Impunidad policial; y depuración necesaria

En forma cíclica las policías del continente se ven involucradas en actos criminales que no solo desacreditan a sus mismas fuerzas, sino que también hacen añicos nuestra confianza y derrumban la esperanza de que los índices de inseguridad serán alguna vez reducidos.

En muchos países o regiones, hace rato que las policías generan tanta desconfianza como los grupos criminales, con el agravante de que uno espera que estos últimos grupos se comporten de esa forma, pero no quienes deben velar por el orden.

El asesinato de dos universitarios hondureños, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, a manos de varios policías, algunos de los cuales están prófugos tras ser liberados por la propia Policía, habla a las claras de la desprotección en la que vivimos y de la poca confianza que puede existir en un país donde los abusos policiales son parte de la cultura del Estado. Si a esto le sumamos, las declaraciones del ex ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, sobre la infiltración del narcotráfico en las filas altas de la policía, no se puede esperar nada más de que el presidente Profirio Lobo, como prometió desde el inicio de su gobierno, inicie una depuración profunda y rápida de las fuerzas del orden.

Como bien dijo ayer el presidente mexicano Felipe Calderón, más vale una policía chica y eficiente que una grande y criminal. Sus palabras tampoco son nuevas, casi ya llegando al final de su Presidencia, Calderón siempre habló de la necesidad de depurar los cuerpos policiales que están, en muchos estados, íntimamente ligados al narcotráfico, permitiendo la expansión grosera del crimen organizado. Calderón ahora pidió mayor rapidez en la depuración de las policías, sabiendo que los militares no pueden ganar por sí solos la guerra contra los narcos, ya que la policía es el único cuerpo que puede devolverle la confianza perdida a los mexicanos.

Tampoco en Estados Unidos la corrupción es ajena a la policía. Todas las semanas se conocen arrestos y castigos contra policías. En Nueva York, 12 agentes fueron detenidos y separados de sus fuerzas, involucrados en tráfico de influencias y en todos los distritos son separados e investigados por abuso de poder. La única diferencia es que en Estados Unidos los departamentos de Investigaciones Internas y auditorías de las policías son estrictos, y el público tiene confianza que la depuración de los cuadros policiales es constante y que rinde frutos en materia de confianza.

La batalla en contra de la criminalidad y la inseguridad ciudadana es una prioridad que exigen los ciudadanos latinoamericanos. Nada es tan importante como la tranquilidad y la confianza en el sistema.

El triunfo de la justicia

Esta semana que pasó trajo excelentes noticias en materia de justicia. Tanto en Argentina, Uruguay como en Brasil, se adoptaron medidas judiciales y legislativas para acabar con la impunidad y la inmunidad de muchos criminales de la época del Plan Cóndor – entongue entre las dictaduras militares que asolaron el Cono Sur del continente - quienes habían sido beneficiados por el olvido, los perdones y amnistías y hasta leyes de Punto Final.

Dos cosas muy interesantes se desprenden de lo que se acordó en los tres países. Primero, la esperanza de que aunque la justicia sea lenta, terminará por imponerse al final para que todo el sistema y todos los ciudadanos nos sintamos iguales y sin privilegios. Segundo - tanto ayer como hoy - por más que algunos gobiernos traten de perpetuarse en la impunidad con la promulgación de leyes para su propio beneficio (así sea las de amnistía) o traten de tapar su corrupción o retuerzan las leyes para reformar constituciones y seguir en el poder o limitar a los congresos y a las cortes, existirá siempre la esperanza de que la justicia prevalecerá. Un buen mensaje también para los gobiernos actuales, especialmente aquellos que se sienten arrogantes.

Esta semana en Argentina una corte sentenció a 12 ex militares y policiales a cadena perpetua y otras penas menores, por los crímenes que se cometieron durante la dictadura de las juntas militares entre 1976 y 1983. Gracias a la derogación en 2005 de una ley de amnistía, fueron sentenciadas desde entonces 262 personas, además de otros 802 casos desde que Raúl Alfonsín y la democracia irrumpieron en 1983.

Otra medida relevante de esta semana fue la derogación de la ley de amnistía por parte del gobierno de Uruguay, que también ayudará a rever parte de la historia de ese país, de la que el propio presidente José Mujica estuvo involucrado como guerrillero y preso político. Lo mismo sucedió con el caso de Brasil, aunque con una situación un poco más tímida, al ser el Congreso el que le miércoles pasado creó una Comisión de la Verdad, que tendrá como objetivo primordial  revisar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares entre 1964 y 1985, y se podrá así escudriñar mejor las peripecias de la presidenta Dilma Rousseff, quien también fue activista de la guerrilla, detenida en celdas clandestinas y torturada.

Ojalá que en su capacidad, la justicia para que sea entera y verdadera, también mire con la misma óptica aquellos crímenes de lesa humanidad que perpetraron los grupos clandestinos y guerrilleros que pensaron que la lucha de las ideas debía ser por las armas. Esa lucha también fue fratricida y tiene sus responsabilidades ante los derechos humanos que violaron constantemente.

Chávez, el destructor

Los defensores del chavismo y del castrismo insisten en los logros en materia de salud y educación de estos regímenes como propuestas de igualdad ciudadana. En parte es verdad, pero también es cierto que la calidad de ambos rubros ni siquiera se compara con la de países desarrollados o los del sureste asiático o de la India, por lo que el éxito es relativo. Ni en los hospitales de La Habana ni de Caracas existen insumos y medicamentos suficientes, mientras que la educación responde directamente a la ideología y propaganda de los gobiernos.

Tampoco pueden destacarse dos rubros que en países con regímenes totalmente diferentes, más democráticos, los índices de educación y salud son muy superiores a los de Venezuela o Cuba. Chávez, si quisiera vanagloriarse de sus logros en estas dos materias, debería demostrar que está igualando hacia arriba, no hacia abajo, como muestran todos sus índices. Educadores cubanos, que no han demostrado mucho en los últimos 50 años, son héroes para el sistema chavista, así como médicos que se fabrican de a cientos cada tres años. El mérito quizás es que hay menos analfabetismo y que las clases más populares acceden a algún tipo de medicina más igualitaria y accesible, lo que no sucedía en otros gobiernos a los que la pobreza y la desigualdad les molestaban pero no hacían mucho por ellas.

Pero la educación y la salud, para vanagloriarse de ellas, no debe medirse con el promedio latinoamericano sino con el de países desarrollados como los escandinavos y los asiáticos.

Repito. En muchos viajes que hice a Venezuela en esta última década, siempre me sorprendió la falta de obras públicas, no digo faraónicas, pero simplemente de aquellas que, además de embellecer, dotan al país de la infraestructura necesaria de comunicación vial, digital, de viviendas y centros industriales y turísticos, imanes de capitales internos y externos.  Uno no puede dejar de preguntarse ¿cómo un país que nada en la riqueza del petróleo puede darse el lujo de hacer tan poco?

Las obras públicas y mega construcciones – como lo demuestran muchos países árabes que también viven del petróleo – son fuente necesaria para atraer inversiones, generar empleo, reducir la inflación, crear consumo y mayor bienestar. Al menos si tanto se habla de educación y salud, ¿por qué Venezuela no tiene los mejores hospitales, escuelas y universidades de toda América Latina?

Lamentablemente Chávez – repito y lo repetiré hasta el cansancio – sigue demostrando que está administrando la pobreza y será algún día juzgado o al menos se los responsabilizará, por los talentos recibidos y la potencialidad desperdiciada. No hay historia más alarmante en nuestro continente que la de Venezuela y su gobierno.

Esta semana, el periodista Antonio María Delgado de El Nuevo Herald, escribió que “años de mal manejo económico bajo el presidente Hugo Chávez auguran un difícil inicio para un eventual gobierno de la oposición, que deberá lidiar con un aparato productivo en ruinas, agudos problemas de desabastecimiento, una producción petrolera en declive y una de las mayores tasas de inflación del mundo”.

Todos estos aspectos los argumentó con datos que obtuvo de una cobertura de un foro realizado por el Centro de Políticas Hemisféricas de la Universidad de Miami. Su nota está en el siguiente enlace: http://www.elnuevoherald.com/2011/10/28/1054125/nuevo-gobierno-en-venezuela-enfrentaria.html

Correa: interpretación equívoca sobre DDHH

Esta semana le llovieron palos al gobierno del presidente Rafael Correa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las violaciones a la libertad de prensa en su país y, en especial, por sus actitudes personales en contra de periodistas y medios de comunicación.

No hay grupo nacional e internacional dedicado a los derechos humanos y a la libertad de expresión que no haya mostrado su repudio contra el gobierno ecuatoriano. Las evidencias están a la vista y fueron analizadas reiteradamente en informes de situación y visitas al país.

Su gobierno, como siempre ha hecho, tomó en la sesión del martes una actitud totalmente defensiva, culpando a los medios de comunicación de ser los agresores, corruptos y desestabilizadores del sistema. Incluso Correa, en estos días, declaró que su gobierno rechazará cualquier opinión desfavorable que sobre esa materia, vaya a emitir la CIDH, admitiendo en su prejuicio, de que la organización encontrará razones para criticar a su gobierno.

Correa también dijo que la CIDH, así como la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, serán bienvenidas para que visiten Ecuador para constatar el nivel de libertad de prensa, pero que tampoco respetará que haya injerencias a la soberanía de su país.

Esto es - en otras palabras – que Correa dará la bienvenida a un informe y a una misión de la CIDH, solo si sale beneficiado por una opinión y un análisis favorable.

Con su actitud, no hace más que corroborar su irrespeto por los derechos humanos y los mecanismos que el Estado ecuatoriano – no su gobierno – está vinculado a respetar y garantizar.

La verdad según Ollanta Humala

El presidente peruano Ollanta Humala filosofó sobre la verdad al inaugurar esta semana la 67 asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa, diciendo que los periodistas, así como los curas y los soldados, deben tener a esa virtud como el norte de sus disciplinas.

La comparación suena bien, pero pudiera generar engaños entre los desprevenidos. Varios gobiernos progresistas de la región, como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, incluyeron la cláusula de “información veraz” en sus reformadas constituciones, a la que pronto utilizaron como punta de lanza para justificar leyes y censurar a medios de comunicación y periodistas. La Ley de Responsabilidad Social en Venezuela, creada a esas instancias en 2004, es el arma que usó el presidente Hugo Chávez para cerrar RCTV, 34 emisoras, y que esta semana le sirvió para imponer una sanción millonaria contra Globovisión, por informar sobre el amotinamiento en una cárcel, hecho que el gobierno hubiera preferido ocultar.

En todos los casos, el mensaje es claro: Quien no se ajusta a la “verdad oficial”, puede ser castigado. Si bien Humala puso énfasis en “el irrestricto respeto a la libertad de prensa”, también argumentó que los medios deben “informar con la verdad, sin dejarse influir por los intereses económicos”. Aunque son atinadas referencias a parte de la prensa peruana cuando alquilaba titulares y se prestaba a extorsionar en nombre del régimen de Alberto Fujimori, también suena a los artilugios usados por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que promulgó en estos días una ley que prohíbe a los dueños de medios tener otro tipo de negocios.

Por más ético y coherente que parezca el reclamo, la excusa de la verdad siempre ha sido manipulada para restringir y limitar.

El propio Humala ya ha demostrado que la verdad es relativa, porque no solo está determinada por hechos contrastables, sino por el tiempo y el contexto. ¿O acaso su verdad no fue diferente en las campañas electorales de 2006 y 2010? ¿No fue primero partidario del presidente venezolano Hugo Chávez y luego del ex mandatario brasileño Inácio Lula da Silva, habiendo sido la misma persona y teniendo las mismas convicciones?

En todo caso, el objetivo común que comparten comunicadores, militares y sacerdotes no es la verdad en sí misma, sino su búsqueda permanente. Para los curas, la verdad es absoluta por tratarse de la existencia de Dios y el camino de salvación. Para los militares, ésta no está sometida a la credibilidad o falsedad de un hecho, sino al principio de obediencia. Y para los periodistas, como también para los jueces, la veracidad es relativa, dependiendo de los distintos puntos de vista que sobre un mismo hecho pueden aportar varias fuentes.

La búsqueda de la verdad tampoco es infalible. El Vaticano demoró siglos antes de reparar la memoria del astrónomo Galileo Galilei cuando en 1633 lo declaró hereje porque había demostrado que la Tierra no era el centro del Universo. También muchas fuerzas armadas del sur del continente atormentaron a varias generaciones justificándose en la obediencia debida, mientras numerosos medios, como News of the World, tergiversaron, omitieron y delinquieron en nombre del arte de informar.

Humala acertó cuando dijo que la tarea de la prensa es fiscalizar y “necesitamos que nos digan la verdad, cuando nos equivocamos”. Pero erró cuando comparó al periodismo con el sacerdocio, “a ponerse la sotana del amor”, como si este oficio estuviera obligado a una verdad absoluta. Una visión apoteósica de la prensa que también comparten muchos presidentes, como el uruguayo José Mujica, que ante la menor “violación” a ese llamado sacrosanto a ser veraces, amenazó con disciplinar a los medios con una ley de prensa y con quitarles la publicidad oficial, en la creencia de que son las informaciones sobre hechos violentos las que generan inseguridad, y no la inacción del gobierno. 

Ojalá que el presidente Ollanta Humala se convenza que más que la verdad, la libertad es el valor que antecede a cualquier otra virtud humana y social. De lo contrario, en nombre de “su” verdad, pudiera comenzar a cometer los mismos errores y abusos de poder que algunos de sus colegas.