lunes, 3 de marzo de 2014

Nueva epidemia: Morir y matar en la ruta

Al juzgar por la cantidad de muertos en accidentes de tránsito, la provincia de Córdoba excede las características de países subdesarrollados. Con 555 muertes durante 2013, justifica el término de “nueva epidemia” con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el fenómeno de los siniestros viales.

Las estadísticas en Córdoba son tan escalofriantes como las de toda América Latina. Según datos cruzados del Banco Mundial y la OMS, los accidentes en las carreteras causan 130 mil víctimas fatales al año, seis millones de heridos y cientos de miles de discapacitados. En algunos países, como Colombia, son la segunda causa de muerte violenta después de los homicidios.

En Córdoba se han tomado medidas diversas con resultados esquivos. Pese a leyes rigurosas, un 40% de los motociclistas no usa casco. El hecho demuestra que hace falta más prevención y educación para crear cultura, que imponer leyes.

No obstante, existen esperanzas. Este marzo se implementará la buena política de tolerancia cero al alcohol. Se disponen fuertes multas para conductores con un mínimo índice de alcohol en la sangre y se crea la figura obligatoria del “conductor designado”. La política responde a estadísticas que desde 2007 viene compilando La Voz del Interior, habiendo comprobado que la mayoría de muertos (y causantes de otras muertes) son personas menores de 35 años que conducen borrachos por las madrugadas.

En América Latina el problema es similar. Existe cuatro veces más posibilidades de morir en las rutas que en países desarrollados, como Suecia, Inglaterra y España, donde por el carné por puntos e intolerancia al exceso de velocidad, teléfonos, alcohol y drogas se redujeron drásticamente los accidentes. En cambio en la región, al alcohol hay que sumarle las rutas en mal estado, licencias mal habidas y transporte público desbordado de pasajeros, como la causa de las cuatro mil muertes en Centroamérica en 2013 y de las cinco mil y 40 mil lesionados en Colombia.
El impacto de los accidentes de tránsito no solo afecta la salud pública, sino también a las economías y el desarrollo. Por ello los organismos internacionales son advierten que la siniestralidad vial es trágica para los países en vías de desarrollo, donde ocurren el 80% de los accidentes fatales, aunque tengan solo el 20% de los automóviles. Las OMS calcula que para el 2030 las muertes en el tránsito ascenderán a 30 millones por año, superando a los decesos por sida y otras enfermedades letales.

Para evitar la tragedia, los organismos piden a los gobiernos más atención, prevención y planificación a modo de que puedan adoptar y aplicar políticas públicas para minimizar los riesgos. 

En ese sentido, restringir la ingesta de alcohol como en Córdoba es una reacción importante. Pero administrar el riesgo también implica adoptar medidas proactivas complementarias: Más educación vial, vehículos más seguros, inversión en mejoras de carreteras y calles, que no solo pasa por acondicionamiento periódico y señalización, sino también por optimizar los códigos de urbanización, con aceras y banquinas planificadas y seguras.

Precisamente, en el informe sobre el desarrollo global 2014, del Banco Mundial, bajo el título de “Riesgo y Oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo”, se demuestra que la prevención abre oportunidades, ya que las estrategias para prevenir accidentes y catástrofes, generan empleos, entre otros beneficios, además de salvar vidas.

Ello queda demostrado por los costos que los países asumen a la hora de pagar los platos rotos, en vez de prevenir. Un informe de la Policía de Tránsito de Costa Rica cifra en 1.250 millones de dólares al año – 2,5% de su PBI - los gastos en atención médica para las víctimas, los prolongados procesos con la justicia y las aseguradoras, y el impacto colateral para las familias y la productividad laboral, asociado al creciente número de discapacitados que generan los accidentes en la carretera.

Tanto en Córdoba como en Latinoamérica, además de restricciones, los gobiernos necesitan administrar el riesgo y aprovechar los beneficios económicos y sociales de la prevención. Los individuos, por otra parte, debemos asumir responsabilidades para que sea cada vez más difícil morir y matar en la carretera.