Censura indirecta

Parte 2 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Para hablar de libertad de prensa es necesario hablar de democracia. Ambas están estrechamente relacionadas. La calidad de una afecta a la otra. América Latina no es ajena a esta ecuación, ya que ambas disciplinas se desenvuelven en un contexto en el que persisten problemas estructurales e históricos.

La región ganó en democracia formal en los últimos 20 años, pero las instituciones son muy débiles y en muchos casos el Estado no logra resolver las necesidades de la gente. Los tres poderes del gobierno tienen los índices más bajos de credibilidad, pero hay otros datos que preocupan más. Los signos vitales de la democracia se están debilitando, como la independencia de los poderes, la transparencia de los procesos electorales y de participación ciudadana, así como el respeto por las instituciones, tal el caso de la prensa. Datos dados a conocer por el Freedom House a principios de 2011, avalan que la democracia ha retrocedido en 25 países del mundo, entre ellos tres de las Américas: Haití, México y Venezuela.

La falta de independencia de la Justicia, utilizada como instrumento político del poder en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela, es notable. A esto se suman gobiernos con sistemas muy presidencialistas y partidos políticos de oposición muy débiles.

Un 80% de la gente se siente desprotegida. Se vive en muchas ciudades en un clima permanente de inseguridad. El aumento del narcotráfico, del crimen organizado, de las pandillas juveniles y en muchos casos la corrupción de los propios gobiernos, especialmente las policías, como en Guatemala, Honduras y México, son parte del problema. En un reciente informe de Latinobarómetro se indica que Latinoamérica concentra el 27% de los homicidios, pero tiene sólo el 8% de la población mundial; y que una tercera parte de la población (200 millones) acusa haber sido víctima de algún tipo de delito.

Con excepciones como Chile, Costa Rica y Uruguay, América Latina sigue a la cabeza en índices de corrupción gubernamental en el mundo y con tendencia a crecer. Las multinacionales también contribuyeron, como IBM, Chevron o antes Chiquita, en casos que en su momento se relacionaron a Argentina, Ecuador y a países centroamericanos, respectivamente.

En materia educativa, los índices indican que la región está a la zaga. Aunque hay avances en alfabetización, como en Cuba, Brasil y Venezuela, los sistemas educativos no preparan a la fuerza laboral para competir en un mundo más globalizado. Producto de ello, el desempleo es tan alarmante como baja la producción; siendo un continente cuyas exportaciones dependen de materia prima, no de productos manufacturados.

La mayor exportación latinoamericana en todo caso, sigue siendo la de cerebros. La región sigue expulsando materia gris, mientras que persiste el problema de la migración interna, de migrantes del campo estableciéndose en zonas urbanas, lo que genera problemas de infraestructura, desarrollo y salud pública, y abriendo la brecha de la desigualdad, como sucede en Bolivia, Brasil y Nicaragua, entre otros países, donde la pobreza y el hambre siguen avanzando. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, existen 53 millones de subnutridos en América Latina. 

Periodismo en un contexto difícil

Parte 2 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Hacer periodismo en este contexto no es fácil. La prensa muchas veces sufre las consecuencias, a veces por su falta de profesionalización,  independencia, otras porque debe llenar el vacío que provoca la ausencia o debilidad de otras instituciones como los partidos políticos. También porque sus denuncias e investigaciones provocan represalias tanto de gobiernos como de sectores de poder y grupos al margen de la ley.

Más allá de las situaciones de censura directa contra la prensa, definidas por los atentados contra los medios de comunicación, las agresiones, asesinatos, secuestros, amenazas (23 periodistas fueron asesinados en 2010 en la región); por el encarcelamiento arbitrario de comunicadores independientes en Cuba y por las leyes de prensa que pretenden controlar los contenidos periodísticos, existen otras formas indirectas de control y censura que afectan el libre ejercicio del periodismo.

Todas estas censuras, ya sean directas o indirectas, tienen la intención de provocar la autocensura, que los medios y periodistas se silencien por temor a sufrir represalias.

Campañas de desprestigio

Muchos son los gobernantes que se jactan de que en sus países existe plena libertad de prensa. La presidenta argentina Cristina de Kirchner sostuvo en un mitin político reciente, que todos pueden decir lo que piensan y quieren en su país.

Pero esa es una verdad a medias. La libertad de prensa no solo implica el derecho a decir las cosas, sino a no ser molestado ni perseguido por hacerlo. Y ese no es el caso en la Argentina actual, tampoco el de Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, cuyos gobiernos, en forma sistemática, discriminan y toman represalias contra los medios y los periodistas críticos e independientes.

Los gobiernos comúnmente lo hacen a través de campañas sistemáticas de desprestigio para desacreditar a los periodistas y medios, calificándolos de estar al servicio de los golpes de Estado, como Hugo Chávez; o a favor de la burguesía, como Rafael Correa; o del imperialismo, como Evo Morales.

Por lo general, las medidas contra la prensa son groseras. Implican clausurar medios en Venezuela; acusar de terrorista a un periodista ecuatoriano por patear una granada lacrimógena hacia donde estaba el Presidente o acusar sin evidencia a ejecutivos de los diarios argentinos Clarín y La Nación por crímenes de lesa humanidad al haber comprado una fábrica de papel durante la dictadura.

En ocasiones no son medidas tan evidentes, sino sutiles, pero igualmente contundentes, dirigidas a corroer la salud económica del medio.

Coerción económica contra la prensa

Parte 3 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011)

Los métodos son variados, discriminación de la publicidad oficial, segregación en el otorgamiento de licencias para operar radio y televisión, presión fiscal, estorbos a la importación de insumos y a la distribución de las noticias.

El uso discriminatorio de la publicidad oficial para premiar a la prensa condescendiente y castigar a la independiente y crítica, sigue siendo el arma más usual y rápida de corrupción y más difícil de contrarrestar. Los gobiernos siguen reacios a regular normas de transparencia que los obliguen a distribuir publicidad con criterios técnicos y equitativos.

En Argentina, donde los gobiernos históricamente han utilizado este mecanismo de prensión, el diario La Nación de Buenos Aires reveló que el Poder Ejecutivo gastó 27 millones de dólares del erario público en publicidad oficial, pero entregó el 67,5% a Canal 9, propiedad de un empresario identificado con el gobierno, en desprecio de los demás canales que poseían mayor audiencia y rating.

En Nicaragua, varios medios pequeños del interior y radioemsiroras en Managua debieron cerrar sus puertas en 2010, obligados por el retiro de la publicidad oficial, en represalia por no haber “beneficiado” editorialmente al gobierno de Daniel Ortega.

En ambos países también se advierte como los sindicatos son manipulados por los gobiernos, con los que comparten sus ideologías, para tomar represalias contra los medios. Tanto en Buenos Aires como en Managua, fueron comunes en 2010 los bloqueos de los gremialistas contra los canales de distribución de periódicos locales.

En otros países, los gobiernos adoptan mecanismos de coacción económicos, ya sea con la creación de impuestos especiales o dificultando los procesos administrativos para retirar el papel periódico y otros insumos importados de las Aduanas, como en su época lo hacía el ex presidente argentino Juan Domingo Perón o el PRI cuando era gobierno en México.

El Estado “informador”

Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos, sus funcionarios o testaferros están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos, pero que luego no usan como medios públicos, sino para defender sus intereses de gobierno.

Los amigos del kirchnerismo en Argentina esperan como buitres la implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales cuyo artículo 161 obliga a las empresas a desprenderse de sus medios en menos de un año, aunque ya han venido comprando medios en todo el país, con el objetivo de mantener aceitado un aparato de propaganda de cara a las elecciones de octubre próximo.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega quedó de propietario particular de los canales 4 y 8 y de las radios Ya y Sandino, con dineros públicos, según las denuncias por corrupción en su contra. Hugo Chávez cerro y expropió RCTV en 2007 así como cinco otros canales de cable y 34 radioemisoras, pero con el mismo ritmo creo 238 emisoras, 28 estaciones de televisión, 340 impresos y más de 125 sitios de propaganda en internet, y agencias de noticias internacionales.

Rafael Correa confiscó canales y un diario, y también con dineros públicos creó Periódico Popular, un diario que compite contra los demás, bajo la excusa de que todos mienten, menos el gobierno. Evo Morales, por su parte, creo un sistema de radios comunitarias y de televisión, así como adquirió medios escritos con dineros provistos por el gobierno venezolano, medios que también usa para sus intereses personales.

Leyes de y contra la prensa

Parte 4 de un artículo publicado en Revista (Harvard review of Latin America - original en inglés, Edition Spring/Summer 2011) 

Lo que asusta sobre la censura indirecta es que sus métodos están implícitos y permitidos en leyes de prensa adoptadas en Venezuela y Argentina, la que este año se espera aprobar en Ecuador, y las que se proyectan en Bolivia y Brasil.

En Venezuela, antes de finalizar el 2010, el oficialismo se apuró en aprobar estatutos para restringir a los medios, el internet y las redes sociales como Twitter y Facebook, con las reformas a la Ley de Responsabilidad Social y a la Ley de Telecomunicaciones.

Las nuevas reglas que obligan a los proveedores de internet a restringir la difusión de información y acceso a portales que critiquen al gobierno, promuevan el desorden público o actos contra la seguridad nacional.

Sus ataques no son nuevos. Incluso pretende cerrar Globovisión, la única televisora crítica, de la que el gobierno ya se apropió un 20%. Las nuevas normas establecen criterios de propiedad y de operación más restrictivos que harán casi imposible que el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, en proceso de asilo político en EEUU, se mantenga como dueño.

En Ecuador se mantiene el debate sobre la Ley de Comunicación, calificando a la información como de “bien público”, un argumento que le permite al gobierno justificar su injerencia en los contenidos. En enero de 2011, Rafael Correa propuso un referendo en el que dos de 10 preguntas se refieren a los medios, en especial plantea la necesidad de que el Estado debe limitar la propiedad de los medios y sus contenidos cuando éstos afecten las buenas costumbres.

Menos democracia, más ataques

Antes como ahora, queda demostrado que el autoritarismo de un gobierno es directamente proporcional al tiempo que gasta en controlar la libertad de prensa. Y cuanto más tiempo ocupa para ello, más terca y revanchista se torna su actitud en contra del periodismo.

Los ataques a la libertad de prensa no mermarán en América Latina, a no ser que mejore el clima institucional y la democracia. Ambas, como dije al principio, son inseparables. Pero si la democracia desmejora, veremos que se seguirán multiplicando los ataques contra la prensa.