Se busca un prócer

Este día conmemorativo de los 200 años de emancipación que comenzó el 25 de mayo de 1810, nos encuentra a los argentinos divididos, especialmente por una clase política que sigue encaprichada a hacer de la vida nacional el lugar adecuado para la desunión y la polarización. Los actos por el bicentenario muestran eso, con fuerzas políticas y dirigentes, desde la presidenta Cristina de Kirchner hasta el conservador Mauricio Macri, haciendo sus propios y caprichosos actos patrios por su lado, desde los tedeums hasta las celebraciones.

Si algo hemos visto los argentinos a lo largo de la historia que nos tocó vivir y sobre la que aprendimos es que en muy pocas oportunidades estuvimos unidos por los mismos objetivos. No es por nada que nuestro carácter no llame a la unión o que seamos contradictorios, como lo establece una gran encuesta que encargó Clarín para hacer una radiografía del argentino y poder tener puntos de comparación hacia atrás y para los próximos cien años.

No es por nada que de este carácter e identidad nacional contradictorios, los argentinos destaquemos como a los argentinos más representativos a Diego Armando Maradona y al médico René Favaloro.

Lo importante, de todas maneras de esta encuesta que Clarín viene publicando en estos días, es que los argentinos estamos cada vez más convencidos que la democracia es el modelo más apropiado en donde desarrollar nuestras vidas, aunque detestemos a la clase política.

¿Será que nuestros dirigentes podrán darle a esta encuesta el mismo valor que le dan a los sondeos electorales y tomarla con total seriedad?

Como país, como ciudadanos, sería importante contar con un liderazgo que trace objetivos y que haga de Argentina un país desarrollado, con todo lo que esta palabra indica. ¿Será que alguien pueda gobernar trazando metas para los próximos 50 años y deje de plantear exitismos pasajeros?

Ese sería el mejor regalo para quienes, desde adentro y desde fuera, estamos esperanzados de que aparezca el próximo prócer, y para que no sigamos viviendo en los próceres que pensaron en una patria grande hace hoy 200 años.

Día del Periodista en Honduras

Con motivo de que este 25 de mayo se celebra en Honduras el Día del Periodista, el periodista Robert Marin García del diario El Heraldo de Tegucigalpa, me hizo la siguiente entrevista:

¿Qué conocimiento tiene sobre la libertad de expresión en Honduras?
Por mi trabajo monitoreo muy de cerca lo que ocurre en cada país en esta materia y lamentablemente Honduras está en este momento en una situación muy delicada, tanto por la situación de inestabilidad política que afectó también a los medios de prensa y los periodistas en el gobierno anterior como en el posterior al 28 de junio de 2009, como por el clima de violencia que desde marzo de este año cobró la vida de seis periodistas, casos que no están siendo esclarecidos.

¿Qué pasa cuando las sociedades van perdiendo poco a poco su libertad de expresión?
Se pierden espacios de democracia, la que necesita de la riqueza plural y diversa de información y opinión; y de que se respete el trabajo de los periodistas y los distintos criterios editoriales de los medios.

¿Centroamérica es de dónde provienen las mayores agresiones y amenazas a la libertad de expresión?
Tradicionalmente como en la actualidad, los gobiernos tienen una altísima cuota de responsabilidad en lo que sucede a la prensa, tanto desde el punto de vista directa como indirecta, así sea violencia verbal y física, escaso acceso a fuentes de información oficial, discriminación en el otorgamiento de licencias para la explotación de medios electrónicos, utilización de la publicidad oficial con fines punitivos contra los medios, entre otras causas y consecuencias. Sin embargo, en parte por la inacción de los estados y por la globalización también del delito, la prensa también es víctima de la violencia del crimen organizado, principalmente del narcotráfico y sus negocios conexos, en lo que adquieren relevancia las maras o pandillas juveniles.

¿Hasta qué punto es correcto hablar apresuradamente de violaciones a la libertad de expresión, cuando un periodista es asesinado y las causas no tienen relación con el ejercicio de su profesión?
Cuando esto ocurre no existe ningún tipo de violación a la libertad de prensa. Sucede que cuando el gobierno, a través de sus entes investigadores, tarda en ofrecer investigaciones rápidas y creíbles generando desconfianza en las instituciones, pueden aparecer personas o grupos que creen entender que el crimen de un periodista lo que buscaba era tapar o esconder alguna información que pudiera ser relevante.

¿Qué recomienda hacer para que los periodistas no utilicen la libertad de expresión como un escudo para protegerse de prácticas de un libertinaje ofensivo que atenta contra la seguridad física y emocional de las personas?
Como en toda profesión humana, hay periodistas buenos, malos y mediocres. La capacitación y la autocrítica profesional que se ejerza a través de instituciones de prensa fuertes, pueden ir ayudando a una mejor cultura periodística. El entrenamiento de un periodista no debe estar solo limitada a lo técnico ni a su medio, sino enfocada a la ética profesional; se trata, ante todo, de una tarea de responsabilidad individual del periodista.

¿Qué actuaciones de un periodista, podrían socavar la libertad de expresión?
La falta de honestidad en todo sentido, la falta de lealtad a la profesión; lo que tiene que ver con deberes que se asumen con esta profesión: el apego a la búsqueda de la verdad, evitar los conflictos de interés o incluso los que den apariencia de ello. Defender el derecho a la libertad de expresión (y por ende la democracia) es una alta responsabilidad de los periodistas.

En los últimos tres meses en Honduras se han registrado siete asesinatos de periodistas y las causas todavía no son claras ¿Qué nos indica esto?
En seis de estos casos hay sospechas de que se debió a cuestiones profesionales. Parece demasiada casualidad que hayan sido asesinados si es que alguien o grupos allegados al crimen organizado no estuvieran tratando de dar un mensaje. El gobierno tiene una profunda responsabilidad en esclarecer estos hechos en forma rápida. En esta acción se basa la credibilidad del sistema investigativo, lo que creo es una gran debilidad del estado hondureño.

¿Cuál debe ser el rol del Estado y de las sociedades en la defensa de la libertad de expresión, prensa e información?
El estado debe garantizar la libertad de prensa como lo establece la Constitución y todos los tratados internacionales que ha firmado. Pero más allá de esa obligación de respetar la libertad de expresión, tiene el deber de promoverla a través de leyes y educación. Defender y promover la libertad de expresión es defender y promover la democracia.

Lobo y el ejemplo de Alan García

En los asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos meses en Honduras y sobre los que el presidente Porfirio Lobo pidió ayuda al gobierno español para que mande fiscales que pudieran investigar y esclarecer los casos, sería bueno que el presidente hondureño tuviera en cuenta lo que hace unos días nos prometió su colega peruano, Alan García, cuando lo visitamos este viernes en Lima con una misión internacional de la SIP.
García coincidió con lo que nos respondió el presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, Javier Villa Stein, después de que le dijimos que parte de la solución para resolver los crímenes contra periodistas sería crear una jurisdicción especial a nivel nacional para investigar los casos, de la misma forma que se tratan los casos de narcotráfico y terrorismo.
Si bien podría haber problemas de presupuesto dentro del Poder Judicial, el presidente Alan García, en una reunión posterior y justo en el día de su cumpleaños, el 21 de mayo, nos dijo que el Poder Ejecutivo apoyaría con el dinero adecuado el funcionamiento de una sala judicial especial nacional.
La idea de incorporar una sala especial judicial nacional es para atraer del interior del país, ya que donde el Poder Judicial, los jueces y tribunales son más vulnerables a las presiones del crimen organizado, y por ello los casos suelen quedar con más facilidad en la impunidad.
Lobo podría – además de los cinco puntos que relaté en post anterior – incorporar esta decisión política de la misma forma que la asumió Alan García.

Cuba ¿liberará presos políticos?

Ojala sea verdad y el régimen comunista y autoritario de los hermanos Castro terminé liberando a los presos políticos y periodistas que todavía se pudren en las cárceles de la isla.
La versión la dio Guillermo Fariñas quien mantiene una huelga de hambre por 88 días en demanda para que por lo menos liberen a quienes están delicados de salud. Es la Iglesia Católica la que está intercediendo ante el gobierno cubano, y la única que podría darle la excusa al régimen para dejar libres a los presos, ya que no quiere hacer ver que se deja influir por las presiones de Fariñas ni de las Damas de Blanco ni por EEUU o la Comunidad Europea y otras instituciones internacionales como la SIP.
Es que el gobierno no quiere dar siquiera apariencia de debilidad, pero la presión es demasiado fuerte y con ella las sanciones económicas. Así que no tiene mejor salida que haber encontrado en la Iglesia a un intermediario lógico y neutral.
La intermediación del cardenal Ortega es una salida elegante y así, además, el gobierno permite el posicionamiento de una Iglesia que siempre fue perseguida, aunque últimamente y después de la visita de Juan Pablo II fue más tolerada.
Claro que esto no es suficiente, porque la liberación será a cuentagotas; pero por algo se empieza. Existe esperanza para las familias sufridas.

Lobo: lea la carta por favor

Sobre los asesinatos de periodistas hondureños, el presidente Porfirio Lobo lo hizo muy bien en España. Pidió el 19 de mayo durante la VI Cumbre entre la Unión Europea y Centroamérica, que el gobierno español le ayude enviando fiscales especiales para tratar de esclarecer esos crímenes ocurridos en marzo pasado.

Sin embargo, si bien está muy bien esta búsqueda de esta ayuda, debería leer con detenimiento una carta que le entregamos el 27 de abril en el hotel Inter Continental de Miami, el presidente de la SIP y yo, en la que remarcábamos la necesidad de considerar cinco recomendaciones, tal como expliqué en un post anterior.

Las recomendaciones que le dejamos son las siguientes:

Establecer criterios ya probados a nivel de sistema de veeduría internacional con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, similar a lo establecido por el gobierno de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización que tiene como objetivo “prestar asistencia técnica a las instituciones del sector justicia, a fin de dejar al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada”.

Crear - no obstante este tipo de cooperación internacional la que también debe ser solicitada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - fiscalías especiales dentro del Ministerio Público para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión en el marco de la procuración de los derechos humanos.
Instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial que atienda aquellos delitos que son cometidos contra toda persona en el ejercicio de su libertad de expresión y la libertad de prensa.

Inducir a la búsqueda de reformas al Código Penal para que se agraven los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como método eficiente de disuasión contra los violentos.

Exhortar a través suyo y por los mecanismos correspondientes a que el Poder Judicial de Honduras considere la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa e Impunidad, del 20 de julio de 2007, que contó con más de 20 presidentes de poderes judiciales de las Américas, durante la que se estableció “generar espacios para discutir, con especialistas e integrantes de la sociedad, la posibilidad de motivar reformas legales que permitan con mayor eficacia someter a juicio y sentenciar a los responsables de atentar contra la libertad de expresión”, así como “recomendar la implementación del nuevo modelo procesal penal” y “alentar a los poderes del Estado de los diferentes países y en sus distintos niveles, el uso de los instrumentos internacionales e interamericanos que otorgan herramientas conceptuales y normativas para sancionar con eficacia a quienes atentan contra la libertad de expresión y la obstrucción de la justicia, sin perjuicio de la independencia de los jueces”.

NBA: el título no importa

Coincido con el periodista Tim Reynolds de la agencia Associated Press, sobre que la disputa por el título de campeón de básquetbol que podrían disputar los Lakers de Los Angeles y los Celtics de Boston – que ya están dos juegos a cero en la serie de siete contra los Suns de Phoenix y los Magic de Orlando - no tiene tanta relevancia como sí la tiene el mercado libre de pases que se abre el 1 de julio.
Es que la suerte que correrán las super estrellas Lebron James, Dwyane Wade y Chris Bosh que entrarán a la agencia libre y los equipos a los que escojan, tiene mayor impacto de unas finales totalmente predecibles, a no ser por la ausencia de los Cavaliers de Cleveland.
Pasaría lo mismo en fútbol. ¿Qué sería de una final de campeonato en España sabiendo que Messi, Iniesta, Ronaldo o Kaká estuvieran por firmar para otro equipo cualquiera dentro de la liga? Su traspaso generaría mayor expectativa que el propio campeonato. La preocupación de los fanáticos del Barcelona o del Real Madrid ni se compararía a la expectativa que generaría en todos los demás fanáticos del resto de clubes en competición.
Esto prueba que las grandes individualidades, y la calidad, trascienden hasta a los propios equipos. Es como que fueran seres universales.
Volviendo al básquet, ojalá Miami sea la beneficiada y James y Bosh decidan unirse a Wade. Sería un equipo de ensueño y algo muy tangible por la billetera que tiene disponible Pat Riley, el presidente de los Heat.

Opiniones migratorias

Justo cuando la ciudad de Los Angeles declaraba un boicot económico en contra del estado de Arizona por la nueva ley de inmigración al considerarla anticonstitucional y racista, sorpresivamente varias encuestas dieron a conocer que una mayoría de estadounidenses está a favor de la legislación.

Esos resultados fueron como un jab a la mandíbula. El cimbronazo descolocó a muchos mostrando una realidad diferente, contradictoria, de la que la prensa no se venía haciendo eco. Es que cuando parecía que todos se sumaban convencidos a voces y manifestaciones estruendosas de protesta y repudio, organizadas por artistas, activistas, políticos y hasta por el presidente Barack Obama, quien ordenó estudiar cómo bloquear la ley, una mayoría silenciosa de ciudadanos, daba un veredicto muy diferente.

Un 73% de los estadounidenses, según sondeos similares del Centro de Investigaciones Pew y de McClatchy-Ipsos, está a favor de la Ley SB1070 que a partir del 29 de julio criminaliza la inmigración ilegal en Arizona, permitiendo a la policía detener e interrogar a una persona por su condición migratoria. La mayoría tampoco considera que la ley conculcaría sus derechos civiles y cree que es positiva para frenar la inseguridad y el desempleo, dos valores que muchos ligan al problema irresuelto de 12 millones de indocumentados en el país.
Merece también la atención que mientras muchos dirigentes pensaban que las protestas públicas del 1 de mayo realizadas en decenas de ciudades importantes ayudarían a conseguir una victoria segura contra la ley de Arizona, el tema pasó casi desapercibido en las redes sociales, siempre predispuestas al contagio viral. El sitio de Facebook que reclama “1.000.000 en contra de la ley de Inmigración de Arizona” solo tiene algo más que un centenar de seguidores, mientras el que convoca al “Boicot a Arizona por pasar una Ley Antiinmigración”, solo alcanza a 8.800 miembros.
Las mediciones de opinión tienen la capacidad de ayudar a moldear las fuerzas políticas; quienes parecen minorías, de repente pueden transformarse en mayorías. Las nuevas tendencias cambian conductas y desinhiben a quienes se mantenían en silencio o políticamente correctos por temor a ser criticados. En la sociedad política, la opinión de la mayoría es como el viento de cola al planeador. Vale como ejemplo el procurador general de la Florida, Bill McCollum, quien después de criticar la ley, ahora dijo que apoyaría una similar en su estado.
En situaciones convulsionadas y polarizadas, se corre el riesgo que los políticos actúen demagógicamente tratando de halagar o escudarse en las mayorías, aún si están equivocadas, prestándole demasiada atención a muestras de opinión que pueden cambiar radicalmente según el contexto y los hechos del momento.
Esto ocurre en la carrera presidencial de Colombia donde los candidatos principales, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, se disputan día tras día el favoritismo de un electorado que cambia, en gran medida, según las declaraciones que sobre ellos hace el presidente Hugo Chávez.
Más allá de la legislación que promulgó la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, el 23 de abril, y de los malos resultados de las encuestas para las minorías, lo positivo es que esta nueva ley despertó el debate y puso a la inmigración de nuevo en igualdad de condiciones con la crisis económica, las guerras y la reforma de salud; y a la búsqueda de una solución federal integral.
La ley es de singular trascendencia no solo para EEUU, sino para Latinoamérica, el mayor “proveedor” de inmigrantes y mayor beneficiaria de las remesas familiares. La migración es un problema que afecta a todos y en cada país latinoamericano existen los mismos problemas de discriminación y de xenofobia que se le achacan a la ley SB1070. Solo vale preguntarse: ¿Cómo es la situación de los indocumentados paraguayos en Argentina? ¿de los argentinos en Perú? ¿de los peruanos en Chile? ¿de los colombianos en Venezuela? ¿de los haitianos en Dominicana? ¿de los centroamericanos en México? ¿de los hondureños en Nicaragua? o ¿de los nicaragüenses en Costa Rica?
Sería deseable que los legisladores mexicanos y los presidentes de la UNASUR que han criticado fuerte y genuinamente la ley de Arizona, aprovecharan el debate para generar opiniones, reflexión y, también, legislación más adecuada en cada uno de los países.