Las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), determinaron que “se agravó este año la situación de la libertad de prensa en las Américas”, a raíz de la violencia provocada por el crimen organizado y el acoso judicial y legal al que están sometido periodistas y medios de comunicación independientes.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín del periódico guatemalteco Siglo 21, junto al titular del diario ecuatoriano El Universo, Carlos Pérez, reclamaron al gobierno del presidente Rafael Correa “cesar el acoso contra la prensa” y desistir de una demanda contra ese diario, cuyos directivos fueron sentenciados la semana pasada a tres años de cárcel y a pagar una indemnización por 40 millones de dólares a favor del primer mandatario.
Pérez, quien fue demandado junto a otros directivos del diario y un ex columnista, expresó que “…….”.
Durante una conferencia de prensa tras la reunión de Comité Ejecutivo realizada en su edificio sede, la SIP mostró “su máxima alerta y preocupación” por los asesinatos de 19 periodistas en los primeros siete meses de 2011”, lo que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del diario estadounidense San Antonio Express-News, calificó “como el año más trágico de las últimas dos décadas para la prensa latinoamericana”.
Rivard recordó que en los últimos días fueron asesinados Yolanda Ordaz de la Cruz en México y Auro Ida en Brasil. En total y por países suman cinco asesinados en México, cuatro en Brasil, cuatro en Honduras y uno en cada uno de los siguientes países: Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela. (Ver detalles al final). También en este período, se mantiene desaparecido un reportero mexicano.
La SIP reclamó por la impunidad y la falta de “voluntad política” de los gobiernos para que se esclarezcan los crímenes y reclamó por la “gravedad de que muchos casos están prescribiendo”. Entre ellos, citó como ejemplos los casos de Víctor Manuel Oropeza, en México; Jorge Torres y Julio Daniel Chaparro, en Colombia y Santiago Leguizamón, en Paraguay.
En ese sentido, Marroquín recordó los compromisos incumplidos por el presidente de México, Felipe Calderón, quien ante una delegación de la SIP en setiembre pasado, prometió que impulsaría la federalización de los delitos contra los periodistas y la libertad de prensa. Marroquín aprovechó para hacer oficial la celebración de una Conferencia Hemisférica Universitaria que la SIP está organizando en Puebla, México, entre el 25 y 26 de agosto, a la que invitó a más de 20 universidades latinoamericanas para que recomienden reformas de políticas públicas para combatir la impunidad.
En otros asuntos importantes, las autoridades de la SIP mencionaron el acoso legal contra la libertad de expresión. En ese ámbito, el co presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, del semanario uruguayo, Búsqueda, se refirió al proyecto de Ley de Comunicación en Ecuador, que impone la creación de un Consejo de Comunicación con mayoría de miembros del gobierno que podrá censurar contenidos que se consideren violentos o discriminatorios, obliga a los medios a crear Códigos de Ética y aplica sanciones, que incluyen multas y cierre de medios, incluso contra periódicos.
En aspectos legales, la SIP lamentó que en Costa Rica los legisladores descartaran el 27 de junio un proyecto de ley que despenalizaría los delitos por difamación y se mostraron esperanzados de que una iniciativa similar en el Congreso del Perú, sea sancionado por el flamante presidente Ollanta Humala, para que los periodistas no sean castigados con cárcel en caso de que sean acusados de cometer delitos contra el honor.
También, la SIP apoyó un recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte de Constitucionalidad de Ecuador, para que se elimine el delito de desacato o protección del Presidente y otros altos funcionarios ante las críticas.
Asimismo, la SIP evaluó numerosos proyectos de ley y decretos que involucran regulaciones excesivas para los medios y que “es indispensable mayor debate público”. Así, hizo referencia a un proyecto de ley en Nicaragua que prohibiría los mensajes publicitarios sobre bebidas alcohólicas, otro en Chile sobre el mismo tema además de otro que restringiría la publicidad sobre productos “altos en grasa y sal”, y un decreto Ejecutivo en Argentina que prohíbe la transmisión de mensajes de contenido sexual.
En materia judicial, y en concordancia con la sentencia contra el diario ecuatoriano El Universo, la SIP criticó el acoso judicial, una práctica también extendida en Brasil, El Salvador, Paraguay y Venezuela, en donde los periodistas y medios de comunicación han sido censurados y multados. En ese orden, se destacaron las sanciones administrativas sufridas por Globovision en Venezuela y Teleamazonas en Ecuador.
Como parte de su informe, la SIP también denunció el uso indiscriminado de la publicidad oficial y de la propaganda electoral para castigar a los medios independientes de comunicación, práctica común en países como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
La SIP calificó de “hipócrita y nefasta” la política de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que en los últimos años han concentrado gran cantidad de medios de comunicación que usan como órganos de propaganda, alejándose de sus obligaciones constitucionales sobre la creación y manutención de medios públicos, de servicio social.
Como ejemplo, citaron el caso de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa posee 19 medios de comunicación y la concentración de medios gubernamentales en Nicaragua, “donde la situación ha empeorado”. El gobierno de Daniel Ortega posee las emisoras Radio Ya, Sandino, Primerísima y Nicaragua; las televisoras 4, 8, 91 y 13, a la cual se sumaría el nuevo canal 47 en UHF; y varias páginas de noticias por internet. La SIP reclamó que estos gobiernos suelen utilizar estos medios para difamar a miembros de la oposición, así como a periodistas independientes y medios privados.
La SIP no pasó por alto las agresiones a la libertad de expresión que se cometen a través de intentos para restringir y controlar el internet. En ese sentido, señaló como restrictiva el proyecto de ley de Comunicación en Ecuador, las regulaciones Ejecutivas en Venezuela y la política oficial en Cuba.
Además de las restricciones al internet en Cuba, pese a la instalación de un cable de fibra óptica desde Venezuela que aumentó la penetración en la isla, la SIP recordó que ese país continúa siendo el más restrictivo de todo el hemisferio. La SIP denunció que más allá de la esperanza sobre las reformas económicas, en Cuba los periodistas independientes siguen siendo acosados y sufren arrestos y detenciones temporales como forma de hostigamiento.
Periodistas asesinados en el 2011:
Brasil: Auro Ida (22 de julio); Edinaldo Filgueira (15 de junio), Valério Nascimento (3 de mayo) y Luciano Leitão Pedrosa (9 de abril).
Colombia: Luis Eduardo Gómez (30 de junio).
El Salvador: Alfredo Hurtado (25 de abril).
Guatemala: Yansi Roberto Ordóñez Galdámez (19 de mayo).
Honduras: Nery Jeremías Orellana (14 de julio); Adán Benítez (4 de julio), Luis Mendoza (19 de mayo) y Héctor Francisco Medina Polanco (10 de mayo).
México: Yolanda Ordaz de la Cruz (26 de julio); Miguel Ángel López Velasco (20 de junio); Noel López Olguín (1 de junio); Luis Emmanuel Ruiz Carrillo (24 de marzo); y Rodolfo Ochoa Moreno (10 de febrero). Desaparecido: Marco Antonio López (7 de junio).
Paraguay: Medardo Moreno (3 de marzo).
Perú: Julio Castillo Narváez (3 de mayo).
Venezuela: Wilfred Ojeda (17 de mayo).
