El 2010 no fue un año bueno, estuvo marcado por muchos retrocesos en materia de libertad de prensa en el continente. El peor es, sin dudas, la violencia en contra de los periodistas. Fueron asesinados 23, once en México, nueve en Honduras, dos en Brasil y uno en Colombia. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido, el grado de impunidad de este año es tan alto como el de los anteriores.
Sin embargo, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gonzalo Marroquín, en su informe anual divulgado hoy, resalta que hay ciertas señales de esperanza. La más concreta se refiere a que cinco criminales fueron condenados y 16 más están siendo procesados por crímenes contra periodistas que fueron cometidos en años pasados. También señaló como buenas señales la “creación de jurisdicción especial en Perú para procesar a los asesinos de periodistas; la instauración de una fiscalía en México para atender este tipo de delitos o la promesa de alcanzar una ley de federalización y el aumento a 30 años del plazo de prescripción para estos crímenes en Colombia”.
Resaltó la campaña “Dona tu voz”, un concurso de canto al que se accede a la página de www.impunidad.com para crear conciencia sobre el fenómenos de la violencia en contra de los periodistas, que sirve de herramientas para reclamar justicia y un alto a la impunidad.
Fue severo en señalar que existen grandes preocupaciones, entre ellas, “las reformas legales que se hicieron en Venezuela para restringir a los medios y limitar la internet, así como por las intenciones de algunos legisladores estadounidenses de limitar la libertad de expresión en la red, en represalia por las filtraciones de Wikileaks sobre información diplomática confidencial”.
Entre los problemas más graves señaló: “Cuba siguió destacándose por su invariable censura, y por el destierro de 18 periodistas independientes liberados y ocho todavía encarcelados. En México el crimen organizado fue responsable por el asesinato de 11 periodistas y una docena de atentados contra sedes de medios; mientras la administración de Venezuela cerró cinco canales de cable y 34 emisoras y las de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, siguieron comprando y creando medios con dineros públicos, integrándolos a su sistema de propaganda”.
En Argentina, Ecuador y Nicaragua, los gobiernos idearon campañas públicas de desprestigio en contra de la prensa, discriminando la publicidad oficial, aplicando sanciones económicas o interfiriendo sus operaciones con conflictos gremiales y laborales.
Varios periodistas fueron sancionados judicialmente y muchas publicaciones tuvieron que soportar censura y censura previa, tanto por denunciar corrupción pública en Brasil, mostrar fotos de jóvenes delincuentes en El Salvador o de morgues mal administradas en Venezuela, por escuchas telefónicas en Colombia y Perú, como por casos de supuesta difamación a funcionarios en casos en Panamá, Paraguay y Uruguay.
También hubo revuelo legal contra de la libertad de prensa. Así como en Venezuela años atrás se usó el principio de protección de la infancia para crear leyes anti prensa, hubo excusas similares en proyectos de ley que se discutieron en Colombia y Perú, así como en la aprobación en Bolivia de una norma para combatir el racismo y las malas costumbres.