Uno pudiera pensar que para dañar a otra persona habría que usar un arma de fuego, un cuchillo o hasta una botella rota con vidrios puntiagudos, pero en Argentina el gobierno lo hace con cosas mucho más suaves pero igual de letales: papel.
Resulta que el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner es el único de todo el hemisferio que declaró que el papel para periódicos es de interés público, por lo que su producción y comercialización deben estar regulados estrictamente, ya que a nombre de la democracia, este es un bien público que debe ser repartido en igualdad de condiciones.
Había advertido en este espacio, que esa ley aprobada tras gallos y medianoche en diciembre en una sesión extraordinaria del Congreso, serviría para pronto asestar un golpe duro a los periódicos en general, pese a que en un principio estaba destinada a debilitar solo a los diarios Clarín y La Nación, socios mayoritarios del sector privado, junto al Estado, en la fábrica de papel para periódicos, Papel Prensa.
Pero bueno, el pronto se transformó en inmediato, y el gobierno acaba esta semana de dictar la reglamentación de esa ley, imponiendo cuotas o cupos para la fabricación del papel e imponiendo nuevas cargas para la importación, que siempre se reclamó debería ser libre y sin ataduras del gobierno para que la libertad de prensa se pudiera sostener.
En realidad, esta ley y su reglamentación ya eran parte de una amenaza que había hecho la Presidenta desde que el año pasado quiso usurpar a Papel Prensa tras denunciar que los dos diarios habían comprado la fábrica a sus anteriores dueños bajo coerción y delitos que fueron calificados de lesa humanidad, dentro de la cruzada por derechos humanos que el gobierno inició para exorcizar los asesinatos de las dictaduras antes que la democracia retornara en 1983.
Lo cierto de todo esto es que en nombre de la democracia, el gobierno kirchnerista busca “expropiar” legalmente o quedarse con la fábrica de papel – si no se cumplen con cupos de elaboración de celulosa y papel el Estado tiene la libertad de aumentar su participación accionaria – sin pagar un peso, lo que en realidad representa un robo (no a mano armada) blandiendo un papel.
Pero no solo Clarín y La Nación están pagando un alto precio por sus actitudes editoriales críticas al gobierno, esta factura la están pagando todos los demás medios y más aún, los ciudadanos que cada vez están viendo menores espacios de libertad y a muchos otros medios practicando autocensura por temor a sufrir las mismas represalias.
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