Las elecciones siempre son un dolor de cabeza para los gobiernos cuando tienen que preocuparse para mantener su status quo y buscar la reelección. Pese a que todavía no se lanzó en Ecuador la campaña electoral, el presidente Rafael Correa ya está dando pasos muy atinados para ser reelegido en enero del 2013, con las maniobras y ventajas acostumbradas.
Con enmiendas del oficialismo al Código de la Democracia, el nombre de la ley electoral, Correa busca lo que el presidente Evo Morales ya logró con su ley de nuevo Código Electoral del año pasado, es decir prohibir toda publicidad o propaganda que cualquier particular o institución haga a favor de algún candidato o posición política y prohibir que los medios de comunicación hagan una cobertura de las mismas, sin la supervisión del Colegio Nacional Electoral, contemplando que se deberán abstener de “de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidatos, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.
Es decir, se trata de una legalización de la censura.
Por otra parte, eso es lo que los partidos de la oposición no permitieron que ayer suceda en Bolivia. En un diálogo a ciegas convocado por Evo con la oposición, al que solo se permitía la entrada de medios y periodistas del gobierno, los principales partidos no concurrieron o se fueron luego que supieron que el evento estaría cerrado para la prensa independiente.
Se trató de una buena señal de la oposición, toda vez que los actos de gobiernos, para que sean verdaderamente democráticos, deben tener la debida transparencia. De ahí la importancia que ante el planteamiento de Evo de que todos los periodistas debían retirarse para proceder a puertas cerradas, también lo hicieron los representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM, centro), Unidad Nacional (UN, centroderecha) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, derecha).
La falta de apertura del gobierno boliviano en este tipo de diálogos políticos y sociales que empezó a fines del año pasado, incluye la discusión de una nueva ley de prensa que se considera mermará la capacidad de los medios y aumentará el control que sobre ellos puede tener el gobierno.
