Los
ciudadanos venezolanos ya no tendrán donde acudir cuando se agoten los recursos
judiciales internos de administración de justicia y sus derechos humanos sean
violados.
Nicolás
Maduro, fiel a la retórica del ex presidente Hugo Chávez que el 9 de setiembre de
2012 solicitó a su canciller renunciar a la Convención Americana de los
Derechos Humanos y por ende a la jurisdicción de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), continuó con el proceso y a partir
de hoy Venezuela ya asumió no tener responsabilidad internacional en estas
materias.
La
estrategia solo confirma que el gobierno venezolano, bajo la excusa siempre del
intervencionismo extranjero, deja de asumir su responsabilidad internacional en
materia de derechos humanos y a conveniencia deja los estándares de algunas
organizaciones (CIDH/OEA) para estar bajo la tutela de otras que domina y donde
no puede ser cuestionado (UNASUR).
Ayer,
Maduro volvió a repetir y a reiterar los numerosos dichos de Chávez: “La
Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron. Se creen un poder
supranacional, se creen un poder por encima de gobiernos legítimos del
continente”, y con ello dejó por sentado que Venezuela se une a Trinidad y Tobago
y al Perú de Alberto Fujimori como los países que se retiraron de la Convención
después de estar suscriptas y haber ratificado el Pacto de San José.
Aunque
Chávez y Maduro se hayan esforzado en criticar y desconocer cada opinión y
fallo de la Comisión y la Corte, al considerar que ambas instituciones están
secuestradas por el poder político del imperio estadounidense, en realidad lo
que están haciendo es dejar desprotegidos a todos los ciudadanos venezolanos
que antes acudían a la jurisdicción internacional en busca de justicia,
reparaciones y desahogo cuando se les negaban sus derechos en el país.
Nunca
Chávez y menos Maduro aceptaron esa jurisdicción y con ello el Estado (no el
gobierno) jamás reconoció los derechos violados de sus ciudadanos,
desconociendo pagar indemnizaciones por reparación moral o excarcelar a presos
políticos o reabrir causas judiciales.
El
retiro de Venezuela (el mismo día que Henrique Capriles introduce ante la CIDH
una denuncia para desconocer los resultados de las elecciones que perdió por
estrecho margen ante Maduro) es congruente con la política de aislamiento en
materia de derechos humanos que hace dos años busca también el presidente
ecuatoriano Rafael Correa que ha llamado a desmantelar el sistema y, al menos,
que la CIDH no tenga sede en EE.UU. un país que junto a Canadá no ha ratificado
la Convención.
Este
retiro deja por el aire varios temas incumplidos por Venezuela, entre ellas 16
sentencias condenatorias e indemnizaciones por 9.700 millones de dólares en
reparación para unas 300 víctimas, según datos que se desprenden de fallos de
la Corte Interamericana.
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