Neutralidad en el internet

Ronald Reagan fue calificado el mejor presidente de la historia de EEUU, según un sondeo reciente de Gallup. Los encuestados ponderaron sus destrezas políticas que derivaron en el derribo del muro de Berlín, alcanzándose así más libertad y democracia en el mundo.

Sin embargo, los legisladores de su propio partido republicano parecen ahora alejados de aquellos ideales, irónicamente, cuando tienen a la mano un instrumento tan poderoso como el internet para alcanzar los mismos objetivos. La semana pasada se opusieron a una receta de neutralidad de la web que blinda al ciberespacio para que permanezca abierto, libre, razonablemente barato y sin limitar ni discriminar contenidos.

Esta fórmula, que acompaña al internet desde sus orígenes, le da un carácter democrático, que se evidencia en la mala conducta de gobiernos autoritarios, como los de China y Cuba, que en estos días han impuesto censura férrea a los cibernautas para evitar que propaguen los fuegos populares que prendieron en Libia, Egipto y demás países árabes.

La misma noche del 17 de febrero cuando el presidente Barack Obama cenaba con los directivos de Google, Apple Facebook y Twitter, en busca de fórmulas para que el internet ayude a impulsar el crecimiento económico, el empleo y aires democráticos, la Cámara de Diputados, de mayoría republicana, maniató una resolución de la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC), que desde el 21 de diciembre ordena preservar la naturaleza neutral y de libertad del ciberespacio, impidiendo que los proveedores de telecomunicaciones puedan discriminar el tráfico de información y la conexión.

El principio de neutralidad implica que las compañías de telecomunicaciones, como ATT, Comcast o Verizon en EEUU, no pueden segregar información y servicios que proveen compañías que fabrican contenidos así sean Google, Wikileaks, Yahoo, Amazon, Facebook o de cualquier periódico, página digital o blog de un individuo. Las empresas transportadoras están obligadas a tratar toda información con igualdad, no pueden elegir que quieren o les conviene transportar, ni cobrar tarifas diferenciadas para descargar datos en computadoras y teléfonos móviles, así sean livianos como noticias, mensajes y correos o archivos pesados como fotografías, música, videos, telefonía, películas y televisión.

Mientras los republicanos consideran que la neutralidad limita la competencia y el libre mercado, y todo el embrollo aparenta ser solo una controversia comercial entre empresas distribuidoras y creadoras de contenido, en realidad el tema tiene fuertes implicancias políticas. El carácter neutral evita que una compañía de telecomunicaciones pueda silenciar opiniones o informaciones, ya sea por no compartir esos contenidos por razones editoriales, políticas o económicas; pudiendo, por ejemplo, discriminar a Facebook por sobre Twitter, porque la primera pagara mejores tarifas o tuviera una cláusula de exclusividad.

Se hace más evidente esta ecuación, cuando se observa que en la mayoría de los países las telecomunicaciones están manejadas por monopolios, u oligopolios en el mejor de los casos, lo que dejaría a la red en manos de unos pocos; y ni pensar que en muchos, las únicas empresas transportadoras de datos pertenecen al Estado, lo que permite mayor manipulación informativa. Tema que el presidente venezolano Hugo Chávez entiende muy bien. Hace unos meses, legisló y obligó a los proveedores de internet a restringir la difusión de información y el acceso de usuarios a aquellos portales que critiquen al gobierno, promuevan el desorden público o actos contra la seguridad nacional.

Las diferentes intenciones sobre el buen uso o no del internet, quedan contrastadas entre la posición de Chávez y la visión del gobierno chileno. Chile fue uno de los primeros países del mundo en adoptar una ley de neutralidad el 13 de julio de 2010, como una medida que refuerza su estabilidad económica, política y democrática. La ley prohíbe a las empresas discriminar contenidos, diferenciar tarifas o bloquear a usuarios y empresas el acceso a internet.

La Cámara del Senado de EEUU, de mayoría demócrata, tendrá la última palabra sobre la neutralidad. Seguramente ratificará las políticas de la CFC para que el internet, siga siendo abierto y libre, donde prosperen la diversidad y la pluralidad. De lo contrario, el país inventor y pionero del internet, estará dando un pésimo ejemplo a otros gobiernos que siempre buscan la excusa perfecta para evitar que la información no fluya libremente.

Ciberactivismo y militancia cibernética

Si las revelaciones de los cables diplomáticos secretos por Wikileaks plantearon un dilema mundial sobre seguridad nacional y libertad de expresión; los ciberataques a compañías estadounidenses y europeas con el propósito de vengar la detención esta semana del fundador de ese sitio de internet, Julian Assange, pusieron en evidencia una disyuntiva aun mayor: ¿Son protestas genuinas como fundamentan los activistas involucrados o actos  criminales que deben ser censurados y perseguidos?

Algunos creen que la “Operación Venganza” lanzada por hackers y agitadores del grupo Anonymous en contra de Amazon, Mastercard, Visa, PayPal, el banco suizo PostFinance y la fiscalía sueca es sólo una forma de protesta comparable a cualquier concentración cívica. Consideran que crear “espejos” para que Wikileaks pueda seguir divulgando los cables o tomar represalias informáticas contra quienes desenchufaron los servidores y dejaron de prestar servicios al sitio de Assange, no es una acción criminal sino un acto de justicia a favor de la libertad de expresión.

Otros entienden que buscar que los sitios de internet de esas entidades colapsen no es más que vandalismo, una acción tan vil como lo son otros tipos de ataques cibernéticos, así sea la irrupción de cuentas bancarias, práctica conocida como pishing o el botnet, que consiste en infectar computadoras y controlarlas en forma remota.

Independientemente de si el activismo cibernético roza una actividad cibercriminal, lo cierto es que está creando un desafío complejo para los gobiernos, tratándose de un movimiento de contagio rápido y masivo, tan difícil de detectar como de perseguir. No es lo mismo controlar a un grupo de revoltosos que físicamente se manifiesta frente a una embajada y puede ser dispersado con gases lacrimógenos, que tener que lidiar con provocadores anónimos refugiados detrás de una computadora, que pueden actuar en grupos de alcance global, cuyas armas no son piedras ni pancartas, sino software, virus y gusanos que pueden penetrar códigos y sistemas de seguridad.

Aunque el internet y las redes sociales han servido para nutrir protestas masivas, este episodio de Wikileaks puede potenciar el lanzamiento de un movimiento ciberactivista cuya misión sería justificar cualquier causa con tal de tomar la justicia en sus propias manos, lo que podría calificarse de ciber linchamiento.

Anonymous, por ejemplo, formado por voluntarios que se definen como anarquistas, abrazó a Wikileaks después de dirigir ataques cibernéticos en contra de las industrias literaria, discográfica y cinematográfica de EEUU, Inglaterra, España y Australia, al considerar que cualquier norma anti piratería o que defienda la propiedad intelectual es contrario a la libertad que debe reinar en el mundo y en el internet.

Hasta ahora el prejuicio era que los hackers reservaban sus mejores armas de espionaje para los mega fraude bancarios o para ataques como los que sufrieron este año Google China y el sistema nuclear de Irán. Pero lo cierto es que el acceso global a las nuevas tecnologías está permitiendo cada vez más que muchos cambien los juegos en línea por actividades criminales. De ahí los dolores de cabeza de los gobiernos que deben modernizar sus leyes, adquirir tecnologías y hacer inversiones multimillonarias para responder ataques cibernéticos contra los ciudadanos o contra sus sistemas financieros, energéticos y de seguridad.

Estos ciberdelitos no paran de crecer. En EEUU los fraudes con tarjetas de crédito, las intrusiones a las computadoras personales y la difusión de pornografía infantil subieron un 48% en el último año; mientras que en China, el cibercrimen aumentó un 80% y el gobierno calcula que ocho de cada 10 computadoras conectadas al internet están afectados por botnets.

Así que aunque el presidente brasileño Lula da Silva haya defendido a Assange esta semana, pareciera que está descompasado en la discusión. Wikileaks no puso sobre la mesa solo el problema de secretos de estado y libertad de expresión. Evoluciona todo tan rápido, que el debate ya modificó hacia los ataques informáticos y podríamos estar por comenzar una gran guerra cibernética que involucra por igual a privados y gobiernos.

Habrá que seguir el progreso de este fenómeno. La decisión reciente de Facebook y Twitter, de cancelar el perfil de Anonymous, por considerar que sus actividades son ilegales, no hace más que abrir otro debate e interrogantes sobre lo que sucederá… mañana.