Lobo debe ser responsable

El presidente Porfirio Lobo de asumir las responsabilidades en materia de libertad de prensa para la protección de los periodistas de su país, especialmente después que esta semana fue secuestrado el reconocido locutor Alfredo Villatoro y asesinado el periodista, Erick Martínez Ávila.

En estos últimos meses, Lobo se expresó varias veces sobre libertad de prensa, aunque para amenazar a los medios sobre que enviaría una ley de prensa al Congreso para sancionar las faltas éticas y graves que estos comenten y no para hablar sobre sus promesas de que perseguiría a los delincuentes que asesinan periodistas.

Meses atrás, dijo que su gobierno había recibido la asistencia técnica del FBI y de las policías de Colombia y España, pero hasta el momento nunca fue revelado resultado alguno de esas investigaciones. Fue por eso, que en una reunión reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa,  se expresó lo siguiente: “Pese al compromiso público del Gobierno nacional (de Honduras) para revertir el clima adverso que afronta el ejercicio del periodismo, prevalecen en el país las amenazas contra periodistas, los ataques contra medios de comunicación, y la mayoría de los 19 asesinatos de comunicadores ocurridos desde 2003 siguen impunes”.

Se le pidió al presidente Porfirio Lobo poner mayor voluntad política y esfuerzo, “así como a disponer de manera eficiente de los recursos técnicos, científicos y legales… para frenar la cultura de violencia y atropellos contra la prensa, y resolver los asesinatos contra periodistas”.

Previamente, la SIP le había pedido por carta a Lobo varias acciones que podrían ayudar a limitar la violencia contra los periodistas: establecer criterios de veeduría internacional con el apoyo de la ONU; crear fiscalías especiales para investigar delitos cometidos contra la libertad de expresión; instar reformas legales y jurídicas que permitan la creación de una jurisdicción especial para atender estos delitos y, entre otras, agravar los delitos contra la libertad de expresión en el Código Penal.

Es necesario que el gobierno de Lobo cree un fuerte andamiaje jurídico y legal. Es necesaria una justicia firme, de lo contrario la impunidad solo genera más violencia.

A propósito del posible atentado

Últimamente el gobierno de Estados Unidos ha tenido mayores éxitos desbaratando complejas conspiraciones y planes terroristas, que controlando los escándalos por el comportamiento indecente de sus fuerzas de seguridad, fuera de los campos de batalla.
Mientras el presidente Barack Obama tomaba esta semana como lema de campaña electoral el golpe mortal de hace un año contra Osama Bin Laden y el FBI desarticulaba una red de jóvenes anarquistas que planeaba atentados explosivos contra puentes y carreteras en el estado de Ohio, el Servicio Secreto afinaba un nuevo código de ética interno, en respuesta al bochorno internacional causado por sus agentes en la Cumbre de las Américas.
Once agentes y 10 militares condenaron su suerte laboral y la reputación del Servicio Secreto, entreverándose en una necia festichola con prostitutas, horas antes de que el presidente Obama llegara a la reunión de Cartagena. Ahora, el envío de chaperones a los viajes presidenciales, para controlar que los agentes no se involucren con alcohol y prostitutas, se asemeja a los recaudos que se toman para viajes de egresados o para el seleccionado juvenil de fútbol mexicano involucrado en los mismos menesteres el año pasado en Lima, más que para una agencia que salvó la vida de Ronald Reagan en 1981, pero que todavía repasa su responsabilidad sobre el asesinato de John Kennedy en 1963, como el yerro más grande de sus 147 años de historia.
La conducta indecente no es patrimonio de las fuerzas de seguridad estadounidenses, muchos candidatos presidenciales terminan sus aspiraciones por problemas de faldas; así como le costó el puesto al ex director francés del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; o hizo pasar a la historia el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi o quedó en entredicho con el reciente viaje del rey español Juan Carlos al África, dicen, para cazar princesas y plebeyas, más que elefantes.
El escándalo del servicio secreto norteamericano, que todavía pudiera subir de tono si Dania Suárez logra contar su historia a la revista Playboy tras quejarse que no le pagaron por sus servicios sexuales, no es para rasgarse las vestiduras, pero sí tira por la borda los esfuerzos de un gobierno que en el mundo entero sermonea sobre ética y anticorrupción.
Aunque el jolgorio quedará para la anécdota, el tema no deja de ser grave, porque desnuda la vulnerabilidad del gobierno a merced de su propia gente, en casos que comprometen desde la seguridad del Presidente hasta la seguridad nacional. Los escándalos son muchos y poco graciosos, solo basta recordar al soldado Bradley Manning, después que filtrara a Wikileaks millones de documentos clasificados de la diplomacia estadounidense, comprometiéndose las relaciones con gobiernos aliados y enemigos.
Peor aún fueron las fotografías que surgieron en 2004 desde la cárcel en Irak de Abu Ghraib, que mostraban a soldados aterrorizando a los detenidos con perros o posando entre cadáveres desnudos como si fueran trofeos de caza, escenas que hasta inmortalizó el colombiano Fernando Botero en sus pinturas. O la de retratos recientes de soldados en la guerra de Afganistán, haciendo gestos obscenos a víctimas y símbolos musulmanes o la denuncia sobre aquellos guardias carcelarios de la prisión de Guantánamo, tirando copias del Corán por los retretes.
Pese a los golpes certeros contra Al Qaeda el gobierno de EE.UU. ha dejado traslucir muchas deficiencias graves. Desde sus yerros por no poder anticipar el 9/11 en Nueva York o justificar la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, hasta su impotencia por no detener una epidemia de suicidios que afecta a sus soldados y veteranos. O desde sus promesas incumplidas de cerrar la cárcel de Guantánamo, hasta acabar con métodos de interrogatorio lindantes con la tortura, ya sea en vuelos secretos o en cárceles clandestinas regenteadas por la CIA en Tailandia, Afganistán y varios países europeos.
Tal vez la mejor lección que emerge de la mala conducta de algunos agentes del Servicio Secreto, así como de los actos corruptos enumerados que conspiran desde el interior contra el propio gobierno, es que en una sociedad abierta donde se permite que la información y las denuncias fluyan libremente, se hace mucho más fácil la tarea de buscar y aplicar correctivos.

La asombrosa exigencia de las FARC

La libertad de prensa sufrió por estos días embates terribles. En la ciudad mexicana de Veracruz cuatro periodistas fueron asesinados por el crimen organizado, de cuyos cadáveres, tres fueron encontrados desmembrados en bolsas de basura a la vera de un río.

En Colombia también la libertad de prensa está en entredicho. Las guerrillas FARC condicionaron la liberación del periodista francés Romeo Langlois, a quien tienen desde el 28 de abril, a que haya un debate nacional e internacional sobre libertad de prensa y una autocrítica de los medios de comunicación y de los periodistas por ofrecer información parcial y distorsionada en la cobertura de ese grupo guerrillero.

Las FARC argumentaron que secuestraron a Langlois porque no estaba identificado como periodista, cuando lo capturaron como prisionero de guerra durante un violento enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad colombianas.

Las FARC se equivocan con esta estrategia.

Primero, creen que son reconocidas como un grupo legítimo y se tratan de comportar como gobierno y Estado, como si todo el mundo las tratara con el reconocimiento que le brindan Hugo Chávez y las autoridades cubanas.

Segundo, pedir un debate con ese condicionamiento, liberar al periodista, equivale más a una extorsión. A ningún gobierno o grupo lícito se le respetaría que condicionara un debate sobre libertad de prensa, poniendo en riesgo la vida de un periodista.

Tercero, las FARC no reconocen que los periodistas son civiles, y como tales están protegidos por los tratados internacionales y hasta por resoluciones intergubernamentales como la Resolución 1738 (2006) del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas en la que se consigna que “los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales”.

Cuarto, incluso si las FARC tuvieran razón de que el periodista no se habría identificado apropiadamente como tal y pudo haber sido confundido con un soldado o policía, deberían haberlo liberado apenas pudieron comprobar que se trataba de un reportero; lo que no hicieron.

Quinto, la libertad de prensa, pese a que no le guste a las FARC porque argumentan no recibir buen tratamiento de la prensa, está justamente fundamentada por el valor de la libertad. Ese no es un tema que se pueda debatir, menos desde un organismo ilícito, al margen de la ley y que ha tenido a la muerte y al asesinato de periodistas como parte de su estrategia de propaganda.

Esta asombrosa exigencia de los guerrilleros, no hace más que mostrar las contradicciones de las FARC que hace un par de meses dijeron que abandonaban el secuestro como extorsión económica. La verdad que no hay mucha diferencia entre este tipo de extorsión y la política, como ahora lo hacen con el caso Langlois.

Propaganda contra el cardenal Ortega

Al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, no le fue nada bien cuando vino a disertar en la Universidad de Harvard a finales de abril para hablar sobre el papel de la Iglesia en la transformación de Cuba.

Las críticas le llegaron de todos lados, especialmente del exilio cubano, cuando trató de justificar la expulsión de 13 disidentes del interior de un santuario en La Habana, días antes de la visita del papa Benedicto XVI, a los que denunció a las autoridades tras calificarlos de “delincuentes”.

Más allá de las razones o sinrazones del Cardenal, y de los ríos de crítica que recibió, lo que llamó mucho la atención es que su actitud complaciente con el gobierno cubano fue calificada de “lacaya” por Carlos García Pérez, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) que incluye Radio y TV Martí, financiada por el gobierno de Estados Unidos.

Digo que llamó la atención porque si bien se trata de un medio público estadounidense, con autonomía de los criterios de su gobierno, igualmente se trata de una oficina que debe ser mesurada (y también aparentarlo) sobre todo cuando se trata de calificativos y opiniones mal usadas. Estos malos criterios y calificativos, ayudan a las autoridades cubanas para argumentar que todos los medios estadounidenses no hacen más que propaganda a favor del imperio.

 “Esta actitud de Ortega sólo pone en evidencia y responde a su contubernio político con el gobierno, a la complacencia de seguir la línea oficial, a no disentir… Esa es una actitud lacaya, además de demostrar una profunda falta de comprensión y piedad con la realidad humana de estos hijos de Dios”, dijo en su escrito el periodista.

Más allá de la validez que pueda o no tener la crítica de García Pérez, siendo él el director, y estar ofrecida como un espacio editorial, corre el riesgo de ser interpretada como una visión del propio gobierno de Estados Unidos.

Según El Nuevo Herald, “Radio Martí fue inaugurada en 1985 para tratar de romper el monopolio del gobierno cubano sobre los medios de comunicación. La sección de TV Martí fue aprobada por el Congreso en marzo de 1990. El año pasado, la estación reforzó la difusión de sus noticias con un sistema computarizado que puede enviar hasta 24,000 mensajes de texto a la semana a los teléfonos celulares en la isla”.

El enemigo interno

RICARDO TROTTI: El enemigo interno - Opinión - ElNuevoHerald.com

Estoy asqueado, quebrado, desganado

Nunca una noticia me había provocado náuseas y un malestar físico que me duró todo el día, como cuando el jueves me llamó Idalia Gómez, nuestra periodista investigativa de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, para informarme que en tres de las cuatros bolsas de basura encontradas a la vera de un río cerca de la ciudad de Veracruz, se encontraron los cuerpos descuartizados de tres colegas periodistas.

Desde que entré a la SIP en 1993, puse especial énfasis en trabajar en contra de la violencia contra los periodistas, en la investigación de los asesinatos y entender las causas de la impunidad para impulsar reformas de políticas públicas. En todos estos años he visto cómo los niveles de violencia crecieron y decrecieron en diferentes regiones y países,  cómo fluctuaron los móviles de los asesinatos en más de 300 crímenes ocurridos en la última década, comparé estadísticas con otras zonas del mundo, conversé  con familiares de las víctimas, con gobiernos, con organizaciones intergubernamentales, sermoneé en cursos de entrenamiento y hasta llegué a encontrar patrones de conducta entre los funcionarios corruptos, los asesinos del crimen organizado y los días en que más se comenten esos crímenes.

Pero nunca antes, como el jueves pasado, me sentí tan impotente y con tanta frustración al sentir que todos los esfuerzos de años pueden caerse de golpe y porrazo por unos criminales desalmados, cuya única motivación es enviar un mensaje para que todos los periodistas mexicanos se callen, no hablen del narcotráfico y dejen tranquilo al crimen organizado, que no lo reporten, que no lo denuncien. Un mensaje también para todos los que trabajamos en estas causas en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, para que abandonemos nuestra lucha.

Entendiendo mis sentimientos, puedo comprender lo que sienten cientos de jóvenes mexicanos que abandonan su profesión por la ingratitud de la tarea, por la violencia y porque tampoco tienen las garantías necesarias de la autoridades para trabajar ni a veces las de sus propios medios en materia de protección o seguridad social. Entiendo perfectamente porque muchos colegas ven el cambio de rubro laboral como la única salida para escapar de una profesión golpeada, ingrata, casi sin sentido cuando es atacada con esta violencia.

Debería decir en este momento que redoblaré mis esfuerzos para trabajar en contra de los violentos. Sería lo ideal, lo razonable. Pero dejo esos sentimientos para más adelante, que ojalá me vengan de nuevo algún día o pronto y para que los narcos y criminales no crean que ganan todas sus batallas. Pero ahora quiero sentir lo que siento, quebrado, asqueado, desganado, frustrado, violado. Quiero sentirme en este luto, sin ganas de mover un dedo, sin ganas de nada, con ganas de hacer otra cosa, vivir con otros ideales, vivir de otra cosa. Quiero sentirme así, tan vulnerable como deben estar sintiéndose los familiares y colegas de las víctimas. Quiero entenderlos a ellos y a todos los periodistas que se cuestionan todos los días el por qué trabajar en esta profesión.

Sentirme así me hace sentir más cerca de Gabriel Huge, Guillermo Luna y de Esteban Rodríguez, así como de Regina Martínez, otra periodista que fue asesinada la semana pasada en esa misma ciudad de Veracruz.

Libertad de prensa y democracia

(Caracas, Noticias24) En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ricardo Trotti, director de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP explicó a través de Noticias24 Radio, la importancia de esta conmemoración.

Escuche la entrevista completa a continuación:
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/105507/ricardo-trotti-el-nivel-de-libertad-de-prensa-es-directamente-proporcional-al-nivel-de-democracia-en-un-pais/

“Creo que lo importante es enmarcar que en un día como hoy no celebramos el tema de los privilegios que los medios puedan tener, sino más que todo celebramos que pueda haber libertad de expresión para cualquier ciudadano a través de cualquier medio de una forma democrática”, expresó Trotti acentuando de esta manera la democracia en la que deben vivir los ciudadanos.

Asimismo señaló que “el nivel de libertad de prensa es directamente proporcional al nivel de democracia en un país“.

Por otra parte, indicó que desde la SIP, se trata “de iluminar los problemas” competentes a la privación de libertad de prensa de una nación “colocándolos en la agenda pública internacional influenciando así a los gobiernos a que tomen medidas (…) también nos dirigimos a la Cidh cuando agotamos los medios de justicia regionales”.

Para finalizar comentó sobre situaciones generadas en Venezuela, que desde su perspectiva “atentan contra la libertad de expresión”, explicando que “la SIP en forma reiterativa y periódica ha venido condenando muchos de estos hechos, el manejo de un andamiaje muy complejo que trata de censurar los medios de comunicación, como los insultos públicos por parte de altas magistraturas del país y la suma de un aparato judicial que se dedica a perseguir a los periodistas“.