Censura sutil e indirecta

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa, como la presidenta Cristina de Kirchner, quien esta semana en un mitin político, sostuvo que todos pueden decir lo que piensan y quieren en Argentina.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios de comunicación y los periodistas críticos e independientes, aunque la excusa es “controlar sus excesos”.

Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar a ejecutivos de Clarín y La Nación de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio. Se trata de censura indirecta, asumida por el gobierno con una actitud “robinhoodense” aparentando defender a un público vulnerable ante las atrocidades de los medios privados; cuando en realidad el objetivo es asfixiar la crítica y la fiscalización de la opinión pública.

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias; prácticamente el muestrario de obstáculos gubernamentales impuestos a la prensa argentina.

No se trata de procedimientos nuevos ni originales. El papel periódico siempre fue un insumo manejado para coartar la libertad de prensa. Juan Domingo Perón lo restringía a los diarios “opositores”; el partido mexicano PRI, cuando era gobierno, lo discriminaba a quienes no se plegaban a sus políticas y Hugo Chávez restringe las divisas y eleva aranceles para dificultar su importación.

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Con el kirchnerismo se demuestra este principio. Desde hace años está empeñado en acabar con la prensa a la que califica de “opositora”, sin importarle caer en torpezas e incongruencias. Ataca el monopolio de la fabricación de papel periódico y la concentración de medios en manos privadas, con el mismo ímpetu que defiende la concentración de prensa estatal y oficialista, mientras recrea el monopolio de la distribución de periódicos, práctica mafiosa que había sido extirpada por inconstitucional en 1999.

Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.

Los amigos del kirchnerismo esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, por lo que la obligada mala venta de unos será el beneficio de otros. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino; Hugo Chávez expropió RCTV y a su equipamiento, de inversión privada millonaria en todo el país, la robó para operar su propia televisora; mientras Rafael Correa confiscó canales y un diario, a los que prefiere seguir usando como medios de propaganda en lugar de ofrecerlos en licitación.

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que pronto se espera aprobar en Ecuador, la que se proyecta en Brasil y la que anunció esta semana el oficialismo en Bolivia.

Sarcásticamente, todas esas leyes tienen como fin “controlar los excesos de los medios”; o “tutelar” la libertad de prensa, como repite en discursos, leyes y decretos la presidenta Kirchner.

Calderón se compromete a proteger periodistas

Por mi trabajo suelo formar parte de delegaciones y entrevistas con presidentes, pero la que tuvimos hoy con el primer mandatario de México, Felipe Calderón, fue especial por varios motivos.

Primero, porque en un contexto de presidentes latinoamericanos que pisotean la libertad de prensa y a los medios y a los periodistas, es reconfortante estar con alguien que discute con tolerancia, comprende, escucha y se compromete para luchar a favor de la protección de los periodistas y garantizar la libertad de expresión.

Segundo porque nos dio más de una hora y media de tiempo, lo que no es poco en sí mismo, pero además porque le dio un mensaje contundente a sus funcionarios de que el tema de la libertad de prensa y la violencia contra los periodistas es importante.

Tercero porque hizo anuncios importantes, como que reimpulsará la reforma legal que convierte a los delitos contra periodistas crímenes federales y porque anunció el lanzamiento de un sistema de protección.

Comparto con ustedes el comunicado de prensa, en forma parcial, sobre los resultados que acabamos de tener en la reunión con el Presidente en la Residencia de Los Pinos.

México, D.F. (22 de septiembre de 2010). – El presidente Felipe Calderón anunció hoy en una reunión de trabajo con una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que se compromete a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa, redoblando esfuerzos para garantizar la seguridad de los reporteros y reimpulsando la reforma legal que hará de los crímenes contra periodistas un delito federal.

En una reunión que se extendió en la Residencia Los Pinos por una hora y media, en la que ambas organizaciones expusieron su preocupación ante el incremento de los asesinatos contra periodistas y el nivel de impunidad, el presidente Calderón insistió que la “peor amenaza contra la libertad de expresión, no proviene del gobierno, que tiene una profunda vocación democrática y de tolerancia, sino del crimen organizado”.

El presidente Calderón anunció durante la reunión la implementación próxima de un sistema centralizado de protección para periodistas, con participación civil, que evaluará riesgos y ofrecerá medidas cautelares. En reunión posterior con otros funcionarios de gobierno, que se extendió por otra hora y media adicional, y en el que se ofrecieron detalles del plan, el Fiscal Especial para Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Gustavo Salas, dijo que el sistema pudiera empezar a operar en sus primeras fases a principios de octubre.

Las delegaciones lideradas por Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la SIP y Joel Simon, director ejecutivo de CPJ, pidieron que los crímenes contra periodistas se federalicen, sean delitos agravados e imprescriptibles, que haya un sistema eficiente de protección para medios y reporteros con el apoyo de la sociedad civil, que se fortalezca el trabajo de la Fiscalía Especial, y que se establezca un protocolo para las fuerzas de seguridad que han limitado la labor periodística.

El presidente Calderón se comprometió a reimpulsar la federalización de los delitos contra periodistas, proyecto de reforma que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en 2008, ante reiterados pedidos de editores mexicanos nucleados en reuniones de la SIP, pero que hasta ahora permanece estancado. El Presidente instruyó al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a insistir este tema ante la comisiones en el Senado de la República. También se mostró inclinado a reformas legales que tiendan a establecer modalidades de agravamiento de penas en los delitos cometidos contra periodistas y en buscar su imprescriptibilidad.

Ante requerimiento especial de la SIP, el presidente Calderón se comprometió a elevar el tema de la seguridad de los periodistas y la importancia de la libertad de prensa, en reuniones supra nacionales con otros presidentes de las Américas y organizaciones inter gubernamentales.

En aspectos particulares, el Presidente comentó que en el caso del periodista Armando Rodríguez del Diario de Juárez, asesinado en noviembre de 2008, fue detenido uno de los participantes en el crimen. En ese sentido, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, confirmó que la captura ha permitido conocer que el móvil del crimen se debió a su actividad profesional y que las investigaciones continúan.

El presidente Calderón también se comprometió personalmente a revisar el incumplimiento por parte del Estado nacional, y los estados de Baja California y Chihuahua, sobre las resoluciones que a instancias de la SIP, emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, asesinados en 1988 y 1991, respectivamente.

Además de Marroquín, la delegación de la SIP estuvo compuesta por Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, del San Antonio Express-News de Estados Unidos; Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, de La Prensa de Honduras; Andrés García Gamboa, ex presidente de la SIP, de Grupo SIPSE de Mérida, Yucatán, México; Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de la Comisión Contra la Impunidad, de El Universal de México; Juan Fernando Healy, vicepresidente por México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de Periódicos Healy de México; Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, de El Universal de México; Julio Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y María Idalia Gómez, de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México.

En representación del CPJ acompañaron a Simon, María Teresa Ronderos, integrante de la junta directiva; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas y Michael O’ Connor, consultor del CPJ en México.

Estadísticas recopiladas por la SIP desde 1987 indican que a la fecha 103 periodistas fueron asesinados y se desconoce el paradero de otros ocho secuestrados en 2010. Este año han sido ultimados 10 comunicadores: Luis Carlos Santiago Orozco, Guillermo Alcaraz Trejo, Marco Aurelio Martínez, Hugo Alfredo Olivera Cartas, María Elvira Hernández Galeana, Juan Francisco Rodríguez Ríos, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero y Valentín Valdés Espinosa.

Lula mete la pata internamente; también

El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva quiere a toda costa que su candidata Dilma Roussef gane las elecciones presidenciales en octubre y no tiene empacho en demostrarlo, lo malo es que lo hace a expensas de cualquier cosa, haciendo propaganda electoral que lo tiene totalmente prohibido o atacando a los medios de comunicación porque están denunciando hechos de corrupción que enturbian a la candidata oficialista y sus alrededores.

Lula tuvo varios pecados en materia de libertad de prensa, pero en nada se compara a lo que sucede en otros países, por eso la sorpresa cuando este sábado acusó a los medios de comunicación de comportarse como partidos políticos – hacer oposición – por haber denunciado corrupción. Lula fue un poco más allá en defender a Dilma y dijo que los medios en Brasil son una vergüenza y que “los vamos a aplastar algunos periódicos y revistas que se comportan como si fueran partido político y no tienen el valor de decir que son partido político y tienen candidato".

La actitud chavista de Lula no se explica muy bien, más que tratar de defender los puntos de ventaja, aparentemente insuperable de su candidata. Las denuncias de los medios obedecían a la ahora ex ministra de la Presidencia, Erenice Guerra, quien renunció el jueves pasado después de denuncias periodísticas sobre tráfico de influencia.

Vale la pena recordar este episodio, porque hace semanas, varios sectores de la prensa se mostraron un poco perturbados por las críticas que el presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, hizo contra Lula, que si bien tenía que ver más con la política exterior de Brasil, incluyeron críticas sobre aspectos relacionados a la libertad de prensa en el país.

El carismático Lula daría la apariencia de tener dos caras; una bien democrática hacia adentro (a pesar de actitudes como las que describo) y la otra hacia afuera poco recomendable, si se considera su apoyo a Irán, Chávez o el papel que jugó en la crisis hondureña con Manuel Zelaya.

Frustrados por la impunidad

El Diario de Juárez, ubicado la localidad más violenta de México, Ciudad de Juárez, mostró toda su frustración con una editorial este domingo en el que critica ampliamente al gobierno de México por no hacer nada por el asesinato de dos periodistas de su plantel en los dos años, uno de ellos acribillado la semana pasada, a la vez que le solicita a los carteles de narcotraficantes que les den una tregua.
Le sucede al diario lo que nos pasa a todas las organizaciones de defensa de la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa y tantas otras, que después de luchar en contra de los crímenes contra periodistas cometidos por el crimen organizado nos vemos frustrados y nos sentimos fracasados, así sea en México como en Honduras, por no lograr que las autoridades alcancen resultados esperados y se haga justicia.
La frustración del Diario de Juárez la mostró no solo en contra del gobierno, sino también en contra de los narcotraficantes y los distintos carteles que compiten por territorios preguntándoles públicamente que “nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
En un duro cuestionamiento para el gobierno, el diario se dirige a los narcotraficantes: “Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido”.
De esa forma el periódico plantea que “ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquenos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio”.
“Esta no es una rendición. Como tampoco significa que claudicamos al trabajo que hemos venido desarrollando. Se trata de una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar”.
Representantes del Diario de Juárez, así como de otros medios del interior del país, participarán este jueves en un foro que entre la SIP y el CPJ hemos organizado para discutir las respuestas que debería adoptar el gobierno para proteger y brindar seguridad a los periodistas y los medios de comunicación.
Previamente, este miércoles, las delegaciones nos reuniremos con el presidente de México, Felipe Calderón, así como otros miembros de gabinete.
México es el país más peligroso en las Américas para ejercer el periodismo. Este año han sido asesinados nueve periodistas, mientras que ocho de 11 secuestrados permanecen desaparecidos.

Reclamo por violencia contra periodistas

Participé estos últimos días en un foro de periodistas en Austin, Texas y comparto la declaración que se consensuó respecto a los asesinatos contra periodistas en la región:

Declaración de Austin

Un grupo de los periodistas de investigación más destacados de América Latina, reunidos en el Octavo Foro de Austin sobre Periodismo de las Américas, organizado por el Knight Center en la Universidad de Texas en Austin, declara su más enérgico repudio por los asesinatos de periodistas y ataques de todo tipo contra los medios de comunicación desatados por el crimen organizado en México y que se cometen desde hace años en medio de la negligencia del Estado.

El narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en la principal amenaza contra la sociedad y la vida democrática desde México hasta el Cono Sur. En otros países, como Guatemala, Honduras y también Colombia, los medios de comunicación y los periodistas trabajan bajo fuego. Por toda la región la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados están en serio peligro. Así lo ha constatado el trabajo de este Foro en las rigurosas exposiciones de los participantes.

Los participantes del Foro de Austin declaran su decisión de actuar desde los distintos medios de comunicación aquí representados para denunciar la impunidad con la que operan las bandas del crimen organizado y para insistir ante organismo internacionales, los gobiernos de la región, en particular el mexicano, para que asuman la urgencia del momento y la responsabilidad que les corresponde en garantizar dos derechos mínimos que están consignados en sus constituciones. Los derechos a la vida y a la información deben ser restituidos.

Desde Austin enviamos muestra solidaridad a todos nuestros colegas en peligro.

Austin, 18 de septiembre de 2010.

Desfachatez a la cubana

El gobierno cubano sabe que tarde o temprano Barack Obama está esperando el momento adecuado para relajar el embargo hacia la isla. Y por ello, desesperado por la falta de efectivo, está presionando al Presidente estadounidense por todos los flancos y con todos sus funcionarios y sus amigos.

Hugo Chávez salió hoy en Twitter denunciando que el embargo le “ha costado” a Cuba más de 731 mil millones a la isla, con el que justifica su pobreza y la victimización de un régimen al que considera honesto, inmaculado, ejemplar. Lo que no dice Chávez en su campaña de propaganda, que el embargo no impide ni impidió jamás a Cuba comerciar con cualquier otro país, y que el embargo se hubiese levantado si Cuba despejaba el camino a elecciones limpias y deba libertad a sus ciudadanos.

Así como Cuba es soberana para tener el régimen que quiere, EEUU – por más que yo en lo personal no estoy tan convencido de su fin – también lo es para determinar con quien o no comerciar.

En esta presión por doblarle el brazo a Obama, el gobierno cubano envió a la ONU una lista de 19 iniciativas que debería tomar el Presidente estadounidense para empezar a normalizar las relaciones entre ambos países. Por ejemplo, abrir rutas de ferrys, ampliar el número de aeropuertos autorizados para vuelos a Cuba, permitir que los estadounidenses viajen libremente a la isla y que puedan usar tarjetas de crédito para sus gastos.

La desfachatez cubana de vender su filosofía política a cambio de dólares, debería desnudarse aún más con propuestas que exijan mayores cambios políticos en la isla, más allá de los destierros producto de la liberación de presos políticos en las últimas semanas.

Debería seguir exigiéndosele a Cuba con el mismo ímpetu, que permita a los cubanos trasladarse dentro y fuera del país libremente, que permita la libertad de prensa y de expresión y la libertad de reunión y de protesta sin represalias, que libere a todos los presos políticos, y que permita elecciones libres.

Darle dinero al gobierno cubano es permitir que continúe impunemente con su sistema opresor.

Rafael Correa, "el periodista"

Frente a los medios de comunicación y la información existen dos estilos presidenciales en América Latina que cada día se diferencian más. Uno lo pregona el mandatario ecuatoriano Rafael Correa. El otro lo asume el presidente chileno Sebastián Piñera.

Correa comenzó a publicar el lunes pasado “Periódico Popular: El verdadero”, un medio impreso destinado a “informar la verdad” a las clases populares, con una inversión de fondos públicos de U$S 16 millones, que busca contrarrestar la ineficiencia periodística y el déficit de U$S 6 millones que tiene “El Telégrafo”, otro diario estatal bajo su administración.

Piñera, en cambio, vendió a fines de agosto Chilevisión, canal de su propiedad, líder en audiencia, ratings y rentabilidad. La transacción fue producto de una promesa de campaña electoral que también incluyó la venta de un 26 por ciento de la empresa de aviación LAN. El propósito, como lo aceptó ante el pedido de la oposición, era evitar conflictos de interés en su dualidad de Presidente y empresario.

Después de asumir el 11 de marzo, Piñera debía ceder el canal, bajo el supuesto de que ese medio podría ser beneficiado con publicidad oficial, manipular información o servirle de plataforma propagandística. Además, Chilevisión corría el riesgo de perder objetividad o de no poder fiscalizar bien a su propio patrón; lo que se le achaca todavía a “La Nación”, diario sobre el que el gobierno mantiene un 69 por ciento de propiedad.

Si bien no es ilegal ser Presidente y dueño de un medio de comunicación, la calidad institucional que Chile ha alcanzado implica cuidar las formas, ya que la democracia se construye sobre la base de hechos, pero también de ejemplos y percepciones. Así lo defendió el Senado, cuando congeló nombramientos en el Consejo Nacional de Televisión y rehusó debatir el futuro de la televisión digital, hasta tanto Piñera no se desprendiera del canal.

En Ecuador, la inconsistencia no es casual, sino premeditada. El predicar que la información es un bien público y no un derecho humano le ha permitido alegar a Correa que ésta, en manos privadas, solo persigue fines espurios y desestabilizadores, por lo que debe ser controlada por el Estado. Así se explicita en el proyecto de Ley de Comunicación que patrocina, en su alucinación sobre que los medios no deben tener fin de lucro y en las campañas de desprestigio en contra de la prensa critica, pagadas con dineros de todos los ecuatorianos.

El gobierno de Correa, con “Periódico Popular” - que no fue concebido como medio público sino para competir con la prensa - y otra veintena de medios que ha creado o confiscado, concentra la mayor cantidad de medios en el país, pecado que siempre le endilgó al periodismo al que califica de burgués e imperialista. A su doble moral la justifica argumentando que sus medios dicen la “verdad”, la que otros callan o tergiversan.

Justamente esa “verdad” es la excusa que otros presidentes como Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Néstor y Cristina Kirchner, han esgrimido para sancionar leyes que les permitiesen cerrar o limitar a medios críticos, crear los propios, comprar privados a través de testaferros o manejar otros a voluntad, práctica agravada si se considera el eterno uso de recursos públicos.

En una democracia, los gobiernos están restringidos a utilizar medios y recursos estatales como si fueran propios o partidarios; y están obligados a manejar los medios públicos con criterios de pluralidad y diversidad para dar cabida a todas las corrientes ciudadanas.

Los medios operados por los gobiernos sin criterio público, siempre tienden a crear competencia desleal. Sus déficits son cubiertos con fondos estatales como el caso de “El Telégrafo”, son privilegiados con publicidad oficial, no fiscalizan ni transparentan actos de gobierno y sirven de órganos de propaganda, por lo que la “verdad”, no es más que la versión oficial.

En el seminario sobre Diarios Populares que la Sociedad Interamericana de Prensa ofreció esta semana en Lima, se recordaba el nefasto uso que el ex presidente Alberto Fujimori hizo de su “verdad”, manipulando y comprando a medios propios y ajenos. Su objetivo era eternizarse en el poder, lo que en definitiva es el fin de los medios en manos del gobierno.