Defender la democracia: ¿Pero ante quién?

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, propuso una excelente idea: que el sistema interamericano prevea una suerte de alarma o alerta capaz de detectar y prevenir golpes de Estado o que sea capaz de desbaratar eventos que puedan servir para desestabilizar la democracia, el que deberá estar basado en una serie de penalidades y castigos en contra del país desequilibrado.

Funes trajo así a colación los últimos acontecimientos que desestabilizaron la región, entre ellos la sublevación policial en Ecuador que fue denunciada por Rafael Correa y otros líderes como un subterfugio para perturbar el orden institucional y el golpe en contra de Manuel Zelaya en Honduras; y la incapacidad del sistema de la OEA para resolver de inmediato asuntos de esta naturaleza.

Pero ante esta excelente propuesta, cabe también preguntarse ante quién debe defenderse la democracia. Existe claridad en cuanto a los agentes externos que tratan de desestabilizar el orden del gobierno, ya sean policías, militares o civiles conspiradores.

¿Pero qué pasa cuando es el propio gobierno el que no defiende la democracia? ¿Qué tipo de alertas deberían dispararse? Y si acaso ¿Qué efectividad tendrían esas alertas? ¿Qué pasa cuando el Poder Ejecutivo desobedece al Poder Judicial?

En el caso de Manuel Zelaya ¿no fue acaso su gobierno el que arremetió contra la democracia cuando desacató las órdenes del Poder Judicial y continuó su marcha hacia una reforma para buscar la reelección? ¿No es el gobierno de Daniel Ortega el que implementó una Corte Suprema adicta para conseguir burlar las leyes y la propia Constitución en busca de la reelección? ¿Se puede decir que Hugo Chávez respeta la democracia cuando sigue desestabilizando el país sobre la base de expropiaciones de la propiedad privada cuando ni siquiera obtuvo esa permisividad tras los resultados de las urnas electorales? ¿O será que el gobierno de Cristina Kirchner puede seguir organizando marchas en contra de la Corte Suprema porque sus fallos los considera adversos, sobre todo cuando se trata de temas relacionados a los medios de comunicación?

Creo que más allá de crear sistemas de alertas necesarios, lo más relevante es que los gobiernos cumplan con los requisitos de la Carta Democrática Interamericana que ya están en vigencia, cuyos principios pasan desapercibidos para la mayoría.
Se debe condenar y prevenir cualquier intento de golpe de Estado, pero también los abusos del poder de turno, que terminan siendo auto golpecitos de estado que desgastan permanentemente a las democracias y a sus habitantes.

El Salvador y la moralidad

Mauricio Funes ha repetido antes de asumir y ya en la Presidencia de El Salvador, que el presidente Hugo Chávez no es su modelo, sino que sigue los lineamientos de Lula da Silva y de Barack Obama.

Esperemos que no solo sea en materia política y económica, sino también en cuestiones de libertad de prensa, ya que, casualmente, a pocas semanas de haber asumido, ya se deberían estar prendiendo las luces de alarma. Resulta que su ministro de Gobernación de El Salvador, Humberto Centeno, está impulsando algún tipo de regulación para censurar a los medios de comunicación sobre los contenidos inmorales que “afectan seriamente a los niños y a los jóvenes”. Dijo que los medios están “envenenando con propaganda de carácter sexual y violento” a los niños y a las niñas.

Si bien es legítimo que todos los países y gobiernos busquen formas de poner límites a los excesos informativos, también es importante estar muy atentos a las intenciones del ministro y del gobierno. De la misma forma que lo manifestó el ministro, así fue cómo comenzó Hugo Chávez en Venezuela su ataque a los medios. Como un lobo disfrazado de corderito, una de sus primeras medidas fue crear una regulación de “horario de protección al menor”, lo que terminó siendo la base para la ley de Responsabilidad Social, la que sirvió para cerrar RCTV, atacar a medios y periodistas y ahora, es el argumento en contra de Globovisión.

No caben dudas que este es un problema recurrente en la mayoría de los países, donde termina siendo muy difícil poner los límites equilibrados entre la forma de informar y la de no “agredir” a los menores, para lo cual también se requiere de balance, para no inclinar la balanza en contra de la libertad de prensa.

Ojala que la comunidad salvadoreña reaccione a tiempo y no coma “gato por liebre”, entendiendo que las intenciones moralistas del ministro, pueden ser solo excusas para debilitar a los medios de comunicación.