública no empeoran porque los medios la reflejen, sino cuando el gobierno no toma las medidas correctivas.

Está probado que la imposición de leyes para disciplinar a los medios son la primera fase para limitar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo mejor que podría hacer Lobo es dejar este proyecto de lado, especialmente ahora que está caliente; del enojo surge siempre la represalia y la venganza, aspectos que no merecen ser tomados en cuenta en esta discusión.