lunes, 3 de mayo de 2010

Más libertad

Comparto una nueva reflexión en este Día Mundial de la Libertad de Prensa, cuya versión original y más completa me la publicó la revista aniversario de la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA).
“La mayoría de las constituciones del mundo libre garantizan la libertad de prensa y de expresión como valores fundamentales de la democracia. También lo hacen numerosos tratados internacionales, entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Sin embargo, la historia y la actualidad en algunos países demuestran que esas garantías constitucionales no son suficientes. El Estado, a quien le compete asumir un papel de protector, garante y defensor de la libertad de prensa y de expresión, es limitado. A veces indiferente, otras displicente y hasta negligente.
Ante esto, cabe la pregunta: ¿es suficiente garantizar o defender la libertad de prensa y de expresión? o será que se hace imprescindible que el Estado adopte políticas más proactivas, que no solo busque resguardar, sino también promover y educar sobre la libertad de prensa y de expresión.
Además, algunas constituciones son contradictorias: reafirman posiciones en contra de la censura previa, pero al mismo tiempo admiten regulaciones sobre el desacato, con lo que se protege y privilegia a altos funcionarios por encima de los ciudadanos.
En las Américas, más de una docena de naciones, a excepción de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, todavía prevén el desacato mediante leyes de insulto, que castigan penalmente la crítica a los funcionarios de alto rango, más allá de que en 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que esas leyes son incompatibles con el artículo 13 de la Convención Americana.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, posición compartida por la Sociedad Interamericana de Prensa, considera que la reacción penal es la consecuencia más severa que se puede utilizar frente a conductas que pueden considerarse ilícitas de expresión. La SIP brega por la despenalización de los delitos de injurias y calumnias cuando se trata de conflictos con funcionarios públicos y alienta a los países que sigan el ejemplo dado por El Salvador y México, país último que en abril de 2007 despenalizó a nivel federal la figura de la difamación.
Todas estas leyes suelen crear actitudes de censura y de censura previa, al tiempo que motivan temor, generando así también, autocensura.
La violencia más pura contra los periodistas, ya sea que provenga desde las entrañas corruptas del poder público o del crimen organizado impune, ha cobrado la vida de más de 300 periodistas en el continente americano en las dos últimas décadas. La mayoría de esos crímenes no son castigados. ¿La consecuencia? La autocensura está haciendo estragos.
Ante este panorama, es necesario que el Estado adopte un papel más protagónico en materia de libertad de prensa, pasando de una actitud pasiva a una más proactiva en la que busque ser agente de promoción y educación.
Algunos caminos son obvios: Erradicar las leyes de desacato; despenalizar los delitos de difamación; crear condiciones técnicas y equitativas para el otorgamiento de licencias de operación de radio y televisión, así como para la distribución de publicidad oficial; combatir la impunidad que rodea a crímenes contra periodistas, entre otras.
Otro aspecto importante, más a allá de los medios de comunicación, apunta a privilegiar a todos los ciudadanos por igual, dictando leyes de acceso a la información pública que le permitan a cada uno en la sociedad fiscalizar la acción de sus gobernantes u obtener información clasificada, oculta u omitida, para su propio beneficio y satisfacer así su libertad y derecho individual.
Los países deben continuar con la tendencia de crear leyes de acceso a la información pública como ya ocurrió en Perú, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, México, Ecuador, Canadá, Jamaica, Honduras y Nicaragua.
También se deben adoptar políticas de educación ciudadana respecto a la libertad de prensa y de expresión. Las asociaciones intermedias, las universidades, los medios de comunicación no pueden quedar ajenas.
Cuando el Estado asuma un papel proactivo ofreciendo un andamiaje adecuado para que todos, en forma libre, plural y diversa, puedan recibir, intercambiar, gozar, brindar y ofrecer información, estará celebrando democracia. Ese, entre otros, es su papel esencial”.