El gobernador californiano, Arnold “Terminator” Schwarzenegger, más famoso por su secuencia cinéfila que por su logros en la administración pública, y conocido por su popular “hasta la vista baby”, pareciera, en cambio, que al término de su mandato, prefirió decir “hola impunidad”.
Es que a quien se le conoce por reformista y ambientalista, acaba de manchar su reputación de gobernador, ni bueno ni malo, habiendo reducido la sentencia de un criminal condenado a 16 años por el asesinato de un estudiante en 2008. Lo peor del caso, es que a quien perdonó parte de la pena fue a Esteban Núñez, un joven de 21 años, hijo del ex presidente de la Cámara de Diputados de California, el demócrata Fabián Núñez, quien le ayudó al republicano Schwarzenegger a implementar reformas de política pública en materia de medio ambiente.
El gesto de buen samaritano de Terminator, a pesar de que defendió su perdón, porque el asesino no era realmente el asesino, envía un mensaje erróneo a la sociedad. Primero por un abuso de privilegios que tiene un gobernador – al igual que los reyes de las monarquías de estar por sobre Dios y la Justicia humana – y hacerlo en especial antes de su salida no dejando tiempo a la polémica o a que se revierta una decisión tras un intenso debate. Segundo, porque del hecho consumado se beneficia un amigo. Y tercero, lo más importante, porque se tira por la borda la credibilidad del público en la seriedad de la justicia para determinar con firmeza una sentencia.
No creer en la justicia o que haya una “justicia con premios” es una de las debilidades mayores que puede tener un sistema democrático. De ahí, que si miramos a cualquier país, veremos que las democracias más imperfectas son en las que no hay una buena administración de justicia o el Poder Judicial no es independiente al poder político.
Ojalá que los legisladores en California encuentren la forma de reformar las leyes para que los gobernadores – como en cualquier estado o el Presidente a nivel federal – puedan tener esta potestad que termina, muchas veces, en abuso de privilegios. Si alguien debe perdonar, mejor sería que fueran los jueces, a los que se les debería permitir – bajo sugerencia de los políticos mencionados – que reabran un expediente y administren un perdón que sea proporcional al delito consumado y sentenciado.
