Presidentes y el control informativo

No hay nada más tentador para un gobierno que controlar a la prensa, tener el control de lo que se dice o no se dice. Esas tentaciones suelen tener aristas distintas, censura o propaganda, pero siempre están imbuidas por la misma ambición de no dejar que la población esté informada, influida, o con capacidad para tomar sus propias decisiones. En la jerga oficial, orden significa control.

Los presidentes latinoamericanos que más se quejan de la manipulación de los medios de comunicación, son quienes mayores atropellos comenten contra la información. En esta línea se destacan Hugo Chávez, Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, a quienes tanto les da por “encadenarse” continuamente para dar sus mensajes, discriminar a periodistas y medios que no le son afines o crear medios gubernamentales con los recursos del Estado.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no contento con hincar a los medios independientes, discriminarlos con publicidad oficial, premiarlos a aquellos en los que trabajan sus familiares y extorsionar a otros para que despidan a los periodistas “incómodos”, ahora, como buen patrón de estancia, sigue utilizando los recursos de la nación para hacer propaganda a su antojo. El 22 de agosto lanzó un semanario propagandístico, justificado por la Primera Dama, Rosario Murillo: “Avanzamos hacia nuevos triunfos desde estos espacios de comunicación que defienden el proyecto de una revolución para la justicia y la paz”, dijo, recordando el 22 de agosto de 1978 cuando un comando sandinista tomó por asalto el Palacio Nacional y tomó de rehenes a legisladores partidarios del presidente Somoza.

Otra perlita es Hugo Chávez. No se cansa de crear medios oficiales radiales, escritos y televisivos, además de cerrar a los que considera críticos. Sancionó numerosas leyes como la de Responsabilidad Social y regulaciones administrativas con el propósito de trabar el ejercicio periodístico. En breve, espera que su Asamblea Nacional apruebe la controversial Ley Orgánica de Telecomunicaciones Informática y Servicios Postales, que le otorgará un poder absoluto y discrecional para ordenar para ordenar la suspensión de cualquier tipo de “trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, mediante comunicación por voz, datos y videos que esté actualmente inventada o por inventarse”, invocando razones de “orden público, la seguridad o los intereses de la Nación”. Si hay similitud con lo que hacían las dictaduras latinoamericanas, no es pura coincidencia.

Rafael Correa también tiene fuertes encontronazos contra la prensa. No está cumpliendo con su promesa de ofrecer a la iniciativa privada el control de los medios que el gobierno incautó por desfalco, como el diario El Telégrafo y algunos canales de televisión de la familia banquera Isaías. Es más, en el nuevo proyecto constitucional que se aprobará o rechazará el 28 de septiembre, existen numerosas menciones a la libertad de prensa y a los medios que despiertan suspicacias. De acuerdo al artículo 408 del nuevo texto constitucional, el estado se apropiaría del 50 por ciento de las utilidades que generen las estaciones de radio y televisión. El gobierno negó que esa sea la intención, sin embargo el texto lo justifica.

Evo Morales, por otro lado, de la forma que se benefician todos los países que participan en el ALBA, el proyecto ideológico impulsado por Chávez que contrarresta al ALCA, ha utilizado mucho dinero venezolano – además del iraní - para crear nuevos medios que le sirvan a sus intereses, lo que equivale a dilapidar dinero a favor de la propaganda gubernamental y no a una estrategia de empresas estatales al servicio de una información plural y diversa, obligación que sí tiene el Estado.