Culpando a los mensajeros

Los presidentes latinoamericanos están practicando un nuevo deporte. Atribuyen todos los males a los periodistas y los patean como pelotas. Los hacen responsables de la inseguridad pública, de la ineficacia de los sistemas de salud y educación, de la corrupción y hasta de “denostar al Estado” y “manipular a los pobres”, como Cristina de Kirchner acusó al inaugurar unos hospitales.
No es un deporte amateur, sino profesional, estratégico y bien orquestado. Ante una oposición débil que ni siquiera sirve de chivo expiatorio y por su propia ineficiencia para resolver los problemas, los gobiernos culpan a los medios, haciendo que el ciudadano descargue contra ellos su frustración.
Hace una década, Hugo Chávez marcó la cancha y enseñó que para gobernar se necesita dominar a los medios. Su fórmula es exitosa y se propagó como pólvora: desprestigio público y constante de periodistas, agresión mediante turbas a sueldo, acoso judicial dentro de un sistema legal hecho a medida.
Cuando Rafael Correa asumió la Unión de Naciones Suramericanas, dijo que buscaría un mecanismo para controlar a la prensa. Semanas después, en Ecuador, su prédica derivó en el proyecto de ley Comunicación, obligando a los medios a cumplir con un código de ética bajo la pena de que podrán ser cerrados. En Chile, Michelle Bachelet envió al congreso, sin mucha suerte, una ley que pide a los periodistas ejercer con responsabilidad.
En la misma onda, pero más beligerantes, Daniel Ortega patrocina en Nicaragua unos foros de “periodistas sandinistas” para contrarrestar a los medios independientes en lo que denomina su “guerra mediática”. Mientras en Cuba el gobierno extendió la carrera de periodismo en siete universidades para adoctrinar a más jóvenes sobre “una comunicación hacia posiciones más acordes a los cambios políticos económicos y sociales en América Latina”.
La “hegemonía comunicacional” que ahora puso de moda Chávez no es otra cosa que crear medios con fondos públicos – ya posee 238 emisoras, 28 TV y 340 periódicos y agencias de noticias – que utiliza solo para su diatriba gubernamental; algo de lo que se teme podría disponer Fernando Lugo en Paraguay con su plan de comunicación que involucra a 700 radios comunitarias.
En Brasil, Lula da Silva planeó una Conferencia Nacional de Comunicación para estudiar la incidencia de los medios, lo que servirá para delinear estrategias de control de medios; un tema que funcionarios de Ricardo Martinelli favorecen en Panamá ya que consideran que los medios son responsables de incentivar la ola de violencia que sacude al país. Similar es lo que piensa el uruguayo Carlos Mujica, que de ganar el ballotage, buscará controlar a los medios, algo que ya venía prometiendo el gobierno de Tabaré Vázquez.
El matrimonio Kirchner se adelantó a muchos con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. Si bien está destinada a evitar la concentración, termina limitando la creación de medios privados. Una réplica que ya se sintió en El Salvador, donde una propuesta busca también “democratizar” el espectro al “estilo argentino”.
La estigmatización de los medios a los que se califica de desestabilizadores o de denigrar al Estado, justifica que los cuerpos de inteligencia, como la ex SIDE argentina y el DAS colombiano, espíen a periodistas haciendo alusión a doctrinas de seguridad nacional; o que aparezcan leyes, como en República Dominicana, que permiten al Estado bloquear información, todo esto para evadir y evitar investigaciones sobre corrupción.
Claro que hay periodistas y medios malos. El periodismo no es infalible. Yerra a menudo. Pero las batallas actuales y la propaganda en su contra son solo excusas para debilitarlos y silenciarlos. La lucha en contra de la concentración es muchas veces la fórmula para acabar con los medios grandes que tienen solvencia económica y por ende independencia, así como los recursos para investigar y descubrir corrupción que de otra forma permanecería oculta. Los gobiernos prefieren medios chicos, vulnerables.
En esta época difícil para las democracias, si bien la prensa debe mantener y buscar una férrea ética para no desviarse de su misión, su verdadero papel, es hacer un periodismo fuerte, fiscalizador y sin distracciones; que termine por derrotar en el campo de juego de la democracia a quienes solo atinan con endilgarles la culpa a los mensajeros.

Conclusiones de la SIP

Conclusiones de los trabajos de revisión de libertad de prensa de los últimos seis meses en las Américas, realizadas en la asamblea de la SIP que celebramos en Buenos Aires:

La acción coordinada de gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias decisiones judiciales que limitan la labor informativa, son claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático.
La mayor desazón, sin duda, proviene del saldo de 16 periodistas asesinados en este semestre (ocho en México, tres en Honduras, dos en Guatemala, dos en Colombia y uno en El Salvador), la cifra más alta de los últimos años, que tiene que ver no solo con la violencia extrema del crimen organizado sino con la impunidad y el creciente deterioro de la seguridad pública, lo cual constituye una preocupación central de los ciudadanos en cada rincón del continente.
Condenamos enérgicamente la permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba, muchos de ellos con graves problemas de salud. Este país también se distingue como uno de los mayores controladores y censuradores del internet habiendo desarrollado mecanismos de restricciones y amedrentamiento especial contra la nueva modalidad de blogueros.
En todo el continente se observa que la pobreza que persiste por el escaso desarrollo económico y la iniquidad imperante en la mayoría de los países de América sirve de caldo de cultivo para una tendencia al autoritarismo.
Los más altos funcionarios de varios gobiernos actúan como si la libertad de expresión y la independencia del poder judicial impidieran las indispensables transformaciones para erradicar la miseria. Sin embargo, la persecución al periodismo y a toda opinión distinta a las del poder, sólo ha servido para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia. Estos regímenes han llegado a canalizar su agresividad en preparativos para guerras con otros países, como ocurre con Venezuela, donde sobre esa base se podrían suspender garantías constitucionales.
Por lo tanto, no es casualidad que varios gobiernos estén ahora unidos por una ideología exportada desde Venezuela por el presidente Hugo Chávez, quien propició una ley de “delitos mediáticos” que luego fue propuesta por la Fiscalía General. También ese gobierno ha cerrado 34 emisoras en este período.
Esta tendencia de manipulación legal se refleja en otras legislaciones de diversos países, como la nueva Ley de Servicios Audiovisuales promovida por el gobierno de Argentina en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes; el Proyecto de Ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional en Ecuador y sus réplicas como una propuesta ley de medios en El Salvador.
El avasallamiento contra la libertad de expresión legitimado por reformas constitucionales y leyes hechas a medidas está concatenado con la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder, que son utilizados como órganos de propaganda.
Otras leyes que buscan el control de contenidos han sido propuestas o están siendo discutidas en los Parlamentos de Colombia, Chile y Uruguay, mientras que Brasil está organizando una conferencia nacional sobre medios que podrá derivar en la creación de medidas de control de la prensa.
Por otra parte, lejos de cesar las prácticas discriminatorias en el otorgamiento de la publicidad oficial, varios gobiernos como los de Argentina, Aruba y Antillas Holandesas, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, siguen utilizándola como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas.
Otra tendencia claramente visible dentro de este marco de restricciones es la paralización de proyectos de ley sobre acceso a la información pública, como en El Salvador y Bolivia, o que tienen una aplicación ineficiente como en Chile, Ecuador, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico, o que son inexistentes en países como Venezuela y Cuba.
Cabe señalar que algunos aspectos positivos como la despenalización de los delitos de difamación e injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias, en base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La SIP en Buenos Aires: resumen

Aruba y Antillas Holandesas
Nelson Oduber, primer ministro que acaba de dejar el gobierno, amenazó con cerrar una radio durante las elecciones, además de pedir a sus partidarios boicotear con publicidad e información a un diario. Oduber utilizó la publicidad oficial para discriminar a medios.
Argentina
Con la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, el gobierno, bajo la excusa de evitar la concentración, terminó limitando la radiodifusión y televisión privadas. Se creó un nuevo organismo supra estatal y los medios deberán deshacerse de sus licencias en menos de un año. Se limitó, además, la propiedad privada de los medios.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para despenalizar los delitos de injurias y calumnias, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado.

Bolivia
El presidente Evo Morales continuó con una campaña de desprestigio contras la prensa. Se registraron 111 agresiones físicas contra periodistas y 36 ataques contra medios de comunicación, la mayoría privados.
Continúa estancado en el Congreso un proyecto de ley de acceso a la información; mientras que fue creado un Tribunal de Ética en el seno de la Asociación Nacional de la Prensa.

Brasil
En abril la Corte Suprema revocó por inconstitucional la Ley de Prensa en vigencia desde 1967, creando algunas confusiones sobre la aplicación del derecho de réplica que la ley regulaba. También, en junio, declaró inaplicable la exigencia de diploma para ejercer el periodismo, aunque ahora hay cuatro enmiendas constitucionales que reintroducen esa obligatoriedad.
El gobierno continúa enfocado en la realización de una Conferencia Nacional de Comunicación de alcance nacional para estudiar la incidencia de los medios de comunicación, que se prevé derivará en la creación de medidas de control.

Canadá
En materia de seguridad nacional, dos proyectos de ley en el Parlamento, exigen a las empresas de telecomunicación que modernicen su tecnología para que tener mayor capacidad de vigilancia, las que tendrán que entregarla cuando sea solicitada por la autoridad. Existe polémica sobre la autoridad de aplicación.
Caribe de habla inglesa
En Guyana y Trinidad los gobiernos utilizan la publicidad oficial como un mecanismo para premiar y castigar a los medios, mientras las asociaciones periodísticas piden que se canalice a través de una agencia responsable con criterios técnicos.
En Barbados se utiliza una reforma inmigratoria para presionar a periodistas extranjeros residentes en el país.

Chile
Desde abril pasado rige la nueva ley de transparencia y acceso a la información. La calidad de información ofrecida es de mediocre calidad y solo se entrega el 29 por ciento de lo que se solicita, según una investigación académica.
La Presidencia envió a Cámara de Diputados un proyecto de ley que pide a los periodistas ejerce la profesión en forma responsable, lo que se estima podría tener el propósito de replantear la colegiación obligatoria.

Colombia
Dos periodistas fueron asesinados.
En el Congreso se tramitan siete proyectos de ley que reglamentan e imponen obligaciones y prohibiciones a los medios, en temas sobre menores de edad, rechazo a la discriminación, difusión de los valores culturales; así como restricciones a la publicidad en los periódicos.
Los señalamientos y estigmatizaciones por parte de funcionarios contra la prensa se han convertido en mecanismos para obstaculizar la denuncia de hechos de corrupción, así como para que el Estado siga haciendo interceptaciones telefónicas ilegales.

Costa Rica
Continúa demorado en el Congreso desde hace ocho años, una ley que de aprobarse brindaría mayor protección a los periodistas, al determinar que los demandantes deberían presentar pruebas de los periodistas difamaron con intención y premeditación.

Cuba
Se mantiene en las cárceles a 27 periodistas independientes, muchos de ellos en estado grave de salud.
El gobierno incrementó las medidas de censura y filtrado, tanto de los blogueros que deben buscar server en países extranjeros para poder operar, mientras el gobierno sigue bloqueando páginas de internet.

Ecuador
El proyecto de Ley de Comunicación prevé un organismo que podrá sancionar a medios escritos hasta con el cierre, obliga a los medios a registrarse anualmente y obliga a los medios a tener códigos de ética y ombudsman.
El presidente Rafael Correa sigue desacreditando a la prensa, y utilizando mecanismos sutiles para someterla, a través de sanciones y discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial.

El Salvador
Un periodista fue asesinado.
Un grupo de medios alineados al gobierno está promoviendo una ley para “democratizar” frecuencias de radio y televisión, similar a la nueva ley argentina, lo que permitiría mayor control gubernamental sobre los medios.
La ley de acceso a la información pública presentada en octubre de 2008 al Congreso todavía no ha sido aprobada.

Estados Unidos
Permanece paralizada en el Senado una iniciativa de ley federal que protege el secreto periodístico, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados en el 2007, una medida esperada que evitaría que más periodistas terminen en la cárcel.
En testimonio ante el Congreso, representantes de la Asociación Nacional de Prensa dijeron que los periódicos no necesitan ayuda financiera o subsidios. Explicaron que se avanza en nuevos modelos de negocios, incluyendo comercialización de contenidos online.

Guatemala
Dos periodistas fueron asesinados, producto del avance de la violencia y el crimen organizado en el país.
Por primera vez, una persona fue sentenciada por “causar pánico” a través de Twitter por pedir que se saque el dinero del banco Banrural.

Haití
Aunque se nota una mejoría en materia de libertad de prensa, se registraron varias agresiones y medidas de censura de parte de fuerzas policiales contra algunas estaciones de radio.

Honduras
Fueron asesinados en este período tres periodistas.
El ejercicio periodístico se realizó en un ambiente de amenazas, intimidaciones y acciones judiciales, tanto antes, durante como después de que fuera depuesto el presidente Manuel Zelaya.
Después del golpe de Estado, el gobierno cerró varios medios y dictó normas jurídicas que limitaron la libertad de prensa. Los medios independientes sufrieron agresiones en medio de la pugna entre simpatizantes del nuevo y viejo gobierno.

México
Ocho periodistas fueron asesinados en este período. En total, 53 entre el 2000 y el 2009, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ante la ineficiencia del Estado, la autocensura sigue siendo la forma en que medios y periodistas se defienden de la violencia, mientras el nuevo Congreso dejó sin efecto las funciones de una Comisión en defensa de los periodistas.

Nicaragua
El gobierno sigue tratando de silenciar a los medios de comunicación mediante la represión, negación de información y discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial.
Un nuevo método de coerción, fue la creación motivada por el gobierno de foros de periodistas sandinistas con la finalidad crear estrategias oficiales para enfrentar a los medios independientes en una “guerra mediática”.

Panamá
Desde el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli, algunos funcionarios expresaron que favorecen el control de contenidos de los medios a los que acusan de incentivar el clima de inseguridad pública por difundir noticias sobre crímenes.
Existen dificultades para el acceso a información oficial, habiendo la Secretaría de Comunicación decidió centralizar los comunicados oficiales así como exigir por escrito las preguntas a entrevistas a las autoridades.

Paraguay
Si bien se desmintió que el gobierno busque una ley de prensa, el ministro de Comunicaciones Augusto Dos Santos insiste en la necesidad de la autorregulación de los medios.
Se desconoce la intención del plan oficial de desarrollo de comunicación para 700 radios comunitarias y más de 1.200 operadores diseminados por todo el país; a la vez que se denunció que este gobierno tiene mayor presupuesto de publicidad oficial que los anteriores, aunque también carece de transparencia y criterios técnicos para su distribución

Perú
Se incrementaron las agresiones a periodistas y ataques a medios en el interior del país, donde también fue cerrada una radio y una televisora está en riesgo ante acusaciones oficiales de que han instigado a la violencia durante conflictos sociales que involucró a grupos indígenas.

Puerto Rico
Se incrementaron las restricciones a la información pública, especialmente en referencia a las actividades públicas del Gobernador, negándose el gobierno a informar sobre ellas considerando que son hechos de índole privado.
República Dominicana
Un proyecto de ley que modifica la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, pretende un acceso regulado y más restringido a datos de dependencias oficiales. Fue impulsado después de una serie de revelaciones de la prensa sobre funcionarios corruptos, por lo que tiene claras intenciones disuasivas contra la investigación periodística.

Uruguay
Fueron despenalizados en abril los delitos de difamación e injurias en casos de informaciones u opiniones sobre asuntos de interés público, así como la injuria contra el honor de un jefe de Estado extranjero.
El gobierno de Tabaré Vázquez impulsa una ley para regular la producción de contenidos de la radio y televisión, tema avalado por Carlos Mujica, quien sacó mayoría de votos en las elecciones recientes, pero que deberá ir a ballotage.

Venezuela
La eliminación de medios independientes - 34 emisoras- y amenazas contra Globovisión, además de la “hegemonía comunicacional” del presidente, Hugo Chávez – 238 emisoras, 28 de TV, 340 publicaciones y 125 webs de propaganda - son desafíos mayores para la libertad de prensa.
Continúa la discriminación con publicidad oficial contra medios y el acoso judicial contra periodistas, a través de un sistema dependiente del Poder Ejecutivo.

!Qué te pasa Argentina!

Este domingo iniciaremos los debates fuertes en Buenos Aires sobre libertad de prensa envueltos en un clima hostil en contra de la prensa proveniente de sectores allegados al gobierno y de la propia presidenta Cristina de Kirchner.

Con su habitual arrogancia, la Presidenta continuó en estos días aprovechando cualquier oportunidad pública para endilgarle la culpa a los periodistas de todos los males que afectan a la sociedad, particularmente de manipular a los pobres a lo que como individuos la prensa los muestra como desvalidos y pobrecitos, pero a los que califica de revoltosos cuando esos pobres se organizan para clamar por su derechos.

No es la primera vez que la Presidenta en un claro giro demagógico trata de echarle la culpa a los demás de los problemas que su propio gobierno genera. Meses atrás, tuvo duros enfrentamientos con las quejas y estadísticas presentadas por la Iglesia Católica, cifras obviamente mucho más elevadas que las oficiales.

La SIP no ha sido bienvenida por el gobierno en el país. Ya en una misión que vinimos en el 2004 el presidente de entonces, Néstor Kirchner, no nos recibió y esta vez la Presidenta no se dignó a venir a la inauguración oficial. Este desaire, claro está, no es gratuito, es parte de la pelea a muerte que tiene con los medios y que mantuvo la administración anterior y que hizo eclosión con la aprobación de una ley de Servicios Audiovisuales que afecta la labor periodística.

Hoy sábado hubo paneles y discusiones importantes sobre las tendencias en los países latinoamericanos de gobiernos que se extralimitan contra los medios y los periodistas, mientras que por fuera, los canillitas que no querían vender los periódicos en su día nacional, se vieron reforzados por militantes del Sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, Hugo Moyano, secretario general de la Confederación Argentina del Trabajo, organización que respalda al gobierno, para bloquear la distribución de los diarios La Nación, Clarín y Perfil.

Como dijo el diario La Nación en su editorial de hoy: “Es sorprendente, o quizá sea adrede, el momento elegido para cargar aún más las tintas contra la prensa: que se reúna en Buenos Aires la asamblea general de la SIP debería ser motivo de orgullo e incluso de un párrafo elogioso de parte del Gobierno por haber elegido a la Argentina por tercera vez en su historia”.

Pero bueno, la presidenta Kirchner y su entorno están decididos a que quieren dominar a los medios y que la mejor forma de hacerlo es a través de la confrontación.

Luego de caminar por Buenos Aires, de ver carteles en contra de la SIP pegados por doquier, de que se ha organizado una cumbre de periodistas de parte del gobierno venezolano para contrarrestar los efectos de nuestro trabajo, de que no se puede caminar por la cantidad de marchas y contramarchas que hay por toda la ciudad por todos los motivos habidos y por haber, uno no tiene otra exclamación que hacerse en un país donde siempre hubo un orgullo especial por el respeto a la libertad de prensa: ¡Qué te pasa Argentina!

Narcotráfico: ¿seguridad o democracia?

El narcotráfico no es solo un problema de seguridad, sino de institucionalidad y salud democrática. Y mientras los gobiernos enfoquen su lucha únicamente en el primer aspecto, seguirán fracasando.
Los millones y los años invertidos en contra de la violencia de los carteles de la droga en Bolivia, Perú, Colombia y México han desembocado en más víctimas, más hectáreas de coca cultivada y mayor diversificación del crimen organizado. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.
Aunque la extradición de otros seis narcos colombianos a los EE.UU. esta semana, puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias.
El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio económico a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.
Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.
El tema recobró actualidad esta semana en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico. En México, en las elecciones legislativas de julio pasado, 16 candidatos a diputados federales coludidos con el narcotráfico, disputaron un puesto en el congreso, donde algunos de ellos, catapultados por partidos tradicionales como el PRI, PAN y PRD, pueden ahora bregar por leyes más benignas y gozar de tres años de inmunidad parlamentaria.
En México no solo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales. Cada vez más cerca de la Colombia de los años 80, México no solo asombra por las 14.000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Tamaulipas varios candidatos a diputados publicaron desplegados contra colegas acusándolos de usar dineros del crimen. En Michoacán el narcotraficante más temido, Servando “La Tuta” Gómez, líder del sanguinario cartel “La Familia”, ofreció por la radio un pacto de no agresión al presidente Felipe Calderón, quien varias veces lamentó que “esas plagas” (narcos) se escudan en “la complicidad que los cubre” (políticos).
Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. Recién ahora, la Junta Central Electoral en Santo Domingo propuso a los partidos que exijan certificados de antecedentes penales a sus candidatos, algo tan elemental que tampoco se exige en Perú, donde en estos meses los partidos y el Congreso acordaron crear comisiones para investigar los nexos del narcotráfico con el poder político, luego de que fuera capturado con 140 kilos de cocaína un ex asesor de Nancy Obregón, diputada y ex dirigente cocalera.
En Colombia, el lema pareciera ser mejor tarde que nunca. Siendo un país donde se investigó a presidentes y legisladores por sus nexos con los carteles, es extraño que hasta esta semana los congresistas empezaran a discutir un nuevo estatuto electoral con obligaciones para transparentar las finanzas de los partidos políticos y sanciones para quienes estén infiltrados por dineros ilícitos.
El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias. Las herramientas son muchas y están ahí. Solo basta que los gobiernos cumplan y revisen de tanto en tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción que con tanta fanfarria adoptaron en 2002.

SIP: Honduras, Argentina, Venezuela y Ecuador

La situación política de Honduras, una acto y una marcha organizada por la embajada venezolana en Buenos Aires en contra de la SIP, la nueva ley contra la prensa en Argentina y un nuevo proyecto de ley ecuatoriano que controlará los contenidos editoriales, son los aspectos que han creado mayor expectativa para esta reunión que iniciaremos mañana en Argentina.
Con un ojo puesto en el desarrollo del acuerdo Tegucigalpa-San José, muchos periodistas están pendientes de lo que sucede en Tegucigalpa y sobre lo que establecerá el informe de libertad de prensa sobre el papel de Manuel Zelaya y de Roberto Micheletti sobre los medios de comunicación y los periodistas, antes, durante y después del 28 de junio.
La nueva ley patrocinada por la presidenta Cristina de Kirchner que afecta la propiedad de la radiodifusión, así como la que impulsa el presidente Rafael Correa que se entromete en las decisiones editoriales que toman los periódicos para informar a sus públicos, serán algunos de los temas que mayor tiempo de discusión tomarán.
Como era de esperar, desde la embajada venezolana en Buenos Aires se anunció para el lunes un foro paralelo a la SIP y una marcha para contrarrestar los efectos de la discusión. La contra reunión de Venezuela en Buenos Aires se denomina “Primer Encuentro Internacional de Medios y Democracia en América Latina”, del que participará el director de Telesur, la cadena gubernamental venezolana de noticias, Izarra, quien se había negado a participar en un foro que la SIP hizo hace dos meses en Venezuela, escapándole al diálogo y prefiriendo la confrontación.
Estas reuniones paralelas patrocinadas por el gobierno venezolano – esta vez con el auspicio del gobierno argentino - son habituales toda vez que la SIP se reúne para debatir temas de libertad de prensa.

¿Y la OEA dónde está?

Honduras sigue siendo el juguetito de la OEA. Mientras otros países se están cayendo a pedazos con golpes tan fuertes como el de la semana pasada dio Daniel Ortega contra la Constitución o con los que Raúl Castro sigue pegando a los disidentes a los que libera a cuentagotas, la OEA sigue desviando su atención para meterse de lleno y ganar algo de terreno donde lo perdió todo y no supo ganar nada: es decir Honduras.

Ahora la OEA está dispuesta a insertar a Honduras en su seno después de un pacto entre Roberto Micheletti y Manuel Zelaya en el que se juega la restitución del segundo y así dar a Honduras la legitimidad (internacional) de sus elecciones del 29 de noviembre. Más allá de que finalmente este acuerdo tenga sus frutos bajo las exigencias de Zelaya de ser restituido sí o sí o si el Congreso tendrá la autonomía para no hacerlo, lo que nadie olvida en Honduras es que la OEA nunca se pronunció adecuadamente con todo lo que sucedió la semana previa al golpe del 28 de junio, cuando Zelaya venía dando golpes en contra de la Constitución y de las instituciones democráticas al mostrarse testarudo detrás de la idea de la reelección.

Lo mismo sucedió la semana pasada con Daniel Ortega. Para obtener su pasaje a la reelección, Ortega maniatado por una Asamblea que no le es del todo favorable, se fue por el lado de la Corte Suprema, donde tiene la mitad de los jueces, abiertamente sandinistas, por lo que éstos, a la espera de darle a su tutor y maestro lo que quería, esperaron a que los otros jueces, abiertamente liberales (después nos quejamos cuando las cosas andan mal en nuestros países latinoamericanos si la justicia lo que menos tiene es independencia) se fueran a casa para poder invalidar la Constitución el artículo que no permitía a Ortega reelegirse.

Será que golpear la Constitución, como hizo Zelaya (y sus partidarios ahora dicen que proseguirán por ese camino) no es un golpe de estado. Cerrar un Congreso – como Fujimori - lo es; echar a un presidente – como en Honduras – lo es; pero acaso pisotear la Constitución ¿no lo es? Justamente esos artículos como lo establecen las constituciones de Honduras, Nicaragua y Paraguay, entre otras, era para evitar los abusos de poder como los que los guaraníes sufrieron con Alfredo Stroesner.

Pero la OEA no ve estos temas. Seguramente sí verá lo que el gobierno de Hugo Chávez está recalcando durante las sesiones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos esta semana, donde se queja de que es tratada con parcialidad, acusando a su secretario ejecutivo, Santiago Cantón, de que es un golpista porque avaló por silencio y omisión el golpe de Estado que Chávez sufrió en el 2002.

Es muy probable que ante la presión de Chávez, la OEA o la CIDH terminen sacando a Cantón permitiéndole a Chávez que siga defenestrando a todo aquel que lo señala por su violación a los derechos humanos. Y lo que llama la atención que la OEA jamás haya dicho nada de todas las veces que la CIDH emitió opiniones o la Corte Interamericana dictó fallos y sanciones contra el estado venezolano, así como tampoco cuando Chávez sacó a patadas a Cantón de Venezuela y a otros dirigentes en materia de derechos humanos como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch.