El informe de la cancillería estadounidense (Departamento de Estado) sobre la falta de libertad de prensa en muchos de los países latinoamericanos es válido, pero tibio e insuficiente. No llama a los problemas por su nombre.
Es un informe si se quiere diplomático. En América Latina los problemas de las libertadas públicas, en especial de la libertad de expresión, son graves.
Solo basta dar unos ejemplos:
En Cuba no se respeta ese derecho y 26 periodistas independientes permanecen presos, además de tres centenares de presos políticos encarcelados, por los “graves” delitos de disentir de la opinión de los gobernantes.
Más de 340 periodistas fueron asesinados en los últimos 20 años, mientras que el 90% de esos crímenes no recibieron castigo. El narcotráfico en México, en Guatemala, en Honduras, para nombrar algunos países, está asesinando, secuestrando y desapareciendo periodistas. Los gobiernos no están haciendo mucho al respecto.
Muchos presidentes, como los casos de Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales, han adoptado posiciones extremistas ante la divulgación de críticas y la fiscalización de medios. Están cerrando medios, amenazando cerrar a otros, utilizando dineros públicos para crear sus propios medios a los que usan para propalar su propaganda gubernamental, y desacreditando el trabajo de los periodistas en cada ocasión. La polarización política que los gobiernos están gestando con el ánimo de “dividir para reinar”, está creando un fuerte temor en la sociedad y una intolerancia a la tolerancia por el disenso, por lo que la gente opta por autocensurarse.
Estamos llegando a una situación dramática en América Latina en materia del derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos para expresarnos con total libertad y sin temor a sufrir represalias.
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