febrero 24, 2012

Ya basta! Pide campaña pro Correa

Como a muchos que venimos escribiendo sobre los abusos de Rafael Correa contra la libertad de prensa, debido al sonado caso del juicio y sentencia contra los periodistas de El Universo, nuestras casillas de correo electrónico se han saturado con miles de e-mails que piden que se detenga el ataque contra el presidente.

Así como en twitter a través del #correistas y a través de cartas que saturan cuentas de mail, quienes se identifican como correístas dan largas explicaciones en su carta enviada a los medios de comunicación, asociaciones de derechos humanos y de libertad de prensa, sobre las bondades y progreso democráticos que Rafael Correa ha traído para Ecuador en los años de su gobierno y consideran que es injusto que se le critique o se le ataque.

Lo que esta gente no entiende, es que nadie está atacando a Correa por lo bueno o malo que ha hecho en terrenos de educación, salud, equidad social, economía o cualquier otra disciplina. Lo que se condenó y criticó fue que haya manipulado la justicia – hay irregularidades comprobadas y denunciadas sobre el proceso judicial, hasta la primera jueza del caso exiliada ahora en Colombia denunció intentos de sobornos para fallar a favor del mandatario – para que se condene a cuatro periodistas a pagar tres años de cárcel y a pagarle 40 millones de dólares en indemnización por una columna de opinión, sobre las que ya di amplio detalle en este foro.

En realidad es Correa con su verborragia el que ha provocado todo el alboroto y que las asociaciones y medios internacionales hayan salido en defensa de los periodistas. Correa ha internacionalizado el problema.

febrero 22, 2012

Correa anuncia ¿cerrar juicio?

Aunque no fue explícito, el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció esta noche en conferencia de prensa que ha tomado una decisión sobre el juicio que mantiene en contra de tres directivos y un ex columnista del diario El Universo, que dará a conocer en los próximos días a través de una carta dirigida al pueblo.

La conferencia fue convocada por él y el canciller Patiño para protestar por las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió anoche a favor de los periodistas condenados, quienes deberán pagarle 40 millones de dólares en indemnización y tendrán que purgar tres años de cárcel.

Seguramente, como adelanté en mi columna y varios posts en este blog, el presidente Correa anunciará que perdona y que todo queda en foja cero, en realidad se trata de una medida previsible desde el año pasado cuando ganó en primera instancia. Satisfecho porque la justicia le dio la razón y porque su dignidad fue restablecida, busca tener una actitud magnánima que le permita mirar mejor hacia las próximas elecciones.

La conferencia de prensa de hoy desnudó algo que se viene reclamando desde siempre en este juicio. Las medidas cautelares fueron dirigidas al Estado de Ecuador, pero el presidente Correa las recibió como una afrenta directa a su gobierno y actuó en consecuencia rechazándolas porque afectan su proceso judicial, algo que representa un conflicto de interés interesantísimo, máxime cuando él siempre dijo que demandó como ciudadano común y no como Presidente, lo que en realidad no fue cierto porque usó todos sus privilegios como mandatario.

Habrá que ver qué pasa si perdona. Porque por más que perdone los periodistas han sido y se sienten condenados y pueden buscar resarcir sus daños. La carta de Correa si va en esa dirección, tendrá que ser muy cuidadosa.

Cautelares: medida salomónica

Ayer, bien entrada la noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los directivos y un ex columnista del diario El Universo – Carlos, César y Nicolás Pérez y Emilio Palacio – solicitando al gobierno de Ecuador a suspender la sentencia en su contra de 40 millones de dólares en indemnización a favor del presidente Rafael Correa y tres años de cárcel para los cuatro periodistas.

La noticia es muy buena, pero no tanto; es más bien salomónica. Las medidas cautelares piden al gobierno suspender la sentencia solo hasta que ambas partes en conflicto se sienten frente a frente en una audiencia el 28 de marzo en la sede de la CIDH. A partir de ahí, la CIDH decidirá si sostiene o elimina esas medidas.

Las medidas de la CIDH no son obligatorias, así que habrá que esperar que decidirá el gobierno hoy, si las acepta o las ignora. Lo más seguro y prudente es que las acepte, en el espíritu del presidente Rafael Correa que la semana pasada tras la ratificación de la sentencia por parte de la Corte Nacional, dijo que podría perdonar a los infractores.

Creo que más allá de lo bueno que aparentan estas medidas no son del todo buenas como si lo hubiera sido que se otorguen sin condicionamiento de la reunión, condenando de pleno el serio atropello a la libertad de prensa que significó el fallo judicial.

Creo que la salida de la CIDH fue salomónica. Los comisionados no están todos muy de acuerdo con las medidas, algunos consideran que el proceso judicial todavía no ha terminado, alguno que otro simpatiza con el gobierno y por lo tanto buscar la reunión del 28 de marzo parecía destrabar el desencuentro entre los comisionados, algunos de los cuales no tiene duda de que se trata de un grosero atropello a la libertad de expresión de los condenados.

Salomónica es también porque la CIDH quiere enviar un mensaje todavía no muy fuerte a Correa, quien fue el autor de varias iniciativas en contra del cuerpo gubernamental, exigiendo a través del Consejo de la OEA, mayor eficiencia y transparencia de presupuestos y otros argumentos para limitar el accionar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, en represalia por la sesión de octubre pasado donde los comisionados escucharon con atención las denuncias de los periodistas y escritores del libro El Gran Hermano, en el que se revelan actos de corrupción y nepotismo entre el gobierno y el hermano mayor del Presidente, Fabricio Correa.

Hoy habrá que estar atentos no solo a la respuesta del gobierno ecuatoriano, sino también a qué sucederá con Carlos Pérez que después que el jueves pasado el gobierno de Panamá le otorgó asilo político, está todavía en la sede de la embajada panameña en Quito a la espera del salvoconducto que tiene que librar la Cancillería ecuatoriana para que se consuma el acto. En caso de que el gobierno acepte, es probable que los motivos del pedido de asilo no tengan tanta validez; aunque tampoco le será muy fácil a Carlos abrir la puerta para entrar a suelo ecuatoriano.

El botín de Rafael Correa


De golpe y porrazo, el presidente Rafael Correa, está por convertirse en uno de los mandatarios más acaudalados de la región, gracias a una justicia subordinada que lo está premiando con 42 millones de dólares de indemnización para calmar el dolor que le provocaron críticas y denuncias periodísticas.

La justicia no solo le regala a Correa cifras multimillonarias por el supuesto daño moral sufrido, sino también se le entrega como un instrumento contundente para amordazar a la prensa independiente y disuadir a sus adversarios políticos: La crítica, el disenso y la denuncia en Ecuador tienen un precio. Y muy caro.

El jueves la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dejó en firme una sentencia que condena a tres directivos y a un ex columnista del diario El Universo a pagarle al Presidente 40 millones de dólares, de los 80 que había solicitado por reparación moral. Y la semana pasada otro tribunal condenó a los dos autores del libro de denuncias El Gran Hermano a pagarle un millón cada uno.

En el primer caso, se trató de una opinión en que se le acusa a Correa de ordenar abrir fuego contra civiles durante el amotinamiento policial de setiembre de 2010. Por su dolor, más allá de si fue verdad o mentira intencionada lo sostenido por el columnista, la justicia interpretó que Correa debe ser indemnizado y que, además, los periodistas deben purgar tres años de cárcel. El caso de El Gran Hermano no es menos grave, pero sí más absurdo. La justicia indemnizó a Correa explicando que está dolido y desconsolado, porque él desconocía los alcances de unos contratos por decenas de millones de dólares entre el Estado y su hermano mayor, Fabricio, que el libro denunció como un caso de nepotismo y corrupción en perjuicio del bolsillo de todos los ecuatorianos.

Lo sorprendente, es que Correa interpuso sus demandas como ciudadano común, pero recibió compensaciones por su alta investidura y la arcaica protección especial que reserva el Código Penal para el Presidente, figura que se utilizó para sentenciar a los periodistas a la cárcel y a quienes calificó de “payasitos” y “dueños de circo” en rueda de prensa y vía Twitter desde la sala de la audiencia, a la que acudió con ministros y una horda de seguidores.

Su agresivo discurso público muestra al Correa de siempre, por lo que es difícil percibir su daño moral, algo en lo que los jueces no fueron rigurosos ya que el Derecho obliga a la demostración del daño. Estos magistrados jamás exigieron a Correa que argumente sobre su dolor, si su estado de salud física y psicológica está deteriorado, o si vio entorpecidas sus destrezas para gobernar, sus giras por el exterior o las cadenas habituales de los sábados en las que insulta a periodistas y adversarios.

Este caso muestra que en materia de daño moral, las cifras son injustificadas y desproporcionadas al perjuicio causado, máxime en un país donde el salario básico alcanza unos cientos de dólares y donde el Estado suele pactar indemnizaciones  irrisorias con víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que un Presidente, como servidor público, no debería ser más que sus ciudadanos. En otros países, como El Salvador, las leyes sobre difamación imponen límites a las indemnizaciones que otorgan los jueces para evitar este tipo de abusos y privilegios.

Además, de la jurisprudencia interamericana se pueden extraer dos principios aplicables a Correa. Primero, que en democracia, los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a la crítica y, segundo, que las sanciones civiles por difamación deben ser proporcionales al daño, de lo contrario pueden generar un efecto intimidatorio y autocensura.

Correa se metió ahora en un atolladero. Sabe que no puede soportar periodistas presos o en el exilio, ante la fuerte presión de la comunidad internacional y las medidas que dictará el sistema interamericano de derechos humanos para detener este absurdo en contra de la libertad de prensa y expresión.

Pero como es audaz y demagogo, y contento por haber demostrado que la razón está de su lado, es probable que se incline a perdonar a sus ofensores, sacando así a relucir un carácter magnánimo y electoralista. Empero, el daño moral que provocó a la figura presidencial, a la prensa y expresión de todos los ecuatorianos, es irreparable.

Iniciativa mediática contra Correa

Los medios de comunicación internacionales, indignados por la sentencia en contra de sus colegas ecuatorianos de El Universo, en consonancia con una idea que salió de la Asociación Nacional de Periódicos de Colombia (Andiarios) y con el apoyo pleno de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), estarán divulgando en los próximos días, en señal de protesta, la columna de Emilio Palacio publicada en ese diario el 6 de febrero de 2011.

Esa columna de opinión, de sólo 600 palabras, originó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, interpusiera una demanda por daño moral por 80 millones de dólares para reparar su figura y pena de cárcel de tres años para los directivos y propietarios de El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez, y para Palacio, que en aquella época fungía como director de la página de Opinión. Finalmente, tras un proceso legal viciado, la semana pasada la Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo de dos instancias anteriores, condenando a los Pérez, a Palacio y al diario a pagar un total de 40 millones de dólares en indemnización a favor de Correa y a los periodistas a cumplir una sentencia de tres años de cárcel.

Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios, anunció que los periódicos de su país publicarán este jueves la columna de Palacio, titulada "No a las mentiras", en la que opina que el presidente Correa pidió disparar a discreción contra civiles mientras se encontraba retenido en un hospital durante la asonada policial de setiembre de 2010. Palacio desmiente a Correa de que se trató de un intento de golpe de Estado y recordó que los delitos de lesa humanidad (de lo que se sintió aludido el Presidente) no tienen perdón.

La SIP, bajo decisión del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gustavo Mohme y del presidente de la institución, Milton Coleman, decidió adherirse a la campaña pero hacerla más extensiva, para todos sus socios en las tres Américas.

Más allá de los diarios que se presten a la campaña tengan diferentes criterios editoriales y hubieran o no publicado este tipo de columnas, lo importante es que se suman a la protesta divulgándola en esta circunstancia, para que la opinión pública pueda juzgar y apreciar por sí misma lo absurdo y desproporcionado de este fallo que crea un precedente nefasto para la libertad de prensa y de expresión en el continente.

A continuación y sumándome a la protesta, publico la opinión de Emilio Palacio, quien se encuentra en Miami en proceso de asilo político.

EL UNIVERSO                                                    domingo 06 de febrero del 2011
Emilio Palacio

NO a las mentiras
Esta semana, por segunda ocasión, la Dictadura informó a través de uno de sus voceros que el Dictador está considerando la posibilidad de perdonar a los criminales que se levantaron el 30 de septiembre, por lo que estudia un indulto.
No sé si la propuesta me incluya (según las cadenas dictatoriales, fui uno de los instigadores del golpe); pero de ser así, lo rechazo.
Comprendo que el Dictador (devoto cristiano, hombre de paz) no pierda oportunidad para perdonar a los criminales. Indultó a las mulas del narcotráfico, se compadeció de los asesinos presos en la Penitenciaría del Litoral, les solicitó a los ciudadanos que se dejen robar para que no haya víctimas, cultivó una gran amistad con los invasores de tierras y los convirtió en legisladores, hasta que lo traicionaron. Pero el Ecuador es un Estado laico donde no se permite usar la fe como fundamento jurídico para eximir a los criminales de que paguen sus deudas. Si cometí algún delito, exijo que me lo prueben; de lo contrario, no espero ningún perdón judicial sino las debidas disculpas.
Lo que ocurre en realidad es que el Dictador por fin comprendió (o sus abogados se lo hicieron comprender) que no tiene cómo demostrar el supuesto crimen del 30 de septiembre, ya que todo fue producto de un guión improvisado, en medio del corre-corre, para ocultar la irresponsabilidad del Dictador de irse a meter en un cuartel sublevado, a abrirse la camisa y gritar que lo maten, como todo un luchador de cachacascán que se esfuerza en su show en una carpa de circo de un pueblito olvidado.
A esta altura, todas las “pruebas” para acusar a los “golpistas” se han deshilvanado:
El Dictador reconoce que la pésima idea de ir al Regimiento Quito e ingresar a la fuerza fue suya. Pero entonces nadie pudo prepararse para asesinarlo ya que nadie lo esperaba.
El Dictador jura que el exdirector del Hospital de la Policía cerró las puertas para impedir su ingreso. Pero entonces tampoco allí hubo ningún complot porque ni siquiera deseaban verle la cara.
Las balas que asesinaron a los policías desaparecieron, pero no en las oficinas de Fidel Araujo sino en un recinto resguardado por fuerzas leales a la Dictadura.
Para mostrar que el 30 de septiembre no usaba un chaleco blindado, Araujo se colocó uno delante de sus jueces y luego se puso la misma camiseta que llevaba ese día. Sus acusadores tuvieron que sonrojarse ante la palpable demostración de que los chalecos blindados simplemente no se pueden ocultar.
Podría seguir pero el espacio no me lo permite. Sin embargo, ya que el Dictador entendió que debe retroceder con su cuento de fantasmas, le ofrezco una salida: no es el indulto lo que debe tramitar sino la amnistía en la Asamblea Nacional.
La amnistía no es perdón, es olvido jurídico. Implicaría, si se la resuelve, que la sociedad llegó a la conclusión de que el 30 de septiembre se cometieron demasiadas estupideces, de parte y parte, y que sería injusto condenar a unos y premiar a otros.
¿Por qué el Dictador sí pudo proponer la amnistía para los “pelucones” Gustavo Noboa y Alberto Dahik, pero en cambio quiere indultar a los “cholos” policías?
El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.
Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben.”


Tensión entre la verdad y la libertad

Desde mis inicios en el periodismo hasta mi actual exploración en la ficción, la relación entre verdad y libertad siempre me ha fascinado. S...