Triste experiencia en Ecuador

Acabamos de terminar una misión de la SIP en Ecuador esta tarde. En materia de libertad de prensa la situación es mala y puede convertirse en caótica. Los ataques de la que son futo los medios y los periodistas, a si sea por el descrédito a los que los tiene sometidos el presidente Rafael Correa o los juicios multimillonarios, están generando cada vez mayor autocensura más allá de los límites del periodismo.

Que los periodistas se están autocensurando y los ejecutivos de los medios también, no es una novedad. Una encuesta realizada por Fundamedios entre 300 periodistas, arrojó un resultado pavoroso: el 70 por ciento de los reporteros se autocensuran por temor a sufrir las mismas represalias que muchos de sus colegas que se ven intimidados o sufren agresiones directas por lo que dicen, opinan y publican.

Lo más preocupante, es que no se trata solamente de ataques directos del poder. Sucede ya en Ecuador lo que desde hace años ocurre en Venezuela, Argentina, Bolivia y Nicaragua. La confrontación sistemática de parte del presidente Correa contra los medios y los periodistas ha contribuido a degradar la credibilidad de la prensa y muchos periodistas terminan siendo señalados, acusados y amenazados en la calle, por el ciudadano común, a causa de sus investigaciones o pronunciamiento sobre actos de corrupción.

Además de la injuria permanente contra directivos de medios y periodistas, Correa ha ido mucho más allá. Ha creado una estructura legal y jurídica con la que puede darse el lujo de restringir cada vez más a la prensa, dentro de un marco simulado de legalidad y democracia. La Consulta Popular de mayo de 2007 apuntó a ello, ya que incluyó dos preguntas directas sobre los medios, una relativa a la propiedad y la otra sobre los contenidos.

A pesar de que no ganó con los márgenes que creía, le sirvieron para fundamentar una nueva Ley de Comunicación, cuyo proyecto permanecía estancado en la Asamblea Nacional. Ahora, con la “autorización” ciudadana, el nuevo proyecto está convirtiéndose en un arma letal de restricción cuando empiece a aplicarse a través de un órgano supranacional gubernamental que tendrá que vigilar los contenidos.

Es decir, la libertad de prensa quedará sometida a los arbitrios del gobierno de Correa. Es algo que él predijo que lo haría y que ya lo ha conseguido. Ecuador, de a poco, se está convirtiendo en uno de los países con menos libertad de prensa en el continente americano.

Cuatro sorpresas de la Copa América

¡Qué fin de semana! Los cuatro favoritos para entrar a las seminales de la Copa América se fueron por la puerta de atrás. El sábado todas las cargadas pesaban sobre Argentina, el gran favorito junto a Brasil y hoy domingo los paraguayos, sin ganar un solo partido, dejaron a los brasileños por fuera con lo inimaginable: con la peor definición de penales de la historia de los torneos, sin haber hecho uno solo de cuatro intentos.

Y si a esto se le suma la apoteósica e inesperada ganancia de los venezolanos sobre Chile y la de Perú sobre los colombianos, esta Copa América nos ha regalado puras sorpresas. Los tweets de Chávez fueron elocuentes para cerrar una jornada extraña, relatando los goles con Fidel y creyendo que eran parte de la revolución, mientras que Barack Obama, en su primera aparición twitera en deportes para arengar a sus mujeres, tuvo que bajar sus decibeles después de que sus mujeres perdieron la final contra las japonesas, desperdiciando tres de sus penales.

Es obvio que tras el alejamiento de Chile, Brasil, Argentina y Colombia, los favoritos de sus respetivos encuentros, uno pudiera pensar que las chances son las de Uruguay para pasar a los argentinos en la carrera por la decimoquinta copa de campeones. Pero como están dadas las cosas, no es fácil descartar a Perú, Paraguay y Venezuela, que a pesar de que estuvieron entre los palos en cada partido que jugaron, así sea por los arqueros, la suerte o el destino, a esta altura nadie se atrevería a descartarlos.

Prensa criminal

RICARDO TROTTI: Prensa criminal - Opinión - ElNuevoHerald.com

Persecución genética a los Noble Herrera

Desde Venezuela a Argentina, los gobiernos latinoamericanos más populistas y progresistas han utilizado todo tipo de artimañas para perseguir a opositores, jueces, periodistas y medios independientes. Desde escuchas telefónicas para espiar a los periodistas como en Colombia, Argentina o en Perú; juicios millonarios por decenas de millones de dólares contra periódicos y reporteros en Ecuador; acusaciones de conspiraciones imperialistas en Venezuela y hasta adjudicarles a los dueños de una papelera en Argentina, de la que el estado es dueña junto con Clarín y La Nación, crímenes de lesa humanidad.

Pero de todo este tipo de ataques en contra de los “conspiradores burgueses” la más llamativa es la que el gobierno argentino y algunas organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo, con fines y propósitos inobjetables, han mantenido por años contra los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos y herederos del emporio periodístico de su madre Hernestina.

Los objetivos de las Abuelas siempre fueron nobles y loables, y el legado que están dejando para los argentinos es inobjetable, buscando hijos y nietos de desaparecidos de la sangrienta dictadura militar que tuvo lugar de 1976 a 1983. Lo que es objetable, sin embargo, es que la estructura de las Abuelas también se prestó a una cacería de brujas de parte del matrimonio Kirchner que buscó y utiliza cualquier tipo de artimaña para desacreditar y destruir a Clarín.

En estos últimos años, esa persecución se abalanzó contra los hermanos Noble Herrera, más allá de la intención de descubrir su origen y si realmente eran hijos de desaparecidos, para testimoniar la teoría de que su madre tuvo distintos niveles de confabulación con los militares y de ahí desencadenar estrategias variadas para confirmar las teorías conspirativas que tendría a Clarín como creador y ejecutor. Para el gobierno, descubrir que los Noble Herrera son hijos de desaparecidos hubiera sido el broche de oro para que todo cierre perfecto.

Pero después de años tras la búsqueda y de jueces probos e impropios que terminaron por hacer el jueguito a favor del gobierno, casi nunca pensando en que Marcela y Felipe también eran víctimas en el proceso – que nunca fue íntimo como este tipo de casos merecería – las pruebas fueron fulminantes y concluyentes: “Los resultados del examen central de ADN, que comparó los perfiles genéticos de Marcela y Felipe con las muestras biológicas de personas desaparecidas en los años 1975 y 1976, confirmaron que los hijos de la directora de Clarín no son hijos de desaparecidos”, según destaca en su primera plana de internet e impreso el diario.

Ante la comprobación del estudio realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos de que la acusación de la demanda era falsa, quedará por verse a partir de ahora que hará el gobierno, desde Cristina de Kirchner hasta sus más encumbrados funcionarios, para zafarse de todos sus dichos públicos, en actos y ceremonias partidarias, de todas las declaraciones en las que jamás se cuidaron quizá del elemental principio de “presunción de inocencia” que le cabía a la dueña de Clarín, a quien acusaron de conspirar con los militares y ladrona de bebés.

Ojalá, por Marcela y Felipe, que persecución genética termine y que si hay mayores evidencias se sigan manejando bajo un proceso judicial normal sin mezclar sus asuntos con otros que huelen a cacería política más que a defender los derechos humanos de los desaparecidos y de quienes sufrieron y sufren como consecuencia de la dictadura.

A nombre de Chávez, destilando odio

El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, interpuso una demanda judicial contra Mario Silva, el productor y conductor del programa estatal La Hojilla, conocido por años no solo por su militancia chavista sino por destilar odio e insultar públicamente a quienes critiquen a Hugo Chávez, con toda clase de frases sarcásticas y soeces.

Nadie en este mundo creo que se sorprende por las puteadas e insultos que aparecen hasta en los medios, pero sí sorprende que los entes reguladores del gobierno de Chávez sí multan, castigan y hasta amenazan con cerrar medios de comunicación por infracciones leves, como pudiera ser entrevistar a algunos y “no a todos” los familiares de los presos en la cárcel revoltosa de El Rodeo lo que denota “falta de pluralidad”; pero no se hace absolutamente nada contra periodistas y conductores como Silva que dicen barbaridades desde canales del Estado.

Posiblemente la demanda de Otero no llegue a nada. Las garantías de una justicia independiente no existen y de ahí las pocas probabilidades de éxito. Pero vale el intento. Es una muestra de valentía para que al menos la impunidad de Silva sea solo judicial, pero no pública.

Ayer, desafiando a Otero, sus dichos en La Hojilla se los dedicó a  todos los “malditos mamaguevos hijos de puta coñoemadres”, un insulto dirigido a quienes hablan de la enfermedad del Presidente. Veremos si Conatel enfrenta a este insultador profesional o si queda protegido bajo el manto de la impunidad estatal.

Dudas razonables

La inminente excarcelación de Casey Anthony, acusada del asesinato en primer grado de Caylee, su hijita de dos años, cayó como balde de agua fría sobre gran parte de la opinión pública estadounidense, que esperaba un fallo contundente y castigo ejemplar.

Hay rabia e indignación y no es para menos. Tras seis semanas de testimonios y sólo unas horas de deliberaciones, un jurado de 12 personas en Orlando no encontró las pruebas suficientes para condenarla y la absolvió otorgándole el beneficio de la duda.

Un veredicto muy duro de comprender para el público, que ya había prejuzgado a Anthony como asesina y que parecía no vacilar sobre su culpabilidad. Es que en tres años a través de los medios, el público fue bombardeado con las mentiras y contradicciones con las que esta madre de 25 años y de vida disipada intentó tapar la desaparición de su hija, cuyo cadáver fue encontrado en un bosque meses después de su muerte en 2008.

La impunidad que dejó el dictamen del martes enfureció a la gente, que reflejó su ira en pancartas, medios y redes sociales como Twitter y Facebook. Muchos condenaron al sistema judicial y reclamaron justicia, aunque como sinónimo de castigo o venganza; sin entender la misión del juez, como bien expresa el axioma que cuelga en paredes de los tribunales: “Quienes trabajamos aquí, solo buscamos la verdad”.

Si se entendiera ese paralelismo entre justicia y verdad, sería más comprensible la labor del jurado y su veredicto. En realidad sucedió que la fiscalía no logró aportar las pruebas suficientes y el abogado defensor plantó dudas razonables sobre las escasas evidencias existentes, como que la niña murió al caer en la piscina familiar y que luego su abuelo, por temor a ser incriminado por el accidente, desapareció el cadáver simulando un asesinato. Nada pudo probarse.

La verdad - en beneficio de las dudas y de la presunción de inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad - fue escurridiza en este caso. De ahí que la justicia o lo que aparenta ser una falta de ella, se sintió dolorosa, como bien lo retrató Jennifer Ford, integrante del jurado que lloró por no haber podido condenar a Anthony como creyó que lo merecía. Pero de creer a probar, esa es la distancia y diferencia entre la justicia y la iniquidad. “No dije que fuera inocente, sólo dije que no había pruebas suficientes para determinar el crimen”, confesó Ford a los medios.

Esa diferencia se diluye aún más por labor de algunos medios, cuyo sensacionalismo ayuda a bloquear emociones y encender pasiones, incentivando a que se condene antes de tiempo o que se haga justicia por manos propias. No es casual que muchos pretendieran pena de muerte ante aberrante crimen, que la familia Anthony haya recibido amenazas o que se prevea protección extrema para Casey cuando sea liberada el próximo miércoles.

Esa confusión entre verdad-justicia y castigo, también ocurrió en estos días con el ex director del FMI, Dominque Strauss-Kahn, después de que una camarera de hotel en Nueva York lo acusó de agresión sexual. Tras mostrarse como botín de caza con manos esposadas, detenido y sin que se presuma su inocencia, los fiscales retiraron los cargos al comprobar que la acusadora había mentido.

La decisión fue tardía, porque el financista hasta perdió su trabajo en el proceso, aunque la justica actuó bien pese a aparentar que falló. Rectificó ante las dudas y la desconfianza en la acusadora. Algo similar enfrentará Strauss-Kahn en Francia,  donde una novelista lo denunció por intentar violarla hace ocho años. Caso difícil, considerando que no debe haber evidencias y que la ley penal favorece al acusado cuando existen dudas razonables.

La duda no quiere decir que los delitos no ocurrieron o que no hay responsables, pero sirve para contrarrestar los posibles abusos que se cometerían si se pudiera condenar sin certeza. El sistema sería peligroso e injusto.

Volviendo a Caylee, pese a que el caso quedó impune, se debe reconocer que se hizo justicia en el sentido de que se persiguió la verdad, antes que el castigo. La mayor evidencia en este juicio fueron las dudas; y aunque para muchos no fueron suficientes para cambiar su veredicto personal, lo cierto es que son razonables.