Comparto con ustedes mi columna publicada este fin de semanas en varios diarios de la región, en la que describo las inconveniencias de las leyes SOPA y PIPA en Estados Unidos que le daban un excesivo papel de policía a empresas privadas, que no les corresponde.
Justamente cuando el viernes pasado el Congreso de EE.UU. desistió de seguir tratando SOPA, al mismo tiempo, el FBI cerró el sitio de descargas ilícitas Megaupload, cuyos dueños fueron apresados – algunos todavía están prófugos – en Nueva Zelandia, y procesados por operar una maquinaria de piratería digital tan aceitada como el de las peores mafias de todos los tiempos.
Esto evidencia que no son necesarias leyes tan complicadas como SOPA y PIPA para custodiar el derecho de autor y la propiedad intelectual.
A continuación, la columna:
El primer apagón digital de la historia al que adhirieron este miércoles miles de sitios online tuvo el éxito deseado. Paró en seco dos proyectos de ley sobre protección de la propiedad intelectual que se discuten en el Congreso de EE.UU. que de ser sancionados, infringirían graves daños al clima de libertad en el internet y subyugarían a sus empresas tecnológicas.
La fuerza de la protesta global, liderada por Wikipedia, con un apagón informativo de 24 horas y por Google, con un llamado a sus usuarios a que repudien los proyectos de ley, hizo que los legisladores detuvieran su apresurada marcha, traten de aprender más sobre el uso de las nuevas tecnologías y piensen en una ley que equilibre mejor el derecho de autor con el de libertad de expresión.
La misión no es fácil, más en un año electoral cuando las presiones se potencian y sobre el ring hay dos pesos pesados. En un rincón, la poderosa industria del entretenimiento, representada por Hollywood, que favorece este tipo de leyes para detener la piratería y las falsificaciones que le han provocado pérdidas millonarias y empleos; y, en el otro, la creciente industria del conocimiento, que desde el Valle de Silicona, clama siempre por un internet desregulado, que ya ha servido para derribar gobiernos anti democráticos, crear millones de empleos y expandir el comercio mundial.
Aunque en las formas muchos solo vean puñetazos, en el fondo todos están de acuerdo. Tanto el gobierno y los políticos, como ambas industrias privadas, creen que la propiedad intelectual estadounidense debe protegerse en todo el orbe como ya se hace en el país; empero, las diferencias estriban en cómo hacerlo ya que los proyectos de ley SOPA (Ley para Detener la Piratería Online) y PIPA (Ley para Proteger la Propiedad Intelectual), no son buena opción.
Estas regulaciones imponen a las compañías tecnológicas un poder de policía y de auxiliares de la justicia que no les corresponde. SOPA y PIPA obligan a motores de búsqueda (Google, Bing o Yahoo), a redes sociales (Facebook o Twitter), agregadores de contenido (Wikipedia o YouTube), y a sitios de comercio online (Paypal, Amazon o Craiglist), a convertirse en supervisores y censores de contenido, con el agravante de que pueden ser multados o desactivados si omiten esas funciones. Estas empresas estarían obligadas a cerrar sitios de internet fraudulentos, retirarles los dominios o, entre otras medidas, bloquearlos en sus sistemas de búsqueda bajo la mínima presunción de que ofrecen productos falsos y pirateados o descarguen música o películas sin el correspondiente pago de derechos de autor y regalías.
Aunque el espíritu de la ley es cortar los canales del dinero a potenciales piratas y falsificadores extranjeros, no deberían ser las compañías tecnológicas las encargadas del control, sino las autoridades competentes, fiscales y jueces a través de investigaciones y denuncias de los propios creadores de contenido. Así, los responsables tendrían garantías al debido proceso y al derecho a la defensa, lo que no existiría si se deja al arbitrio de una compañía privada como Google, determinar quién es o no un criminal.
Desde esta perspectiva, estas compañías privadas estarían tomando decisiones que desembocarían muchas veces en casos graves de censura y de censura previa, lo que justamente combaten en la práctica. El año pasado, por ejemplo, empresas privadas como Visa, Mastercard y PayPal arriesgaron su credibilidad, cuando bajo presión del gobierno y ante un vacío legal, decidieron cortar relaciones comerciales con Wikileaks, en represalia por la divulgación clandestina de miles de cables diplomáticos confidenciales.
Es bueno que haya libertad en la red, porque este formato hasta ahora fue el que garantizó la innovación y la creatividad de la que hoy disfrutamos. Pero no es bueno que en nombre de esa libertad se excuse la piratería, se crea en la filosofía anarquista de Anonymous y del vale todo, o se justifiquen los robos y a los delincuentes.
Es necesario que SOPA y PIPA se perfeccionen o reemplacen. Que el Estado no delegue a privados las funciones de policía y juez; y que el ciberespacio se mantenga abierto sin limitar ni discriminar contenidos, pero cada uno asumiendo responsabilidad. Ambos mundos no son incongruentes.
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