Al presidente Porfirio Lobo se le pueden aceptar sus críticas a los medios de comunicación, las que ha empezado hacer con mayor vehemencia, como en la reciente cumbre de la flamante Celac, porque todavía maneja cierto halo de respeto. Y comparado a lo que sucede con presidentes como Rafael Correa, que ha intensificado sus críticas mediante acciones concretas de represalia con demandas millonarias, juicios penales y leyes de prensa para censurar a los medios y periodistas, lo de Lobo puede verse como parte del sano ejercicio democrático.
Sin embargo, donde Lobo no puede equivocarse, es en las garantías constitucionales que debe ofrecer a todos los hondureños para que puedan ejercer su libertad a expresarse o en su derecho a recibir información sin cortapisas. Y por el momento, su gobierno está haciendo aguas en asegurar esas garantías, máxime, cuando se observa que los periodistas profesionales son blancos de la violencia, y cuando el resultado de las investigaciones, que el gobierno anunció tendrían el apoyo de España, Colombia y EEUU, todavía no dio resultados concretos.
Ayer fue asesinada la periodista Luz Marina Paz Villalobos de la televisora Cadena Hondureña de Noticias (CHN), y su sobrino, quien oficiaba de chofer al momento del atentado; mientras el día anterior, un guardia de seguridad del diario La Tribuna fue herido durante un atentado en el que se tuvo que soportar el embate de maleantes, presumiblemente por publicaciones sobre la responsabilidad de policías en el asesinato de los dos universitarios, episodio que significó el punto de inflexión, para que el gobierno adoptara medidas de depuración de esa fuerza del orden y lanzara la Operación Relámpago.
Ya son más de 10 los periodistas asesinados en el país en el último año y miles las víctimas de las fuerzas del desorden, así sean del narcotráfico o de otros grupos al margen de la ley y el crimen organizado. Sería oportuno que Lobo actúe ahora mismo para garantizar el derecho a la libertad de expresión y no esperar a que suceda otro episodio o punto de inflexión que motive a su gobierno.
El gobierno necesita resultados concretos para garantizar la libertad de expresión.