Belo Monte y la voz indígena

Finalmente un juez federal ordenó al gobierno brasileño no proseguir con las obras y planes de la gigantesca represa de Belo Monte en el corazón del Amazonas, para algarabía de los indígenas que viven en los márgenes del río Xingú y para deleite de los activistas de los derechos humanos más allá de Brasil. Para los indígenas Xingú se trata de una larga batalla para que no se malogre el medioambiente en el que viven, una situación de protesta sostenible que han mantenido como los nativos bolivianos que siguen protestando (y paralizando) la construcción de una carretera que el presidente Evo Morales está empeñado en que pase por la amazonia boliviana. Digo que se trata del deleite de los activistas por los derechos humanos, porque fue justamente la proyectada hidroeléctrica de Belo Horizonte la que causó la más grande controversia dentro del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH), por la que varios gobiernos, encabezados por los de Ecuador y Venezuela, son los que quieren ahora destruirlo. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares contra esta represa y a favor de los indígenas, lo que motivó una airada protesta del gobierno liderado por Dilma Rousseff. Desde entonces, la presidente acusó al sistema de interferencia y clamó por su reforma. Ni lerdos ni perezosos, otros gobernantes con profundas diferencias sobre el SIDH aprovecharon la ocasión para despacharse en su contra y buscar mayores reformas que implican su neutralización. De esta forma, Brasil sin quererlo, incentivó a presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez que siempre reclaman que el SIDH se entromete en asuntos internos, cuando éste se hace eco de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en su territorio. Lo bueno del fallo de la justicia federal brasileña, es que le da la razón a la CIDH, diciendo que se deben paralizar los trabajos de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo a un costo de 11 mil millones de dólares para generar 11 mil megawatts, hasta tanto los indígenas sean escuchados, quienes no fueron ni siquiera consultados antes de que comiencen las obras, como estipulan las leyes. Norte Energía, la constructora, podrá apelar el fallo, mientras que el Congreso, una vez que escuche a los indígenas, podrá ordenar legalmente la continuación de las obras. La pelea seguirá, pero lo importante es que por ahora, la voz de los nativos se ha escuchado.

Assange a punto del asilo

Es probable que esta semana, terminado el ruido de las Olimpiadas, el presidente Rafael Correa decida otorgarle el asilo político a Julián Assange.

Como todo lo que hace Correa, su decisión está sopesada y a la espera de transformarse en noticia mundial, lo que envisionó desde el mismo momento que Assange entró a la Embajada ecuatoriana en Londres. En realidad su decisión, que dice está cuidada sobre la base de las relaciones con Inglaterra, en la posibilidad de que la Justicia sueca está por enviarlo extraditado a EEUU donde lo esperaría una pena de muerte, son puras opiniones y reflexiones demagógicas que nada tienen que ver con lo que establecen los principios del asilo.

El pedido de asilo solo debe estar sopesado por la decisión soberana de un gobierno, por razones de persecución politica y humanitarias. Todo lo demás, son dilaciones demagógicas.

56 medallas de nuevo para Latinoamérica

Con las luces y altas notas terminó en Londres anoche otra olimpíada que para Latinoamérica representa la misma cantidad de medallas que la región alcanzó en las últimas olimpíadas de Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008.Los países latinoamericanos solo consiguieron 56 medallas en Londres como en las tres olimpíadas anteriores lo que implica que América Latina no puede superar su propio récord lo que para algunos demuestra un rotundo fracaso y para otros un paso firme hacia Río 2016 – las segundas olimpíadas de la región después de que se celebraron en 1968 en México – donde es probable que jugando en casa, los locales batan todos los récords, como así les fue a los anfitriones en los Juegos Olímpicos.Mientras tanto, antes que adelantarse a los resultados sería importante que los gobiernos de la región, poco dispuestos a patrocinar a los atletas de disciplinas amateur, empiecen con programas deportivos a trabajar rumbo al 2016, en el entendido que en competencia de alto rendimiento no existen muchos milagros ni suerte que supere a la preparación y estrategias deportivas.Cuba con 5 oros fue la más encumbrada de América Latina en Londres aunque su cantidad de 14 medallas fue inferior a las 17 de Brasil. Colombia siguió con 8, México con 7 – su único oro fue en fútbol en la disciplina más querida por los brasileños que terminaron con plata – Argentina quedó con 4, República Dominicana y Puerto Rico con 2 cada uno y Venezuela y Guatemala con 1 cada uno. Tal vez lo más sorprendente es que después de más de 13 años de revolución, el gobierno venezolano no está emulando los logros deportivos que Cuba empezó a cosechar apenas comenzó su revolución después de 1959.EE.UU. con 104 medallas (46 de oro) fue el país mejor ubicado, seguido en el casillero de “plata” por China con 87 (38 de oro) y en el de “bronce” por Rusia con 82 (24 de oro). Latinoamérica obtuvo 13 medallas de oro: Cuba 5, Brasil 3, y 1 para Colombia, México, Argentina, República Dominicana y Venezuela. La misma cantidad de oros que obtuvo Corea del Sur, un país emergente en materia económica, política y olímpica, del cual mucho se tendría que aprender en nuestra región.

SIP exigirá cumplir los compromisos

SIP exigirá cumplir los compromisos

Que no sea solo demagogia

Terminamos anoche en Tegucigalpa la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión con marcado éxito en materia de compromisos gubernamentales para hacer reformas de políticas públicas a favor de la protección de periodistas.

El Plan de Acción alcanzado incluye las cuatro propuestas del presidente Porfirio Lobo, las de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos y los proyectos de ley presentados por los diputados Jariet Waldina Paz y Augusto Cruz Asensio, y varios otros puntos que fueron demandas de los asistentes así como de reclamos históricos que la Sociedad Interamericana de Prensa viene realizando en Honduras y países de la región.

¿Fue exitosa la reunión? Yo diría que sí por el solo hecho de que hubo compromisos concretos del gobierno. ¿Ayudará esta reunión a que haya menos problemas de violencia contra los periodistas y los medios de comunicación? Yo diría que depende.

Depende de que los actores, periodistas, medios, asociaciones de prensa y de los derechos humanos, presionen a las autoridades para que cumplan con su compromiso, para que estas promesas no queden en pura demagogia. Cuando expliqué en uno de los paneles lo que significó la lucha de la SIP para obtener cambios en otros países, indiqué que se logran sobre la base de la perseverancia y persistencia en reclamar, pedir e influir a los poderes públicos para que mantengan el nivel de voluntad política necesaria para hacer los cambios.

Ya no es tanto el gobierno (quien asumió los compromisos) sino los periodistas los que deben presionar para que esas reformas de política públicas se concreten.

Resumen de los compromisos y propuestas del Plan de Acción de Tegucigalpa:

Propuestas y compromisos

•Creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.

•La implementación y funcionamiento del mecanismo institucional para protección de los periodistas y otros grupos especialmente afectados por la violencia generalizada, creado dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.

•Creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar, entre otros casos, aquellos en los que los periodistas sean víctimas.

•La elaboración de la propuesta de reforma para la despenalización de los delitos de injurias, calumnias y difamación para que solo se atiendan y diriman por la vía civil.

•Se exhorta a los poderes públicos a llevar a cabo un análisis técnico-jurídico y consensuar una propuesta única de ley que dé soporte y facilite la implementación efectiva del mecanismo de protección para periodistas y grupos vulnerables.

•Estas iniciativas serán impulsadas y apoyadas por el Partido Liberal, aseguró el presidente de esa bancada en la conferencia. Se hizo un llamado por los legisladores para que prevalezca la voluntad política para la aprobación de estas iniciativas.

Seguimiento de propuestas en mesas de trabajo

• Exigir que el Estado asuma su responsabilidad y obligación de respeto de la libertad de expresión y pensamiento, cumpliendo las sentencias emitidas por tribunales nacionales e internacionales, así como la implementación oportuna y eficaz de medidas cautelares para la protección de periodistas y comunicadores sociales.

• Demandar que el Ministerio Público cuente con la infraestructura técnica y presupuestal suficiente, particularmente la unidad especial que el Ejecutivo creará para los casos de periodistas y grupos vulnerables, y que sus funcionarios reciban capacitación para que puedan atender los delitos de forma integral y eficaz.

• Exigir que en los órganos persecutores de delitos establezcan estándares de calidad en su desempeño, que fomenten la transparencia en las investigaciones de ataques contra periodistas y comunicadores sociales.

• Verificar que el Poder Legislativo discuta y apruebe la propuesta de despenalización de los delitos de injuria y calumnia, particularmente en torno a los funcionarios públicos, para que no sea una forma de censura del ejercicio periodístico.

• Exigir el fortalecimiento de los mecanismos para un acceso genuino a la información de gobierno, a través Instituto de Acceso para la Información Pública, considerando la transparencia.

    

Lobo: proteger libertad de expresión

Después de una maratónica sesión ayer en Tegucigalpa, durante la primera jornada de la conferencia sobre Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación de Medios de Comunicación hondureña, el presidente Porfirio Lobo asumió importantes compromisos:

Lobo dijo que el gobierno analiza la creación de una unidad especial de investigación de crímenes contra periodistas y grupos vulnerables, conformada por policías de investigación y fiscales.

Agregó que dentro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se creará un mecanismo institucional para proteger a los periodistas y otros grupos afectados por la violencia generalizada.

También dijo que promoverá la creación de juzgados especiales en derechos humanos para procesar casos en que los periodistas sean víctimas.

Propuso que se despenalizarán los delitos de injurias, calumnias y difamación, para que esos delitos se diriman por la vía civil.

Al término de su discurso, Lobo dijo que tendrá en cuenta las recomendaciones de esta conferencia, las experiencias exitosas que se darán a conocer hoy y los conceptos enmarcados en la Declaración de Chapultepec.

Previamente durante la conferencia, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien hizo un análisis del avance que ha tenido el crimen organizado en Honduras, según reporta hoy el diario La Prensa de San Pedro Sula, Tegucigalpa:

La rectora expuso que mientras no se realicen investigaciones de nada servirá aplicar medidas públicas en protección de la prensa hondureña. A su criterio, por temor, en la Fiscalía no prosperan las investigaciones y ese temor surgió cuando se empezó matando jueces y fiscales y el Estado no reaccionó.

Manifestó que en Honduras el crimen organizado en su definición es un abstracto, porque no se conocen nombres de las personas que lo  integran, al contrario de México; entretanto se vuelve real con sus ejecuciones. Se preguntó de quién se protege a los periodistas si no se sabe quién los ataca, porque no funciona la investigación y ninguna política pública será acertada si no hay investigación.

Criticó que, en los casos que logran investigar, a los parientes de las víctimas les dicen que ya tienen el 80, 90, 95% del caso resuelto, pero nunca llegan al 100%, es decir, no se sabe quiénes son los autores intelectuales de las muertes y puso como ejemplo el caso del periodista Alfredo Villatoro.

El relator de la Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, dijo que no es que los periodistas busquen derechos distintos al del resto de la humanidad, sino que se buscan mecanismos de protección por la función social que tienen.

“Los periodistas garantizan el derecho de la sociedad de estar informada, tener un periodismo libre, con pluralidad, nos garantizará un modelo democrático; por eso se protege a la prensa, por la función”.

Propuso tres mecanismos de protección: uno integral, como en Colombia, donde todos los organismos crearon un plan que ya es ley para la protección de periodistas; el segundo sería como en México, donde el delito es federal, se incrementaron las penas contra los agresores de periodistas y hasta se creó una fiscalía especial porque el ataque contra la prensa debe ser visto como un ataque contra la democracia.

La tercera propuesta es general: reducir la impunidad y el Sistema de Naciones Unidas podría generar apoyo para avanzar en las investigaciones.

Acabar violencia en Honduras contra la prensa

Comenzamos mañana una conferencia sobre protección de la libertad de expresión en Honduras y para acabar con la violencia contra periodistas, con la esperanza de que los funcionarios públicos de ese país se comprometan, planteen objetivos factibles y cumplan.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ministros y funcionarios de su gabinete, así como el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández y otros legisladores nacionales, participarán en la conferencia “Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión”, que organizamos con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC), el 9 y 10 de agosto en Tegucigalpa.

Propusimos discutir y buscar consensos sobre reformas de políticas públicas tendientes a combatir las agresiones contra la prensa y la impunidad de los crímenes contra periodistas en Honduras, donde la violencia ha cobrado la vida de 18 periodistas desde 2009.

La actividad dará inicio el jueves 9 de agosto a las 2:30 de la tarde con una conferencia magistral de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyo caso personal, la pérdida de un hijo universitario a causa de la violencia el año pasado, representó un punto de inflexión respecto a la seguridad pública en su país.

Hemos convocado a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de México, Laura Borbolla, al director de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, Andrés Villamizar y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Duberlí Apolinar Rodríguez, a quienes solicitó referirse a las medidas adoptadas en sus países, las que podrían ser fuente de consulta e inspiración para impulsar reformas en la políticas públicas de Honduras.

También fueron invitados a la conferencia el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión y de Opinión, Frank La Rue y la oficial senior de Información Pública de la ONU, Suzanne Bilello, para que expongan las alternativas que existen a nivel internacional sobre protección para los periodistas, investigación y procesamiento de delitos contra la libertad de expresión.

La conferencia es de carácter gratuito y se realizará en el hotel Real Intercontinental Tegucigalpa.