Universidades y periodistas unidos

Esta es una entrevista que me acaba de hacer la periodista Tania Lara y publicada en el Blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, con sede en la Universidad de Texas, en Austin.

Veintidós universidades debatieron y propusieron soluciones contra la impunidad que prevalece en los ataques a la prensa en América Latina durante la III Conferencia Hemisférica celebrada en Puebla, México.

La conferencia se realizó en México “porque es el país que más lo necesita en este momento”, señaló Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa. “Pero en todo el mundo el avance del crimen organizado y la corrupción están aumentando la violencia contra periodistas como ocurría en otras épocas”, dijo Trotti al blog Periodismo en las Américas del Centro Knight.

Al final del encuentro se redactó la Declaración de Puebla, la cual propone despenalizar los delitos de difamación en los países latinamericanos, que se persigan de oficio los ataques contra periodistas y se agraven las penas si los ataques son cometidos por funcionarios públicos así como crear una unidad especializada para investigar hechos que atenten contra la libertad de expresión.

Después de la Conferencia Hemisférica, el Centro Knight conversó con Ricardo Trotti, del Proyecto Impunidad, sobre los resultados de este encuentro universitario.

¿Por qué prevalece la impunidad en los delitos contra la prensa cometidos en América Latina?

Primero es una falta sustancial de voluntad política. Segundo que no existen las estructuras legales adecuadas para combatir la violencia contra los periodistas y tercero, porque no hay un reclamo público mayor sobre este tipo de delitos. Hay mayor comprensión que años atrás pero todavía no hay una conciencia básica.

¿Por qué los medios de comunicación no han usado su poder de informar al público sobre las amenazas a la prensa?

El público no tiene conciencia de este tema porque los medios están más pendientes de la información y la actualidad, y no han abusado de sus privilegios para establecer lo que les conviene o no. Les ha faltado comunicar que cuando se afecta la libertad de prensa, realmente se afecta al público en general.

¿Habrá financiamiento para implementar las propuestas que se generaron en la Conferencia Hemisférica?

Algunas iniciativas no necesitan financiamiento, sólo voluntad de las universidades para desarrollarlas. Se requiere adecuar lo que las universidades están haciendo ahora mismo y poner sus recursos en función de la promoción de la libertad de prensa.

Además de la Declaración de Puebla, ¿cuál fue el resultado de la Conferencia Hemisférica?

Establecer un compromiso entre las universidades para crear un espacio común de universidades latinoamericanas para ayudar al combate a la violencia contra el periodismo a través de reformas legales, de concientización y el estudio de una reforma curricular donde se incluyan temas legales, jurídicos, así como temas de seguridad en la formación de futuros periodistas.

Semana a la mexicana

De paso por México la semana pasada, experimenté una de esas semanas terroríficas que viven los mexicanos desde hace años, en la que la violencia y el clima de inseguridad dominan su existencia y la agenda pública.

Aquella semana arrancó violenta, con una balacera cercana a un concurrido estadio de fútbol en Torreón, Cohauila, que mostró a los jugadores del Santos y el Morelia huyendo agazapados hacia los vestuarios y a los aficionados parapetándose entre las gradas. Y terminó trágica, con un atentando incendiario contra el Casino Royale de Monterrey, Nuevo León, en el que perecieron más de 53 inocentes, la mayoría mujeres, asfixiados y atrapados, después que un grupo armado roció las mesas de juego con gasolina.

Y en el medio de la semana, los gobiernos locales y el federal continuaron su pantomima de acusarse por la ineficacia para combatir al narcotráfico, desoyendo a las organizaciones que reclaman cansadas por tantas masacres, secuestros, robos, extorsiones y homicidios que rara vez se resuelven. Es que los mexicanos ya están hastiados de ser víctimas de la violencia, como para también serlo de la impunidad.

Las imágenes dantescas del estadio y el casino arrancaron de la memoria colectiva las escenas recientes de Noruega y las de aquellas masacres en fiestas de quinceañeros en Ciudad Juárez. Demostraron que el ciudadano común es vulnerable y que el terror no solo se sufre en los tugurios y callejones a medianoche, sino en espacios públicos y de esparcimiento a plena luz del día.

El crimen organizado sigue conquistando territorios y sorprendiendo a su antojo, aumentando la sensación de inseguridad y desprotección. Y ante un gobierno que no resuelve ni administra justicia, muchos vuelcan su frustración e impotencia renovando su devoción por santos como San Benito Abad y el Santo Niño Cautivo, a quienes acuden implorando por más protección y menos impunidad.

Una encuesta reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mostró que un 45% de mexicanos cree que la inseguridad ha empeorado con respeto al año anterior y un 53% opina que se agravará en el próximo. Y lo peor, un 80% se siente impotente frente al abuso de autoridad, la corrupción y la impunidad.

El gobierno militarizado de Felipe Calderón da todas las semanas duros golpes a los carteles. Pero sus anuncios en los que muestra frente a cámaras a sicarios y maleantes, son rápidamente neutralizados por nuevas masacres, por el descubrimiento de fosas comunes como las de Tamaulipas y Durango o por la revelación de cifras escalofriantes, como la de 45 taxistas ejecutados en la turística Acapulco.

Por más campañas y propaganda para cambiar la percepción de inseguridad, la realidad es inobjetable. La dicotomía se comprobó esta semana con la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Mientras alababa a su colega mexicano por su “lucha heroica” contra el crimen organizado, la ong México Evalúa, revelaba cifras alarmantes en 27 de los 31 estados del país: Durante el sexenio de Calderón, los asesinatos a nivel nacional se incrementaron en un 96% y los secuestros en un 188%.

En lo que sí tiene razón Calderón, es que todos, municipios y estados incluidos, deben sentirse responsables para combatir al crimen organizado, imponiendo leyes severas contra del lavado de dinero, así como depurando a las policías, antros de corrupción.

En ese contexto, nació la propuesta de seguridad nacional de la UNAM, que su rector, José Narro Robles, está “vendiendo” a políticos de todos los rangos y sectores. Sus alcances los explicó ante la Conferencia Hemisférica Universitaria contra la impunidad de la SIP que acabamos de celebrar en Puebla, destacando reformas de políticas públicas, la creación de un registro nacional de víctimas, el combate a la impunidad y la prioridad de la prevención.

Lo interesante de la propuesta y del reclamo de Calderón, es que ya hay conciencia de que a México lo tienen que rescatar entre todos, unidos, y con urgencia. El país ya no es el de antes, y aunque preserva su hospitalidad y belleza, los mariachis tocan de reojo y los conserjes no aconsejan salir después de las 8.

Compromiso académico contra la impunidad

Tras la Conferencia Hemisférica Universitaria que realizamos en Puebla la semana pasada, la SIP emitió esta mañana un comunicado de prensa sobre la valoración que se le dió al compromiso académico para continuar la lucha contra la violencia y la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas. A continuación, el comunicado emitido esta mañana.

La SIP valora el compromiso académico
para seguir lucha contra la impunidad

Miami (31 de agosto de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) valoró el compromiso académico asumido por universidades latinoamericanas durante su reciente Conferencia Hemisférica Universitaria realizada en México, en la que se pidieron reformas legales para combatir la violencia contra la prensa, así como cambios en los planes de estudios para adaptarlos a la realidad que actualmente atraviesa la actividad periodística.

Más de 60 representantes, entre estudiantes, docentes y decanos de 22 universidades de 13 países, asumieron la Declaración de Puebla, comprometiéndose a fomentar la creación de una red interuniversitaria que les permita intercambiar experiencias, información y promover foros, conferencias y campañas de educación pública en contra de la impunidad.

Entre los aspectos más relevantes discutidos en la conferencia auspiciada por la Fundación John S. y James L. Knight, realizada el 25 y 26 de agosto en la ciudad de Puebla, equipos interdisciplinarios de alumnos de cada universidad presentaron sus investigaciones y valoraron reformas de políticas públicas. Entre ellas, se destaca el pedido de que no prescriban los delitos contra la libertad de expresión; que se agraven las penas cuando éstos sean cometidos por funcionarios públicos; y que se creen o perfeccionen programas de protección y asistencia a víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas.

El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, del diario guatemalteco Siglo 21, dijo que la organización está “complacida de haber abierto la discusión y compartido responsabilidades con las universidades y los futuros profesionales para buscar estrategias comunes de cómo derrotar a la violencia”. Agregó que “las investigaciones y las propuestas, mostraron el talento y la creatividad de las casas de estudio, y que éstas deben ser tomadas en cuenta para solucionar cualquier problema que afecta a nuestra comunidad periodística”.

Las universidades se comprometieron a reevaluar los planes de estudio para que “se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas” y se ofrezcan cursos de extensión sobre los peligros para la profesión. Respecto a los medios, reclamaron mejores condiciones laborales y salariales, así como protocolos de protección, sin descuidar la ética profesional.

El presidente de la Comisión de la SIP Contra la Impunidad, Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente del periódico mexicano El Universal, durante la inauguración del evento en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo un llamado “a los distintos sectores sociales a cuidar y preservar la libertad de prensa” y dijo que estos encuentros “permiten reflexionar sobre los desafíos y las acciones orientadas a conservar el ejercicio de las libertades”.

El orador invitado, José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, expuso sobre propuestas de esa casa de estudios a políticas de seguridad nacional que se discuten actualmente en el país. En mensaje a los estudiantes y docentes subrayó que “el conocimiento no puede ser neutral, sino comprometido” y reclamó que los mayores desvalores que perjudican a la libertad de prensa son “el miedo, el autoritarismo y la ignorancia”.

La Declaración de Puebla aprobada el viernes pasado solicita mayor esfuerzo y trabajo mancomunado para combatir la impunidad. En sus cuatro partes, compromete a los poderes públicos, a los medios de comunicación, a las universidades y a las organizaciones sociales.

Para leer el texto completo de la Declaración, por favor visite: http://www.impunidad.com/noticia.php?id=747&idioma=sp

Los textos de las investigaciones y recomendaciones de cada universidad pueden leerse en:

La Conferencia Hemisférica Universitaria culminó con un emotivo acto el viernes, con la lectura de la Declaración por parte de Gloria Tovar docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Perú; y los estudiantes Tony Arellano, de la Universidad de Ciencias Comerciales, de Nicaragua; Luciana Kraemer da Silva, del Centro Universitário Metodista (IPA-POA), de Brasil; Angel González, de la Universidad Iberoamericana, de República Dominicana; Alejandra González Barranco, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de México y César Alberto Moreno Vargas, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la SIP Contra la Impunidad cuenta con el auspicio de la Fundación John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes. http://www.sipiapa.org; http://www.impunidad.com

Compromiso del conocimiento frente a la violencia

Después de seis meses de intenso trabajo, el esfuerzo valió la pena. Más de 50 representantes de 22 universidades de 13 países de América Latina que convocamos a Puebla, México, culminaron con una excelente declaración de principios sobre la responsabilidad que las altas casa de estudio también tienen para combatir la violencia contra la prensa y la impunidad que rodea a la mayoría de los crímenes contra periodistas en el continente americano.

La Declaración de Puebla, a continuación, demuestra en su espíritu el carácter creativo y el compromiso de jóvenes universitarios que fueron desafiados a buscar alternativas para combatir la violencia, y cuyo entusiasmo estuvo coronado por la reunión que sostuvimos en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante la inauguración oficial el jueves 25 de agosto por la noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, dijo que el conocimiento conlleva en sí mismo el compromiso de compartirlo.

La Declaración de Puebla fue redactada justamente con ese compromiso en mente. En este y en los próximos tres posts, publico la Declaración.


26 de agosto de 2011
Declaración de Puebla




Conferencia Hemisférica Universitaria
Convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa

DECLARACIÓN DE PUEBLA
Puebla, México
25 y 26 de agosto de 2011

Los participantes de la Conferencia Hemisférica Universitaria convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa reunidos en Puebla, asumieron el compromiso de proponer reformas de políticas públicas tendientes a combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad que rodea a los crímenes.

Los participantes creen que los ataques contra la libertad de expresión no se manifiestan solamente a través de agresiones físicas contra los periodistas, sino también por medio de discursos hostiles hacia el ejercicio libre del periodismo, amenazas, censura, hostigamiento legal y descrédito. Al agredir este derecho fundamental, la violencia ya no es un problema sólo de los comunicadores sino de toda la sociedad que pierde su derecho a recibir información.

Con el propósito de crear una red de universidades en Latinoamérica que colabore en el mejoramiento de las prácticas académicas y ayude a los futuros profesionales a insertarse en una actividad más segura, así como promover cambios en las políticas públicas de los Estados, los equipos de alumnos y docentes de facultades de Comunicación, Derecho, Sociología y Ciencias Sociales y Políticas de 22 universidades provenientes de 13 países recomiendan:

Siguen Parte 2, 3 y 4 en siguientes posts

Responsabilidad del Estado y gobiernos

Declaración de Puebla (Parte 2)

1. En el ámbito legal, que:

Los países incluyan en sus leyes que los ataques a la libertad de expresión sean delitos que no prescriban; si son cometidos por funcionarios públicos se agraven las penas; que sean investigados a nivel federal y juzgados por tribunales civiles.

Las leyes obliguen al Estado a investigar de oficio (de iniciativa pública) los casos que revelen violación a la libertad de prensa y delitos contra la libertad de expresión, y se incluya la protección de jueces y fiscales que conozcan sobre homicidios de periodistas.

Los Estados incluyan en su legislación la obligatoriedad de reabrir las investigaciones o procesos judiciales, tras ser condenados por organismos internacionales.

Se apliquen los tratados y convenciones internacionales firmados por los países sobre el tema de derechos humanos, ampliando los reconocidos en el orden jurídico nacional.

Los fiscales, secretarías de Seguridad Pública o de Justicia, y los jueces conozcan, apliquen y se auxilien en las investigaciones y procesos judiciales con los criterios jurisprudenciales internacionales, los convenios y tratados firmados sobre Derechos Humanos.

Las Fiscalías generales o Secretarías de Justicia creen una unidad especializada, para investigar casos de ataques a la libertad de expresión.

Sean despenalizados los delitos de difamación, injuria y calumnia.

Los países cuenten con leyes específicas que brinden protección a defensores de Derechos Humanos y que éstas incluyan a periodistas, y en los países que existan o estén en proceso de ser aprobadas, se exija su publicación y aplicación.

Los países incluyan en su legislación medidas específicas en cuanto a la detención de periodistas cuando participan en coberturas de riesgo, para que las autoridades los dejen en libertad en cuanto se acredite su personalidad y el equipo de trabajo sea resguardado y entregado a éstos sin demora. En caso de incumplimiento por parte de la autoridad se incluyan responsabilidades penales.

En la ley se incluya la responsabilidad del Estado en la reparación del daño moral y material que cause el asesinato de un periodista en ejercicio de su labor, y atienda psicológicamente a la familia y garantice su seguridad.

En la ley se establezca que cuando se ataque a un periodista las autoridades estén obligadas a verificar si el origen de éste es su trabajo informativo.

Se incluyan en las leyes penales sanciones contra funcionarios públicos que obstaculicen la labor de los periodistas o incurran en acciones concretas contra la libertad de expresión.

Se creen o perfeccionen los Programas de Protección y Asistencia a Víctimas y testigos de crímenes cometidos contra periodistas, de los que deben ser responsables los Estados, pero pueden apoyarse en organizaciones no gubernamentales y en las universidades, para ofrecer asistencia legal y psicológica, entre otras medidas.

Se promulguen y/o apliquen leyes de acceso a la información y se cree la figura del Defensor de la Libertad de Expresión al que pueda recurrir la ciudadanía y los periodistas para hacer efectivo este derecho.

Bajo la responsabilidad del Estado y con el apoyo de las organizaciones civiles se instalen casas de refugio para los periodistas en riesgo que deben autoexiliarse.

Responsabilidad de los medios de comunicación

Declaración de Puebla (parte 3)

2. En el ámbito institucional, que:

Los medios de comunicación garanticen condiciones dignas de trabajo, salario y protección para todos sus empleados, tomando como guía los principios establecidos en las declaraciones de Chapultepec de 1994 y de Medellín de 2007; que entre esos derechos se garantice el cumplimiento de las reglas de seguridad social, seguros de vida, invalidez y gastos médicos.

Las universidades, en acuerdo con los medios, establezcan reglas de respeto a las condiciones de trabajo y bienestar de los jóvenes estudiantes que trabajan como pasantes en las redacciones.

Los medios de comunicación elaboren, difundan y pongan en práctica principios de ética para coberturas de hechos de sangre y de peligro, y garantizar de esa forma que con el buen ejercicio de la profesión disminuya el riesgo o prevenga situaciones de vulnerabilidad.

Se promueva un amplio y profundo debate entre los medios de comunicación y periodistas sobre el rol y la importancia del ejercicio periodístico y la relación con sus fuentes, y que los resultados de esa discusión sean incorporados en los principios y códigos de ética de los medios de comunicación.

Los medios de comunicación elaboren manuales de riesgo, en los que se establezcan mecanismos y procedimientos para prevenir y evitar la violencia hacia sus periodistas.

Se motive en los medios de comunicación la creación de la figura del ombudsman, que estimule la reflexión sobre el trabajo del periodista.

3. En el ámbito social, que:

Las organizaciones de defensa de periodistas discutan políticas de protección para los profesionales del área, reconociendo a éstos como promotores y defensores de derechos humanos y de libertad de expresión construyan Programas de Protección, se divulguen en donde ya existen y generen campañas de concientización.

Las ONGs eduquen sobre la importancia de la función periodística, la defensa al derecho a la información y derechos humanos en forma de campañas, seminarios y encuentros.

Se involucre a la sociedad civil y a las organizaciones de derechos humanos para que denuncien y reporten amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y contra cualquier persona en el ejercicio de su libertad de opinión y expresión.

Responsabilidad de las universidades

Declaración de Puebla (parte 4)

Las organizaciones civiles y sindicatos de periodistas actúen en red con las universidades para construir una base de datos sobre víctimas y denuncias de ataques a la libertad de expresión en cada país, y se construyan espacios para medir, observar y apoyar el trabajo mediático.

Se elabore un mapa con las denuncias recibidas sobre los ataques a la libertad de expresión en cada país, y que estos documentos sean enviados a las autoridades del Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, sectores educativos y medios de comunicación para implementar e incentivar la creación de políticas públicas concretas y cambios en la legislación sobre la protección del ejercicio periodístico con la participación de academias de periodismo.

Los planes de estudios sean reevaluados en las distintas facultades de las universidades, para que se adecúen a la realidad actual de los periódicos y periodistas, y que se creen materias, diplomados o cursos de extensión multidisciplinarios o transversales, para estudiar casos y discutir cuestiones relativas al peligro y ética del ejercicio periodístico.

Las universidades incluyan en el plan de estudios de sus facultades, entre ellas las de Comunicación, Derecho, Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, entre otras, el estudio del Derecho Penal y Procesal Penal; así como la libertad de expresión y la libertad de prensa se discuta y analice la ética en el ejercicio periodístico.

Las universidades convoquen a foros, seminarios y mesas de diálogo con representantes del Poder Judicial, fiscales, periodistas y estudiantes, para discutir la protección a la libertad de prensa y de expresión; concientizar a todos sobre la importancia de la transparencia en las investigaciones y procesos penales; analizar la posibilidad de incorporar el trabajo periodístico como una prueba en los expedientes; y analizar las causas que provocan la inaplicabilidad de las leyes y la falta de resultados de los organismos investigativos y judiciales, para que se apliquen soluciones.

Se creen redes de investigación de la problemática de inseguridad del ejercicio periodístico a través del trabajo en conjunto con Instituciones de Educación Superior.

Las facultades de psicología implementen programas especiales de atención a los periodistas víctimas de violencia y a sus familiares.

Se promueva la toma de conciencia sobre el papel del periodista en la defensa de la libertad de expresión y prensa, a través de la difusión de sus publicaciones y de la apertura de museos de la memoria histórica del periodismo.

Se promuevan seminarios locales y estatales entre las distintas facultades para exponer las conclusiones de esta Conferencia a otras instituciones y a las comunidades estudiantiles de los países involucrados.

Se forme una organización interuniversitaria para intercambiar información, promover campañas en contra la impunidad y continuar la labor de esta Conferencia.

Pontificia Universidad Católica Argentina; Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro, Brasil; Centro Universitario Metodista, Porto Alegre, Brasil; Universidad Diego Portales, Chile; Pontificia Universidad Javeriana de Colombia; Universidad de Antioquia, Colombia; Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; Universidad Francisco Marroquín, Guatemala; Universidad José Cecilio del Valle, Honduras; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma de Guadalajara, México; Universidad de Guadalajara, México; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México; Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Universidad Autónoma de Sinaloa, México; Universidad de Ciencias Comerciales, Nicaragua; Universidad Católica, Paraguay; Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú; Universidad Iberoamericana, República Dominicana;
Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.