Dura condena de SIP a Venezuela y Chávez

Miami (21 de diciembre de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet” y el “marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión en general” en Venezuela, mediante reformas que anoche aprobó la Asamblea Legislativa a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Ambas alteraciones legislativas fueron sancionadas en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional este lunes y se espera que pronto entren en vigencia tras la sanción del presidente Hugo Chávez y su publicación en la Gaceta Oficial. “Ya no quedan dudas”, dijo Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, “estamos ante un acto grave de connivencia entre los poderes públicos, para negar a los ciudadanos venezolanos dos garantías fundamentales que exige la democracia: el derecho a la libertad de expresión y el respeto debido al libre flujo informativo”. Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, recordó que desde que la Ley de Responsabilidad Social fue sancionada en 2004, bajo la excusa de un horario de protección de los derechos de los niños, se utilizó para perseguir a periodistas y cerrar medios de comunicación. “De nuevo ahora – agregó Marroquín - con las nuevas disposiciones para el internet, entre multas para los proveedores, y la obligación a la usuarios de no poder escribir anónimos o no tocar temas que al gobierno le puedan caer mal, estamos ante una censura profunda y generalizada de los contenidos informativos y de las comunicaciones personales que ya escapa al derecho de los medios y periodistas de publicar, para entrar al menosprecio del derecho del público a comunicarse libremente”. La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, obligará los medios y proveedores de internet a censurar, bloquear o, al menos, filtrar información que contravenga algunas de sus disposiciones. Entre éstas, se destacan en su artículo 27 que "los proveedores de medios electrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes" que, por ejemplo, "fomenten zozobra en la ciudadanía", "alteren el orden público", "desconozcan a las autoridades" o "induzcan al homicidio".  De igual forma, la Ley responsabiliza a los medios de comunicación, entre otros, por los mensajes que inciten al odio, hagan apología del delito, motiven la intolerancia política y religiosa o a desconocer a las autoridades. Los infractores de la Ley recibirán multas de entre 50 y 200 unidades tributarias y los responsables de medios electrónicos que incumplan, serán sancionados hasta con un 4% de los ingresos brutos previo a la violación. La nueva ley también tipifica penalmente aquellas informaciones o críticas que la autoridad considere como desacato y ofensiva o que incite a transgredir dictámenes oficiales. Entre otras de sus ambigüedades, se prohíbe la figura del anonimato en internet, violándose condiciones específicas del derecho a la privacidad e intimidad de los usuarios. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director del diario texano San Antonio Express-News, dijo que además de perjudicar al público con esta “agudización de la censura al libre flujo informativo en el internet”, la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicacionesdemuestra como el presidente Chávez “insiste en su fin último de conseguir su declamada y pretendida hegemonía comunicacional, un país donde él se arroga para sí mismo el monopolio de la verdad y de la crítica”. “Chávez – dijo Rivard – será responsable ante la historia por su prédica de la censura y el silencio, lo que está derivando en un marcado retroceso de la libertad de prensa y de expresión año tras año en el país”.  La reforma declara a las actividades de telecomunicaciones como de "servicio o interés público", lo que le permitirá al gobierno tener mayor potestad en materia regulatoria frente a los medios electrónicos, especialmente en períodos especiales de crisis o emergencias, medidas que el gobierno adopta habitualmente. También se establece que las concesiones de licencias serán por 15 años, se prohíbe la inversión extranjera y, entre otros aspectos, se crean nuevos impuestos y entes reguladores, como un Directorio de Responsabilidad Social - sostenido perversamente por las multas que se cobren a los medios - que bajo un régimen de sanciones ambiguas, parece más destinado a censurar las críticas y opiniones en contra del gobierno que a poner orden en el espectro electromagnético o hacer el acceso más plural a los medios y a las tecnologías como los legisladores han justificado. La legislación también contempla que los derechos sobre el uso y explotación del espectro radioeléctrico no se transmiten o ceden por sucesión; y consigna que por razones de seguridad nacional, introducción de nuevas tecnologías, entre otras razones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano rector y regulador de las comunicaciones, podrá cambiar o asignar frecuencias. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org