Periodistas degollados, allá y acá

El brutal asesinato del reportero estadounidense James Foley, decapitado por sus captores del grupo terrorista Estado Islámico, puso en evidencia el peligro al que se enfrentan los periodistas en zonas de alto riesgo.

Pero no hace falta ir a Siria para ver esta barbarie. En México, Honduras, Colombia, Guatemala y Venezuela fueron asesinados una decena de periodistas este año, más de 500 en las últimas dos décadas.

En Medio Oriente y en América Latina existen diferencias sobre el tipo del peligro al que se enfrenta la prensa. En esta región, los periodistas son asesinados por destapar asuntos del narcotráfico y actos corruptos, tanto públicos como privados; y muchos, como en México, también mueren degollados.

Las bandas de narcotraficantes no tienen clemencia, decapitan para enviar fuertes mensajes a la prensa y a la sociedad. La inacción del Estado, a veces en contubernio con los narcos, hace que medios y periodistas terminen autocensurándose, desnaturalizando su función.  

Siria - donde más de 39 periodistas permanecen secuestrados, entre ellos un colega de Miami, Steven Sotloff, a quien los yihadistas también han amenazado con ajusticiarlo – mostró mucho más que el degüelle público y atroz de un periodista o la polémica sobre si EEUU debería pagar rescates por ciudadanos secuestrados por el mundo.

 

El gobierno difícilmente hace concesiones ante los terroristas. No paga rescates, como los 135 millones de dólares que los terroristas pidieron a la familia Foley. En eso se diferencia de los países europeos que pagan pese a que a principios de año firmaron una resolución en Naciones Unidas para no seguir alimentando a los terroristas.

 

La decapitación de Foley dejó al descubierto que el gobierno de Barack Obama está lejos de haber ganado la guerra contra el terrorismo como había anunciado en su discurso ante el Congreso, luego de que un comando matara a Osama bin Laden en Pakistán años atrás. Al Qaeda quedó diezmado, pero la nueva escisión de aquel grupo, el Estado Islámico, se ha convertido en una amenaza latente.

 

Obama había retirado las tropas de Irak tras la invasión encomendada por George W. Bush y hace poco había prometido que EEUU no se involucraría en Siria. Todo aquello terminó, fueron promesas electorales. Ahora Obama, ante la nueva perspectiva que abrió el caso Foley, está buscando aliados europeos y árabes para bombardear a los yihadistas, y acabar a quienes encarnan el “cáncer que se debe extirpar”.

 

El impacto del caso Foley en la opinión pública - así como el Daniel Pearl, un periodista del Wall Street Journal que fue decapitado en 2002 en Pakistán - le permite al gobierno de Obama concentrar de nuevo la atención en el terrorismo y justificar acciones que no hubiera podido tomar en situaciones normales.

 

Al igual que en la época de Jimmy Carter cuando un comando militar fracasó en el rescate de los rehenes del gobierno iraní, EEUU falló de nuevo en liberar a Foley y otros colegas. El episodio legitima a Obama para continuar los bombardeos contra los extremistas que están masacrando a grupos cristianos en Irak y para actuar en contra de los terroristas en Siria. Para muchos no es más que un dilema o la excusa perfecta para abrir dos nuevos frentes de guerra.

 

Regresando a América Latina, los periodistas asesinados no logran la atención que tuvo el caso de Foley por dos razones: Primero, porque los países latinoamericanos no hacen mucho para realzar los casos de sus ciudadanos o prefieren minimizarlos para evitar que quede al descubierto la ineficiencia policial/judicial. Segundo, porque para EEUU el tema del narcotráfico es un problema social, de salud y económico, controlable si se quiere, pero que no representa una amenaza a su sistema político, como sí lo es el terrorismo organizado.

 

Sería importante que más allá de cómo EEUU quiera neutralizar al terrorismo, adopte medidas más proactivas para defender a los periodistas en zonas de riesgo, estén donde estuvieren. La ley Daniel Pearl de Libertad de Prensa que permite condicionar la ayuda económica a países en donde los periodistas son asesinados, podría ser un arma importante para imponer sanciones a los gobiernos latinoamericanos que poco hacen para defender a los periodistas, muchos de los cuales mueren degollados a manos del narcotráfico.