Así como en muchos países árabes se instaló el “día de la ira” en reclamo por sistemas más democráticos, en América Latina debería instaurarse el “día de la vergüenza”, en rechazo a los gobiernos que interpretan para su beneficio textos constitucionales o los reforman para eternizarse en el poder.
Los nicaragüenses ya tienen el propio. Disidentes del sandinismo eligieron el último 26 de febrero. Ese día, el presidente Daniel Ortega fue ungido por un congreso partidario como candidato presidencial para las elecciones de noviembre, menospreciando a la Constitución, que limita a dos períodos el número de mandatos.
Ortega, en su segunda etapa presidencial después de terminar la primera en 1990, construyó con los años una “justicia revolucionaria”. En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia, con mayoría de jueces leales, declaró inaplicable un artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial, allanándole la posible vía de la eternidad en el poder, a costa de destruir y burlar pactos políticos que bregaban por mejor democracia.
Otro “día de la vergüenza” se estuvo gestando esta semana en Argentina, cuando un movimiento de allegados al poder abogó por una reforma constitucional que permitiera una “Cristina eterna”. Si bien la presidenta Kirchner despreció el anuncio, se entendió que fue un globo de ensayo para medir reacciones y posibilidades.
Pero las posibilidades son irreales; no porque la idea sea ajena al oficialismo, sino porque la Constitución argentina de 1994 es firme y difícil de romper. Se gestó tras un pacto político plural y con fuertes consensos, que la blindaron con controles morales y jurídicos para que no pueda ser fácilmente manipulada.
Ese blindaje no lo tienen otras jóvenes constituciones latinoamericanas, que nacieron como efecto de venganzas partidarias más que de acuerdos políticos, por lo que sus vidas están atadas al tiempo que dure el gobierno que las engendró. La de Venezuela tiene ese destino, durará lo que la presidencia de Hugo Chávez.
También en ese terreno están las de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, que nacieron en momentos que los gobernantes usaron su popularidad para evitar acuerdos políticos. Si bien Rafael Correa y Evo Morales llegaron a borrar el neoliberalismo de las constituciones, suplantándolo por los valores del nacionalismo, lo que no pudieron eliminar son los mismos pecados que se repiten amén de las ideologías.
Chávez redactó la Constitución en 1999, pero la reformó en 2009 para permitirse la reelección indefinida. Y aunque la defiende a ultranza, es el jefe de Estado que más veces la quebró. La última desvergonzada fue en diciembre, cuando logró que se le extienda una ley que por 18 meses le permite legislar y gobernar sin Congreso y a su antojo, lo que reduce a nada cualquier principio de la ley suprema.
Así como Chávez, el presidente ecuatoriano Rafael Correa también hizo las reglas para forzarlas. El 16 de febrero logró que la Corte Constitucional le autorice una consulta popular para alcanzar leyes que su partido en el Congreso no pudo negociar. Pedirá a la población que le faculte imponer trabas para que los bancarios y dueños de medios no puedan tener otras empresas, para regular el contenido de los medios y para tener la potestad de nombrar más jueces dentro de una reforma judicial. Con ello, destruirá la libertad de prensa, de empresa y la debida separación de poderes, principios que manda la Constitución.
No hay ejemplo saludable en materia democrática cuando alguien rompe las reglas o quiere el poder para siempre, aunque lo consiga por los votos. Ideologías aparte, así sea Ortega, como también lo persiguió el peruano Alberto Fujimori, lo pensó el colombiano Alvaro Uribe y le obsesionó al hondureño Manuel Zelaya, la reelección indefinida termina siendo una licencia para delinquir, una fosa donde afloran, tarde o temprano, el nepotismo, el abuso, la corrupción, el control de los poderes y la manipulación de la verdad.
Cualquier ciudadano entiende que el gobierno continuado hace más efímera y débil a la democracia. Pero lo incomprensible es cómo los jueces le permiten a muchos políticos de nuestra región, que sin vergüenza alguna y con la prohibición legal y constitucional, igualmente incurran en el vicio de querer eternizarse en el poder.
