Estos gobiernos no son tontos, sus ataques se fabrican dentro de las leyes. Comenzaron por incluir la responsabilidad de los medios en las constituciones. Así nació en Venezuela la cláusula constitucional de la “información veraz”, que luego se expandió a varios países. Por eso preocupa mucho que el flamante presidente peruano, Ollanta Humala, durante la asamblea de la SIP en Lima hace un par de semanas, haya comparado a periodistas con militares y sacerdotes, diciendo que tienen la obligación de decir la verdad.
Lo peligroso es que por verdad, los gobiernos solo creen en la verdad oficial. Es en nombre de esa verdad oficial que emprenden cruzadas para democratizar a los medios y crean leyes de prensa que les sirven para tapar la corrupción.
Así nació el proyecto de Ley de Comunicación que esta semana discute el Congreso de Ecuador. Surgió de la necesidad de Correa, luego del escándalo por los contratos de su hermano Fabricio con el Estado.
La mayoría de las leyes de prensa surgieron de represalias del poder público contra el poder de los medios. Néstor Kirchner justificó así la Ley de Medios en Argentina. Antes, Chávez sancionó la Ley de Responsabilidad Social. Primero dijo que se trataba de una ley para proteger a los menores frente a la televisión, pero luego le sirvió para cerrar a RCTV, apretar a Globovisión. En diciembre modificó la ley para crear delitos sobre la crítica contra el gobierno en internet y las redes sociales.
La ley de Ecuador es peor. No solo legisla a la prensa escrita y los medios electrónicos; también crea un órgano de control de los contenidos, bajo la dirección de mayoría miembros del Poder Ejecutivo. Igual que en otros países, permite crear medios comunitarios en igualdad de condiciones que los privados y los públicos.
En teoría esta democratización de la comunicación suena muy bien, pero en la práctica es muy mala. Primero porque los Estados no usan a sus medios como públicos, sino como órganos de propaganda y segundo, porque a los medios comunitarios también los pueden manipular los gobiernos.
En este sentido, preocupa la propuesta del Partido de los Trabajadores en Brasil para hacer una ley de prensa con los mismos ingredientes. También en Uruguay, el presidente José Mujica amenazó con promulgar una ley de prensa si los medios no dejan de publicar noticias sobre violencia.
Pero no solo las leyes de medios limitan a la prensa. Evo Morales ha sancionado muchas, como la Electoral y anti Racismo, en las que incluye prohibiciones para los medios. Además en varios países existen leyes de desacato y los gobiernos, como el de Correa, se niegan a eliminarlas. Sin ellas, se les haría más difícil perseguir judicialmente a los periodistas.
Así lo demuestran más de una decena de juicios en Ecuador contra diarios como El Universo o contra periodistas como Juan Carlos Calderón y Christina Zurita, autores del libro “El Gran Hermano”, en referencia al escándalo del hermano mayor del Presidente.
Está demostrado que en estas revoluciones populistas la crítica a la autoridad y el disenso son delitos de opinión. Se castigan con cárcel, multas millonarias o exilio forzado, como el de Emilio Palacio en Ecuador o de Guillermo Zuloaga en Venezuela.
Este sistema persecutorio no estaría completo sin las campañas de desprestigio. Por ejemplo, Correa dedicó siete cadenas nacionales de radio y televisión en contra de los autores del libro “El Gran Hermano”. Y la semana pasada, otras tantas, en contra de periodistas y activistas que fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos contra la libertad de prensa.
El objetivo es confrontar a los periodistas públicamente o en los tribunales y así generar autocensura. Correa lo está logrando. Según Fundamedios, un 70% de los periodistas practican la autocensura.
Nunca antes se había visto un avance tan grande por el control de los medios de parte de los gobiernos. Correa creó un emporio 19 medios de comunicación oficiales. En Nicaragua el gobierno o la familia de Ortega posee más de una docena de radios y televisoras. Lo mismo sucede en Venezuela, así sea con grandes cadenas para competir contra CNN o pequeños periódicos; mientras en Argentina, los testaferros del gobierno han comprado decenas de radios y televisoras.
Estas nuevas cadenas de medios oficialistas permiten campañas de desprestigio contra periodistas. “La Hojilla” en Venezuela y “6, 7 y 8” en Argentina, son solo ejemplos. También se usa un “ejército” de cibermilitantes que atacan a opositores y a periodistas, en redes sociales, en blogs, y páginas de internet de medios tradicionales. Se les inunda de insultos.
La presión no es solo política, sino también económica. Es práctica extendida el uso de publicidad estatal para castigar a los medios críticos. Y en ningún país todavía se ha sancionado una ley para regular este tema, pese a que la Corte Suprema de Justicia en Argentina lo obliga al gobierno con ese fin. También en países como Nicaragua y Venezuela se bloquea la importación de productos para el funcionamiento de los medios.
Todo lo anterior se puede resumir así: El control de contenidos, el bloqueo de informes sobre corrupción y la promoción de la autocensura, son la norma en muchos gobiernos de la región.
Como si esto fuera poco, a todo este embate del gobierno - cuya responsabilidad constitucional debe ser proteger la libertad de prensa – debemos sumarle un factor en crecimiento: el narcotráfico y el crimen organizado.
Vivimos un clima de inseguridad pública sin precedentes. Es la mayor preocupación de la gente en todos los países.
Ese clima ha propiciado altos niveles de violencia contra el periodismo y, de nuevo, más autocensura ante la impunidad y la inacción de los gobiernos para proteger a los periodistas.
La violencia ya no está focalizada solo en México y en la zona de frontera con Estados Unidos. Así como el narcotráfico, se ha expandido a otros países. Este año han sido asesinados cinco periodistas en México, pero también cinco en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, como en El Salvador, Guatemala, Colombia y República Dominicana.
La violencia y la autocensura no solo afectan a los medios tradicionales. En México, cuatro personas fueron asesinadas en los últimos dos meses en represalia por denunciar las actividades de los narcotraficantes en blogs como “Nuevo Laredo en la Mira” y en Twitter y Facebook.
