Peligra libertad de expresión en Ecuador

Una nota del periodista Antonio M. Delgado de El Nuevo Herald, con quien hablé esta tarde de esta situación. "La sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo -que implica una multa de $40 millones y tres años de cárcel para los directivos y el autor de un artículo que ofendió al presidente Rafael Correa- amenaza no sólo con quebrar al periódico guayaquileño, sino también la libertad de expresión en el país andino, dijeron los demandados.

La sentencia, producto de una demanda personal introducida por Correa contra uno de los diarios más antiguos y de mayor circulación del país, es el último de una serie de esfuerzos emprendidos por el gobierno ecuatoriano a fin de silenciar a los medios de comunicación, que ahora enfrentan mayores presiones para practicar la autocensura, añadieron.

“Ellos no quieren una prensa independiente”, dijo en una entrevista telefónica el director del diario, Carlos Pérez Barriga. “Aquí se está aplicando un sistema de premios y castigos [para silenciar a los medios]”.

El sistema comenzó a ser aplicado en Ecuador desde que Correa llegó al poder, afirmó.

Por un lado, el gobierno amenaza constantemente a los medios con retirarles la publicidad estatal si muestran una línea editorial adversa al gobierno, y por el otro introduce demandas en las cortes contra aquellos medios que se atreven a formular denuncias.

Todo esto está dirigido a fomentar la autocensura, sostuvo.

Una corte ecuatoriana sentenció la semana pasada a Pérez a tres años de prisión conjuntamente con los otros dos directores del diario y al ex editor de Opinión, Emilio Palacios, luego de que Correa los demandara por un artículo de opinión publicado en febrero.

Palacios, quien posteriormente renunció a su cargo en un infructífero intento por evitar que el diario se viera perjudicado, había escrito que un eventual sucesor de Correa podría enjuiciarlo por los acontecimientos de la rebelión policial de septiembre del 2010.

“En el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, escribió.

Tras un juicio realizado con sorprendente celeridad para los estándares ecuatorianos, la corte dictaminó que los acusados deben pagarle $30 millones a Correa, mientras que el periódico debía darle otros $10 millones.

Según Pérez Barriga, esos montos son insostenibles para el diario.

“Nos demandan por $40 millones, con eso no nos quiebra; nos requiebra”, expresó.

La sentencia -que está siendo apelada por los demandados, y por el propio Correa, quien en vez de $40 millones aspira a obtener $80 millones- ha dado que hablar alrededor del mundo, con diversos diarios acusando al mandatario de hacer uso de las cortes para tratar de silenciar a sus críticos.

Ricardo Trotti, director de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo en Miami que la decisión propina un duro golpe al derecho de los ecuatorianos de expresar lo que piensan.

“Es una regresión en materia de libertad de expresión, no solamente de prensa, porque busca realmente instaurar un régimen de autocensura a través del miedo y del temor creado en medios y en periodistas”, comentó.

Palacios dijo que Correa lleva ya más de cuatro años convirtiendo a los medios de comunicación en el blanco de sus ataques, lanzando insultos regularmente contra ellos y concentrando su ira contra aquellos periodistas que le han resultado más incómodos.

“En mi caso, en particular, está es la tercera vez que de manera directa o indirecta me trata de enviar a la cárcel, mediante demandas penales”, señaló Palacios en una entrevista telefónica.

Las dos anteriores ocasiones, Correa no tuvo éxito, pero Palacios piensa que está ocasión podría ser distinta con vista en la celeridad con que se está moviendo el proceso.

“Con esto se acaba la libertad de expresión. Nadie va a poder opinar nada”, dijo Palacios, antes de añadir que la autocensura se ha estado apoderando paulatinamente de los medios de comunicación del país.

“Hoy en día [la autocensura] es muy fuerte. Los medios se limitan a dar la noticia de lo que es muy, pero muy, evidente. Divulgan sólo aquellos temas que ya de alguna manera se han cubierto y tratan de tener mucho cuidado en las redacciones en el manejo de las noticias para no cometer ningún error que pueda ofender al presidente”, dijo.

Correa ha señalado que no tiene pensado abandonar su demanda contra el diario.

“Este soldado de la revolución no dará marcha atrás hasta que judicialmente brille la verdad”, expresó recientemente en un acto público realizado en Guayaquil.

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México: cementerio de periodistas

México sigue siendo un cementerio de periodistas. La reportera Yolanda Ordaz del diario Notiver de Veracruz, secuestrada el domingo, fue encontrada muerta y degollada por obra y gracia del narcotráfico. Sospechosa de haber sido asesinada porque colaboraba con los “Zetas”, aunque también se tejen otras hipótesis y se duda sobre si los móviles del crimen estaban atados a su trabajo en la cobertura de hechos policiales, lo cierto es que se convirtió en el quinto periodista en ser abatido este 2011 en México y en la décima de ser asesinada en el estado de Veracruz desde 2003.

Los crímenes contra periodistas en la región no ceden. Lamentablemente han aumentado este año, alcanzando la cifra de 17 en toda Latinoamérica.

Más lamentable aún es que los gobiernos no están haciendo mucho para detener esta violencia. En el caso particular de México, donde la SIP ha conseguido el compromiso de las autoridades, como del presidente Felipe Calderón, para federalizar este tipo de delitos, que los crímenes no prescriban y que se agravan las penas – todas medidas destinadas a hacer disminuir la impunidad y destrabar el círculo vicioso de la violencia – han caído en saco roto.

También es horroroso que la violencia generalizada se haya institucionalizado y forma parte de la cultura. Los medios que hasta hace poco hicieron ruido y desplegaron páginas sobre el fenómeno de la violencia contra los periodistas, ya se están acostumbrando a reportar sobre sus propios trabajadores con poca capacidad de asombro y sin reacción, quizás por la frustración de experimentar la inacción e inmovilidad del gobierno.

Correa y las revoluciones inquisidoras

La revolución ciudadana de Rafael Correa se asemeja cada vez más a la bolivariana de Hugo Chávez. En ambas, la crítica a la autoridad y el disenso se han convertido en delitos de opinión, castigándose con cárcel, multas millonarias o exilio forzado.

Así como la iglesia del Siglo 14, el presidente ecuatoriano se siente dueño de la verdad, infalible y censor de sus críticos. Esta semana un ex columnista del diario El Universo, y sus directivos, pagaron muy caro la osadía de llamarlo “dictador” en una columna de opinión. En un trámite judicial vertiginoso - digno de un récord Guinness – un juez dictó sentencia en doce horas tras leer cinco mil fojas de expedientes, condenando a los demandados a tres años de cárcel y a indemnizar al mandatario con 40 millones de dólares.

La desproporción entre el castigo y el delito de opinión, desenmascaran un juicio politizado. Similar al que hace días fue sometido el opositor venezolano Oswaldo Alvarez Paz, sentenciado a dos años de cárcel por declarar en TV que el narcotráfico corroe a Venezuela. Un entretejido sistema jurídico-legal, usado para castigar la crítica de políticos y periodistas, quienes ante la persecución, eligen el destierro antes que la cárcel.

A este sistema perverso, Chávez y Correa lo completan con la estrategia del escarnio público. Dedican horas por semanas para satirizar e insultar a sus contrincantes. Correa consagró siete cadenas nacionales de más de una hora para atacar a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de “El gran hermano”, un libro que denuncia nepotismo y corrupción de contratos millonarios entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio. A la ofensiva verbal, le sumó una demanda por 10 millones de dólares.

La astucia de Correa es que la burla pública, las represalias legales y la inseguridad jurídica generen miedo y autocensura. Lo está logrando. Un 70% de los periodistas la practican, según una encuesta nacional de Fundamedios.

Al igual que el presidente de Venezuela, Correa se sirve de su estrategia integral, para expropiar y controlar empresas. Creó un emporio de 19 medios de comunicación, sin contar los que controla mediante presión de publicidad oficial,  inspecciones impositivas y sanciones administrativas. En esa concentración mediática, utiliza un ejército de periodistas militantes para defender su revolución, así sea con propaganda noticiosa o programas televisivos al estilo “6, 7 y 8” en Argentina o “La Hojilla” en Venezuela, desde donde se califica de gusano y vendepatria a quien piense diferente.

Su mayor anhelo es contar con una ley de comunicación que le permita “controlar los excesos de la prensa corrupta”. Introdujo su semilla en la Constitución de 2008, apenas asumió, aunque no pudo cristalizarla tras varios empellones en el Congreso. Pero en una coartada perfecta, Correa retomó el tema en la Consulta Popular de mayo, buscando el apoyo ciudadano para que se legisle “sin dilaciones”. Consiguió su sueño, y de un solo zarpazo contra la libertad de empresa y de prensa, logró que el proyecto de ley incluya una prohibición para que los dueños de medios no posean otro tipo de empresas y que se sancione la difusión de contenidos explícitos sobre violencia, sexo y discriminación.

El gobierno ecuatoriano se ha encargado de vender gato por liebre para que pasen desapercibidas esas violaciones. Los ciudadanos creen que se trata de una ley de comunicación o de medios; no obstante que la censura recaerá sobre todas las expresiones, así sean cartas al director, declaraciones de opositores, páginas de internet o mensajes por  redes sociales.

Pero a Correa el tiro puede salirle por la culata. El costo político de estas estrategias inquisidoras contra medios, oposición y ciudadanía, será caro; al menos, certificará su autoritarismo, lo que trata afanosamente de simular tras una falsa estampa de líder apegado a las leyes y la justicia.

Ojalá que los legisladores, antes de votar la “ley Correa”, miren el mural que pende en el Palacio Legislativo, del extinto Oswaldo Guayasamín, quien al representar al populismo con rostro oscuro y adusto, explicó: “Cuando el pueblo escucha estos cantos de sirena, se engaña, y forma la chusma con la que los populistas llegan al poder, para luego cargarle el peso de sus ambiciones”.

Correa y la concentración de medios propios

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, aprovechando la confrontación y confusión que ha creado contra el periodismo que él califica de mediocre, malo, abusivo, corrupto, ha sabido voltear a grandes medios, incautarlos, expropiarlos y no devolverlos al mercado mediante licitación, como había prometido.

Excepto por Chávez, Correa es el presidente latinoamericano con mayor cantidad de medios de comunicación que no usa como medios públicos, sino directamente para el gobierno, como medios de propaganda.

Ya tiene 19 medios, incluyendo el diario popular PP, un diario popular para competir en el mercado, a los que nutre con propaganda y publicidad oficial, que niega explícitamente a los medios que califica como opositores, caso El Universo de Guayaquil y la televisora Teleamazonas.

Esta es la lista de medios. Los incautados: TC Televisión; 2. Gamatv; 3. Cable Noticias (CN3); 4. Cable Deportes (CD7) ; 5. ArturOh (Canal musical); 6. Radio Carrusel; 7. Radio Súper K 800; 8. Radio Universal; 9. Revista La Onda; 10. Revista El Agro; 11. Revista Samborondón y 12 y Revista Valles. 

Otros medios que el gobierno considera públicos, pero que no cumplen esa función: Radio  Nacional; 2. Ecuador TV; 3. El Telégrafo; 4. El PP (diario popular); 5. El Ciudadano; 6. Agencia de noticias ANDES 

La “Ley Correa” es criticada por la Relatora

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, tras una visita a Ecuador en 2010, en carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Fernando Cordero, en agosto de ese año, criticó numerosos puntos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, al considerar que se contrapone a estándares internacionales sobre libertad de expresión y de prensa.

La relatora basó sus críticas en los siguientes puntos de la futura ley:

1)    Se refiere a la “información” veraz, y argumenta sobre la intencionalidad del periodista de mentir.

2)    Critica que varios cargos estén solo disponibles para periodistas profesionales, recordando la Opinión Consultiva de la CIDH de 1985.

3)    Critica la creación del Consejo de Comunicación e Información, calificándolo de problemático y que debe reunir plenas garantías de autonomía e independencia del gobierno.

4)    Se manifiesta en que es muy ambigua y vaga la ley en cuanto a la imposición de sanciones.

5)    Que el derecho de rectificación o respuesta excede en la ley, lo que está establecido en el Art. 14 de la Convención Americana, ya que así como es un derecho, en la ley se establece como una restricción a la libertad de expresión del medio.

6)     Que debe tener condiciones de equidad y que resulte absolutamente imprescindible.

7)    Se refiere a las prácticas éticas de los medios que establece el Art. 8 y las sanciones en artículos posteriores; lo que critica por no condecir con la autorregulación y porque esta debe ser una actividad fuera del ámbito del Estado.

8)    Sobre la cláusula de conciencia, establece que un medio debe tener plena libertad para cambiar su línea editorial y que ello hace a la pluralidad de la libertad de expresión.

9)    Sobre la reserva de la fuente establece que no debe haber sanciones y que es un derecho de raigambre en tratados internacionales, una garantía fundamental para que la prensa ejerza su función.

10)                    Critica la posibilidad de censura previa. (Vale aclarar que la crítica indicaba que no se especificaba el tema de responsabilidades ulteriores en el Art. 29, lo que sí está incluido en la nueva versión del proyecto).

11)                    Elogió que se haya eliminado la obligación de los medios de inscribirse en forma anual en un Registro de medios; aunque critica que haya que registrar “políticas editoriales e informativas”.

12)                    Sobre la Defensoría del Pueblo, con sus funciones de “evitar” y “prevenir” que se publiquen cosas, critica que pudiera devenir en censura previa.

13)                    Sobre cadenas oficiales a través de los medios, critica que no se establezcan en forma rigurosa cuándo y cómo la autoridad puede arrogarse ese derecho.

14)                    Sobre medios comunitarios, pide que no se impongan a esas radios obligaciones exorbitantes.

15)                    Sobre radiodifusión, dice que si bien es evidente que debe prevenirse la concentración, no por ello no debe existir un régimen jurídico que les brinde seguridad y de una estructura viable a los medios que les permita afrontar las múltiples presiones públicas y privadas.

16)                    Por último, siendo este un documento de agosto de 2010, la Relatoría alaba que el proyecto tiene modificaciones favorables al sometido en 2009, el que también la SIP había criticado.