Los debates presidenciales

El último debate preelectoral en Perú, entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, aunque estuvo plagado de acusaciones, golpes bajos y no desequilibró la balanza a favor de uno u otro candidato, cumplió con su objetivo de estimular la participación directa del ciudadano en el proceso electoral y así fortalecer la cultura democrática.

Pese a que los candidatos suelen ser reacios a los debates, por temor a que sus ventajas en las encuestas se desvanezcan, no existen estudios confiables sobre si éstos finalmente influyen para ganar o perder una elección. Así quedó demostrado ahora en Perú y antes con las confrontaciones entre los aspirantes Barack Obama y John McCain en EE.UU., donde esta tradición se institucionalizó tras una serie de aguerridas disputas televisivas entre John Kennedy y Richard Nixon en 1960.

Sin embargo, de lo que sí hay certeza, es que este tipo de contienda sirve para que los procesos electorales sean más transparentes, justos y competitivos. No suelen influir entre quienes ya tienen lealtades partidarias o posiciones tomadas, pero son vitales para los indecisos. Son útiles para apreciar en forma directa las actitudes y propuestas de un candidato bajo presión, sin la contaminación de los medios, de la propaganda electoral y de los mítines políticos, en donde el público es tratado como masa, cegado emocionalmente por eslóganes, símbolos y discursos.

La reticencia a debatir en forma directa en las campañas electorales, también desnuda el bajo nivel de madurez, apertura y transparencia de un sistema político. Cuanto más autoritario es el gobierno, menos espacio existe para discutir y tolerar ideas ajenas a la “verdad oficial”. Prueba de ello, es que se trata de una práctica inconcebible en regímenes como los de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, de Daniel Ortega en Nicaragua o de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, quienes accedieron a las presidencias a través de discursos en actos propagandísticos, sin intercambiar argumentos con sus contrincantes ni prestándose siquiera a confrontar con periodistas y medios de comunicación.

Por el contrario, otros sistemas que se han caracterizado por una apertura y tolerancia política mayor, tal los casos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Panamá y Costa Rica, desde hace décadas que vienen incorporando la sana  costumbre de los debates preelectorales, creando mayor confianza y participación directa del público.

En Argentina, donde los debates no forman parte de la carrera presidencial, aunque pareciera que ya no se podrá evitar la tendencia, existen positivos ejemplos motivados por los medios. En Córdoba, el diario La Voz del Interior viene creando el hábito desde hace 30 años entre candidatos a gobernador, intendentes y legisladores. Pero para organizarlos, como sucederá seguramente para las elecciones a gobernador del 7 de agosto próximo, tendrá que convencer a los candidatos, ya que éstos no lo tienen incorporado como aspecto obligatorio en su cultura política.

En EE.UU. no fue diferente - no obstante que la tradición se remonta a más de 150 años cuando se enfrentaron los senadores Abraham Lincoln y Stephen Douglas - hasta que se reformó la ley electoral y luego se creó la Comisión de Debates Presidenciales, una organización autónoma sin fines de lucro que le quitó el peso de la organización a las cadenas televisivas, transformando a los debates en un aspecto esencial para cada elección. Similares actitudes siguieron España, Francia e Italia, entre otros países, donde los debates son parte obligada del paisaje electoral.

Más allá de que en varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, existen proyectos de ley para que los debates presidenciales sean obligatorios, lo importante es que se incentiven a como de lugar. Son tan vitales para la compenetración directa del ciudadano con su gobernante, como el control financiero de los partidos políticos y la veeduría de observadores internacionales lo son para la transparencia del proceso electoral.

Pero para que los debates preelectorales, así como la discusión y la tolerancia de ideas, formen parte de la cultura democrática, no solo basta incentivar el hábito en la clase dirigente. También deben incorporarse a la educación secundaria y universitaria, y motivarse en certámenes estudiantiles. Esa fue una fórmula de éxito en EE.UU.

Sexting y el control del internet

Los escándalos sexuales de figuras de la política no dejan de asombrar. No que nunca hayan ocurrido, sino que ahora se están denunciando con mayor vigor.

El caso más reciente que explotó en estos días es el del diputado estadounidense por Nueva York, Anthony Weiner, quien después de negar por una semana que no había sido él quien le envió a una mujer fotos de sexo explícito por las redes sociales, confesó en una conferencia de prensa este lunes que había mantenido ese tipo de relaciones con al menos seis mujeres.

El envío de mensajes por internet, así sea por e-mail, por texto, teléfono móvil o a través de las redes sociales - comúnmente conocido como sexting – es una práctica que más allá de las connotaciones éticas, también puede caer en un delito criminal en caso de que estén involucrados menores de edad o no haya consentimiento, sino acoso de alguna de las personas participantes, o que se trate de pornografía o materiales no solicitados, o que se viole el derecho a la intimidad.

El caso de Weiner aunque no se pueda justificar de ninguna manera, porque se trata de algo grave si se considera lo que él representa como figura pública y, entre otras cosas, por haber mentido sobre su conducta, es, sin embargo, muy diferente a otros escándalos conocidos en las últimas semanas, ya que aparentemente no acosó a las mujeres con las que intercambiaba materiales,  hubo consentimiento en esas relaciones y ni siquiera las conocía personalmente, lo que no puede derivar en sospechas de acoso. Los demás casos, además de inmorales, fueron insólitos. Por ejemplo, el del jefe del FMI, el francés Dominique Strauss-Khan quien fue acusado de acosar a una mucama en un hotel de Nueva York; el del ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, por haber mantenido una relación con una empleada doméstica (y un hijo extramarital) por 20 años mientras vivía con su familia; el del senador John Edwards a quien se le acabó su carrera en las primarias demócratas cuando se denunció que mantenía una relación y tenía un hijo extramarital, mientras su esposa se debatía en contra de un cáncer, que terminó por vencerla en diciembre pasado; y el del senador por Nevada, John Ensign, quien prefirió renunciar en lugar de enfrentar una comisión investigativa del congreso debido a una relación extramarital; el del ex presidente Bill Clinton que prefirió no renunciar y defender su puesto en la Casa Blanca tras el amorío con la interna Mónica Lewinsky; o el del gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, quien terminó confesando que usaba dineros del erario público para viajar a la Argentina a ver a su amante. Y estos son solo casos que involucran a personajes de la política, porque los ejemplos sobran entre otras figuras públicas, allegadas a las artes, a la música y al deporte.

Más allá de la discusión de si Weiner debe renunciar o no a su puesto por haber irrespetado a quienes votaron y lo mantuvieron como su representante; lo importante de este caso es que trae la atención sobre el sexting y otros delitos sexuales que se comenten a través de las redes sociales y el internet.

Ojalá que las medidas que se adopten – seguramente aparecerán intentos  de legislar al respecto o se adoptarán mayores medidas disciplinarias dentro del Congreso estadounidense - puedan servir para que se controle este tipo de prácticas con regulaciones específicas y concretas;  pero jamás para que se establezcan medidas generales que pudieran imponer algún tipo de censura, limitaciones o restricciones a la comunicación por internet.

¿Agencias noticiosas o de propaganda?

Hace unos días, varios gobiernos latinoamericanos conformaron en Paraguay la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, con la finalidad de “enfrentar el cerco mediático y la campaña de los monopolios de información” y para hacer “más democrática y plural la información”, según sus objetivos, los que se alejan de lo meramente informativo, para volver al viejo esquema izquierdoso de tener siempre que confrontar con los medios independientes de comunicación, a los que acusan de todos los males existentes.

Lamentablemente, las ocho agencias estatales – la paraguaya IP, la mexicana Notimex, la argentina Telam, la venezolana AVN, la cubana Prensa Latina, la ecuatoriana Andes, la brasileña Agencia Brasil y la boliviana ABI – deben considerarse agencias de propaganda ya que no hacen un periodismo independiente sino dirigido a mostrar solo aspectos positivos de los gobiernos. Algunas de ellas, incluso, discriminan a los medios de comunicación independientes ya que están encargadas de distribuir publicidad oficial.

En América Latina, la historia de las agencias de noticias estatales es patética. Están alejadas completamente de la figura del periodismo público, es decir la de cumplir con su papel de pluralidad, diversidad y objetividad informativa. Los gobiernos han hecho de estas agencias espacios de propaganda política y, lo que es peor, usando dineros públicos que deberían administrar con eficiencia y no utilizarlos para beneficios partidarios, personales o gubernamentales. Difícilmente se puede encontrar en estas agencias espacios de crítica y fiscalización hacia los gobiernos, así como tampoco en todos los medios que las autoridades de estos países han creado y comprado con recursos de los ciudadanos.

Hubiera sido positivo que las agencias de noticias proclamaran que su Unión tuviera objetivos profesionales, como por ejemplo intercambio de información, de periodistas, entrenamiento o cómo hacerlas de mayor relevancia y de servicio para el público y cómo independizarse de las líneas oficiales que trazan los gobiernos.

Sin embargo, han optado por el trillado enfoque de criticar a los medios y optar por hacer más propaganda, incluso siendo tan cínicas que cambian de “políticas informativas” de acuerdo a lo que dicte el nuevo gobierno. Todavía no se ha visto a ningún gobierno de la región, ni tampoco en ley o constitución alguna, que se establezca que las agencias de noticias deben ser estatales, no gubernamentales.

Lo más irónico de todo este nuevo proceso de la nueva Unión, es que se habla de información democrática, cuando en su seno se ha incluido a la agencia cubana Prensa Latina, un aspecto que en esa agencia y en Cuba se desprecia. La inclusión de los manidos objetivos de confrontación y de Prensa Latina le quita jerarquía a esta nueva asociación.

Humala y un incierto gobierno

Con Ollanta Humala como ganador para asumir la Presidencia en Perú, concluyeron varias semanas de incertidumbre sobre el rumbo que tomaría el país, con un electorado que ya estaba hastiado de tantas acusaciones y sospechas entre los candidatos.

Humala deberá gobernar ahora el país con las promesas moderadas que hizo en las últimas semanas de campaña, con las que ganó el corazón de muchos indecisos para que le dieran la Presidencia.

Entre esas promesas, dejó dicho lo que no haría. Entre ellas: No deberá aliarse a Hugo Chávez como pensaba hace cinco años atrás cuando perdió la Presidencia contra Alan García. Deberá enfocar su programa económico de gobierno como hizo el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, mirando hacia el Brasil de Lula da Silva o Dilma Rouseff. Deberá respetar la libertad de prensa. No podrá modificar la Constitución con la intención de eternizarse en el poder. Y, sobretodo, deberá respetar las instituciones del país, entre ellas a la empresa privada, sobre lo que prometió no estatizar, pese a que sostendrá una política donde el Estado jugará un rol más importante sin convertirse en un nacionalismo a ultranza.

Sobre la marcha se verá cuales de estas promesas se sostendrán. Será importante que la oposición y las instituciones intermedias obliguen al gobierno nuevo a ser transparente, rendir cuentas y a que no se avasalle a las instituciones. Habrá que ver en las próximas semanas los gestos políticos del nuevo gobierno – el indulto probable de Alberto Fujimori para poder indultar a su hermano que permanece condenado por una sublevación durante la presidencia de Alejandro Toledo, sería un retroceso democrático – y, en un futuro lejano, se verá cómo Humala se relacionará con los dos sectores de poder en el continente, si querrá acercarse al bloque del ALBA, tratará de influir en el UNASUR, seguirá mirando políticas de acercamiento económico con Asia y si se mantendrá políticamente independiente y nacionalista, con su promesa de combatir la pobreza y la desigualdad sin dejar de lado los objetivos económicos que Toledo y García ya trazaron para el país.

Lo cierto de Humala es que su gobierno es incierto, como quedó demostrado con sus innumerables cambios de plataforma política, no solo en los últimos años, sino en estas pasadas semanas donde siguió moderando su discurso para poder convencer y agradar al electorado.

Se verá a partir de ahora si esa moderación fue un gesto genuino de acercarse al centro o una simple estrategia electoral.  

Hank Rhon preso: ¿se acabará la impunidad?

El ex alcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon está preso desde la madrugada de este sábado. Se lo ha vinculado a muchísimos delitos en las últimas dos décadas, desde narcotráfico hasta lavado de dinero, y como autor intelectual del asesinato el 20 de abril de 1988 del periodista Héctor Félix Miranda, “Gato”, ex director del semanario Zeta. Se lo apresó ahora bajo cargos de posesión de armas.

Es en realidad la primera vez que estará pagando un delito después de décadas de impunidad en la que fue protegido por una justicia y un sistema político - dentro del PRI – corruptas. Es tal vez esta la posibilidad para que se le abra nuevamente el proceso por el crimen del “Gato” Félix, del cual fue exhonerado años atrás.

El semanario Zeta, ahora dirigido por Adela Navarro, todavía hoy lleva en sus páginas cada viernes un aviso que recuerda que Hank Rhon estuvo involucrado con el asesinato del periodista. “Jorge Hank Rhon: ¿Por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina?”, se lee en la sección un “Poco de Algo”, como si se tratara de la propia voz del “Gato” Félix acusando a quien habría dado la orden a Vera Palestina para liquidarlo.

Con la Sociedad Interamericana de Prensa estamos involucrados en este caso desde que lo investigamos en 1995 y luego lo sometimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que lo admitió y realizó varias recomendaciones al Estado de México que hasta ahora no fueron cumplidas. Bregamos siempre por justicia y trabajamos muy de cerca con Jesús Blancornelas y con Francisco Ortiz Franco. El primero sufrió un atentado del que se salvó milagrosamente y Ortiz Franco fue asesinado en su auto ante la vista de sus hijos, un par de semanas después de que activamos el expediente impune del “Gato” Felix.

Todos los editores y periodistas del semanario Zeta estuvieron siempre seguros de seguir buscando justicia por el crimen de 1988 y los demás atentados sufridos. Es hora de que se reabra el expediente porque no puede ser que solo Vera Palestina y otros de los guardaespaldas de Hank Rhon que operaban en el hipódromo Aguas Calientes, estén presos como autores materiales. Como dice Zeta, alguien dio la orden de que se apriete el gatillo y esa persona todavía no ha pagado por ese crimen.